UN CASO QUE SIENTA PRECEDENTE EN LA PROVINCIA

Primer freno judicial al tarifazo de luz a instancias de un recurso de amparo que presentó Sanatorio Azul S.A

La justicia federal falló a favor del recurso de amparo interpuesto por Sanatorio Azul S.A y ordenó dejar en suspenso por seis meses el aumento de la tarifa de luz para el citado efector de salud.
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La justicia federal falló a favor del recurso de amparo interpuesto por Sanatorio Azul S.A y ordenó dejar en suspenso por seis meses el aumento de la tarifa de luz para el citado efector de salud.

La resolución corrió por cuenta del juez Federal N° 2 de Azul Martín Bava, quien decretó como medida cautelar y por el término de seis meses que la Cooperativa Eléctrica de Azul, dentro de dos días de notificada, suspenda la aplicación respecto del citado centro asistencial, del aumento de las tarifas de electricidad. Además el magistrado le ordenó a la empresa prestadora del servicio que “se abstenga de cobrar en las facturas emitidas los recargos” y “de interrumpir el servicio de energía eléctrica por el no pago de dichas facturas”.  

La justicia federal local le puso freno a la suba de la tarifa de electricidad que, tras los aumentos dispuestos por el gobierno provincial, iba a aplicarse a uno de los efectores privados de la salud que funcionan en Azul. La resolución judicial a la que tuvo acceso EL TIEMPO fue dictada por el titular del Juzgado Federal N° 2, Martín Bava, y benefició la firma Sanatorio Azul S.A, que había presentado un recurso de amparo ante la imposibilidad de hacer frente a los incrementos en la tarifa de luz y, con ello, poner en riesgo el futuro de las fuentes laborales que dependen directa o indirectamente del establecimiento.

En la parte resolutiva del dictamen, el Juez Bava dispuso “decretar como medida cautelar y por el término de seis (6) meses, que la Cooperativa Eléctrica de Azul, dentro de dos días de notificada, suspenda la aplicación respecto al ‘Sanatorio Azul S.A.’, de las Resoluciones del Ministerio de Energía y Minería de la Nación Nros. 6/2016 y 7/2016, y de la Resolución ENRE Nro. 1/ 2016”, que disponían la aplicación de desmesurados aumentos.

De esta forma el magistrado le ordenó a la empresa prestadora del servicio “que se abstenga de cobrar en las facturas emitidas los recargos e incrementos dispuestos por las referidas resoluciones”, así como “de interrumpir el servicio de energía eléctrica por el no pago de dichas facturas”. Asimismo determinó que “se proceda a la refacturación de las mismas (facturas) aplicándose el cuadro tarifario anteriormente vigente”.

Este fallo es el primero en la provincia de Buenos Aires, pero se estima que servirá para sentar precedente y que otros establecimientos sanitarios privados del territorio bonaerense lo tomen como propio y gestionen un amparo que vaya en el mismo sentido que lo presentado por Sanatorio Azul S.A.

Mientras tanto, los responsables del efector privado se aprestan a presentar en los próximos días un recurso judicial similar, pero para tratar de quedar exentos de afrontar las subas en las tarifas de gas que, en el caso de la citada firma, alcanzarían el 1600 por ciento y en la estación más fría del año. En el mismo sentido irán por el virtual congelamiento de la tarifa de agua de red, que en Azul corre por cuenta de CEAL Agua.

La resolución del Juez Bava no se encuentra firma y podría ser apelada, aunque en base a lo conversado por los responsables del sanatorio con el presidente del consejo de administración de la CEAL, Roberto Rusciolelli, hay un entendimiento entre las partes en cuanto a que la Cooperativa es una mera distribuidora de energía que cumple con lo que se dispone desde el Gobierno de la Provincia, no una generadora que tenga posibilidad de readecuar por sí sola los costos del servicio.

Seis meses de amparo 

Con el dictamen judicial, Sanatorio Azul S.A cuenta con seis meses para analizar de qué manera sigue adelante con las gestiones tendientes a evitar la aplicación de la suba de costos una vez que expire el lapso dado al hacer lugar la justicia al recurso de amparo. De ahí que se estén haciendo tramitaciones ante las cámaras legislativas bonaerenses para que se pueda lograr un cambio en los cuadros tarifarios para los establecimientos de salud.

Si no hubiera prosperado el amparo, los gerenciadores del sanatorio tenían por delante un oscuro panorama, ya que a los referidos aumentos de las tarifas, se avecinaba el acuerdo salarial en paritarias que devendrá en un aumento de los costos laborales. Si bien esta etapa se resolvería recién el mes próximo, los  gremios del sector irán a pedir un 34% de incremento de sus haberes. En contrapartida, a las dependencias de servicios privados de salud se le sumaba que, por ejemplo PAMI, les otorgó un aumento de sólo 4 por ciento.

Organismos alcanzados por el peticionante

El juez Martín Bava, que intervino en las actuaciones caratuladas “Sanatorio Azul S.A el Ena y otros s/amparo Ley 16.986”, promovió la acción de amparo contra el Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional), el Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE), y la Cooperativa Eléctrica de Azul, en virtud de que la amparista peticionaba -como medida cautelar – que con carácter de urgente se ordene a la Cooperativa Eléctrica de Azul, en su carácter de distribuidora, “suspender la ejecutoriedad de las citadas disposiciones aceptando el pago de las facturas impugnadas y las sucesivas del servicio, excluyendo de las misma los cargos derivados de las disposiciones atacadas. Asimismo -en el mismo carácter- que se ordene a la empresa abstenerse de efectuar cortes de suministros motivados en la falta de pago de las factura aludidas”.

La peticionante expuso –y así lo reflejó el propio magistrado en su resolución- que “el Sanatorio Azul es un importante establecimiento asistencial de esta ciudad, uno de los dos existentes en el ámbito privado, con servicio de internación, cirugía, maternidad y terapia intensiva y con exclusividad, en neonatología. Que así brinda diariamente un relevante servicio de asistencia a la salud pública, la cual no puede ser abarcada por los establecimientos asistenciales del estado, en sus diversos niveles, enfatizando en que aun cuando se trata de una sociedad privada -S.A.- no deja de ofrecer un servicio como proveedor de la salud pública”.

“Por ello –prosigue el dictamen-, afirma que las resoluciones cuestionadas modificatorias de las tarifas eléctricas, por ser negativas para el sector, le ocasionarían un daño cierto al Sanatorio por cuanto produciría un aumento directo a los costos de la actividad vinculada a la salud pública, sin posibilidad alguna de trasladar dicho incremento a los pacientes, hasta que las obras sociales (mayormente estatales) ajusten los valores con los que pagan al establecimiento”.

Más de $23.000 de aumento

Además, como parte de sus argumentos la amparista sostuvo que “la modificación de las tarifas, en tanto afecta un significativo grupo de ciudadanos, debió ser puesta a consideración mediante una audiencia pública, conforme al espíritu del artículo 42 de la Constitución Nacional, y las disposiciones de los arts. 46 y 48 de la ley 24.065 y por ser la parte más débil en la relación de consumo, dejando a salvo que no se han respetado debidamente sus intereses y su derecho a ser informados sobre la tarifa que pagarían, con la suficiente anticipación”.

Según las constancias aportadas, la factura correspondiente al período 2/2016 era de $ 31.061.52, mientras que el período 3/2016 ascendía a $ 54.438,77.

“Desde mi perspectiva, tiene incidencia directa con el derecho a la salud por cuanto en definitiva lo que aquí se resuelva puede alterar el normal funcionamiento de uno de sus prestadores y obviamente afectar a los afiliados al sistema. Recordemos que el denominado ‘derecho a la salud’ se encuentra garantizado por los artículos 33, 43 y 75, inc. 22°, de la Constitución Nacional, así como por los tratados de Derechos Humanos, con jerarquía constitucional, tal la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo 11); la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto de San José de Costa Rica ( art. 5, punto Io), y especialmente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que en su artículo 12 reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Asimismo el art. 10 del Pacto de San Salvador, señala en su párrafo I que ‘toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social’”, subrayó Bava.

Afectación en cadena

Advirtió que “en la ciudad de Azul existen solo cuatro centros asistenciales; por tanto exigir el pago de las tarifas que hoy se cuestionan, podría provocar la falta de prestación del servicio, tornándose dificultoso absorber el resto de los centros (Hospital Municipal; Clínica Privada y Hospital Materno Infantil) las diversas contingencias que se puedan presentar. Más aún cuando no puede desconocerse la proximidad de un período invernal con la consabida afectación a la salud de sectores vulnerables como ser adultos mayores, niños de corta edad o recién nacidos, que deben ser resguardados de toda contingencia, en la que no participan voluntariamente”.

En la parte resolutiva, el Juez Bava determinó “una medida precautoria teniendo en cuenta la importancia de los derechos que se intentan proteger, resaltando que su otorgamiento no ocasiona un grave perjuicio a la demandada pero evita, en cambio, exponer al universo de afiliados al servicio de salud, a sufrir un daño irreparable, ante un eventual requerimiento de cobertura para la atención adecuada de su salud, sin contar dentro de sus prestadores al Sanatorio Azul”.

 

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