TIENE 45 AÑOS DE EDAD

Un contador azuleño está procesado: lo acusan de haberse quedado con un campo de un cliente

El estudio de Héctor Fabián Aulicino había sido allanado en junio de 2014. Durante ese procedimiento se secuestraron elementos de importancia para esa causa donde está acusado de “defraudaciones reiteradas en concurso ideal con falsificación de documentos públicos”.“La Cueva”, un campo que tiene algo más de ochenta hectáreas. Al contador procesado le atribuyen haberse quedado con ese establecimiento rural, que era de uno de sus clientes y está ubicado en cercanías al camino viejo a Tandil.
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El estudio de Héctor Fabián Aulicino había sido allanado en junio de 2014. Durante ese procedimiento se secuestraron elementos de importancia para esa causa donde está acusado de “defraudaciones reiteradas en concurso ideal con falsificación de documentos públicos”.

Un juez de Garantías ya avaló la elevación a juicio de la causa y rechazó un pedido de sobreseimiento para el imputado. Pero ambas decisiones han sido recurridas por los abogados del encausado ante la Cámara Penal. Una fiscal, en la Investigación Penal Preparatoria que realizó, encontró elementos que demuestran que el acusado se quedó, al parecer de manera ilegal, con un campo de un cliente. Luego de que el propietario del establecimiento rural falleciera, la denuncia por el caso había sido formulada en junio de 2014 por sus dos nietas, las legítimas herederas por testamento de ese campo.

Una investigación penal iniciada en junio de 2014 tiene procesado a un contador azuleño que se llama Héctor Fabián Aulicino, de 45 años de edad.

Laura Margaretic, la fiscal titular de la UFI 2 departamental que instruyó ese expediente judicial, lo acusa de haberse quedado con un campo de quien en vida fuera uno de sus clientes, como así también de otras maniobras al parecer fraudulentas cometidas en perjuicio de ese hombre, que había fallecido en abril de 2014 a los 87 años de edad.

Toda esa situación aparentemente irregular comenzó a quedar al descubierto cuando las nietas del fallecido, herederas por testamento de ese establecimiento rural, radicaron una denuncia ante la Justicia.

Cuatro años después a iniciada la instrucción, Juan José Suárez -a cargo del Juzgado de Garantías número 3 también con sede en los Tribunales de Azul- ha dado lugar a la elevación a juicio de esa causa penal, situación que de prosperar se traduciría en la realización de un debate en un Juzgado Correccional.

En el expediente judicial Aulicino figura acusado de los delitos de defraudaciones reiteradas en concurso ideal con falsificación de documentos públicos.

El juez de Garantías que avaló semanas atrás en primera instancia la elevación a juicio de la causa, en ese mismo dictamen rechazó un pedido de sobreseimiento para el contador que habían presentado sus abogados defensores: Carlos Saparrat y Osvaldo Bolpe.

Ambos abogados apelaron después ante la Cámara Penal la elevación a juicio del sumario. Y en segunda instancia, han recurrido también la denegatoria al sobreseimiento de su defendido.

Sobre ambos pedidos todavía la Cámara no se ha expedido, según confiaron a EL TIEMPO voceros allegados a la causa.

El contador Aulicino está en libertad, ya que hasta el momento no ha sido ordenada ninguna medida cautelar para él.

El estudio que posee junto con su hermano abogado en la calle Roca de esta ciudad, frente a la Escuela Normal, había sido allanado en junio de 2014, un procedimiento realizado una semana después a que fuera radicada esa denuncia por la que ahora está procesado.

Aulicino tuvo que presentarse dos veces a indagatoria en Tribunales ante la fiscal que lo acusa de las ya referidas maniobras de defraudación.

El 9 de junio de 2016 había sido citado por primera vez. En aquella ocasión -dijeron voceros judiciales a este diario- declaró, de la misma manera que lo hiciera cuando nuevamente tuvo que comparecer el 3 de mayo del año pasado.

