Redujeron una de las penas para el ingeniero que había sido condenado por las muertes de dos trabajadores

 
En marzo del año pasado, en un juicio que se hizo en los Tribunales de Azul, al ingeniero Víctor Eduardo García lo habían condenado a cuatro años de prisión por las muertes del tipo culposas de los trabajadores Alfredo Carrizo y Osvaldo Chanquía. El encausado estaba a cargo de la obra de ampliación de la red cloacal que la empresa “Korvial SRL” estaba llevando a cabo en Villa Piazza Norte. El 8 de agosto de 2013, una de las paredes de una zanja de más de tres metros de profundidad se desmoronó y ambas víctimas murieron sepultadas por la tierra que se les vino encima. Apelación mediante de su abogado defensor, días atrás aquel fallo de primera instancia fue confirmado parcialmente por el Tribunal de Alzada. Eso significó que ahora el ingeniero fuera condenado a tres años de prisión en suspenso, pero que se mantuviera esa otra pena impuesta en el debate y lo inhabilitó por un plazo de ocho años para ejercer la profesión.

Víctor Eduardo García, el ingeniero condenado por las muertes de dos trabajadores, durante el juicio que el año pasado se hizo en un Juzgado Correccional local. Días pasados, apelación mediante, la Cámara Penal de Trenque Lauquen le redujo a tres años de prisión en suspenso una de las penas que le había sido impuesta al encausado en primera instancia.
NICOLÁS MURCIA/ARCHIVO/EL TIEMPO


El fallo que en marzo del año pasado condenó a un ingeniero por las muertes de dos obreros ocurridas en agosto de 2013 en Villa Piazza Norte de esta ciudad, cuando sobre las víctimas se desmoronó la tierra de una de las paredes de una zanja de ampliación de la red cloacal donde estaban trabajando, fue confirmado parcialmente en una segunda instancia, informaron ayer a EL TIEMPO fuentes judiciales.
En otras palabras, eso significó que al encausado le fuera reducida la pena de “cuatro años prisión” que le había sido impuesta en aquel juicio realizado por lo sucedido.
Ahora, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen lo condenó a tres años de prisión de ejecución condicional.
En lo resuelto el pasado 8 de febrero por los camaristas Juan Manuel Gini y Guillermo Glizt, esa fue la única modificación a lo que había sido dispuesto por el magistrado azuleño Héctor Torrens, el titular del Juzgado Correccional número 2 de Azul que intervino en aquel debate cuyo fallo se anunciara el 1 de marzo del año que pasó.
Los demás aspectos de ese dictamen fueron confirmados, por lo que el ingeniero Víctor Eduardo García -oriundo de Gualeguay, provincia de Entre Ríos, con actual domicilio en Azul y de 59 años de edad- también fue inhabilitado de manera “especial” para ejercer su profesión por el plazo de ocho años, al ser considerado autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado por la pluralidad de las víctimas (dos hechos).
La pena de tres años de prisión en suspenso que le fue dictada ahora a García implicó que los jueces de la Cámara Penal de Trenque Lauquen le impusieran una serie de pautas de conducta.
Según lo señalado, por el plazo de cuatro años esas condiciones implican que fije residencia y se presente en el Patronato de Liberados.
Además, dicho organismo deberá designar “una institución de bien público y sin fines de lucro de la ciudad de Azul y/o donde fíje su residencia, con el objeto de que el encausado García efectúe trabajos comunitarios acordes a su capacidad y habilidades profesionales, previa aceptación de la institución”.
Esos trabajos el ingeniero deberá hacerlos “por el término de cuatro años a razón de cinco horas semanales, debiendo acreditar el cumplimiento de estas tareas de manera trimestral ante el citado organismo de contralor”, se mencionó al respecto.

El debate había implicado que el ex intendente José Inza fuera citado como uno de los testigos.
NICOLÁS MURCIA/ARCHIVO/EL TIEMPO


