Seguridad de FANAZUL: la investigación está orientada a determinar responsabilidades políticas


El fiscal federal que hasta el 31 de enero intervino en la causa que se inició a fines de diciembre del año pasado con la denuncia de ATE por la seguridad de la fábrica, pidió la imputación de funcionarios de Fabricaciones Militares. Según explicaron fuentes allegadas a la causa, para el funcionario judicial hay que determinar si la decisión de desactivar la fábrica implicó, en cuanto a un presunto riesgo, una violación de los deberes de funcionario público.
EL DATO:
Por otra parte, cuando el pasado jueves 8 dirigentes de ATE y trabajadores de FANAZUL viajaron a La Plata para entregar en la gobernación una nota solicitando una audiencia a María Eugenia Vidal, se reunieron luego con diputados provinciales y abordaron, entre otros temas, el de la seguridad en la planta.
En ese sentido, los legisladores Fernanda Díaz, Mariano Pinedo, César Valicenti y Florencia Saintout decidieron que elaborarán un proyecto respecto a qué pasa en la fábrica en lo que hace a su seguridad, para ser tratado cuando se retomen las sesiones de la Cámara Baja provincial.
 
Mientras la lucha de los trabajadores de FANAZUL por la reapertura de la fábrica y la  recuperación de las fuentes laborales sigue, la causa penal que en el último día del año pasado se inició por la seguridad de la planta de explosivos, está en estos días en la Fiscalía Federal de esta ciudad. Allí, se realizan las últimas medidas de prueba solicitadas que se orientan tanto a determinar las responsabilidades de los funcionarios políticos -un fiscal pidió el procesamiento de, entre otros, el interventor de Fabricaciones Militares-, como así también la situación de una de las plantas en particular -aquella en la que se encuentra el material explosivo semielaborado-.
Así lo explicaron a este diario fuentes allegadas a la causa, que informaron detalladamente los alcances del primer mes de investigación.
Las mismas fuentes confiaron que la instrucción no va lo rápido que debería, tratándose de un tema como es la seguridad.
 
La denuncia   
En la tarde del 31 de diciembre del año pasado, la secretaria General de ATE Seccional Azul, Vanina Zurita se presentó en la dependencia de la Policía Federal para radicar la  denuncia que dio comienzo a la investigación que aún está en curso y a la que este diario tuvo acceso.
Expuso que ese día a partir de las 10 de la noche FANAZUL quedaba sin personal para realizar los servicios esenciales, como atención de tablero eléctrico, atención del servicio de agua y afluentes, servicio de vigilancia y central telefónica.
La dirigente manifestó que esto sucedía por orden de la intervención de Luis Riva de no renovar los contratos de los trabajadores.
Asimismo, advirtió que los riesgos emergentes de la falta de atención de esos servicios podían derivar en principios de incendios y explosiones, ya que la falta de control rutinaria del predio quedaba librada al “total descontrol”.
Especial hincapié hizo en la falta de control del uno de los edificios en el que se encuentran reactores, separadores y cristalizadores cargados con TNT. No controlar la temperatura de cada uno de ellos podría originar una reacción química, haría que se eleven bruscamente las temperaturas de cualquiera de los equipos antes mencionados que derivaría en una explosión, señaló Zurita en su declaración.
También advirtió el accionar de la Policía Federal que estaba dentro del predio, ya que aseguró que, por desconocimiento, vulneraban las normas de seguridad. Expuso, por ejemplo, que se hacía presente en zonas no autorizada por la existencia de explosivos, portando su arma reglamentaria, vulnerando así la ley Nacional de Armas y Explosivos.
Además dejó asentado que otro hecho que fue observado por personal de vigilancia de la fábrica, es que personal de la Policía Federal fumaba a escasos metros del ingreso a zona de polvorines -donde se encontraban almacenadas alrededor de 240 toneladas de altos explosivos y aproximadamente 2.000 proyectiles de mediano calibre– y que en otra oportunidad, se detectó allí un calentador a gas.
 
“Operatividad y seguridad”  
Asimismo, en su denuncia la secretaria General de ATE Azul advirtió que los polvorines donde se encuentran almacenados los explosivos no estaban vigilados por  personal de vigilancia de la fábrica, y especificó que ese día -el 31 de diciembre- en las plantas productivas se encontraban alrededor de 360 kilos de explosivos semielaborados, “los que deben ser procesados en un corto plazo prudencial para neutralizar el riesgo potencial de explosión”.
En ese sentido, la dirigente advirtió que la falta de atención y operatividad de la extracción y alimentación de agua de uso industrial conllevaba al desabastecimiento en los hidrantes -sistema de red contra incendios y sistema de red industrial-, y que por la época de altas temperaturas “se hace necesario mantener refrigerados con aguas de red las instalaciones del edificio que está cargado de TNT”.
Además, remarcó en la denuncia que la falta de atención y operatividad del sistema de extracción de efluentes industriales “haría en forma inminente que se inunde la sala de bombeo de dichos efluentes. Si bien esto no significa un riesgo de explosión si genera riesgo operativo, ya que restablecer el servicio post-inundación insumiría un tiempo del orden aproximado una semana o 15 días”.
También señaló que la falta de un operador en el sector de usina eléctrica llevaría a que no se cumplan las tareas principales y lo mismo sucedería en la central telefónica, “con lo cual la fábrica queda incomunicada con el exterior”.
En ese marco, al finalizar su denuncia, Zurita expuso que “es necesario que los puestos antes citados sean cubiertos necesariamente por personal idóneo para no alterar las condiciones normales de operatividad y seguridad”.
 
“Incumplimiento de los deberes de funcionario público” 
Las fuentes allegadas al expediente indicaron que ante esta denuncia –que tomó estado  público el mismo día en que se radicó- prestaron declaración el subdirector de la fábrica, a cargo interinamente de la misma, Maximiliano Taddeo y a dos técnicos (Ver recuadro “Algunas declaraciones”). Sus dichos fueron contrapuestos. Mientras el primero aseguró que no había riesgos, los segundos sostuvieron la declaración de Zurita.
El 2 de enero, la instrucción de la causa -que fue caratulada “Averiguación de delito”– quedó en manos del juez Federal de Necochea Bernardo Bibel -que por esos días subrogaba al titular del Juzgado Federal N° 1 de esta ciudad, Martín Bava, quien a partir del 1º de este mes ya volvió-, y de la Fiscalía Federal de Azul -que estaba a cargo de la fiscal también subrogante María José Buglione-.
El juez solicitó a la directora de la Agencia Nacional de Materiales Controlados -ANMaC- que realizara una inspección en la planta para determinar técnicamente la magnitud del hecho denunciado y, además, pidió a Taddeo que remitiese la lista de las personas que se encontraban en ese momento trabajando en FANAZUL y las tareas que realizaban. En este punto, el juez recaratuló la causa como “Incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
 
La primera inspección   
Personal de la ANMaC se hizo presente el 3 de enero en la fábrica. De la inspección salieron una serie de irregularidades sobre el estado que presentaba FANAZUL, entre otras, maleza seca cerca de los polvorines; y también, tal como lo había denunciado Zurita, en la planta productora de dinamita había producto en proceso de fabricación sin las medidas de seguridad adecuadas.
De acuerdo a lo que las fuentes consultadas indicaron a este diario, la fiscal Buglione marcó una situación potencialmente riesgosa, tanto por la presencia de explosivos como por la falta de prestación de los servicios básicos de electricidad, agua y vigilancia.
Ante esto, solicitó al juez que intimase a Luis Riva para que convoque a personal técnico idóneo para cubrir los servicios esenciales las 24 horas.
Y el juez Bibel así lo hizo. Intimó a Riva y también a Taddeo.
Cumpliendo con la intimación, Taddeo -aunque siguió sosteniendo que no existían riesgos en la fábrica- informó que el 6 de enero se harían presentes tres operarios para cumplir con la orden judicial. Pero los convocados no fueron los trabajadores azuleños despedidos, sino dos de la fábrica de Villa Maria y el restante de la de Fray Luis Beltrán.
 