En esa segunda oportunidad la acusación para él había sido ampliada, teniendo en cuenta para eso nuevos elementos que en la investigación fue reuniendo la fiscal titular de la UFI 2 del Departamento Judicial local. Pruebas que comprometían aún más a su situación procesal.

Al respecto, desde la instrucción se mencionó que en el caso han existido “varias defraudaciones”. Y que esa maniobra ilícita incluyó diferentes instancias a través de las cuales presuntamente el contador fue poco a poco estafando a un cliente que lo consideraba un hombre de su confianza.

El mismo con el que, hasta que falleció, el hombre propietario del campo que después apareció en poder de Aulicino y ahora reclaman sus legítimas herederas tenía una estrecha relación. Un vínculo que -según consta en la causa penal a través de dichos de testigos- incluía que en algunas ocasiones el profesional acusado fuera a comer a su casa.

Los delitos que en principio le imputan al Contador Público Nacional tienen una escala penal amplia, que va desde uno a los doce años de prisión.

“La Cueva”

La fiscal Margaretic tuvo por demostrado en esa Investigación Penal Preparatoria que llevó adelante varios hechos cometidos por el contador, los mismos que después el juez de Garantías Suárez ratificó al momento de dar lugar a la elevación a juicio de ese sumario. Una decisión que -tal lo ya mencionado- aún no está confirmada.

La funcionaria judicial titular de la UFI 2 sostiene que el 22 de julio de 2010 el contador -escribió en la requisitoria de elevación a juicio que después sería avalada en primera instancia- “indujo a error a quien era por entonces su cliente, Ángel de la Guarda Provenzano”.

Al hombre, que en ese entonces tenía 83 años, lo convenció “sobre la rentabilidad de un negocio” y le hizo firmar “un contrato simulado” para comprar un campo.

Como supuesta vendedora figuraba otra clienta de Aulicino: una mujer llamada María Adela Gómez Romero. La misma que “desconocía en absoluto tal operación”, según después declararía en la causa, a través de un testimonio donde también afirmó que su firma había sido falsificada.

Otro de los hechos que la fiscal Margaretic le atribuye al contador ocurrió el 2 de noviembre de 2011. En esa ocasión, “abusando nuevamente de la confianza en él depositada por el Sr. Ángel de la Guarda Provenzano”, le hizo firmar “un nuevo contrato falso”.

A través del mismo, se simulaba que el hombre le cediera al contador los “derechos y acciones” de ese campo que Provenzano creía que le había comprado a Gómez Romero, una operación que en realidad nunca se hizo pero que Aulicino tuvo que aparentar que se hacía para llevar adelante esa supuesta maniobra de defraudación que ahora se le imputa, la cual apuntaba a quedarse con el establecimiento rural de su cliente.

Y hubo más. El 26 de octubre de 2010, sostuvo la Fiscal, “el aquí imputado indujo nuevamente a error al Sr. Ángel de la Guarda Provenzano”.

Para ese entonces, la avanzada edad de Provenzano y problemas de salud que lo limitaban para ver y oír -un detalle que no es menor en el caso-, favorecieron a criterio de la funcionaria judicial ese presunto accionar delictivo del contador. Y aprovechándose una vez más de la confianza que el hombre tenía en él, Aulicino lo hizo ir a la escribanía de Nicolás Duba.

Allí, le hizo suscribir una escritura “por medio de la cual otorgaba poder especial irrevocable en favor del encartado para escriturar a su nombre el campo La Cueva”.

Ese campo, ubicado en el Partido de Azul, en cercanías al camino viejo a Tandil y de algo más de ochenta hectáreas de extensión, es el que por testamento el hombre le había dejado como herencia a sus dos nietas.

Para ese entonces, a criterio de la Fiscal y del Juez de Garantías, Aulicino ya le había hecho suscribir a Provenzano sobre ese establecimiento rural,  “también inmerso en un error respecto a su contenido” -el 30 de abril de 2010- “un contrato de compraventa con el aquí imputado”.

En esa fecha la presunta maniobra ilegal de desapoderamiento del campo comenzó a tomar forma.

