DESDE LA CÁMARA PENAL

Sobreseimientos confirmados para dos médicos

 

Habían sido acusados de participar en la privación ilegal de la libertad de una mujer que denunció que fue internada por la fuerza. Con lo dispuesto días atrás, sólo irán a juicio la madre y el padrastro de la presunta víctima.

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul confirmó días pasados los sobreseimientos de dos médicos que habían sido acusados de ser partícipes necesarios de un caso donde una mujer denunció que estuvo privada de la libertad, al haber sido internada contra su voluntad.

La ratificación de lo que ya había sido dispuesto en primera instancia en abril pasado por un Juez de Garantías implicó, además, la confirmación para que el expediente penal que desde una fiscalía local se instruyó por el caso sea elevado a juicio.

Ese debate implicará que por lo sucedido sólo sean juzgados una bioquímica y un médico psiquiatra, es decir, la madre de la denunciante y la pareja de la coimputada que tiene esta causa.

Los profesionales de la salud cuyos sobreseimientos confirmaron desde la Cámara Penal los jueces José Luis Piñeiro y Damián Cini -este último juez perteneciente al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y conformando el Tribunal de Alzada para intervenir en los recursos de apelación que habían sido presentados- fueron identificados por voceros judiciales como Natalia Soledad Ana Agreda, una médica psiquiatra de 41 años oriunda de la provincia de Córdoba y actualmente radicada en Azul, y un médico llamado Fernando Marcelo Migliavaca, de 48 años y nacido en la localidad de Huanguelén, Partido de Coronel Suárez.

En la Instrucción Penal Preparatoria que llevara adelante desde la UFI 2 la fiscal Laura Margaretic ambos profesionales habían sido acusados de ser “partícipes necesarios” de la maniobra delictiva que la funcionaria judicial les imputa a la madre y al padrastro de la denunciante.

Pero esa figura penal para los médicos Agreda y Migliavaca no fue mantenida por el juez de Garantías Federico Barberena cuando desde la fiscalía se formuló la requisitoria de elevación a juicio de esta causa penal, misma postura que ahora sostuvieron desde la Cámara los jueces Piñeiro y Cini.

Tras lo dispuesto por el titular del Juzgado de Garantías 2, lo resuelto por el Tribunal de Alzada departamental había sido en respuesta a los recursos de apelaciones presentados desde la propia fiscalía, por el abogado tandilense Miguel Ibarlucía -en su carácter de Particular Damnificado en nombre de la denunciante- y por los Drs. Gabriel Di Giulio y Roberto Dávila, ambos defensores particulares de los dos únicos acusados que tiene ahora este sumario.

De esa manera, en una fecha próxima aún no confirmada, por lo sucedido serán juzgados una bioquímica azuleña llamada Graciela Esther Bardelli, de 59 años, y su pareja, el médico psiquiatra Juan José Aspitarte, oriundo de Bahía Blanca, domiciliado en Azul y de 58 años.

Bardellli llegará a ese debate acusada de privación ilegal de la libertad calificada por ser cometida con violencia y por causar grave daño a la salud de la víctima. Y su pareja Aspitarte, como el probable autor de una privación ilegal de la libertad calificada por ser cometida con violencia, por causar grave daño a la salud de la víctima y por la calidad especial del autor, teniendo en cuenta para esto último la profesión que desarrolla.

Internada

Para cuando los hechos investigados ocurrieron, la Dra. Agreda trabajaba en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Pintos de esta ciudad y el Dr. Migliavaca estaba a cargo, en forma interina, de la Dirección del Hospital Municipal de Coronel Suárez.

En ambos centros asistenciales permaneció la denunciante del caso, una mujer llamada Paula Flammini.

La hija de la bioquímica imputada denunció que su mamá y su padrastro, en el marco de una disputa familiar que todavía mantienen, la habían privado de la libertad al internarla por la fuerza.

Todo había comenzado cuando la mujer fue citada por su mamá al Parque Municipal de esta ciudad, para dialogar sobre esas cuestiones familiares mencionadas, el 23 de noviembre del año 2011.

Posteriormente, Flammini fue demorada por personal policial al que convocó Bardelli, su madre, quien sostenía -al parecer de manera falsa- que su hija había intentado suicidarse en el paseo público.

La internación de Flammini contra su voluntad, de acuerdo a lo probado hasta el momento por la fiscal que instruyó esta causa penal, se extendió hasta el 7 de diciembre de aquel año 2011.

Durante ese lapso de tiempo, la mujer estuvo en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Pintos y después fue trasladada a Coronel Suárez, donde permaneció en el centro asistencial municipal y en el Instituto de Hermanas Misioneras.

El dato

Un testimonio referido en lo dispuesto desde la Cámara Penal indica que una mujer que trabajaba como empleada doméstica de Bardelli declaró haber escuchado una conversación entre la bioquímica y su pareja, el médico psiquiatra Aspitarte, quienes “referían su voluntad de internar a Flammini para que ésta no saliera más”.

“TOTALMENTE SOBRESEÍDOS”

 

Luciano Di Pietro, el abogado de los dos médicos que fueron sobreseídos en este expediente judicial. NICOLÁS MURCIA

Luciano Di Pietro, el abogado de los dos médicos que fueron sobreseídos en este expediente judicial.
NICOLÁS MURCIA

Luciano Di Pietro, abogado de los médicos cuyos sobreseimientos confirmó días atrás la Cámara Penal, habló con EL TIEMPO y se refirió a lo dispuesto desde el tercer piso del Palacio de Justicia local.

“Desde el inicio de esta causa se advertía que en la hipótesis de la fiscalía, encuadrada en un plan pergeñado entre los cuatro imputados para privar de la libertad a la denunciante, no había ningún elemento que permitiera sustentar tal afirmación”.

En ese sentido se había pronunciado primero el juez de Garantías Barberena y lo ratificaron -desde la Cámara- los Drs. Piñeiro y Cini, al confirmar ese sobreseimiento de primera instancia para los médicos a los que está representando el letrado azuleño.

Tanto Agreda como Migliavaca habían declarado cuando fueron indagados acusados de ser los “partícipes necesarios” del delito que se investigaba.

“Lo primero que aconsejé fue que ambos declararan. Las versiones que ellos tenían, que era la realidad de los hechos, evidenciaban que ninguno de los dos podía estar involucrado en una participación criminal en todo esto”.

“Agreda se presentó en el primer requerimiento que hizo la fiscalía. Migliavaca, en tanto, se presentó al principio con una abogada de Coronel Suárez y se negó a declarar. Pero después, una vez que comencé a patrocinarlo, analizando la versión que daba de los hechos consideramos conveniente que también declarara. Y su testimonio fue tenido en cuenta como un elemento de descargo”, contó el abogado.

Ahora, señaló Di Pietro con relación a sus defendidos, “ambos están totalmente sobreseídos y quedaron desvinculados del caso”.

“Estos sobreseimientos fueron dispuestos en lo que se llama la etapa intermedia del proceso. Las pruebas colectadas evidenciaban que esas acusaciones no tenían ningún tipo de asidero. Por eso, en el marco de lo investigado, prematuramente las responsabilidades penales de mis defendidos han sido deslindadas”, concluyó.

 

 

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