ENTREVISTA A LA DRA. MARIANA IRIANNI, JUEZA DE GARANTÍAS

Un enfoque multidisciplinario para tratar la problemática de la violencia de género

La funcionaria judicial afirma que la problemática no se soluciona con cada orden de prohibición de acercamiento o de detención que a ella o a sus colegas les toca dictar como jueces de grado. Desde su punto de vista, las instituciones ligadas a esta situación tienen que trabajar de manera integrada. Y también sostiene que, en ese contexto, es fundamental lo que se pueda hacer desde el propio servicio penitenciario en la resocialización de quienes están presos por delitos de este tipo.

 

“La sociedad tiene esa falsa ilusión de que si se saca de circulación al agresor el problema de la violencia de género se termina”, sostuvo ayer la Dra. Mariana Irianni.
MARCIAL GARCÍA
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“La sociedad tiene esa falsa ilusión de que si se saca de circulación al agresor el problema de la violencia de género se termina”, sostuvo ayer la Dra. Mariana Irianni. MARCIAL GARCÍA

Una jueza propone abordar la problemática de la violencia de género desde un enfoque totalitario y multidisciplinario, en el que intervengan diferentes instituciones relacionadas con la cuestión y apuntando, por sobre todas las cosas, a someter a un tratamiento efectivo a quienes están procesados por este tipo de delitos, para así lograr resocializarlos.

En una entrevista mantenida con EL TIEMPO, la Dra. Mariana Irianni, jueza de Garantías en el Departamento Judicial Azul, se refirió ayer a esta problemática, teniendo en cuenta fundamentalmente las altas cifras que se manejan desde su juzgado en cuanto a situaciones de violencia de género.

De acuerdo con lo sostenido por la magistrada, actualmente a cargo del Juzgado de Garantías número 1 y también subrogando como jueza de Sentencias en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, “en promedio estoy disponiendo una orden de prohibición de acercamiento por semana, lo que es muchísimo para este Departamento Judicial”.

La jueza señaló que algo similar sucede con el pulso de los otros juzgados de garantías departamentales con relación a esta misma situación.

Y en ese contexto reconoció que desde tiempo atrás, de la mano del aumento de los casos, “se han incrementado mucho por parte de los fiscales los pedidos de detenciones por cuestiones de violencia de género”.

En contraposición, la aplicación de mecanismos alternativos, como lo puede ser la suspensión del juicio a prueba, prácticamente no se está empleando para casos de estas características, lo que lleva a los jueces de Garantías a pronunciarse a favor de medidas, por llamarlas de alguna manera, más duras.

Las mismas van desde las ya referidas prohibiciones de acercamiento para los agresores hasta, en los casos más graves, el dictado de sus detenciones, situaciones estas últimas que los llevan a permanecer privados de la libertad durante un tiempo, aunque esas medidas cautelares lejos están de solucionar la verdadera causa de esta problemática.

“La sociedad tiene esa falsa ilusión de que si se saca de circulación al agresor el problema de la violencia de género se termina. Pero en realidad, lo que hay que entender es que estamos ante un problema que trasunta lo que la sociedad con sus valores le quiere imponer a una relación donde hay un condicionamiento previo, donde uno es golpeador y el otro (casi en todos los casos la mujer) es víctima”, afirmó la funcionaria judicial.

Un componente genético y otro social

Sobre la base de diferentes estudios que ha venido consultando, los cuales exceden el ámbito de su especialidad como penalista, la Dra. Irianni indicó que científicamente se ha demostrado que ese tipo de comportamientos en casos de violencia de género manifestado por el agresor obedece a una cuestión genética.

Y también está, por otro lado, el componente social en todas esas situaciones. A decir de la funcionaria judicial, ambos comportamientos “van de la mano”.

“Yo fui desde la comprobación empírica de todos los casos hacia algo que se analiza científicamente”, indicó para después, aludiendo nuevamente a ese componente social, dar cuenta de lo que le ha pasado en varios de los casos en los que interviene, donde finalmente es la propia mujer agredida la que termina solicitando que le levanten la restricción de acercamiento a su pareja, “ya sea por cuestiones económicas o por los hijos que ambos tienen”.

En ese contexto, sostuvo que “el principal motivo es que la violencia está instalada como metodología, tanto en el golpeador como en la que es golpeada. Son dos caras de la misma moneda”.

En la actualidad, contó que desde las neurociencias se han introducido novedosos e importantes conceptos que son válidos para el tratamiento de una problemática que, según el pensamiento de la funcionaria judicial, no se agota sólo porque alguien vaya preso o sea apartado temporalmente de quien se convierte en la víctima de sus agresiones, ocurridas en ese mismo contexto en el que ambos se desenvuelven siendo, por ejemplo, una pareja.

“Hoy las neurociencias tienen avances que te dan la pauta de que los comportamientos de los que estamos hablando no son una cuestión de mala suerte para quienes los sufren”, afirmó.

Desde el punto de vista de la jueza, la violencia de género tiene entre sus características dos cuestiones extremas para la víctima.

Por un lado está el saldo más grave, traducido en lo que se convierte en un homicidio que, desde el punto de vista penal, actualmente en casos así se considera un femicidio.

En el otro extremo se ubican aquellas situaciones de violencia no tan graves y que conllevan al dictado de esas órdenes de prohibiciones de acercamiento para los agresores o en que, temporalmente, tengan que estar privados de la libertad.

“Siempre se reclama a los jueces penales que los metamos presos a los agresores. Pero no existe actualmente una posibilidad intermedia, que sí la hay para casos donde los delitos que se tratan son otros”, agregó.

