ENFOQUE

Resocialización vs. “que se pudra en la cárcel”

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Escribe: Dr. Germán Fernando Senn (*)

Una persona que cometió un delito y fue condenada a pena de prisión, indefectiblemente saldrá de la cárcel en algún momento.

Carlos Robledo Puch –quien lleva detenido más de 45 años- sea, quizá, una de las pocas excepciones, pero lo cierto es que en nuestro país, aún la pena de prisión perpetua tiene un límite temporal.

El artículo 1 de la ley nacional Nº 24.660 establece que: “La ejecución de la pena privativa de libertad (…) tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad”.

En igual sentido, el artículo 4 de la ley provincial Nº 12.256 dice que: “El fin último de la presente ley es la adecuada inserción social de los procesados y condenados (…)”.

Debemos decir que no existe en nuestro ordenamiento jurídico la “cadena perpetua” o “de por vida”, justamente porque la finalidad de la pena privativa de libertad es la resocialización del condenado.

Por condenado –y para diferenciarlo del procesado en sentido estricto- debemos entender a una persona a la cual se le dictó una sentencia condenatoria y la misma fue confirmada en una segunda instancia. Ello quiere decir que la sentencia quedó firme.

La mayoría de los condenados con sentencia firme -salvo excepciones determinadas por la gravedad del delito- no cumplirán en la cárcel la totalidad de los años citados en la sentencia, porque la ley así lo establece.

Cabe destacar que el régimen penitenciario al que es sometido un condenado tiene la característica de ser “progresivo”; ello quiere decir que la persona va transitando diferentes estadios o etapas que le permiten ir avanzando en dicho régimen mientras se encuentra detenido. Esas etapas poseen diferentes beneficios para quienes logren alcanzarlas y reúnan todos los requisitos que establece la ley. Las salidas transitorias, por ejemplo, se podrán obtener a la mitad de la condena (aunque también deberán estar cumplidos otros requisitos como poseer un favorable informe criminológico, de concepto y conducta, psicológico, socio-ambiental, etc. que determinen que la persona está apta para gozar dicho beneficio). Las salidas transitorias, en definitiva, implican salir a visitar a la familia, cursar algún estudio, realizar alguna tarea específica y volver a la cárcel. Todo ello, una o dos veces al mes y bajo un estricto control.

Otro de los beneficios que puede obtener un condenado es la libertad condicional cuando arribe a las dos terceras partes de su condena y cumpla los restantes requisitos. Ello le permitirá estar en libertad pero sujeto al cumplimiento y observancia de determinadas pautas.

Entonces, ¿Por qué una persona que fue condenada, por ejemplo, a la pena de 9 años de prisión por un homicidio simple, puede salir a los 6 años en libertad condicional? Principalmente porque así lo establece la ley y porque lo decide un juez de ejecución penal, la mayoría de las veces basado en los informes criminológicos del condenado que determinan que el mismo está apto para obtener la libertad condicional. El cumplimiento del requisito temporal y los informes favorables emitidos por la Junta Criminológica del Servicio Penitenciario (integrada por profesionales de diferentes especialidades como psicólogos, asistentes sociales, médicos, etc.) son las únicas variables que el Juez debe analizar a los efectos de otorgar un beneficio a un condenado.

El juez no puede motivar su denegatoria en hechos futuros que la persona “podría” llegar a realizar estando en libertad condicional, puesto que el Magistrado no es adivino, por tanto solo puede basarse en circunstancias concretas. Aunque vale decir que si una persona comete un delito o incumple alguna de las condiciones impuestas mientras se encuentra gozando de un beneficio, inmediatamente vuelve a la cárcel y debe cumplir –ahí sí- la totalidad de la condena.

La visión que debemos tener es que al otorgar una salida transitoria o una libertad condicional, el Juez no está liberando a un delincuente, sino que está aplicando la ley y garantizando que se cumpla la finalidad de ésta, que es -como dijimos- la reinserción social del condenado. Hoy por hoy, la ley es esta, y debe cumplirse. El día de mañana, si hay un debate parlamentario y la ley se modifica en relación a que deban cumplirse las condenas “de punta a punta”, es decir en su totalidad, podrá el Juez actuar de otra manera.

Aun así, vemos que los medios de comunicación reflejan innumerables casos de personas que fueron beneficiadas con las salidas transitorias o la libertad condicional y cometen un nuevo delito. Ello no quiere decir de ninguna manera que el Juez haya actuado mal. Tendremos que preguntarnos aquí, más allá del acto ilícito particular que es absoluta responsabilidad del individuo, si la sociedad se encuentra apta para acoger personas en esas condiciones. Si queremos “resocializar”; si nos interesa; si vemos en el delincuente a una persona con derechos. Se escuchan voces, en este sentido, que dicen: ¿si no hay trabajo para la gente honesta, por qué hay que darle oportunidades a un delincuente?”, “Lo hubiera pensado antes”, “El que mató se tiene que pudrir en la cárcel, no tiene que salir nunca más”, “No hay que soltarlos, si van a volver a hacer lo mismo”, y cosas aún mucho más severas.

