LA TOMA DEL PALACIO COMUNAL

Tensa espera ante un inminente desalojo

Anoche, una jueza de Garantías de esta ciudad dio la orden de desalojar el edificio del palacio comunal luego de que el Ejecutivo denunciara su toma por parte de integrantes del Movimiento 1º de Octubre que reclaman -al Gobierno nacional- la generación de trabajo genuino, entre otras cosas. Al cierre de esta edición, los manifestantes seguían en el municipio.

Los manifestantes del Movimiento 1º de Octubre se dispersaron estratégicamente y  bloquearon todos los ingresos al palacio comunal. JOSÉ BERGER
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Los manifestantes del Movimiento 1º de Octubre se dispersaron estratégicamente y bloquearon todos los ingresos al palacio comunal. JOSÉ BERGER

Anoche, al cierre de esta edición, continuaba tomado el edificio del palacio municipal por parte de integrantes del Movimiento 1º de Octubre “José María Bulnes”, pese a que una jueza de Garantías dio la orden de desalojar el edificio.

Cabe señalar que los manifestantes reclaman al Estado Nacional la generación de “trabajo genuino”. Sí, el reclamo está dirigido a Nación y tomaron el edificio comunal. No hay error en la escritura ni en la lectura. Los argumentos de la dirigente Griselda Altamirano, referente regional del mencionado Movimiento, de la toma en esta ciudad es que “Azul es uno de los pueblos más pobres del centro de la provincia”, porque en los barrios las necesidades son acuciantes, y porque nadie da respuestas a sus pedidos, que además de trabajo están orientados cuestiones tales como la elevación del salario mínimo, vital y móvil y también de la jubilación mínima; la inconstitucionalidad del protocolo Anti Piquete y la derogación de la Ley Antiterrorista…

En ese marco, antes del mediodía cientos de personas pertenecientes a esa organización se instalaron dentro y fuera del municipio, maltratando y “apretando” verbalmente a los trabajadores comunales que desarrollaban sus tareas en el lugar.

Fue por la tarde que el municipio radicó la correspondiente denuncia penal en la UFI Nº 2, a cargo de la fiscal Laura Margaretic, para que se tomen las medidas necesarias en pos de que los manifestantes depongan la actitud, de acuerdo a lo que indicó Roberto Dávila, subsecretario de Legal y Técnica. Si bien el funcionario aseguró que el Ejecutivo no pidió “expresamente” el desalojo, advirtió que podría llegar a darse.

Y la orden llegó. La titular del Juzgado de Garantías Nº 1 de esta ciudad, Magdalena Forbes, hizo lugar al pedido de desalojo formulado por la fiscal Margaretic.

Ante esa situación, los manifestantes se armaron con palos y toscas.

La toma del edificio 

Fue antes del mediodía que cientos de personas -hombres, mujeres y, como es habitual en esta organización, muchos niños- llegaron al municipio ya claramente organizados sobre qué debían hacer y dónde ubicarse.

Así, mientras una columna ingresó al edificio por la entrada principal y ocupó los pasillos, otros grupos se ubicaron estratégicamente en cada uno de los ingresos que el municipio tiene por las calles Belgrano, Colón e Yrigoyen. Ninguna puerta quedó sin custodia y nadie, absolutamente nadie, pudo ingresar.

“El que sale, no vuelve a entrar”, advirtieron, y lo cumplieron. Ni siquiera los municipales que por alguna cuestión estaban fuera del edificio pudieron reingresar.

Es más, los manifestantes tampoco permitieron que los trabajadores salieran de sus oficinas ni siquiera para ir la baño… algo tan básico como eso.

En testimonios recogidos por este diario, agentes comunales comentaron que por momentos la situación se volvió realmente complicada por la actitud “patotera” de algunos de los integrantes de la 1º de Octubre y advirtieron que “nunca vivimos una toma así”, con manifestantes con sus rostros tapados y en actitud verdaderamente hostil.

La retirada de los trabajadores cuando terminó el horario descomprimió un tanto la situación y por la tarde todo fue más tranquilo.

Mientras las entradas seguían custodiadas, dentro del palacio comunal la gran cantidad de menores que fueron parte de la manifestación se entretuvieron dibujando y jugando; las mujeres haciendo rondas de mates y llevando adelante las conversaciones más variadas como si estuviesen en el living de sus casas; y los hombres se mantenían en constante alerta.

A los únicos funcionarios que se vio durante la tarde dentro del palacio comunal tomando contacto con Altamirano, fue a Walter Surget -subsecretario de Planificación y Control de Gestión- y Carlos Peralta -subsecretario de Desarrollo Social-.