Es por eso que, afirmó la funcionaria judicial, en los casos en los que ella se pronuncia a favor de las detenciones de los imputados por violencia de género, sin que se trate de crímenes o intentos de homicidios, en las mismas resoluciones ordena al Servicio Penitenciario que mientras ese sujeto esté privado de la libertad el mismo servicio se encargue de someterlo a un tratamiento que sirva para modificar su conducta agresiva.

“He mandado oficios al Servicio Penitenciario Bonaerense diciendo que considero necesario que se implemente un abordaje interdisciplinario de la situación”, explicó.

Desde su punto de vista, la idea es que “los profesionales asignados en los distintos establecimientos penitenciarios se aboquen a implementar una evaluación y tratamiento de salud mental respecto de los imputados privados de la libertad por razones de violencia de genero durante el tiempo en que dicha restricción persista”. El objetivo pasa por “asistirlos para que, al momento de reinsertarse en la sociedad, se evite la reiteración de esta clase de conflictos”.

La jueza reconoció que en las actuales condiciones del sistema penitenciario lo que ella ordena no es algo fácil de lograr. Pero al menos -admitió- “lo importante es que se cuente con un principio de tratamiento” para los imputados por este tipo de hechos, ya que de lo contrario, después de estar privados de la libertad algunos meses en un contexto por lo general agresivo, al salir “la mayoría vuelve a lo mismo y reincide en el tema de la violencia”.

Desde su punto de vista, “los servicios penitenciarios tienen que brindar el tratamiento resocializador”.

Algo de eso, recordó, se está llevando a cabo en los establecimientos penales que están en Sierra Chica.

“Yo he hablado con el actual jefe de Sanidad, un odontólogo. Su equipo y él han ingresado al Complejo Centro del SPB con muy buenas intenciones de hacer las reformas necesarias y trabajar de otra manera en el tema de la violencia de género”.

Un abordaje distinto

 El abordaje, explicó, “pasa por cambiar el modelo mental que en el agresor provoca que se comporte así. O sea, atacar el fondo de la cuestión” yendo incluso más allá de la terapia tradicional, la misma que “no ha dado respuestas a esto hasta el momento”.

Por todo esto, la jueza reconoció que es necesario un trabajo interdisciplinario que abarque a todas las instituciones vinculadas con esta problemática.

“Lo que hay que hacer es interrelacionar a las instituciones y que las mismas dejen de ser compartimientos estancos y que, por lo tanto, dejen de funcionar en forma autónoma”.

En ese ideal para apuntar de lleno a solucionar esta problemática, la magistrada incluyó desde la Justicia hasta al Servicio Penitenciario Bonaerense, pero sin dejar de lado a la Universidad y a las ciencias como ámbitos desde donde también se ha abordado a la violencia de género.

“Hay que sentarse a dialogar en forma conjunta.  ¿Qué sentido tiene que yo meta presa a una persona si después nadie hace nada por esa persona?”, se preguntó.

Teniendo en cuenta el rol que ocupa en toda esta situación como una jueza de grado, la Dra. Irianni consideró que el tratamiento de la violencia de género “tendría que manejarse a través de una suerte de convenio interministerial o interdisciplinario entre la Corte, el Ministerio de Justicia, el de Salud y, por ejemplo, la Facultad de Medicina de Rosario”, una casa de estudios que ha tratado la cuestión con trabajos muy interesantes.

“Esto se tiene que sustentar y planear, pero en la realidad hasta ahora no se hace nada”, admitió también.

En el tratamiento de la problemática la jueza no dejó de lado a los medios, “a los que hay que utilizar de manera que nos ayuden a propiciar algún tipo de solución. Además, la sociedad tiene que involucrarse en este tipo de situaciones, para que la violencia no sea algo que le pasa sólo al de enfrente”.

“Se puede hacer algo”, sostuvo por último. Convencida de que la actual situación en materia de violencia de género puede modificarse por medio de una intervención institucional conjunta que apunte a “buscar soluciones diferentes a las que al momento existen y que, por ende, sean más efectivas”.

El dato

En medio de la problemática de la violencia de género hay un dato llamativo que se da en el ámbito del Departamento Judicial Azul. A diferencia de otros departamentos judiciales, en el que tiene su sede central en esta ciudad es donde más prohibiciones de acercamiento se ordenan, algo que surge como un indicador a tener en cuenta también para tratar de solucionar esta cuestión.

DETENER, PERO TAMBIÉN RESOCIALIZAR

Desde el punto de vista de la Dra. Mariana Irianni, disponer la detención de una persona implicada en un caso de violencia de género “sirve porque es una garantía para la víctima. Pero no sirve si después no vas a hacer algo con esa persona que está presa”.

En ese contexto, explicó que a veces las medidas cautelares que ella dispone no dejan de ser un paliativo que no soluciona el problema de fondo.

“Y si bien algunas de esas medidas después son ratificadas desde la Cámara Penal, cuando comprueban que esa situación de violencia que se está tratando es algo que viene persistiendo en el tiempo, si la cuestión no es abordada en la cárcel las consecuencias después son peores porque las situaciones se potencian. Y cuando salen, esas mismas personas vuelven a amenazar, a romper una casa o hasta a matar a una mujer”, explicó.

Al mismo tiempo, la magistrada admitió que no está muy de acuerdo en aplicar medidas cautelares pensando sólo en que a esa persona “se la saca de circulación y nada más, como si fuera un perro”.

“Ni siquiera a un animal uno encierra en un lugar y se lo trata así. Si eso sucede, cuando esa persona vuelve a recuperar la libertad las consecuencias son peores”.

Por eso, sostuvo, “tratar la violencia de género y no género adentro de una unidad penal es empezar a prevenir la inseguridad”.

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