FALLO DE UN JUICIO ORAL -

Un Tribunal condenó a tres años de prisión en suspenso a un trabajador rural por un crimen

La casa del campo ubicado en Benito Juárez donde este crimen se produjo, en octubre de 2013.
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La casa del campo ubicado en Benito Juárez donde este crimen se produjo, en octubre de 2013.

La pena se la impusieron a un joven cachariense que en octubre de 2013 mató de un disparo a la víctima en un campo de Benito Juárez. El hecho había tenido connotaciones pasionales, ya que el hermano del fallecido sospechaba que su esposa lo engañaba con el agresor. Dadas las características que tuvo el caso, los jueces que intervinieron en este debate hallaron al imputado autor de un “homicidio simple con exceso en la legítima defensa”.

El homicidio había ocurrido en una estancia del Partido de Benito Juárez el 13 de octubre del año 2013 y tuvo connotaciones de índole pasional.

En una primera instancia, el empleado rural que había matado a un joven -la víctima era hermano de un chillarense que sospechaba que su esposa lo engañaba con el autor del crimen- había sido sobreseído por una jueza de Garantías. Pero después, apelación mediante de la Fiscal a cargo de la instrucción de esa causa, la Cámara Penal no ratificó esa decisión.

Eso significó que el sumario iniciado por lo sucedido siguiera su curso hasta transformarse en materia de un juicio oral.

Ese debate, cuyo fallo se anunció durante el transcurso de la semana que pasó en un Tribunal con sede en el Palacio de Justicia local, derivó en la condena para el encausado a una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, al ser hallado por los jueces que intervinieron en el proceso autor penalmente responsable del delito de homicidio simple con exceso en la legítima defensa.

El imputado, para quien sus abogados defensores solicitaron la absolución y la representante del Ministerio Público Fiscal, teniendo en cuenta las pruebas producidas en el juicio, la misma condena que finalmente el Tribunal le impuso, fue identificado por voceros judiciales como Facundo Rafael García, un trabajador rural que actualmente vive en Chillar, es oriundo de Cacharí y tiene 25 años.

Si bien estuvo preso por el crimen que cometió, cuando en una primera instancia fuera sobreseído por una jueza de Garantías por ese homicidio por el que ahora resultó condenado, en aquel entonces -noviembre de 2013- había sido excarcelado, más allá de que al mes siguiente la Cámara Penal no ratificó dicha medida.

En esa situación actualmente se encuentra, por lo que había llegado en libertad al debate que, semanas atrás, comenzó a desarrollarse en el Tribunal Oral en lo Criminal número 2 de Azul y cuyo fallo -que lleva las firmas de los jueces del TOC 2 Alejandra Raverta, Carlos Pagliere (h) y Gustavo Abudarham- se anunció el pasado miércoles.

 Un asesinato en un campo

Cuando Facundo Rafael García mató de un disparo mediante el empleo de una carabina a Esteban Darío Porras, un chillarense que tenía 28 años, la víctima y su hermano habían llegado juntos en una camioneta hasta el campo que se convirtiera, el ya señalado 13 de octubre de 2013 en horas de la mañana, en escenario de este homicidio.

Un establecimiento rural llamado “El Porvenir” -ubicado en el Cuartel VI del Partido de Benito Juárez- fue el lugar donde el día ya referido, alrededor de la hora 8.30, se produjo el fatal desenlace de esta historia de índole pasional.

Esteban Darío Porras había llegado hasta la estancia acompañando a su hermano Matías Ezequiel, con quien en ese entonces estaba casado la mujer que ahora es pareja del trabajador rural que resultara condenado en este juicio.

Las sospechas de Matías Ezequiel Porras indicaban en ese entonces que su por entonces esposa -llamada Anabela Virginia Vernos- le era infiel con García.

Y en aquella estancia, situada a unos doce kilómetros de Chillar, “en las inmediaciones de la casa del encargado del lugar, una persona de sexo masculino, empuñando un arma de fuego tipo carabina calibre 22 LR marca Mahely, excediéndose en la legítima defensa le efectuó un disparo a Esteban Darío Porras”, escribió el juez Abudarham en el fallo con relación a la conducta desarrollada ese día por el joven condenado a esos tres años de prisión en suspenso como autor de este homicidio.

La víctima recibió el disparo en el lado izquierdo de su pecho, “entre el esternón y la tetilla”, lo que le produjo su deceso casi de manera inmediata, a pesar de que después intentaron llevarlo al hospital más cercano.

Los hermanos Porras habían llegado hasta ese campo en una camioneta y uno de ellos portaba un revólver que después fue hallado en el interior del vehículo.

