COLUMNA DE OPINIÓN

Qué hacer ante la creciente ola de inseguridad

<
>

¿Cuál es la razón por la que “los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra” como se dice vulgarmente? Quienes son los responsables? ¿Como se soluciona esto?.

Escribe: Dr. Aníbal Bocchio (*) – www.estudiobocchio.com.ar

Muchos opinan sobre este tema tan candente que golpea sobre la inseguridad de los habitantes, atento a los últimos hechos delictivos graves cometidos por sujetos que se hallaban en Libertad bajo Fianza o cumpliendo una condena condicional en libertad. Muchos de ellos son periodistas sin formación jurídica y otros políticos con fines electoralistas. También hay juristas que lo hacen encontrándose enrolados en los dos “bandos” o posiciones de pensamiento (híper garantistas o inquisidores) de forma tan apasionada que ignoran la realidad y no les permite ser objetivos.

Trataré en esta nota ser lo más objetivo posible, y lo haré dentro de mis limitaciones por no ser el Derecho Penal mi especialidad, basándome fundamentalmente en el texto frío de la ley positiva vigente en la provincia de Buenos Aires en materia de 1) excarcelaciones (denominadas vulgarmente libertad bajo fianza), 2) Requisitos para la condena condicional (se cumple en libertad), 3) La libertad condicional en la ley actual, 4) Carácter suspensivo de las resoluciones judiciales apeladas, (Instituciones que muestran la realidad de las fallas existentes en la legislación vigente), y 5) Situación del sistema carcelario.

El Código de Procedimientos Penal      —

En primer lugar nos ocuparemos de los artículos del Código de Procedimiento Penal  que rige las libertades.

 

ARTÍCULO 169.- “Podrá ser excarcelado por algunas de las cauciones previstas en este capítulo, todo detenido cuando:

1.- El delito que se impute tenga prevista una pena cuyo máximo no supere los ocho (8) años de prisión o reclusión;

2.- En el caso de concurso real, la pena aplicable al mismo no supere los (8) ocho años de prisión o reclusión.

3.- El máximo de la pena fuere mayor a ocho (8) años, pero de las circunstancias del o los hechos y de las características y antecedentes personales del procesado resultare probable que pueda aplicársele condena de ejecución condicional…”

 

ARTÍCULO 170.- Excarcelación extraordinaria.- En los casos que conforme a las previsiones de los incisos 1) y 2) del artículo anterior no correspondiere la excarcelación, podrá ser concedida (igualmente) de oficio (por el Juez directamente sin petición de abogado) o a pedido de parte cuando: por la objetiva valoración de las características del o de los hechos atribuidos, de las condiciones personales del imputado y de otras circunstancias que se consideren relevantes, se pudiera presumir que el mismo no procurará eludir u obstaculizar la investigación ni burlar la acción de la justicia.

 

Comenzamos el análisis de la norma legal haciendo notar que las mismas nunca usan el verbo DEBEN refiriéndose a los jueces que deben aplicarla, sino PUEDEN.

 

El artículo dice que el juez “podrá” otorgar la libertad cuando la pena máxima no exceda de 8 años (169 inciso 1)…pero luego también dice que si el máximo fuese más de 8 años TAMBIÉN PODRÁ CONCEDERLA (169 inciso 3) si cree que “fuese probable” que “pueda” aplicársele una condena condicional (lo que lo será a juicio de otro juez, porque quien dicta la sentencia no es el mismo Juez que otorga la libertad bajo fianza). La pregunta resulta obvia: como puede saber el juez que debe decidir si otorga o no la libertad bajo fianza, si el Juez sentenciante tendrá su mismo pensamiento y valores para decidir si la condena se cumple en la cárcel o en libertad: acaso es mago, o lee el futuro o el pensamiento de otros? Sin duda la redacción no es la más feliz.

 

Qué es la condena condicional    –

ARTÍCULO 26.- “…será facultad de los tribunales disponer en el mismo pronunciamiento que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena. Esta decisión deberá ser fundada, bajo sanción de nulidad, en la personalidad moral del condenado, su actitud posterior al delito, los motivos que lo impulsaron a delinquir, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de libertad. El tribunal requerirá las informaciones pertinentes para formar criterio, pudiendo las partes aportar también la prueba útil a tal efecto.

 

Sin duda, la mayoría de los requisitos que exige la ley para que el Juez declare que una pena debe cumplirse en libertad, son de carácter subjetivo y solo el imputado sabe sobre su personalidad moral y los motivos que lo impulsaron a delinquir. Es muy difícil que el juez pueda incursionar en la mente del condenado.

 

Qué es la libertad condicional     —

ARTÍCULO 13.- El condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido treinta y cinco (35) años de condena, el condenado a reclusión o a prisión por más de tres (3) años que hubiere cumplido los dos tercios, y el condenado a reclusión o prisión, por tres (3) años o menos, que hubiere cumplido un (1) año de reclusión u ocho (8) meses de prisión, observando con regularidad los reglamentos carcelarios, podrán obtener la libertad por resolución judicial, previo informe de la dirección del establecimiento e informe de peritos que pronostique en forma individualizada y favorable su reinserción social…

 

En buen romance, al preso que ha sido sancionado con 12 años de cárcel, recupera su libertad a los 8 años, y al que le han impuesto 3 años de prisión se va a los 8 meses, si su conducta en la cárcel fue buena.

 

Interrogantes    —

Entonces nos preguntamos: Cómo puede saber el Juez si el condenado en la cárcel cumplió buena conducta, teniendo en cuenta que en la realidad el control de los establecimientos carcelarios está dividido por bandas que integran y forman los mismos internos, que se protegen entre ellos y muchas veces con el apañamiento del propio personal de la unidad penitenciaria, y por eso podrá gozar de libertad condicional? Tendrá que hacer un poco de vidente o predecir lo que ocurrirá en el futuro, con relación a la posible reinserción del interno a la sociedad.