Y volviendo otra vez a lo ocurrido ese 26 de octubre de 2010 en la escribanía, Provenzano creyó que lo que estaba firmando era un poder por la compra -que nunca existió y que él si confió que había hecho- del campo de la familia Gómez Romero. Pero en realidad, lo que estaba firmando sin saber era sobre el establecimiento rural “La Cueva”.

De esa forma, sostuvo la Fiscal, el contador se aseguraba de “defraudar a las herederas testamentarias del Sr. Provenzano, Andrea Fernanda y Patricia Álvarez, quienes a la muerte del mismo se verían impedidas de escriturar a su nombre aquel campo, alterando con ello la voluntad real del difunto, cual era dejar dicho campo a sus herederas universales”.

El primer testimonio de esa escritura que obtuvo en la escribanía, Aulicino luego la falsificó -según afirma la Fiscal- “para consumir el ardid y engaño desplegado sobre el Sr. Provenzano”. Además, “realizó de la misma dos copias apócrifas en las cuales alteró las referencias catastrales del campo en cuestión y se las entregó al Sr. Provenzano en prueba de la maniobra ilícita desplegada”.

Pero no todo terminó allí. Al contador le atribuyen también haber falsificado más documentos.

Así, también ha quedado demostrado hasta ahora que en el sistema informático de la AFIP cargó dos declaraciones juradas de impuesto a las ganancias de su cliente Provenzano, correspondientes al período fiscal del año 2010.

A través de una de ellas, el hombre tenía que pagar más de 36.000 pesos. Esa declaración Aulicino se la entregó a Provenzano, quien a cambio le dio el dinero para que pagara la deuda en el Banco Nación.

Los elementos reunidos en la investigación demuestran que el contador jamás pagó la deuda en el banco, sino que sólo “simuló” hacerlo.

A cambio, a Provenzano le entregó “un recibo falso de pago y una constancia de presentación web de la declaración jurada que nunca existió”. También, “otra declaración jurada” que “no arrojaba saldo a pagar y que envió vía web a la AFIP, defraudando así al Sr. Provenzano,  quien en el convencimiento de que sus obligaciones tributarias le exigían pagar 36.643,59 pesos, entregó dicho monto a su contador (el Sr. Aulicino), quien lejos de ingresar dicho dinero a las arcas públicas se apoderó del mismo, realizando una declaración jurada falsa ante la autoridad tributaria”.

“Algún campito”

Elda Donatelli está patrocinando en carácter de Particular Damnificado a las mujeres que Provenzano había declarado como herederas del campo en ese testamento que había confeccionado antes de su deceso.

En diálogo con este diario, la abogada olavarriense sostuvo que hasta hoy ambas hermanas -a las que el fallecido consideraba sus “nietas del corazón”– no han podido disponer todavía del establecimiento rural, que de acuerdo a diferentes constataciones que se han hecho continúa en poder del contador que está procesado.

Aulicino, en esas indagatorias en las que declaró, había sostenido que el campo se lo compró a Provenzano legalmente, por lo que deslindó responsabilidades en esos ilícitos que todavía le imputan.

Después, las pericias psiquiátricas y psicológicas a las que fue sometido revelaron -de acuerdo al informe confeccionado por las profesionales que se entrevistaron con él- que “se ubica como víctima de una falsa denuncia”, asegurando que el fallecido había sido uno de sus primeros clientes, con quien además tenía “un vínculo cercano”.

A través de esas pericias, el contador había manifestado también que se sentía “afectado emocionalmente por la mirada social negativa” y preocupado por “su imagen personal y profesional” ante toda esta situación donde figura procesado por un delito de defraudación en perjuicio de uno de sus clientes.

La extensa y completa investigación llevada adelante por la fiscal Margaretic incluyó también varias declaraciones testimoniales.

Entre esas tantas versiones, está lo afirmado por una ex empleada del estudio jurídico y contable de los hermanos Aulicino.

