ENFOQUE

¿Qué pena merece un homicidio en un incidente de tránsito?

Escribe: Dr. Germán Fernando Senn (*)

Cuando se produce la muerte de una persona en un incidente de tránsito, el sujeto responsable de causarla deberá responder ante la justicia. No obstante existir múltiples causas que pudieron haber llevado al conductor a provocar el fallecimiento de la víctima, hay en el Código Penal Argentino solo dos delitos que pueden encuadrar esa conducta. Los siguientes párrafos tienen la finalidad que el lector comprenda las diferencias que establece la ley entre uno y otro, y pueda extraer sus propias conclusiones.

El artículo 79 del Código Penal Argentino dice: “Se aplicará reclusión o prisión de 8 a 25 años al que matare a otro, siempre que en este Código no se estableciere otra pena”.

Aquí estamos hablando exclusivamente del homicidio doloso, en donde la ley sanciona el accionar intencional de una persona que dirige su voluntad en pos del resultado “muerte”. Es fundamental que exista “intención”, llamada jurídicamente “dolo”. En términos técnicos el dolo tiene dos elementos: faz cognitiva (conocimiento) y faz volitiva (voluntad). El sujeto actúa para lograr el fin propuesto, con conocimiento de lo que realiza y voluntad de hacerlo.

Para graficar qué es el “dolo” podemos dar el siguiente ejemplo: una persona quiere matar a otra; para ello toma un arma, con pleno conocimiento que se trata de un arma de fuego y que está cargada; apunta a la cabeza de otra persona y dispara. Quiere matarla y lo hace. Lo mismo sucedería si una persona quisiera matar a otra embistiéndola con un vehículo. Supongamos entonces que el sujeto A quiere dar muerte al sujeto B. Para ello A se sube a un automóvil y dirigiéndose a toda velocidad contra B –que se encuentra parado- lo embiste y lo mata. Aquí una vez más estamos ante un homicidio doloso. El dolo al cual el Código Penal se refiere es el “dolo directo”, es decir la intención directa. Se busca un resultado y se logra.

La contrapartida son los delitos culposos, es decir los cometidos sin la intención o dolo. Para continuar con la misma línea podemos citar el artículo 84 bis del Código Penal Argentino, que dice: “Será reprimido con prisión de 2 a 5 años e inhabilitación especial, en su caso, por 5 a 10 años el que por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare a otro la muerte.

La pena será de prisión de 3 a 6 años, si se diera alguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior y el conductor se diere a la fuga o no intentase socorrer a la víctima, siempre y cuando no incurriere en la conducta prevista en el artículo 106, o estuviese bajo los efectos de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior a 500 miligramos por litro de sangre en el caso de conductores de trasporte público o un gramo por litro de sangre en los demás casos, o estuviese conduciendo en exceso de velocidad a más de 30 kilómetros por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho, o si condujese estando inhabilitado para hacerlo por autoridad competente, o violare la señalización del semáforo o las señales de tránsito que indican el sentido de circulación vehicular o cuando se dieren las circunstancias previstas en el artículo 193 bis, o con culpa temeraria, o cuando fueren más de una las víctimas fatales”.

Como puede observarse, el primer párrafo se refiere a la figura básica, mientras que el segundo párrafo habla de circunstancias agravantes. Así es que, una muerte producida en un incidente de tránsito en donde el conductor actuó imprudentemente, negligentemente o antirreglamentariamente, es un homicidio culposo, y el sujeto será responsable por ello, pudiendo recibir en el juicio una condena de entre 2 a 5 años de prisión, e inhabilitación para conducir vehículos por un plazo de hasta 10 años, o si concurriere alguna de las circunstancias agravantes podrá recibir entre 3 a 6 años de prisión.

Pasar un semáforo en rojo a una velocidad permitida; pasar un semáforo en rojo a una velocidad prohibida; pasar un semáforo en rojo a una velocidad prohibida y superando el nivel de alcohol en sangre permitido, transitar a contramano, etc.: Estamos de acuerdo que todas ellas son infracciones de tránsito, e incluso pueden ser contravenciones que acarrean multas, quita de licencia de conducir, y hasta días de arresto. Sin embargo, la cuestión se modifica cuando como consecuencia de esas acciones irresponsables se produce una muerte. ¿Qué delito aplicamos? ¿Homicidio doloso (artículo 79) u homicidio culposo (artículo 84 bis)?

