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Se postergó por segunda vez el juicio a la enfermera María Cristina Santillán

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La mujer acusada del homicidio de su marido está siendo representada ahora por un equipo de defensores oficiales. En la audiencia que el pasado martes se hizo en Tribunales, fue solicitada y aceptada la postergación del juicio con jurados por la nueva Defensa. Con la idea de darle al caso “una perspectiva de género”, según dijo a este diario el defensor General departamental Diego Fernández, los funcionarios judiciales buscan aportar nuevos elementos al proceso. Mientras tanto, Santillán continúa con prisión domiciliaria y todavía no se resolvió el pedido para que pueda gozar de salidas laborales, a la espera de una junta médica que debe realizarse desde la Municipalidad de Azul. 

 

“Queremos darle al caso una perspectiva de género, que es fundamental. Y reforzar un montón de cuestiones que tienen que ver con la prueba”.

Cuando el defensor General del Departamento Judicial Azul, el Dr. Diego Fernández, dialogó con EL TIEMPO, se refería así a lo que está siendo desde ese Ministerio Público la representación de María Cristina Santillán en la causa penal donde la mujer figura acusada del crimen de su esposo.

Para ese entonces, si bien no había estado presente en la audiencia que el pasado martes se llevó a cabo en Tribunales, el funcionario judicial ya tenía la certeza de que el juicio con jurados que tiene como imputada a la enfermera -y tenía fecha de iniciación prevista para el próximo lunes 3 de abril- iba a suspenderse.

La decisión por segunda vez de dicha postergación de ese proceso por el que actualmente la mujer está cumpliendo prisión domiciliaria obedece a una cuestión lógica: desde hace algo más de un mes Santillán cuenta con una nueva Defensa. Una Oficial, la misma que ahora prevé incorporar nuevos elementos probatorios al proceso, amparada para eso en el marco de las garantías estipuladas por ley para la adecuada defensa de un imputado. Y como para eso se necesita más tiempo, la decisión de aplazar el juicio que iba a iniciarse el próximo lunes 3 de abril surgió como una consecuencia, además de lógica, también justificada.

Hay que recordar que en esa causa penal -que ahora no se sabe con fecha cierta cuándo finalmente se convertirá en materia de un juicio con jurados- a la enfermera la estuvo defendiendo en principio el abogado Germán Senn.

El Defensor Particular patrocinó a Santillán mientras la mujer estaba presa por el hecho que se le imputa en la Unidad 52, la cárcel del SPB que está en Azul.

En esas circunstancias, un año después a que el caso se registrara en septiembre de 2014 en una vivienda ubicada en Villa Piazza Centro de esta ciudad -la misma donde por estos días Santillán sigue privada de la libertad-, el abogado logró que la jueza del Tribunal 2 Alejandra Raverta le permitiera a la enfermera estar presa preventivamente en su casa.

Y también, meses atrás y en la previa a dejar de patrocinarla, el penalista porteño había presentado un pedido a la misma jueza para que la mujer pueda gozar de salidas laborales. Entre otros argumentos esgrimidos en esa solicitud, hacía alusión a la crítica situación económica por la que Santillán atraviesa.

Pero ese pedido todavía no está resuelto. En el Tribunal 2 se está esperando aún que la Municipalidad -para cuando el hecho se produjo Santillán era empleada de la comuna y trabajaba en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Pintos- lleve a cabo una junta médica que le fue solicitada.

El resultado de esa junta le servirá a la jueza para resolver si le otorga a la mujer la posibilidad de volver a trabajar, tal como lo venía haciendo hasta que este caso se produjo allá por septiembre del año 2014.

 

“Un equipo de trabajo”

Actualmente, desde hace más de un mes aproximadamente, tras la renuncia a su defensa del abogado Senn, a María Cristina Santillán la está patrocinando una Defensa Oficial.

El titular de la Defensoría General del Departamento Judicial Azul indicó que en este caso en particular se ha conformado “un equipo de trabajo” para representar a la enfermera acusada a escala penal de un homicidio agravado por el vínculo.

Además del Defensor General -que entiende que se trata de un “caso emblemático” sobre la cuestión de la violencia de género el que la tiene como imputada a la mujer-, integran ahora ese equipo los defensores oficiales Mariana Mocciaro y Diego Araujo.

Ambos funcionarios judiciales, el pasado martes en esa audiencia que se llevó a cabo en Tribunales, estuvieron acompañando a Santillán cuando compareció ante la jueza del Tribunal 2 que intervendrá en lo que será ese juicio con jurados al que la mujer será sometida y ahora ha vuelto a postergarse.

También de esa audiencia formó parte Laura Margaretic. La fiscal titular de la UFI 2 es quien instruyó la causa penal relacionada con el hecho que la tiene a la enfermera presa en su casa. Y será quien represente al Ministerio Público Fiscal en ese debate.

La audiencia en el segundo piso del edificio de Tribunales del martes pasado incluyó por parte de la nueva Defensa de María Cristina Santillán ese pedido, finalmente avalado, para postergar el inicio del debate.

Voceros del TOC 2 informaron a EL TIEMPO que la jueza dio lugar a la solicitud formulada por los defensores oficiales. También, que lo hizo tras consultarla durante la audiencia a la propia Santillán y que ella manifestara que estaba de acuerdo con la decisión. Y la postergación del inicio del proceso fue aceptada por la fiscal Margaretic.

Esa audiencia que se llevó a cabo el pasado martes aún no terminó, por lo que se dispuso un cuarto intermedio hasta este jueves, cuando las partes vuelvan a juntarse nuevamente con la jueza que intervendrá en este juicio con jurados.

