Procesaron a militares y un civil en el caso de Norma Monticelli

Cuatro efectivos de rango intermedio de las fuerzas armadas y un informante civil fueron procesados y se dictó su prisión preventiva. La “Megacausa” engloba hechos ocurridos en la Base Naval de Mar del Plata, en “El Faro” y en la Base Aérea, donde funcionó el centro clandestino de detención “La Cueva”, todos pertenecientes a la Subzona 15.

Norma Monticelli, la azuleña secuestrada en “La Cueva”, uno de los centros clandestinos que funcionaron en Mar del Plata. ARCHIVO EL TIEMPO.

Por Marcial Luna

mluna@diarioeltiempo.com.ar

Cuatro militares y un civil que se desempeñó como informante de las fuerzas represivas operativas durante la última dictadura militar en la región de Mar del Plata, fueron  procesados hace dos días por la Justicia Federal. La azuleña Norma Monticelli se halla entre las víctimas de ese grupo de tareas de la Subzona 15.

La resolución se conoció el viernes pasado e involucra a los militares Ramón Seferino Silva, Miguel Ángel Ruíz, Emilio Guillermo Nani, Juan José Banegas, y al civil Eduardo Salvador Ullúa, ex miembro de la organización de ultraderecha CNU.

Esta decisión judicial agrega a la causa “La Cueva II” nuevos imputados. Silva se desempeñó como oficial de la Fuerza Aérea. Nani, Ruíz y Banegas, militares del GADA 601. Ullúa fue personal civil de Inteligencia del ejército.

Un aspecto interesante del caso es que se trata de oficiales de rango inferior de las fuerzas armadas. En buena medida, hasta el momento los procesamientos habían recaído sobre los militares de mayor rango.

Los cinco nuevos procesados aparecen involucrados en crímenes de lesa humanidad, entre ellos el que tuvo como víctima a Norma Monticelli.

El “custodio”  

Ramón Seferino Silva es argentino. Nació el 8 de diciembre de 1944 y se domicilia en Mar del Plata. Es viudo, retirado de la Fuerza Aérea Argentina, de 72 años de edad. Fue detenido preventivamente el 6 de junio de 2017 y alojado en la Policía de Seguridad Aeroportuaria marplatense. Durante el secuestro de la azuleña Norma Monticelli, Silva fue uno de los custodios de “La Cueva”.

Durante el proceso judicial, Silva fue llamado a indagatoria por el hecho de haber revestido el cargo de cabo primero en su desempeño como auxiliar de la oficina de cifrados de la Sección Inteligencia de la Base Aérea Mar del Plata (desde el 1 octubre 1974 hasta el 31 agosto 1983). Desde ese ámbito “participó y colaboró en la perpetración del plan criminal respecto de las víctimas que fueron secuestradas y llevadas al CCD [Centro Clandestino de Detención] ‘La Cueva’, siendo los hechos que se le imputaran los correspondientes” a 63 víctimas, entre ellas la azuleña Monticelli.

La resolución judicial ha establecido: “[…] teniendo debidamente corroborado el desempeño de Silva como Auxiliar perteneciente a la Sección de Inteligencia de la Base Aérea Mar del Plata, en el período correspondiente a los hechos investigados, es menester establecer su participación en el funcionamiento del CCD ‘La Cueva’ objeto de la presente instrucción”. Por otro lado, destacó: “el funcionamiento de dicho centro ubicado en el radar de la Base Aérea de Mar del Plata donde Silva cumplía funciones, es dable afirmar que existen indicios suficientes para inferir su conocimiento y participación de los hechos allí acaecidos, más precisamente es que obran constancias que lo sindicarían puntualmente en la custodia de los detenidos dentro del centro clandestino de detención” [ver Caso Monticelli, publicado en El Tiempo en ediciones 9.4.2017 y 14.7.2018].

A partir de una voluminosa documentación [ver “El dato”] la Justicia Federal marplatense decretó el procesamiento con prisión preventiva de Silva “por considerárselo autor penalmente responsable en los delitos privación ilegítima de la libertad agravado por mediar violencia, y por ser cometido por funcionario público, imposición de tormentos, agravada por haber sido cometido en perjuicio de perseguidos políticos y homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas respecto de las víctimas”.

Como al resto de los procesados en esta nueva disposición, se le trabó un embargo “hasta cubrir la suma de dos millones ($2.000.000), a cuyo fin se realizará la correspondiente intimación de pago y embargo hasta cubrir dicho monto”.

Ruiz, el S3   

Otro de los procesamientos con prisión preventiva se dictó contra Miguel Ángel Ruiz, acusado en veintisiete crímenes de lesa humanidad.

