ENFOQUE

Tiembla la nueva Ley de Accidentes debido al desborde de las Comisiones Médicas y los fallos de inconstitucionalidad

El riesgo de que la norma legal, uno de los pilares de la gestión Cambiemos para reducir la litigiosidad en materia laboral, termine tambaleando por una cuestión logística, ya fue advertido por miembros del propio oficialismo de buen diálogo con los magistrados. 

Escribe: Doctor Aníbal Bocchio. (*)

www.estudiobocchio.com.ar   

La nueva Ley de ART viene sorteando planteos judiciales que buscan que se declare inconstitucional, pero podría tropezar con un fallo adverso debido a las demoras de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales en otorgar audiencias por accidentes de trabajo.

La cola de espera, en muchos casos alcanza los 9 meses desde que el trabajador lo solicita, con un promedio de 6 meses. La cuestión, bajo la órbita de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) que preside Gustavo Morón despertó inquietud dentro del Gobierno, avisados de que con semejante lentitud se pudiera alegar en las demandas retardo de Justicia.

El riesgo de que la ley -uno de los pilares de la gestión Cambiemos para reducir la litigiosidad en materia laboral- termine tambaleando por una cuestión logística, ya fue advertido por miembros del propio oficialismo de buen diálogo con los magistrados.

Una luz de alarma   

El planteo de fondo ofrece un panorama riesgoso para la Casa Rosada. El pasado 7 de marzo, la fiscalía en lo Contencioso Administrativo dictaminó que era  competencia de la Justicia del Trabajo resolver el pedido de inconstitucionalidad de la reforma que reinstauró la obligatoriedad de las Comisiones Médicas como paso previo a cualquier juicio laboral por accidentes. Esto va en sentido contrario al intento oficial de que la decisión quedara bajo la órbita del juez Pablo Cayssials, que buscó unificar todos los expedientes y arrebatárselos a los jueces laborales que habían querido intervenir.
Sin embargo, en cuanto a antecedentes, el tanteador está parejo en Capital Federal: 4 Salas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo la han tachado de inconstitucional (Sala III “Herrera” 10/10/17; Sala VI “Freites” 12/12/17; Sala VII “Mercado” 2/10/17 y Sala X “Corvalán” 30/08/17). Otras 3 Salas, ratificaron su constitucionalidad (Sala I “Cortes” 30/10/2017; Sala II “Burghi” 3/08/2017; y Sala IV “Huaisi” 20/10/2017). La Sala V pidió reunir pruebas antes de voltear la norma. Las Salas VIII y IX no tienen antecedentes de haberse pronunciado hasta el momento.

En la provincia  

En la provincia de Buenos Aires, ya suman 3 los fallos recientes que declaran la Inconstitucionalidad de la ley, (Sentencia del 1/02/2018, Tribunal del Trabajo Nº 1 de Quilmes, en la causa Nº 38922, caratulada “Ayala Eduardo Mamerto c/ Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ Accidente de Trabajo – Acción especial”; Sentencia del 5 de Febrero de 2018, Tribunal de Trabajo de Quilmes Nro 1, Marchetti, Jorge G. c/Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires s/Accidente de Trabajo – Acción Especial, y el 20 de febrero de 2018 en el juicio “Guillin Williams, Sebastián vs. La Segunda ART S.A. s. Enfermedad – Accidente”, Fallo del Tribunal del Trabajo de Junín, provincia de Buenos Aires) Estos fallos declaran la inconstitucionalidad no solo de la Ley de Accidentes de Trabajo 23.748, sino que también declaran inconstitucional la adhesión de la provincia de Buenos Aires a esta Legislación, por medio de la ley 14.997 que también impugna el fallo, por considerar que la provincia tiene sus propios jueces en el poder judicial y no pueden ser reemplazados por Comisiones Médicas. Estos fallos de la Provincia de Buenos Aires se fundamentan en fallos anteriores de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (“Quiroga vs. Ciccone”, SCJBA de fecha 23/04/2003; “Abaca vs. Cyanamid”, SCJBA de fecha 07/03/2005,  “Fernández” (sentencia del 21-VI-2006), “Gutiérrez” (sentencia del 11/04/2007) y  “Clavijo” (sentencia del 25/02/2009) y el fallo de la Corte Suprema de la Nación dictado en el juicio “Castillo vs. Cerámica Alberdi”, CSJN de fecha 07/09/2004.

Litigiosidad con lecturas dispares   

La batalla se prolongó en el tiempo pero podría tener un desenlace en los próximos meses. La defensa de la reforma es medular para el Gobierno que ha logrado incorporar a 10 provincias incluyendo a Buenos Aires- en el esquema de quienes adscriben a las Comisiones Médicas. La litigiosidad tuvo lecturas dispares: En el año 2017 versus 2016 registró un leve aumento de 2,49% en el total pese a una baja sensible en Capital Federal y un aumento exponencial en la provincia de Buenos Aires, previo a que suscriba su incorporación al sistema.
En paralelo, la Unión de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (UART) reclamó la conformación de los cuerpos médicos periciales dentro del Poder Judicial para reducir costos y evitar la dispersión de criterios a la hora de aplicar los índices indemnizatorios por discapacidades surgidas de los accidentes. Hoy el universo de juicios oscila en los 340 mil.
Con ese volumen, las 48 Comisiones Médicas que funcionan en todo el país están desbordadas y, en muchos casos, se encuentran distantes desde el lugar donde trabaja el accidentado.

Viajes y dificultades 

Los azuleños deberán viajar a Bahía Blanca (400 kilómetros) en reiteradas oportunidades para el trámite y no podrán ser asesorados por un abogado ni ofrecer prueba que no sean los estudios médicos. (Ello descarta Inspecciones oculares en el lugar del accidente o enfermedad profesional que mida alturas, ruidos o ambientes polucionados, pericias de ingenieros en Salubridad e Higiene, testigos del accidente, etc.). Como no se puede recurrir más al juzgado competente, la solución parece orientarse al incremento de las Comisiones, algo que no alcanza a satisfacer la demanda y por ende, redunda en cuellos de botella que podrían ser judicializados. Desde el Gobierno alzaron la voz para intentar corregir el panorama antes de tener una sorpresa que puede incluso preceder el extenso trámite por la constitucionalidad de la reforma, defendida desde el oficialismo como la antesala del fin de la “industria del juicio”.

 (*) Abogado laboralista

 

 

 

 

 

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