El intendente Hernán Bertellys estaba de viaje y el paradero del jefe de Gabinete y Gobierno, Alejandro Vieyra, no se sabe a ciencia cierta cuál fue durante todo el día de ayer, ya que en el municipio no se lo vio en ningún momento.

La denuncia penal    

Entrada la tarde fue cuando empezó a circular la versión que el Ejecutivo radicaría una denuncia penal y que podrían llegar a ser desalojados.

Lo primero fue cierto y lo segundo también, aunque al cierre de esta edición los referentes del Movimiento 1º de Octubre aún no habían sido notificados de la decisión tomada por la jueza Forbes.

En ese marco, la hostilidad volvió a adueñarse del ambiente y por la noche los manifestantes volvieron a cubrirse los rotos y se armaron, literalmente, con palos y toscas a la espera de la eventual intervención policial.

Mientras tanto, en una de las cocinas del palacio comunal las mujeres prepararon guiso para alimentar a los chicos, que seguían jugando ajenos a la situación.

DÁVILA: “EL MUNICIPIO QUIERE EVITAR EL USO DE LA FUERZA”

Roberto Dávila, subsecretario de Legal y Técnica, habló ayer por la noche con este diario e indicó que “el municipio agotó todas las instancias de mediación posibles. El reclamo del Movimiento 1º de Octubre está en realidad más dirigido al gobierno nacional, entonces se medió para que se pudieran comunicar con autoridades del Ministerio nacional, pero esos diálogos no dieron resultado”.

Ante el fracaso de esas negociaciones, dijo que “radicamos una denuncia penal. Estamos tratando de que la justicia contribuya a disuadir este conflicto de la mejor manera”.

Consultado contra quién se radicó la denuncia, explicó que “contra la agrupación y ya la policía estuvo trabajando, individualizando a algunas personas, pero por ahora no quiero dar nombres por prudencia. Después se irá determinando quiénes son los responsables, porque hay hasta menores de edad”.

Ante la pregunta de qué implica y que alcances tiene la denuncia, señaló que “lleva a que haya una investigación penal donde se va a determinar la responsabilidad de las personas que llevan adelante esto. En ese marco, puede haber medidas para asegurar los bienes municipales, que es lo que nos preocupa, y también medidas de mediación y diálogo para que depongan su actitud”.

Sobre si está contemplado un desalojo, advirtió que “ese sería el último recurso que se debería usar. Nosotros estamos esperando que sea de otra manera, pero potencialmente existe la posibilidad. No hay nada resuelto ni mucho menos”.

Ante los distintos trascendidos que circularon ayer, marcó por último que “por ahí es lo primero que se piensa (el desalojo) teniendo en cuenta que es un delito que se está cometiendo de forma permanente y que la manera de evitarlo es por el uso de la fuerza, pero el municipio quiere que eso se evite. Expresamente no lo pedimos”.

ALGUNOS TRAMOS DEL PETITORIO

El petitorio entregado ayer en el municipio de Azul, firmado por Griselda Altamirano, está dirigido al gobierno nacional y exige los siguientes puntos:

– Generación de trabajo genuino con salario digno por encima del límite de pobreza.

– Tierra para trabajar y para vivir.

– Viviendas sociales

– Se declare la emergencia habitacional y nutricional afectando recursos nacionales para garantizar soluciones.

– Elevación del salario mínimo, vital y móvil a $ 15.000

– Elevación de la jubilación mínima a $ 15.000

– Pase a planta permanente y estabilidad laboral a todos los contratados por el Estado.

– Derogación de la Ley Antiterrorista.

– Se declare inconstitucional el protocolo Anti Piquete.

“Nuestra organización viene planteando la grave situación que se genera en nuestros pueblos por la falta de trabajo genuino con salario digno y cómo esto afecta directamente el deterioro de la vida de nuestros compañeros y el pueblo general, sin poder garantizar la alimentación, vivienda, educación, todo lo que se necesita para una vida digna”, dice un tramo del documento.

Asimismo, advierte que “en nuestros pueblos las consecuencia de décadas de falta de trabajo genuino con salario digno y agravada por las medidas económicas de su gobierno, son evidentes, y si no logramos que se comprenda la gravedad de la situación, las consecuencias serán irreversibles”.

Por último, expresa que “de nuestras ciudades el Estado Nacional se lleva el 73 por ciento de la coparticipación y en la Pampa Húmeda se produce el 40 por ciento del PBI de todo el país. Lo que pedimos es que un poco de lo que se llevan regrese a nuestros lugares en forma de trabajo, vivienda, obras, servicios etc. Mientras esto no suceda, el reclamo no se detendrá ya que si no hay perspectiva la paciencia se termina, y siempre se pide tiempo precisamente al que no puede esperar”.

 

 

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