Pero allí no terminan las rarezas de la ley vigente, el Art. 170 permite la libertad extraordinaria, que es cuando NO CORRESPONDE LA EXCARCELACIÓN, se le otorga al Juez la facultad de dejarlo igual en libertad si pudiera presumir que el mismo no procurará eludir u obstaculizar la investigación ni burlar la acción de la justicia.

Otra vez nos aparece el interrogante: cómo hace un Juez para saber si el imputado procurará burlar la justicia? Sin perjuicio de que la naturaleza del hombre le indica siempre tratar de lograr su libertad, tendría el juez que meterse en la cabeza del imputado para saber que  piensa hacer en el futuro, si esperar que lo encierren pasivamente o tratar de eludir la prisión.

La primera conclusión a priori es que la ley otorga a los jueces una facultad casi omnímoda (absoluta) para decidir, cuyo único límite es casi su conciencia.

 

Pero allí no terminan los desatinos de la ley vigente     –

ARTÍCULO 431 CÓDIGO PROCESAL PENAL: Las resoluciones judiciales no serán ejecutadas durante el término para recurrir, ni durante la tramitación del recurso, en su caso, salvo disposición expresa en contrario…”

Qué significa esto en los hechos reales? Que si un Juez otorga la libertad y otro superior la deniega a un detenido por una causa (que puede ser grave) y el defensor APELA, el imputado sigue en libertad hasta que se terminen los recursos. Por lo que, si la Cámara confirma que no corresponde otorgar la libertad y el abogado recurre ante la Cámara de Casación y luego ante la Corte por Recurso extraordinario, pasarán meses con el imputado en libertad, aunque la decisión definitiva ratifique la orden de detención (Que seguramente será tardía ya que el imputado estará a kilómetros de distancia de la justicia).

Un reciente fallo Plenario se dictó ratificando esta postura y manteniendo al imputado en libertad hasta que quede firme la orden de su detención.

Acuerdo Plenario en causa Nº28.735/III, “Haedo, Luis Fernando s/ apelación de excarcelación” En la ciudad de San Isidro, a los 1 días del mes de julio de 2014, reunidos en Acuerdo los señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de este Departamento Judicial para dictar el acuerdo plenario:

ANTECEDENTES: En esta causa por mayoría se revocó la excarcelación concedida en la instancia y ordenó la inmediata detención del imputado Luis Fernando Haedo. Haciendo lugar al pedido de la defensa en punto a la disparidad de criterios entre las Salas, se convocó a acuerdo plenario, en los términos del Art. 37 Inc. b de la ley 5827, y se dispuso suspender la ejecución de la orden de detención dictada, a resultas de lo que se decida en el acuerdo plenario convocado, mientras lo resuelto no quede firme.

Respecto de la segunda cuestión, el juez Herbel dijo: El artículo 431 del C.P.P. prohíbe que las resoluciones judiciales sean ejecutadas durante el término para recurrir, o durante la tramitación del recurso (regla general). No hay norma alguna que exceptúe de la regla general a las resoluciones que revoquen excarcelaciones concedidas. Y es claro que éstas no son órdenes de libertad. La letra de la ley, pues, resulta claramente incompatible con una respuesta positiva a la cuestión planteada. Tal como expresó el peticionario de este acuerdo, nuestro Tribunal de Casación ha tenido oportunidad de analizar la cuestión y fallar en ese sentido: dijo la Sala I: “La efectivización de la detención de los imputados con anterioridad a la notificación del auto que la ordena, resulta una flagrante violación al efecto suspensivo previsto por el art. 431 del ceremonial”. La excarcelación debe mantenerse “mientras no exista un auto firme que la revoque” (Conf. Sala I, causa 43.041, Rta. el 10/08/2010) .

 

La situación de superpoblación y hacinamiento de las cárceles bonaerenses     —

Una de las consecuencias graves, de esta situación, amén de que de esta manera las  cárceles de ninguna manera podrán lograr reencauzar la conducta del interno, sino que son proclive, junto a la corrupción de gran parte del Sistema Penitenciario, a promover una gran cantidad de delitos que se producen dentro de las mismas cárceles. Y en consecuencia el interno cuando alcanza la libertad no solo no puede reinsertarse en la sociedad, sino que ha aprendido mejores métodos para delinquir y los utiliza en forma inmediata de alcanzar su libertad en la mayoría de los casos.

Pero existe otra consecuencia de esta situación y es que ante la imposibilidad de contener mas internos los jefes (Alcaides) de cada prisión ponen objeciones a recibir más internos, cuando su población triplica casi la capacidad normal del establecimiento carcelario. Y de allí que muchos jueces optan por OTORGAR LIBERTADES DUDOSAS Y CUESTIONABLES, porque no hay lugar donde alojar los detenidos.

 

CONCLUSIONES: De todo lo expuesto, se extrae, que la primera medida a adoptar para enfrentar esta oleada de inseguridad es que por ley se reforme el Código Procesal Penal, cuya redacción deja mucho que desear y no responde a las necesidades actuales ni a la realidad que debemos enfrentar día  a día.

En segundo lugar correspondería que los jueces adoptaran una posición más acorde con la realidad y con la responsabilidad a todas luces excesiva que le concede la actual legislación en materia de otorgamientos de  libertades bajo fianza.

En tercer lugar se impone la construcción de nuevas cárceles en la provincia de Buenos Aires con toda urgencia.

 

(*) Abogado laboralista

 

 

¡Deja un Comentario!

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *