UN PENITENCIARIO, ABSUELTO EN SEGUNDA INSTANCIA

Un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense que desempeñaba funciones en la cárcel de Barker fue absuelto, después de que la Cámara Penal de Azul no confirmara el fallo del juicio que en primera instancia lo había condenado por amenazar de muerte a un preso y agredir a otro.
El dictamen, que lleva las firmas de los camaristas Eduardo Uhalde y Damián Cini, implicó que al guardiacárcel le revocaran la sentencia que en un principio le fuera impuesta en un juicio donde había sido hallado autor de los delitos de “vejaciones agravadas por el uso de violencia y coacción, en concurso real de acciones”.
Esa condena se la había dictado un juez Correccional. Consistía en una pena de “dos años y seis meses de prisión en suspenso” y en otra de “cinco años de inhabilitación especial para ejercer empleos públicos que impliquen la vigilancia o custodia de personas privadas de la libertad”.
El fallo de primera instancia, que ahora quedó sin efecto desde la Cámara Penal, databa del 22 de marzo del año pasado.
En esa fecha el penitenciario que días atrás fue absuelto había sido condenado en un juicio donde intervino Aníbal Álvarez, el titular del Juzgado Correccional número 1 con sede en el Palacio de Justicia local.
Pablo Adrián Gigena se llama el agente del SPB al que los dos jueces que en la actualidad integran la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal departamental le revocaron el fallo, una decisión que redundó en su absolución.
Ambos camaristas habían tomado intervención en esta causa penal después de que el abogado que como Defensor Particular estuvo patrocinando a Gigena en el debate recurriera aquella resolución de primera instancia.

Una amenaza y una agresión

Los hechos por los que el penitenciario había sido procesado ocurrieron en la Unidad 37, la cárcel que está en Barker, Partido de Benito Juárez.
Fueron dos situaciones distintas las que le imputaran a Gigena, las cuales tuvieron en ambos casos como víctimas a dos reclusos que estaban alojados en el penal ya mencionado.
Según había quedado probado en el juicio, uno de esos episodios se produjo en diciembre de 2010, cuando un interno denunció que Gigena -en ese entonces subjefe de Vigilancia y Tratamiento- amenazó con matarlo por intermedio de otro preso, para evitar que lo denunciara.
El otro hecho que se le atribuyó al agente penitenciario sucedió el 23 de septiembre de 2011, cuando en horas de la madrugada de ese día varios efectivos del penal golpearon, mojaron con agua fría y le echaron gas pimienta a un recluso.
Con relación al primero de los episodios que se le atribuyeron al agente penitenciario, los jueces de la Cámara sostuvieron ahora -a diferencia de lo que el juez de primera instancia consideró- que el recluso que resultara víctima no pudo precisar con certeza quién fue el efectivo que lo amenazó.
Sobre el otro ilícito, se mencionó en el dictamen más reciente que el preso agredido por un grupo de agentes no conocía a Gigena, a quien individualizó después por dichos de otros internos, ya que primero había sostenido que “no se acordaba de la cara de nadie” de los que lo atacaron.
Además, la declaración de otro preso, que dijo escuchar la voz del efectivo acusado mientras ese hecho acontecía en la celda donde la víctima estaba, no fue un elemento que por sí solo sirviera a los camaristas para confirmar con la certeza que se requiere que el encausado había participado de dicha agresión.
En ese contexto, la “ausencia de otro medio de prueba” llevó a los jueces que intervinieron en esta segunda instancia a concluir que no se podía dar por demostrado que el penitenciario fuera uno de los agentes involucrados en aquella agresión a uno de los reclusos alojados en la Unidad 37.
Después, al referirse a ambos casos, en ese dictamen donde el primero en votar a las cuestiones planteadas fue el juez Uhalde se mencionó: “Del análisis probatorio efectuado se observa un estado de duda sobre la participación de Gigena en los hechos imputados, que impide el dictado de una condena”.
Pedro Pompeyo De Luca fue el abogado que patrocinó en el debate al penitenciario y quien después, en su carácter de Defensor Particular, apeló el fallo de primera instancia que días pasados la Cámara revocó y se tradujo en la absolución del agente del SPB.
El mismo abogado, durante el transcurso de la semana que pasó, había intervenido en otro juicio a dos agentes que desempeñaban funciones también en la Unidad 37, quienes fueron acusados de la comisión de varios delitos que finalmente no quedaron probados para un jurado popular que los declaró “no culpables”.
Ese debate, llevado a cabo en los Tribunales de Azul, había implicado que ambos fueran absueltos el pasado miércoles, mismo día en que también, después de estar presos casi dos años, los excarcelaron.
Uno de los agentes penitenciarios se llama Eduardo Cristian Ramírez y el otro, a quien representó el penalista cachariense De Luca, Carlos Abel Martínez.

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