La ex secretaria del contador sostuvo, según se menciona en la causa penal, que le escuchó a Héctor Fabián Aulicino decir en una oportunidad con relación a Provenzano: “El viejo éste está lleno de campo, tengo que ver cómo hago para quedarme con algún campito”.

El dato

Cuando el escribano Nicolás Duba se enteró de lo sucedido con la escritura confeccionada en su estudio, algo de lo que fuera informado por las nietas del dueño del campo “La Cueva”, denunció a Héctor Fabián Aulicino por haber falsificado ese documento, según consta en la causa penal.


“EL CAMPO TODAVÍA LO SIGUE OCUPANDO AULICINO” 

Elda Donatelli. La abogada representa en la causa a las legítimas herederas del campo en litigio.
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Elda Donatelli. La abogada representa en la causa a las legítimas herederas del campo en litigio.

 

“Estamos en pleno litigio”, le dijo Elda Donatelli a EL TIEMPO cuando fue consultada sobre la causa penal donde el contador Héctor Fabián Aulicino está acusado de haberse quedado con el campo de quien fuera uno de sus clientes.

La abogada olavarriense se convirtió en la denunciante del caso, cuando en junio de 2014 comenzó a representar a las nietas de Ángel de la Guarda Provenzano, quienes por testamento eran las herederas del establecimiento rural “La Cueva”. El mismo campo que el contador procesado sostiene haberle comprado de buena fe al hombre fallecido en abril de aquel año.

Donatelli no tiene dudas de que Aulicino “le hizo creer a Provenzano” que estaba comprando un campo que en realidad nunca adquirió.

“Le dijo que tenía un buen negocio para ofrecerle, que era comprarle un pedazo de campo a una familia de Azul de apellido Gómez Romero, de la cual también él era su contador. Con ese argumento, Provenzano creyó que había comprado ese campo. Pero después, cuando Adela Gómez Romero declaró, afirmó que nunca su papá tuvo en venta su campo. Además, no reconoció como suya la firma que figuraba en la documentación de esa supuesta compraventa”.Con relación a esa maniobra al parecer fraudulenta del contador del abuelo de las hermanas a las que está patrocinando en esta causa penal, la abogada sostuvo que “tiempo más tarde Aulicino le dijo a Provenzano que, con la edad que él tenía, no valía la pena que se preocupara por ese otro campo que en realidad nunca había comprado. Así, le dijo que se lo vendiera. Entonces, Provenzano accedió a cederle ese campo que en realidad era de Gómez Romero. Fue toda una estrategia del contador para que el hombre le firmara la venta de su propio campo”.

“Nosotros nos dimos cuenta cuando las nietas -Andrea y Patricia Álvarez-, después de que fallece Provenzano y sabiendo que eran las herederas testamentarias, empiezan a recabar información para ver qué había que pagar sobre esos bienes que su abuelo tenía. Ahí, cuando hablan con Aulicino y le preguntan si se debía algo de ese campo llamado La Cueva, él les dice que en realidad el establecimiento rural le pertenecía porque tiempo atrás se lo había comprado al abuelo de las legítimas herederas”, recordó.

“La estafa arranca cuando el contador le propone a Provenzano ese negocio con el campo de los Gómez Romero, mientras que los Gómez Romero, que también eran clientes de Aulicino, ni estaban enterados de lo que estaba pasando”, sostuvo también Donatelli.

Actualmente, la abogada aseguró que el campo “La Cueva” está “escriturado a nombre de mis clientas -es decir, las nietas de Provenzano- a quienes el hombre declaró como legítimas herederas en un testamento”.

Pero más allá de eso, y según la propia representante legal de las herederas del establecimiento rural ha podido determinar, “todavía lo sigue ocupando Aulicino”, lo cual significa que las hermanas “aún no han podido disponer de ese campo”.

Por último, con relación al contador procesado afirmó: “Hace cuatro años que está usando sin pagar nada un campo donde ha sembrado y ha tenido animales. Tenemos hecho un mandamiento de constatación que demuestra eso que afirmo”.


ENTRE TESTIMONIOS Y DOCUMENTOS TRUCHOS

Las declaraciones de testigos y las pruebas documentales incorporadas a la causa sirven para entender mejor lo sucedido.