En el marco de la estrategia de defensa adoptada por los nuevos representantes legales de la enfermera, surge como prioritario para los funcionarios judiciales lo que días atrás el defensor General Fernández le mencionó a este diario, relacionado con -tal lo ya mencionado al principio de esta nota- “darle al caso una perspectiva de género”.

Esa misma perspectiva es la que sostiene la Asamblea de Mujeres en Lucha de Azul, la AMLA.

Aprovechando la audiencia que el pasado martes se hizo en Tribunales, esa entidad se concentró en el Palacio de Justicia local para pedir una vez más por la liberación y la absolución de María Cristina Santillán.

Además, le hicieron entrega a la jueza Raverta -más allá de que no pudieron participar de la audiencia que Santillán y las partes mantuvieron con la magistrada- de un petitorio con más de mil firmas de vecinos que apoyan esos ya referidos pedidos. Es decir, que la enfermera espere en libertad el proceso al que tiene que ser sometida y que sea absuelta en lo que será ese juicio con jurados.

“Estamos preparando nuevas pruebas que vamos a presentar respecto a aquellos puntos que no estaban estipulados hasta ahora”, agregó el defensor General Fernández.

En ese contexto, la introducción de más testigos para llevar al juicio y los resultados de nuevas pericias solicitadas le darían forma a esto distinto y novedoso que al proceso quiere aportar ese equipo de defensores oficiales conformados para representar a María Cristina Santillán.

 

En busca de una absolución

Ahora, con la confirmación desde el propio Tribunal 2 a este diario de que el juicio está suspendido hasta una nueva fecha, la Defensa Oficial busca poner un mayor énfasis en aspectos que ellos consideran relevantes para llevar a ese debate donde intentarán que doce ciudadanos declaren “no culpable” a la enfermera por el homicidio de su esposo.

Además de esa ya mencionada cuestión de enmarcar lo sucedido a un caso de violencia de género donde Santillán era víctima de constantes maltratos por parte de su esposo, desde su nueva Defensa se apuntará a demostrar en el juicio que la agresión que el hombre sufrió no fue la consecuencia directa de su deceso, ocurrido varios meses después a que el hecho se produjera.

Hay que recordar que el homicidio que le imputan a María Cristina Santillán comenzó con una agresión que se produjo en horas de la noche del 16 de septiembre de 2014.

Una casa de dos plantas ubicada en la calle Yrigoyen de Villa Piazza Centro, de acuerdo a lo que investigó la fiscal Margaretic, fue el lugar donde Santillán, tras mantener una discusión, agredió a golpes con un hacha a su marido, episodio registrado en el dormitorio de la vivienda.

El hombre que figura como víctima en la causa penal se llamaba Ricardo Orlando Hernández.

Los golpes en la cabeza con el hacha que recibió hicieron en ese entonces que resultara gravemente herido, por lo que cuando esa misma noche de ocurrido el hecho Santillán fue aprehendida quedó en principio acusada de “lesiones graves calificadas por el vínculo”.

Pero la imputación se hizo más grave para la mujer cuando su marido falleció el 30 de mayo de 2015. Es decir, ocho meses más tarde a que fuera agredido.

Desde ese momento, siempre hablando a escala penal, a la enfermera le imputaron un homicidio agravado por el vínculo.

Esos más de ocho meses que transcurrieron desde que Hernández resultara gravemente herido a cuando su deceso se produjo mientras permanecía en un geriátrico son fundamentales para la nueva Defensa de la enfermera en su intención de demostrar en el juicio que la muerte del hombre no obedeció en forma directa a esos golpes con un hacha en la cabeza que había recibido. Y en ese contexto, tal como lo admitió el defensor General Diego Fernández, es que ahora -ya conocida la postergación del debate- esperan contar con el agregado de nuevas pruebas que sirvan en el juicio para sostener esa postura.

A la espera del juicio con jurados

A modo de conjetura, si se logra demostrar que no hubo relación directa entre la agresión y la muerte del hombre, eso derivaría en el juicio en un cambio de calificación del delito que le imputan a la mujer. Cambio de figura penal que, si bien podría traducirse igual en una declaración de culpabilidad para ella por parte del jurado popular, implicaría sí o sí la imposición de una pena menos dura que la que contempla el ilícito por el que llegará acusada a ese proceso: el ya mencionado homicidio agravado por el vínculo, cuya declaración de culpabilidad para la enfermera implicaría inexorablemente que fuera condenada a prisión perpetua.

Claro que a esta altura todas estas cuestiones son meras especulaciones que no trascienden más allá del contenido de esta nota.

Lo que se sabe ahora, en concreto, es que el juicio que iba a comenzar el lunes de la semana que viene está postergado.

Pero nada se sabe de qué enfoque podrán a darle al caso esos doce ciudadanos que integren el jurado para cuando este debate se haga.

¿Se inclinarán a favor de considerar que, como muchos sostienen, esto se trató de un caso de violencia de género donde la enfermera imputada era la víctima? ¿O para el jurado que participe en ese debate prosperará la postura inicial con la que se fue instruyendo esta causa penal que -a modo de morigeración a la prisión preventiva que le fuera dictada tiempo atrás- la tiene por estos días a María Cristina Santillán privada de la libertad en su casa?

El dato

La de ahora es la segunda suspensión que tiene el debate con María Cristina Santillán como imputada. En principio, este juicio con jurados había sido programado para octubre del año pasado. Pero en aquella primera oportunidad se había postergado para abril de este año, luego de que fuera aceptado un pedido formulado por la fiscal Margaretic, teniendo en cuenta que en ese entonces estaba de licencia por maternidad. Voceros judiciales consultados por este diario especulaban con la idea de que, luego de este nuevo aplazo, el juicio se haga finalmente durante el próximo mes de agosto.

 

 

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