Si elegimos el homicidio doloso, al conductor del vehículo se le deberá exigir haber actuado con el conocimiento y la intención de producir esa muerte para poder declararlo penalmente responsable. Si bien, el conductor podría tener conocimiento de su actuar imprudente al pasar un semáforo en rojo, con exceso de velocidad, con exceso de alcohol en sangre, etc., no obstante ello falta aún el otro elemento del dolo, que es la intención. En estos casos no hay intención de matar. La persona no conduce el vehículo queriendo matar directamente a otro. Queda entonces abordar el caso como un homicidio culposo.

Sin embargo, las exigencias sociales diarias en materia de justicia, seguridad, etc. hacen que pueda modificarse el ángulo de interpretación de las normas. Las diferencias no son solamente técnicas, sino que la aplicación de una u otra figura repercuten directamente en todas las etapas procesales, y resulta decisivo hasta el punto que durante el proceso un acusado puede estar en libertad o detenido, así como en el juicio oral recibir una pena en suspenso o de cumplimiento efectivo.

La sociedad en general que no tiene conocimientos jurídicos no logra entender muchas veces cómo una persona que mató a otra (o a varias) en un incidente de tránsito puede estar en libertad. Veamos:

Desde la óptica del homicidio culposo (artículo 84 bis), y conforme las normas procesales penales en la Provincia de Buenos Aires, e incluso a nivel nacional, el delito referido podría ser excarcelable, por tanto, si no existe peligro de fuga ni entorpecimiento probatorio, el Juez podría ordenar que el conductor acusado transite el proceso en libertad. Si abordamos la cuestión como un homicidio doloso (artículo 79), en principio no sería excarcelable y el sujeto debería esperar el juicio privado de su libertad.

Es decir que previo al juicio, y durante toda la etapa de investigación, existen diferencias considerables según como se califique la conducta del acusado. Pero aún yendo más allá, una persona acusada de un homicidio culposo mediante la conducción imprudente, negligente y/o antirreglamentaria de un vehículo automotor podría no pisar la cárcel nunca. Esto es así porque el mínimo es de 2 años de prisión (o de 3 años para la figura agravada) y la ley permite que las penas de hasta 3 años de prisión pueden ser dejadas en suspenso, siempre que la persona no tenga antecedentes y se cumplan ciertas condiciones, claro está. Por el contrario, una condena a 3 años y 1 día de prisión ya es de cumplimiento efectivo. Recordemos también que el límite máximo que tiene el juez para condenar al acusado es de 5 años de prisión para un homicidio culposo mediante la conducción de un vehículo (figura básica) y hasta 6 años de prisión si concurre alguna agravante.

Ahora bien, hay otro elemento procesal más a tener en cuenta que puede producir cierto escozor en la sociedad. Supongamos que un acusado de homicidio culposo llega al juicio oral en libertad (o sea, excarcelado), y el Juez dicta una sentencia en la que lo condena a pena de prisión efectiva, es decir una condena de entre 3 a 6 años de prisión. No obstante ello, esa sentencia puede ser apelada, justamente porque en un Estado de Derecho deben regir las garantías constitucionales y una de esas garantías es la de recurrir o apelar el fallo ante una instancia superior, es decir ante otros Jueces que no son los que intervinieron en el juicio. Si el acusado del homicidio culposo llegó al juicio oral en libertad ¿Qué pasa con la condena a pena de prisión efectiva si la sentencia es apelada? Aquí la cuestión se torna también un poco técnica, y la biblioteca jurídica está dividida –como en la mayoría de los temas-.

Una buena parte de la doctrina dice que el principio de inocencia queda aniquilado con la sentencia en el juicio oral, y por lo tanto debe hacerse efectiva esa pena de prisión, ordenando la detención inmediata del acusado, ahora condenado en primera instancia. La apelación continúa pero con la persona detenida.

Otros opinan que –como la sentencia condenatoria no está firme y la misma podría ser revocada por los jueces de la instancia de apelación-, en este caso el principio de inocencia, si bien pudo verse resquebrajado, debe seguir vigente, y por lo tanto no habría motivos para ordenar la detención del acusado. Si la apelación confirma la sentencia de primera instancia y la condena queda firme, recién en ese momento el sujeto quedaría detenido.