Una de las nietas de Provenzano, Andrea Álvarez, dijo en sede judicial “estar convencida” de que “Aulicino le hizo creer a su abuelo que éste le compraba el campo que supuestamente le había adquirido a la viuda de Gómez Romero, pero en realidad su contador le estaba comprando, sin que su abuelo se diera cuenta -y al parecer a un precio irrisorio-, el campo denominado La Cueva”.

Para ese entonces, la mujer sabía que el contador le había arrendado el campo a su abuelo, aunque ese contrato de alquiler estaba vencido.

Lo curioso, según dijo, ocurrió cuando después del fallecimiento de Provenzano fue a verlo al contador para pedirle que desalojara el predio.

En esa ocasión, la mujer declaró que Aulicino le dijo que en realidad él era el dueño del establecimiento rural, ya que lo había comprado en el año 2010.

Adela Gómez Romero, que figura mencionada en ese otro acuerdo de compra-venta con Provenzano de un campo en cercanías a Chillar que en realidad el hombre nunca adquirió, sostuvo que la firma con su nombre que aparece en uno de los documentos secuestrados como prueba en esta causa penal no es la suya.

Además, afirmó que ella no podría haber vendido nunca ese campo porque para la época en que esa transacción trucha se hizo, también en el año 2010, su papá aún vivía y era el titular del establecimiento rural.

Un dato no menor es que tanto Provenzano como los Gómez Romero eran clientes del estudio contable de Aulicino.

Al respecto, Adela Gómez Romero declaró que el encausado “es muy amigo de su marido”, fue el padrino de su casamiento y “el contador de su padre desde el año 2006-2007 aproximadamente”, del mismo modo que también lo era de ella.

Eso explica para la Fiscal que el contador supiera todos los movimientos económicos de la familia Gómez Romero y que pudiera disponer de documentación del campo mencionado en esa operación comercial fraudulenta.

De hecho, necesitó de la escritura del campo de esa familia para iniciar “la artimaña legal” que estaba desarrollando sin que Provenzano se diera cuenta para después, una vez que falleciera, quedarse con su campo.

La escritura de ese establecimiento rural ubicado cerca de Chillar, a decir de Adela Gómez Romero, después nunca apareció. Y cuando le preguntó a Aulicino dónde podía estar, el contador le respondió que su papá la había perdido al dejarla sobre el techo de un auto, por lo que “se había volado”.

Para la Fiscal no hay dudas, teniendo en cuenta el testimonio de Adela Gómez Romero, que Aulicino fue “el artífice de aquella ficticia operación” de la venta del campo a Provenzano, lo que se convirtió en “el primer eslabón para concretar la empresa criminal pretendida sobre el verdadero objeto delictual: el campo La Cueva”.

Una pericia caligráfica a ese contrato entre Provenzano y el contador por la supuesta venta del campo indica que en esa copia aportada por el propio Aulicino está su firma, aunque no se puede arribar a igual conclusión con relación a la rúbrica del legítimo dueño de “La Cueva”.

Además, informes médicos demuestran que para cuando supuestamente Provenzano le vendió el campo al contador tenía 83 años de edad y padecía diferentes inconvenientes sensoriales, ya que estaba sordo y casi no veía, una situación que a simple vista lo convertía en una persona fácil de engañar.

Eso obligaba a que “se le debieran leer los documentos a firmar, por su imposibilidad visual, lo cual permite explicar las firmas impresas del mismo en documentos que no reflejan su voluntad real”, agregó la titular de la UFI 2.

Algo que para la funcionaria judicial confirma que Provenzano nunca le vendió el campo a su contador es que el hombre continuaba pagando los impuestos de su establecimiento rural “La Cueva” después de que lo hizo firmar -el 30 de abril de 2010- un contrato de compraventa a todas luces irregular.

Esa situación, señaló Margaretic, “demuestra que no era consciente de la supuesta transferencia dominial que implicaba dicho contrato”.

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