Pena reducida
Osvaldo Bolpe y Carlos Saparrat fueron los abogados que en principio representaron al ingeniero condenado por las muertes de los trabajadores, que -al igual que el profesional- pertenecían a la empresa “Korvial SRL” y se llamaban Alfredo Carrizo y Osvaldo Chanquía.
Pero después de que García fuera condenado en aquel juicio que se hizo en los Tribunales de Azul, ambos dejaron de patrocinarlo.
Como nuevo defensor Particular del encausado asumió el abogado Gabriel Di Giulio, penalista que apeló ese fallo de primera instancia que días atrás la Cámara Penal de Trenque Lauquen confirmó parcialmente, al reducir una de las penas para el ingeniero considerado autor de los homicidios del tipo culposo de los obreros.
García estaba a cargo de esa obra de extensión de la red cloacal cuando el 8 de agosto de 2013 se desmoronó una de las paredes de la zanja donde las víctimas se encontraban.
Esa excavación tenía más de tres metros de profundidad y estaba situada en La Madrid entre Industria y De las Postas de Villa Piazza Norte.
De los “tres agravios” planteados en ese recurso de apelación por el abogado Di Giulio, sólo prosperó ante la Cámara Penal del Departamento Judicial de Trenque Lauquen el referido a la reducción de aquella pena de prisión de cuatro años que le había sido impuesta durante el debate al ingeniero.
Para rechazar uno de esos planteos del Defensor Particular, en el dictamen más reciente se mencionó que quedó debidamente acreditado “el obrar negligente puesto de manifiesto por García, al no observar adecuadamente los reglamentos y deberes especiales de cuidado derivados de su propia profesión y de los pliegos de bases y condiciones que conocía por haber intervenido en la confección de la propuesta que obtuvo la licitación, no adoptando la implementación de ningún recaudo especial de prevención ni del dispositivo de entibado para evitar el derrumbe de la excavación, cuando así lo justificaban las características de ese tramo abierto de terreno, generándose el ya conocido desmoronamiento que ocasionara el deceso de las dos víctimas”.
En donde sí los camaristas que intervinieron en el recurso avalaron lo pretendido por el abogado del encausado fue en lo concerniente a “la valoración excesiva de las agravantes” que le habían dado forma a aquella pena de cuatro años de prisión que le fuera dictada en el juicio a García.
De esa manera, ahora esa sanción fue reducida a los ya señalados tres años de prisión de ejecución condicional.
“Debe hacerse lugar a una disminución del monto impuesto en la misma”, escribió el camarista Gini al aludir a aquella pena dictada en primera instancia al ingeniero.
“Tengo en cuenta para ello que al momento de analizar las tres circunstancias agravantes ponderadas por el Magistrado de grado en su veredicto (la magnitud de la negligencia en la conducción de las actividades que estaban bajo su orden directa; el absoluto desinterés respecto de las condiciones en que se desarrollaban los trabajos; el menosprecio por la seguridad y la vida de los obreros que tenía a su cargo en la realización de una obra pública adjudicada a la empresa de la cual era Director Técnico por contrato vigente), al igual que resultara advertido por el ocurrente, las mismas redundan en la determinación de un único disvalor de acto relacionado con el comportamiento desaprensivo y violatorio del deber objetivo de cuidado puesto de manifiesto por el agente en la dirección y planeamiento de las medidas de seguridad dispuestas en la obra a su cargo”.
En ese contexto, afirmó también que “debe readecuarse la pena de prisión impuesta al justiciable a la de tres años de prisión, manteniendo por su parte la inhabilitación establecida por el sentenciante”.
Y valorando las atenuantes mensuradas para el encausado y esa nueva pena de prisión un año inferior a la dictada en primera instancia, se indicó en el fallo más reciente de esta causa por parte del juez que votó en primer término a las cuestiones que se plantearon: “Entiendo que conforme al monto punitivo en el que se ha calibrado la pena y en orden a la variación operada en el número de agravantes a computar y la consideración puntual que he formulado sobre las circunstancias atenuantes, en mi criterio, el cumplimiento de la pena de prisión deberá ser de ejecución condicional”, teniendo en cuenta -además- que el ingeniero no registraba antecedentes penales computables y que esta es su primera condena.

El dato
Si bien no es una cuestión que se mencione en el fallo por las muertes de los trabajadores que fue dado a conocer días pasados desde la Cámara Penal de Trenque Lauquen, la resolución del juicio llevado a cabo en el Juzgado Correccional número 2 de Azul el año pasado incluía otro aspecto importante en torno a lo sucedido: el referido a que la investigación por las muertes de Carrizo y Chanquía continuara, teniendo en cuenta que de los testimonios escuchados en el proceso podrían surgir más responsables de ambos decesos. El juez Torrens había dispuesto dejar abierta la investigación, dando lugar así a los pedidos que en sus respectivos alegatos formularan Marcelo Fernández, representante del Ministerio Público Fiscal en el debate, y Luis Conti y Soledad Digiano, abogados ambos que bajo la figura del Particular Damnificado patrocinaron en el juicio a una de las esposas de los trabajadores fallecidos en aquella obra de extensión de la red cloacal de Villa Piazza Norte.

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