DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Se retomaron las audiencias del juicio Monte Pelloni II

El jueves pasado, en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, se retomaron las audiencias del juicio por el caso Monte Pelloni II.
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El jueves pasado, en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, se retomaron las audiencias del juicio por el caso Monte Pelloni II.

La primera audiencia del año se llevó a cabo en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. Por el caso de la fábrica LOSA, de la ciudad de Olavarría. Alfredo Rufino Zorrilla y Delia Ester Peñalba prestaron declaración testimonial.

El jueves 8 de febrero a las 10 de la mañana, dio comienzo la primera audiencia del año del juicio por el caso Monte Pelloni II.

La jornada se llevó a cabo en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, presidido por el Dr. Víctor Bianco y con la presencia de siete abogados defensores, el Dr. Juan Manuel Portella en representación del Ministerio Público Fiscal y el Dr. Manuel Marañón por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Durante el inicio, el Tribunal informó sobre el deceso de Ignacio Aníbal Verdura el pasado 28 de enero. Verdura fue Jefe del Área 124 y del Regimiento de Tiradores de Caballería Blindada 2 de Olavarría durante la última dictadura cívico-militar y estaba imputado en la causa por múltiples delitos de lesa humanidad.

Crudos testimonios  

Posteriormente, y en el marco de la causa LOSA, prestaron declaración testimonial Alfredo Rufino Zorrilla y su ex esposa Delia Ester Peñalba. Ambos declararon a través de videoconferencia desde Azul. Zorrilla, ex trabajador de la fábrica LOSA, relató cómo fue su detención en noviembre de 1976: cuatro personas de civil se identificaron como policías, lo detuvieron forzadamente y lo llevaron a la Comisaría de Olavarría. También mencionó que sus compañeros del sindicato FOCRA vivieron situaciones similares. Zorrilla explicó que luego fue trasladado a la Unidad 7 de Azul donde estuvo detenido durante 8 meses. Entre las diversas torturas sufridas, relató que eran atacados por los perros de la policía. Zorrilla narró, además, que las condiciones de aseo eran malas y que nunca les entregaban las cosas que sus familiares comenzaron a llevar cuando supieron que se encontraban detenidos allí. Especificó también que se los obligaba a incriminar a Gubitosi, abogado de los trabajadores de LOSA, aduciendo que los había incitado a realizar supuestos sabotajes, protestas y pedidos de aumento salarial.

Para finalizar su testimonio, Zorrilla relató que no pudo volver a trabajar en la fábrica una vez que lo liberaron ya que lo despidieron. Además mencionó las dificultades que le provocó ser identificado como “alguien que había estado preso”. Luego respondió preguntas de la Fiscalía, el Tribunal y los abogados de la defensa. Éstos últimos plantearon que había contradicciones en el testimonio respecto de otros anteriores, con lo cual orientaron sus preguntas a esas cuestiones. Zorrilla contestó y justificó todas las preguntas que le fueron realizadas.

Luego de un cuarto intermedio, prestó declaración la ex esposa de Zorrilla: Delia Ester Peñalba. La mujer narró cómo vivió los meses en los que su ex marido estuvo secuestrado y cómo sobrellevó la situación con su hijo y embarazada de una niña. Peñalba aclaró que durante los primeros cuatro días luego de la detención ilegal de su marido no supo dónde estaba. Detalló, además, que fue al Regimiento de Olavarría junto con las esposas de otros trabajadores de LOSA para preguntar dónde se encontraban. Allí, el por entonces teniente coronel Ignacio Aníbal Verdura, jefe del Regimiento, les contestó que los iban a encontrar “a orillas del arroyo Tapalqué”.  Peñalba se emocionó durante su relato y agregó: “pasamos una madrugada en el arroyo esperando”.

La audiencia finalizó a las 12 y continuó al día siguiente a partir de las 10, esperándose las declaraciones como testigo de Raúl Omar Pastor, ex Intendente de Olavarría previo al golpe de Estado de 1976. Asimismo debían prestar declaración indagatoria Vicente Varece y Rubén Taverna, los vecinos de Juan Carlos Prestipino, una de las víctimas de la causa. En los tres casos el procedimiento iba a ser llevado a cabo a través de una videoconferencia desde Azul. (Agencia Comunica y Radio Universidad – FACSO)

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