Matías Porras encontró en el lugar a su por entonces esposa, a quien agredió ante esa sospecha de infidelidad que le atribuía.

También, ambos hermanos comenzaron a increpar y a agredir a García. Y rompieron varios vidrios de la ventana de la casa del establecimiento rural.

Además del autor del homicidio, en el debate declararon también la ex esposa del menor de los Porras y el hermano del joven que fuera asesinado, entre otros testigos.

Sobre esas versiones y otras pruebas incorporadas a esta causa penal convertida en un debate, los jueces reconstruyeron las circunstancias que derivaron en la ya señalada condena para el trabajador rural oriundo de la vecina localidad de Cacharí.

 Una agresión “ilegítima”

“Con respecto a la agresión ilegítima, sin dudas la misma se ha configurado”, escribió el juez Abudarham en el fallo, aunque esa circunstancia por sí sola no se convirtió en un elemento para que el joven fuera absuelto de ese homicidio que cometió.

Al respecto, el mismo juez detalló cuatro instancias distintas que tuvo lo sucedido aquella mañana en el establecimiento rural “El Porvenir”.

Todo comenzó “cuando los hermanos Porras se constituyeron en el domicilio del encausado Facundo García, por encontrarse allí la señora Anabela Virginia Vernos, que era la mujer de Matías Ezequiel Porras”.

“En la creencia de que Vernos le era infiel a su marido con el causante García, es que Matías Porras y especialmente su hermano Esteban Darío comenzaron a increparlo y agredirlo”.

“En un primer momento, Esteban Porras empujó violentamente al causante

García cuando éste quería interceder pacíficamente para que Matías Porras dejara de golpear a su mujer Anabela Vernos”.

“En un segundo momento, Esteban Porras amenazó a García con un arma de fuego, más específicamente con el revólver calibre .22 LR, marca Pasper modelo Bagual, el cual se encontraba cargado con todos sus proyectiles y fuera secuestrado posteriormente en el buche de la puerta de la camioneta de propiedad de la víctima, en la que circulaban los hermanos Porras”.

“En un tercer momento, Esteban Porras le quitó a Facundo García una fusta que llevaba en la mano, la rompió por la mitad y con ella golpeó al encausado en la espalda, conducta que determinó que éste corriera y se refugiara dentro de su vivienda”.

“Por último -señaló el juez- Esteban Porras rompió a patadas los vidrios de la puerta balcón que daba acceso al tinglado-lavadero anterior. Luego emprendió a los golpes sobre la puerta de chapa de acceso a la vivienda, presumiblemente para ingresar al domicilio y, al no poder abrirla, se abocó a romper con sus puños los vidrios de una ventana repartida con mosquitero que daba al frente de la casa”.

Conclusiones

Contando con el voto afirmativo de los demás integrantes del TOC 2, el juez Abudarham concluyó en el fallo: “En suma, la existencia de una defensa ante la agresión ilegítima del occiso hace que no se pueda reprochar plenamente al causante el hecho de homicidio por él perpetrado. Pero la falta del requisito de la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión ilegítima tampoco permite ajustar su conducta a la causal de justificación de la legítima defensa”.

“Lo que existe -afirmó el funcionario judicial oriundo de Las Flores- es un exceso intensivo en la legítima defensa de su persona, que se produce en los casos en que el acto defensivo aparece como desproporcionado desde el punto de vista cualitativo con respecto al ataque ilegítimo, es decir, cuando el agredido se ha defendido contra una agresión ilegítima con mayor intensidad de la que era necesaria para impedir o repeler la agresión”.

“Y hay un exceso en la racionalidad de la legítima defensa en relación con los daños ejercidos sobre su vivienda, ya que defender bienes atentando contra la vida del agresor no guarda la debida racionalidad, excediendo los límites impuestos por la ley”.

“De este modo, con fundamento en los argumentos expuestos, concluyo -en concordancia con lo alegado por la fiscalía- que la pena que corresponde imponer al causante Facundo García se debe ajustar a lo previsto por el Artículo 35 del Código Penal”. Es decir, esos ya referidos tres años de prisión en suspenso para el joven trabajador rural como autor de un homicidio atenuado.

El dato

Además de esos tres años de prisión en suspenso que le dictaron por el homicidio al joven trabajador rural, los jueces le impusieran diferentes pautas de conducta. Esas obligaciones -por el mismo lapso de tiempo de duración de la pena- incluyen que el imputado tenga que fijar domicilio, “del cual no se podrá mudar sin previo aviso y autorización de este Órgano Jurisdiccional”, y someterse “al contralor” del Patronato de Liberados.

 

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