EL PERRO QUE APARECIÓ SIN VIDA EN CERCANÍAS DEL MONTE FRUTAL

Se radicó la denuncia judicial por la muerte de Socorro

La presentación por la muerte del animal que fue levantado por personal municipal y que fue encontrado muerto días después, fue formulada en la UFI 6 en la mañana de ayer. Socorro, si bien era callejero, era cuidado por vecinos. Uno de ellos fue quien pidió que se investigue el hecho para determinar las eventuales responsabilidades de funcionarios y agentes municipales y, en ese marco, la presunta comisión de los delitos de maltrato animal y de incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de Carlos Caputo y Agustín Rodríguez, ambos funcionarios de la comuna.

Socorro, el perro callejero que era cuidado por vecinos, fue levantado por el municipio el 18 de mayo pasado. Días después apareció asesinado. Ayer, presentaron una denuncia penal para que se investigue el hecho.


En la mañana de ayer quedó radicada la denuncia penal por la muerte de Socorro, el perro callejero que fue levantado por personal municipal y a los días apareció muerto, presumiblemente de un puntazo, en cercanías al Monte Frutal.
La presentación -que quedó radicada en la UFI 6, a cargo de la doctora Karina Gennuso- fue realizada por María Fernanda Moschini, una proteccionista que colaboró con Mariana, la mujer que se había hecho responsable de Socorro y que por no vivir en esta ciudad se vio imposibilitada de realizar ella misma la denuncia.
Lo que solicitó a la justicia es que comience una investigación para determinar las eventuales responsabilidades penales de funcionarios y agentes municipales que ordenaron e intervinieron en la captura de Socorro de la vía pública.
Concretamente, requirió que se investigue la presunta comisión de los delitos previstos en la ley nacional de Protección Animal y también de incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte del subsecretario de Protección Ciudadana, Carlos Caputo, y del responsable del área de Tenencia Responsable de Mascotas, Agustín Rodríguez.
En la edición del último domingo, este diario publicó una nota con Mariana adelantando que se haría la denuncia pidiendo “justicia por Socorro” y en ese contexto advirtió que “no avalo ni la venganza ni la violencia ni las faltas de respeto ni los escraches. Quiero justicia a través de la ley, como corresponde”.

EL DATO:
En la denuncia presentada ayer se pide la urgente realización de una autopsia judicial sobre el cuerpo de Socorro. No obstante, a las horas de ser hallado, le realizaron al can una necropsia privada. De acuerdo a lo que comentó Mariana -la responsable del perro- en una nota que dio a este diario y que se publicó el domingo, “no está confirmado si es un tiro” lo que mató a Socorro, como había trascendido. Esto surgió porque el veterinario encargado de la autopsia “no encontró la bala” en el cuerpo del perro. Se estimó que era un disparo porque el orificio que presentaba el cuerpo es coincidente con el de una bala.