Los lectores de estos párrafos y la sociedad en general están cansados de “injusticias”, pero el concepto de justicia es sumamente relativo, y lo que para algunos puede ser justo, para otros no. Lo que no puede ser relativo es el cumplimiento de la ley.

Al igual que no pueden existir denegatorias injustificadas de beneficios al condenado, siempre que se cumplan todos los requisitos –porque el objetivo de la ley es la reinserción-, tampoco pueden existir, por su ilegalidad manifiesta, las condenas ejemplares. Como Estado de Derecho del que formamos parte debemos propiciar el “garantismo” a los fines de limitar el poder punitivo del Estado, y será el respeto por las garantías individuales la clave para evitar abusos de poder o extralimitaciones por parte de éste. Entre los principios que rigen el proceso penal, uno que no se encuentra tan presente en el pensamiento ciudadano es el de culpabilidad, que en pocas palabras establece que debe juzgarse y condenarse a una persona por su exclusiva participación en la comisión de un delito, y solo por eso, sin importar otras cuestiones.

Por ello -y sin entrar a considerar de ninguna manera el papel de las víctimas o sus familiares, que merecen el mayor de los respetos por la situación vivida-, resulta erróneo reclamar que la justicia aplique una condena ejemplar, por ejemplo, a una persona que ha cometido un homicidio mediante la conducción imprudente de un vehículo, toda vez que ello, en principio no resulta ejemplo de nada, porque no es el Poder Judicial el encargado de brindar educación ni promover enseñanzas de vida, y porque en definitiva estaríamos contrariando el principio de culpabilidad, pues el sujeto X estaría recibiendo por su delito una determinada cantidad de años, y un plus por el ejemplo que reclama la sociedad. Algo totalmente inaceptable e ilegal.

El clamor social se eleva cuando a una persona se le aplica una escasa cantidad de años de pena privativa de libertad en relación a un delito considerado grave, o cuando recupera prontamente la libertad y no cumple la totalidad de la pena impuesta. Pero ello es totalmente legal y son los jueces los encargados (y obligados) de fundamentar sus decisiones conforme a la ley.

La resocialización nos guste o no, nos parezca injusta o no, es ley. Es un camino que debe andarse. La reinserción social implica que una persona que pasó una determinada cantidad de tiempo en la cárcel y vuelve a la vida en sociedad debe cumplir ciertas pautas, pero también implica que los organismos encargados de controlar esos comportamientos se hagan cargo responsablemente de sus funciones, y que la sociedad en general tenga la capacidad, aunque esté en desacuerdo, de entender que ello es legal y pueda actuar en consecuencia, sin discriminar y sin ejercer violencia ni justicia por mano propia.

Por último, habrá que plantearse seriamente que la reinserción social comienza en la cárcel. En la antigüedad, la prisión era una especie de antesala del verdadero castigo como eran los azotes, el desmembramiento, la muerte (o todo ello junto). Pero se supone que hemos evolucionado y que una prisión no es un depósito de personas, sino que es la privación de la libertad la única y verdadera sanción o pena, y eso conlleva que de ninguna manera puede privársele al condenado (y mucho menos al procesado quien como dijimos es aún inocente) de los restantes derechos inherentes como ser humano.

El artículo 18 de la Constitución Nacional dice: “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…”.

Evidentemente hay un déficit muy grande en el sistema penitenciario: Falta de recursos, corrupción, desinterés, política “pianta-votos”. No obstante ello, debemos destacar la labor diaria no sólo de cientos y miles de agentes penitenciarios, sino también de profesionales que integran el sistema, como psicólogos, asistentes sociales, maestros, profesores, médicos, abogados, etc., aunque esas tareas se vean opacadas por quienes interponen su interés personal por sobre el interés público y social, y que con sus acciones contribuyen a la destrucción del sistema penitenciario.

Para finalizar quiero expresar que tendremos que tomar conciencia que la situación es muy delicada. El endurecimiento de penas, la prohibición de excarcelaciones, la reducción de beneficios a los condenados, la disminución de la edad de imputabilidad y demás maniobras descoordinadas, inmotivadas y en franca contradicción con la finalidad de reinserción social, no solucionan el problema sino que lo agudizan, pues habrá cada vez  más detenidos en peores condiciones, que -como dije al comienzo- indefectiblemente saldrán de la cárcel en algún momento.

(*) Abogado Penalista

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