Ruíz nació el 6 de mayo de 1947. La Justicia determinó que se trata de un “Teniente Primero que se desempeñó como Oficial a cargo de la División III Operaciones (S3) de la AADA 601 dese el 30/12/1976 hasta el 05/12/77”.

Al contrario de lo que sostuvo la defensa de Ruíz, la Justicia realizó algunas comprobaciones fundamentales en el proceso: “Debe señalarse además que el nombrado Ruíz se encuentra registrado en la lista reconstruida de Oficiales de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601- año 1977, con el cargo de Teniente Primero […], todo lo cual corrobora que en realidad se desempeñó como Oficial a cargo de la mentada división y no como Auxiliar, tal como fuera sostenido en su acto de defensa”.

A través de su defensa, Ruíz (viudo, de 71 años de edad, detenido desde el 8 de mayo de 2017 en la Unidad Nº 34 Campo de Mayo y con último registro domiciliario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), expuso su “su desconocimiento en lo atinente tanto a la existencia de un centro clandestino de detención como al alojamiento de detenida/os en las instalaciones del viejo radar ubicado en el predio de la Fuerza Aérea”.

El caso de Nani     

Emilio Guillermo Nani es el tercero de los procesados en la resolución que aquí exponemos. Nació en Buenos Aires el 3 de noviembre de 1945. Se lo imputa como responsable de 62 crímenes de lesa humanidad (el que afecta a Norma Monticelli, entre ellos).

En 2017, aunque se negó a declarar “por consejo de su defensa”, agregó ante la Justicia Federal marplatense: “Como Teniente Primero fui Jefe de la Batería Comando y Servicios, que después asciendo a Capitán designado como Jefe de la ‘Batería A’ orden del grupo OG11/77. Y luego al ser relevado el Jefe de la Batería de Comando y Servicios de aquel entonces me pusieron a cargo transitoriamente de la misma, siendo la fecha el 15/10/77, y luego el 27/02/78 como Capitán soy designado Oficial de Personal (S1) desde esa fecha en adelante”.

En su caso, la Justicia ha determinado que Nani “se desempeñó en primer orden como Jefe de Batería Comando y Servicios en el período comprendido desde el 10/12/1975 al 15/10/1977 y luego siendo Capitán se desempeñó en el período 16/10/1977 al 15/10/1978 como Oficial de Personal (S1) del GADA 601”.

El cartel con el pedido de recompensa por la captura de Ullúa, ahora procesado en la “Megacausa”. ARCHIVO

En la resolución, se agregó: “El entonces Jefe del ADA 601, Pedro Alberto Barda, solicitó un espacio físico en el ámbito de la Fuerza Aérea, por lo que se dispuso ceder el predio donde se emplazó el CCD conocido como ‘La Cueva’.” Al respecto también la Justicia Federal ha logrado establecer fehacientemente que como Jefe del ADA 601 se desempeñaron: “Pedro Alberto Barda, en el período que va desde 16/02/76 al 15/11/77, asumiendo dicha función Aldo Carlos Máspero en fecha 5/12/77 hasta el 18/12/79, mientras que Alfredo Manuel Arrillaga resultó ser Oficial de Operaciones entre el 8/12/74 y el 8/12/77, en tanto que Leandro Edgard Marquiegui fue Oficial de Inteligencia entre el 10/12/75 y el 5/12/77. En lo que hace al GADA 601, ejerció la Jefatura de dicha unidad Roberto Atilio Bocalandro, durante el período comprendido entre el 14/12/76 y el 01/03/79, mientras que ejercieron el cargo de 2do. Jefe: Eduardo Jorge Blanco entre el 07/12/74 y el 14/12/76, para ser reemplazado por Jorge Luis Toccalino permaneciendo en dicha función hasta el 10/12/78, siendo anteriormente Oficial de Operaciones desde el 7/12/74. Asimismo, en el ámbito de la Fuerza Aérea, quien desempeñó el cargo de Jefe fue Ernesto Alejandro Agustoni desde el 31/12/75 hasta el 30/09/77, mientras que el 2do. Jefe resulto ser José Carmen Beccio durante el lapso del 14/1/76 al 9/1/78, en tanto que Gregorio Rafael Molina en su cargo de Suboficial se desempeñaba, en la práctica, en la Sección de Inteligencia en el período comprendido entre 04/03/74 y febrero de 1982. Todos los aquí nombrados fueron ya objeto de procesamiento en el marco de estos actuados e identificados con sus respectivos roles como responsables del accionar criminal que se les reprochara”.

