PARAÍSOS FISCALES

Sin justificaciones suficientes para aceptar el anonimato en las sociedades por acciones

Por Aleardo F.Laría (*)

Las sociedades por acciones son un importante vehículo de inversión, imprescindibles en la moderna sociedad capitalista. Sin embargo, los abusos revelados por los Papeles de Panamá, obligan a debatir si es necesario preservar el anonimato de los accionistas que conforman esas sociedades. Se estima que todos los años se constituyen en el mundo unos dos millones de sociedades por acciones. Desde que surgieron en Holanda, a inicios del siglo XVII, se han transformado en una poderosa herramienta de inversión en las sociedades capitalistas. El mayor estímulo para que varias personas aporten capital para un emprendimiento colectivo es, sin duda, la limitación de la responsabilidad personal de los accionistas.

Nadie discute la enorme relevancia de estas sociedades para favorecer la inversión. Lo que actualmente es objeto de discusión es si se justifica que las acciones de estas sociedades sigan siendo anónimas bajo la forma de acciones al portador.

Cuestión de criterios  

En la mayoría de los países, la legislación mercantil permite que las acciones de las sociedades sean nominativas o al portador. La aparición de las acciones al portador, en sus inicios, tendió a favorecer el aporte de capital a las grandes compañías que cotizaban en bolsa, facilitando las transacciones de estas acciones.

Sin embargo, no todos los Estados han aceptado ese criterio. Así, por ejemplo, en los países anglosajones no está difundido el uso de las acciones al portador y en otros, como Grecia o Suecia, las acciones al portador han sido prohibidas expresamente. Las acciones al portador permiten que los integrantes de una sociedad constituida en el extranjero (offshore) puedan permanecer en el anonimato. El uso de este tipo de acciones puede ser por motivos legales -comerciales o de otro tipo- pero también puede ser utilizada como forma de proteger u ocultar activos, por ejemplo para registrar la propiedad de barcos, aviones u operaciones inmobiliarias.

Favoreciendo la evasión    

En la Argentina, en el año 2003, se constató que más de 16.000 propiedades inmuebles de las zonas más caras de la Ciudad de Buenos Aires aparecían inscriptas en el Registro Inmobiliario a nombre de sociedades constituidas en el extranjero, algunas en plazas consideradas paraísos fiscales.

El tema tiene enorme relevancia fiscal, dado que el anonimato impide conocer a las autoridades fiscales la identidad de los eventuales contribuyentes y favorece la evasión tributaria y la fuga de capitales. Pero, lo que es más grave, es que el anonimato de los tenedores de las acciones de las sociedades offshore permite y facilita el lavado de dinero mal habido, producto de la corrupción o del narcotráfico.

Últimamente, se ha constatado también que estas sociedades han sido utilizadas por multimillonarios para ocultar bienes a sus cónyuges y abaratar así el costo de un eventual divorcio. En la actualidad, para evitar el blanqueo de capitales y el fraude fiscal, debido a la presión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ha disminuido el número de paraísos fiscales que permiten la creación de sociedades con acciones al portador. En algunos casos se admite la emisión de acciones al portador pero, tienen que ser custodiadas por un agente registrador autorizado lo que permite, a requerimiento de una autoridad pública, identificar al titular.

Qué dice la legislación panameña   

En el año 2013, en la República de Panamá y por iniciativa del presidente Ricardo Martinelli, se dictó 2013 la Ley 47 que entró en vigencia en el pasado mes de agosto de 2015. La norma mantiene la posibilidad de emitir acciones al portador pero deben ser entregadas a un custodio autorizado para conservar un registro del beneficiario final. Los custodios pueden ser firmas de abogados acreditadas, bancos o centrales de valores.

En el caso de las acciones al portador emitidas antes de la entrada en vigencia de la Ley, los propietarios tienen un plazo máximo de tres años para entregar a un custodio autorizado los certificados de las acciones al portador.

Gracias a esta legislación, al menos en Panamá, cada vez que una autoridad oficial lo requiera, se podrá conocer el nombre de los accionistas que integran cualquier sociedad. Por otra parte, cabe señalar que ese país ha dejado de ser considerado paraíso fiscal luego de que firmara una veintena de acuerdos para el intercambio de información fiscal con países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En la Argentina, la Ley de Sociedades Anónimas, que regula las constituidas en el país, contempla la posibilidad de emitir acciones nominativas o al portador. Para el caso de sociedades inscriptas en el extranjero, la Inspección General de Justicia ha dictado una serie de resoluciones condicionando la posibilidad de su inscripción. La Resolución 7/2015, por ejemplo, ha prohibido la inscripción en el Registro Público de Comercio de las sociedades “off shore” constituidas en paraísos fiscales.

Todo pasa por la transparencia    

En el caso de sociedades conformadas en estados que no son considerados paraísos fiscales y donde el capital esté representado total o parcialmente en acciones al portador, se exige que se indique el nombre de los accionistas que por sí o representados concurrieron a la última asamblea celebrada y, eventualmente, de los que estuvieron ausentes. El uso abusivo del anonimato de las sociedades por acciones para ocultar bienes o lavar dinero obliga a revisar viejos criterios jurídicos que han quedado obsoletos. Si en las modernas sociedades democráticas han aumentando las exigencias de transparencia en la gestión pública para mejorar la gobernanza, los mismos o similares criterios deben hacerse extensivos al mundo de la empresa privada.

No existen ya justificaciones suficientes para aceptar el anonimato en las sociedades por acciones. Aquí, como en otros espacios jurídicos, se debe tener presente que la transparencia es la condición de posibilidad de la aplicación igualitaria de la Ley.  (DYN)

(*) Abogado y periodista.

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