Una segunda inspección   
El 16 de enero la causa cambió de manos. Por la feria judicial, quien se hizo cargo fue el juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.
Ese mismo día, técnicos de la ANMaC volvieron a inspeccionar la fábrica. De acuerdo a lo que se informó en ese momento, la conclusión de uno de los ingenieros de la Agencia sobre el estado de FANAZUL fue que “el riesgo no es mayor al habitual de un día de trabajo por tratarse de una fábrica de explosivos”, aunque advirtió la necesidad de retirar el TNT y el DNT que había en los cinco reactores y cuatro cristalizadores de una de las plantas, y luego destruirlo o neutralizarlo, aunque en contrapartida Taddeo había asegurado que el material no era riesgoso en las condiciones en las que se encontraba y que podía seguir así durante dos años.
De todas maneras, Ramos Padilla libró un oficio a la Dirección Nacional de Fiscalización, Resguardo y Destrucción de Materiales Controlados para que informase si había adoptado algún tipo de medida o intimado a los funcionarios a cargo de FANAZUL por el material en proceso de producción que hay en una de las plantas.
Actualmente la causa se encuentra en la Fiscalía Federal de esta ciudad, ya que el juez que actuó hasta el 31 de enero pasado -hoy ya está el doctor Martín Bava a cargo- la giró allí para que se produzcan una serie de medidas de prueba.
ALGUNAS DECLARACIONES
Si bien la causa investiga si hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público, no hay en ella ninguna declaración de los funcionarios responsables de Fabricaciones Militares. Sólo está la del teniente coronel Maximiliano Taddeo, un militar que hace alrededor de seis meses que ejercía como subdirector de FANAZUL y que en los primeros días de enero de este año quedó interinamente a cargo de la fábrica por problemas de salud del entonces director.
El mismo día en que la secretaria General de ATE Azul radicara la denuncia en sede de la Policía Federal, y ante el tenor de lo que expuso, por la noche se citó a Taddeo.
Según indicaron fuentes allegadas a la causa, en su declaración el militar aseguró que la fábrica tenía las condiciones básicas de seguridad, con el personal adecuado; que los materiales explosivos estaban resguardados; que los reactores y cristalizadores tenían un circuito de refrigeración y sus temperaturas eran controladas periódicamente.
Sin embargo, las declaraciones de este funcionario fueron rebatidas por las del ingeniero en Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de FANAZUL, Osvaldo Giménez, quien el 1° de enero declaró y aseguró que, tal como había denunciado Zurita, faltaba personal de los diferentes servicios y que había explosivos en diferentes lugares de la planta.
El ingeniero advirtió también que, debido a la decisión de no dejar ingresar a la planta a personal contratado, era nula o muy reducida la dotación de personal para intervenir ante un eventual incendio.
También declaró el ingeniero electromecánico e ingeniero en Seguridad e Higiene del Trabajo, Daniel Piris, quien además es jefe de Intendencia de FANAZUL. Dijo que el 31 de diciembre la planta no contaba con el personal idóneo y con la experiencia necesaria para atender los servicios que garantizaran la operatividad al ciento por ciento.
PEDIDO DE IMPUTACIONES Y MEDIDAS DE PRUEBA   
El 18 de enero, quien actuó fue el fiscal Federal subrogante Pablo Larreira. El funcionario judicial advirtió que hasta el momento la investigación se había centrado en la situación de peligro denunciada por ATE y los esfuerzos habían estado puestos en neutralizar, eventualmente, el mismo.
En ese marco, el fiscal dio un paso más y entendió que era momento de profundizar la investigación en relación a si la decisión de desactivar la producción de FANAZUL implicó, en cuanto al presunto riesgo generado, una violación de los deberes de funcionario público.
De acuerdo a lo que las fuentes consultadas por este diario indicaron, Larreira entendió que con los elementos reunidos en el expediente resultan posibles imputados Luis Riva, interventor de Fabricaciones Militares; Oscar Espinosa, director de FANAZUL; y Maximiliano Taddeo, subdirector de la fábrica de explosivos, a cargo interinamente de la dirección.
Para determinar las eventuales responsabilidades penales de esos funcionarios, pidió una serie de medidas de prueba, como la declaración de técnicos de FANAZUL.
Al día siguiente, el juez Federal Alejo Ramos Padilla dio lugar a esas medidas de prueba por considerarlas útiles y, por encontrase en Dolores, delegó la realización de esas medidas en el fiscal.
Así, el 25 de enero el expediente pasó a la Fiscalía Federal de esta ciudad, donde aún se encuentra y a la que ya retomó su titular Santiago Eyherabide.
 
 
 

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