Luego, se continuó con la siguiente línea: “Mayor Norberto Benito Stura, a raíz de su actuación como Oficial de Operaciones (S3) durante el período comprendido entre el 19/1/77 y el 5/12/77 y su desempeño como Segundo Jefe del GADA 601 entre el 5/12/77 y el 27/4/78; al Mayor Oscar Esteban Serventi, quien actuó como Oficial de Operaciones (S3) entre el 6/1/78 hasta el 7/12/79; al Teniente Primero Carlos Alberto Suárez, quien ejerció el cargo de Oficial de Inteligencia (S2) desde el 19/1/77 al 4/11/77; y al Capitán Hugo Ernesto Pavon, quien actuó como Oficial de Inteligencia y Auxiliar de Operaciones (S2 y S3) durante el año 1978. Asimismo, en el ámbito de la Fuerza Aérea, al Teniente Primero Alcides José Cerruti, quien se desempeñó como Jefe de la Sección Inteligencia de la Base Aérea Mar del Plata, a partir del 09/12/1974 hasta 01/02/1981; al Teniente Remigio del Rosario Molina, quien se desempeñó como Auxiliar de la Sección Inteligencia de la Base Aérea desde el 12/7/76 y hasta el 18/12/83; y del Teniente Gonzalo Gómez Centurión, que ejerció el rol de Auxiliar de la Sección Inteligencia de la Base Aérea desde el 15/3/76 hasta el 12/7/76, es en este orden que respecto a los nombrados es dable destacar que se han producido dos elevaciones parciales”.

Se le imputa al teniente Nani, entre otros, el Caso 67 (Norma Monticelli, secuestrada-desaparecida en el período 16/02/77 al 25/02/77, luego liberada en cercanía de Laguna de los Padres). La imputación concreta contra Nani incluye las siguientes figuras: privación ilegítima de la libertad agravado por mediar violencia y su calidad de funcionario público, imposición de tormentos agravada por haber sido cometido en perjuicio de perseguidos políticos y homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas [art. 144 bis inc. 1ro. en función del art. 142 inc. 1 del C.P., art. 144 ter., párrafo 2° del C.P., según ley 14.616, art. 80 incs. 2º y 6º, art. 210.]

El mecánico dental   

Juan José Banegas nació el 14 de agosto de 1956, en Mar del Plata. Al momento de su procesamiento, se mencionaba como profesión “militar retirado y también mecánico dental, de 60 años de edad, detenido desde el 05 de mayo de 2017 actualmente alojado en la Unidad Nº 34 de Campo de Mayo”. En los hechos que se investigan en el marco de la “Megacausa”, Banegas cumplía funciones en el centro ubicado en el radar de la Base Aérea Mar del Plata.

Allí estuvo secuestrada la azuleña Norma Monticelli. En ese lujar, además, fue ultrajada, según el relato publicado en este diario el 9 de abril de 2017.

El viernes se decretó el procesamiento con prisión preventiva de Banegas, al considerarlo “autor penalmente responsable de delito de asociación ilícita, previsto y reprimido en el art. 210 del Código Penal (arts. 45, 55 del Código Penal y art. 306 del C.P.P.N) la que cesará una vez que se dé cumplimiento con la caución personal dispuesta hasta cubrir la suma de pesos quinientos mil ($500.000) -artículo 322 C.P.P.N.” Se le impuso, también, un embargo por 2 millones de pesos.

El informante civil   

Eduardo Salvador Ullúa nació en Mar del Plata el 25 de mayo de 1952, de profesión abogado. En su caso, el procesamiento acaba de dictársele por “considerárselo partícipe necesario en los delitos privación ilegítima de la libertad agravado por mediar violencia, imposición de tormentos, agravada por haber sido cometido en perjuicio de perseguidos políticos y homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas respecto de las víctimas”. Se le imputan, en principio, nueve crímenes de lesa humanidad, principalmente los vinculados con abogados laboralistas desaparecidos (caso “La noche de las corbatas”, ver El Tiempo, 11 y 14.6.2017).

La Justicia Federal estableció la participación de Ullúa como informante del ejército, en la última dictadura militar. “[…] el Ejercito ante la carencia de inteligencia, se valió para ello no solo de la sección inteligencia de Fuerza Aérea sino también de informantes civiles. En este marco es donde se logra ubicar al imputado Ullúa, llevando adelante una participación activa en su carácter de integrante de la Concentración Nacional Universitaria”.