Además, señaló que “creo que pensaron que era un perrito que nadie iba a reclamar, que iba a ser uno de los tantos perros que tienen un triste final y que nunca pasa nada”.
Fue ante esto, para que no pase con ningún otro can, que ayer se hizo la presentación judicial.
La denuncia     
En la denuncia que ayer por la mañana quedó radicada en la UFI 6, Moschini pidió que se investigue la presunta comisión de los delitos previstos en la Ley Nacional 14.346 de Protección Animal y también incumplimiento de los deberes de funcionario público, por parte de los funcionarios municipales Carlos Caputo y Agustín Rodríguez.
Al hacer el relato de los hechos, marcó que el viernes 18 de mayo por la tarde, un vehículo de la Municipalidad de Azul se hizo presente en Moreno y Malere ante “una supuesta denuncia de mordedura de perro.
Allí, subieron a Socorro “con el supuesto objetivo de llevarlo a los caniles municipales” ubicados en el Monte Frutal, por “aparente orden del subsecretario de Protección Ciudadana, Carlos Caputo, al empleado Carlos Alberto López, según declaró éste en una entrevista que le realizó Radio Azul el lunes.
Luego relata que Mariana, la mujer que aún viviendo en Buenos Aires se hizo responsable de Socorro, se puso en contacto con un vecino para que constatara la presencia del can en los caniles municipales. Allí le comentaron a ese vecino que Socorro “no había llegado nunca a dicho predio, contradiciendo lo informado por el funcionario Agustín Rodríguez, quien había afirmado que sí estaba en dicha dependencia comunal”.
Según consta en la denuncia presentada ayer, así comienza la búsqueda de Socorro por parte de proteccionistas y vecinos particulares, entre ellas las personas que colaboran en los caniles municipales, quienes el 24 de mayo aproximadamente a las 17,45 encontraron el cuerpo de Socorro en inmediaciones de los caniles municipales, en calle Las Flores y calle 305; aclarando que varias veces pasaron por el lugar y nunca se encontró nada.
Ante esta situación, la denunciante señaló que “nos encontramos ante la presencia de un posible delito de crueldad contra un animal e incumplimiento de los deberes de funcionario público, cuyas sospechas recaen fundamentalmente por el accionar de los funcionarios y agentes municipales intervinientes.
Pruebas y requerimientos 
En la presentación que recayó en la UFI 6, la denunciante ofrece como prueba el video que registró el personal municipal cuando recogió a Socorro de la calle y también fotos del perro muerto.
Por otra parte, solicitó que se disponga una urgente autopsia judicial para determinar por qué murió Socorro.
Además pidió que requiera a Radio Azul una copia del reportaje que le hicieron a Carlos López.
No quedaron ahí los requerimientos, ya que solicitó también el secuestro de las filmaciones de las cámaras municipales de seguridad instaladas en determinados puntos de la ciudad para determinar el eventual recorrido que hizo la camioneta municipal que levantó a Socorro de la calle.
Por último, María Fernanda Moschini pide a la justicia que inicie una investigación para determinar fundamentalmente las eventuales responsabilidades penales de funcionarios y agentes municipales que ordenaron e intervinieron en el recogimiento en la vía pública de Socorro el pasado 18 de mayo de 2018.
NORMATIVA VIGENTE
La Ley Nacional 14.346 de Protección Animal, que rige en la actualidad, fue sancionada el 27 de septiembre de 1954.
En su artículo 1° establece que será reprimido con prisión de 15 días a 1 año, el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales.
Posteriormente, detalla que son considerados actos de maltrato no alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o cautivos; provocarles innecesarios castigos o sensaciones dolorosas; entre otros.
En lo que hace a los actos de crueldad, establece que son tales mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal; lastimar o arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por solo espíritu de perversidad, entre otros.
El territorio bonaerense también tiene su normativa. Es la Ley Provincial 13.879 de Prohibición de Sacrificio de Animales, sancionada el 6 de noviembre de 2008.
En ese sentido, el artículo 1° establece: Prohíbase en las dependencias oficiales de todo el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, la práctica del sacrificio de perros y gatos, como así también, todos los actos que impliquen malos tratos o crueldad.
Se especifica luego que el objetivo de la Ley es que “los municipios de la Provincia logren alcanzar el equilibrio de la población de perros y gatos” y que la castración de animales es el único método que puede aplicarse en toda la Provincia para el control del crecimiento poblacional de perros y gatos.
Esta normativa tiene un Decreto Reglamentario dictado en 2011 que obliga a los centros municipales a alojar a los animales en espacios adecuados, asegurando que se les provea agua, comida suficiente, luz y ventilación.
También que deberán contar con un Libro de Ingresos y Egresos rubricado y foliado, para llevar el control del número y estado de los animales ingresados, el motivo de ingreso, el funcionario responsable del ingreso, la raza y la edad del animal.
Otra de las cuestiones que obliga este Decreto es que los centros municipales -como son los caniles del Monte Frutal- deben realizar tratamiento antiparasitario a todos los animales que ingresen.
En estas dos leyes y en el Decreto es en lo que hace foco la denuncia presentada ayer para que se investigue la muerte de Socorro.
EL CASO DE CHOCOLATE Y UNA PENA DE UN AÑO 
Si bien las denuncias por maltrato animal no son habituales, como la que se radicó ayer en esta ciudad, hubo un hecho que movilizó a defensores de los animales de todo el país y buena parte de la comunidad. Fue el caso de Chocolate, el cachorro despellejado vivo en la ciudad cordobesa de San Francisco y que murió días después por las heridas recibidas.
El autor es un hombre llamado Germán Gómez, quien el pasado 23 de mayo fue condenado a una pena de 1 año de presión condicional, al ser considerado infractor a la ley 14.346 de Protección Animal que establece una pena de un mínimo de 15 días a un 1 de cárcel por maltrato animal.
El hecho se registró el 2 de enero del 2017 y en el juicio se deslizó que Gómez, que era vecino de la casa donde vivía Chocolate, actuó de esa manera porque le molestaba el llanto del cachorro.
Lo cierto es que la muerte de Chocolate impulsó movilizaciones para reclamar por justicia y el pedido de que las penas por maltrato animal sean endurecidas, más teniendo en cuenta que la ley que rige actualmente es del año 1954.

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