Por el contrario, si el conductor de un vehículo automotor fuera acusado de homicidio doloso, difícilmente llegaría al juicio en libertad, ya que el juez presumiría que intentaría fugarse si lo deja libre porque le espera un juicio con un mínimo de pena de 8 años de prisión si es declarado culpable. Aquí también el acusado puede apelar la condena pero resulta irrelevante la discusión anterior pues la persona ya está detenida desde antes del juicio, y en definitiva la pena de 8 años o más de prisión será indefectiblemente de cumplimiento efectivo.

Habiéndonos referido a los homicidios culposos y dolosos con dolo directo, es hora de hablar de lo que parte de la doctrina y jurisprudencia de nuestro país, han denominado en sus trabajos y fallos como “dolo eventual”. Otra vez, al ser una creación cuya conformación y exigencias no surgen expresamente de la ley, sino que dan lugar a diferentes  interpretaciones, tenemos que caer en el análisis técnico-jurídico, sabiendo que existen varias teorías sobre qué es y cómo se aplica el dolo eventual.

Para definirlo fácilmente, una conducta con dolo eventual es aquella en la cual el sujeto no tiene la intención de cometer el hecho que finalmente termina cometiendo (porque en ese caso sería dolo directo), pero tiene conocimiento que está actuando de una forma negligente, imprudente, irresponsable, etc., e igualmente continúa en su accionar, sabiendo o imaginándose que existen grandes posibilidades que el resultado pueda producirse, no obstante ello, tal posibilidad de concreción del riesgo no le impide continuar.

Esta es la figura que muchas veces se utiliza para enmarcar la acción de un conductor que produjo una muerte mediante la conducción imprudente o negligente de un automóvil, o por lo menos es la figura que los querellantes suelen solicitar se aplique y por la cual se termine condenando al acusado en el juicio. Es decir que se trata de un homicidio doloso con dolo eventual, y como el Código Penal no diferencia entre homicidios con dolo directo u homicidios con dolo eventual, se aplica el artículo 79, que –como dijimos- tiene una pena de 8 a 25 años de prisión.

Ahora bien, cabe hacerse las siguientes preguntas:

¿Es un arma un auto que circula a 120 km/h por una calle?

¿Es lo mismo dispararle a una persona a la cabeza con un arma de fuego y matarla con la intención de hacerlo, que conducir un auto con exceso de velocidad, con exceso de alcohol en sangre y provocar una muerte? Muchos dirán que sí, otros que no. Lo determinante es que los dos pueden recibir la misma pena, de 8 a 25 años de prisión.

El dolo eventual en el delito de homicidio, y aplicado a los incidentes de tránsito, ha venido a dar respuesta a un enérgico pedido de justicia en los casos de conducción imprudente e irresponsable de vehículos, ya sea por excesos de velocidad, por conducción en estado de ebriedad o intoxicación por drogas, carreras o “picadas” en la vía pública, etc. Sin embargo no hay un criterio unívoco, y lo que para algunos jueces puede ser un homicidio doloso con dolo eventual, con el consiguiente dictado de prisión preventiva para el acusado (es decir mantenerlo detenido durante el proceso) y la posible condena a una pena superior a 8 años de prisión de efectivo cumplimiento; para otros jueces el caso configura un homicidio culposo, pudiendo dejar al acusado libre durante el proceso e imponerle en el juicio una condena en suspenso si fuera menor de 3 años de prisión.

Si bien, la reciente ley 27.347 -que entró en vigencia el 6 de enero de 2017- ha modificado las circunstancias que rodean al homicidio culposo mediante la conducción de vehículos automotores y –como se ha visto- ha incluido agravantes (artículo 84 bis segundo párrafo del Código Penal), no obstante ello creo conveniente referir que deberá darse un serio debate sobre qué delito configura el accionar de una persona que produce una muerte mediante la conducción de un vehículo automotor con exceso de velocidad, en estado de ebriedad, sin respeto por las normas de tránsito, etc. y deberá dejarse atrás definitivamente la posibilidad que un juez, a petición del Particular Damnificado y/o del Ministerio Público Fiscal, y puesto el caso a juzgamiento popular a través de los medios masivos de comunicación, deba optar entre un homicidio doloso y un homicidio culposo, existiendo –como pudo observarse más arriba y a rasgos generales- tantas diferencias entre una y otra calificación legal.

(*)Abogado Penalista

Tomo XXXVIII Folio 325 C.A.S.I.

 

 

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