Estuvo nueve años prófugo y hasta llegó a ofrecerse recompense por su captura. Su detención se materializó el 27 de abril del año pasado y su caso se incorporó a la causa 13000001/2007/9. Se determinó que, al igual que otros miembros de la CNU, Ullúa y sus compañeros prestaban “colaboración e hicieran inteligencia para el Ejército, a fin de llevarse a cabo el secuestro y en la mayoría de los casos posterior desaparición de estas personas, por motivos políticos y su actividad como abogados laboralistas de esta ciudad de Mar del Plata, suceso que quedó enmarcado como ‘Noche de las Corbatas’, debiendo hacerse su respectivo análisis en acápites posteriores”.

Se indicó antes que Ullúa es abogado de profesión. Precisamente, estudió y obtuvo el título mientras cumplía condena en la cárcel, implicado en la famosa causa de narcotráfico “Operación Langostino”. También fue custodio de Sergio Schoklender, a quien conoció en prisión.

Al prontuario de Ullúa es posible rastrearlo, cuanto menos, desde 1971. El 6 de diciembre de ese año fue imputado por el crimen de la estudiante Silvia Filler, ocurrido en el aula magna de la Universidad de Mar del Plata mientras se desarrollaba una asamblea. Trescientos estudiantes estaban reunidos cuando fueron atacados por un grupo de la CNU. Filler recibió un tiro en la frente y murió en el instante. Ullúa fue imputado por ese caso.

En el marco de la “Megacausa”, la Justicia Federal ha podido establecer que la organización CNU –de la cual formó parte muy activamente Ullúa– “funcionó en distintas universidades argentinas, particularmente en Mar de Plata, donde operaba como un grupo de choque que irrumpía con armas para intimidar a los movimientos estudiantiles, impidiendo su crítica y organización, y desapareciendo y asesinando a jóvenes, hecho que fuera cometido como se mencionara contra la estudiante de arquitectura Silvia Filler, denotando ello aún más la violencia que esta concentración desplegaba a la hora de intimidar en la institución académica, conocido ello por la probanzas que lo involucran no sólo como integrante de la CNU, sino como Jefe del Comando CNU de Mar del Plata”.

Un testigo declaró judicialmente: “[…] el comando CNU de Mar del Plata dependía del destacamento de inteligencia de Ejército de esa ciudad y el Jefe del Comando era Eduardo Ullúa, propietario de la agencia de investigaciones Oasis subsidiaria de la agencia Magister, que según le consta era cabecera de la Organización triple A que manejaba Aníbal Gordon”.

Estos nuevos procesamientos significan que las ramificaciones que va teniendo la “Megacausa”, como indicó El Tiempo en ediciones anteriores, al tiempo que profundizan el conocimiento de lo ocurrido con algunos crímenes de lesa humanidad, como el que afectó a la azuleña Norma Monticelli, también determinan que el proceso judicial se extenderá, inclusive, todo el año 2019. Tampoco se descartan nuevos procesamientos, tanto de militares como de civiles.

EL DATO:

Para el dictado del procesamiento a que refiere el artículo, la Justicia Federal de Mar del Plata se valió de una profusa documentación. Entre ellas:

-Conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación con remisión al dictamen de Procurador General de la Nación in re “Jabour, Yamil s/recurso de casación”, J.35.XLV, rta. 30/11/2010, T.33, P. 2218.

-C.S.J.N., Fallo 83. XLVI, “Recurso de Hecho, Otero Edgardo s/causa n° 12.003”, rta. 1/11/11, del Dictamen del Procurador General de la Nación de fecha 3/06/2010.

-C.C.C.F., Reg. 2/150, del 3/5/11.

-CCCF, reg. 2/4, 14/08/09; reg. 2/60, 19/08/09.

-Sala I, causa n° 10.819, rta. 4/3/09 y causa n° 10.920, rta. 27/3/09; y de la Sala IV, causa n°10.355 “Erlán”, reg. n° 11.636.4 del 21.4.09.

-RC-9-1 “Operaciones contra elementos subversivos” publicado por el Ejército en forma reservada en fecha 17 de diciembre de 1976.

-Orden Nº 504/77 denominado “Continuación de la ofensiva contra la subversión durante el período 1977/78”.

-CFCP Sala IV, Registro Nº 2552/15.4, caratulada “Piccione Guillermo Anibal y otro s/recurso de casación”.

-Sentencia del J.N.C.F. nº 4, causa nº 16.307/06, “Guerrieri”, 18/12/07.

-Resol. Nº 190, TNºIII, FNº29, 14/08/09, Oficina de DD.HH., CFAMdP.

-Causas Nº 2086 y sus conexas y Nº 2278 y conexas del registro del Tribunal Oral Criminal Federal.

Las audiencias de esta “Megacausa” se desarrollan en el Tribunal  Oral Federal N° 1 de la ciudad de Mar del Plata.

 

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