AYER, EN TRIBUNALES

Una manifestación en apoyo a dos agentes del Servicio Penitenciario que están presos

Una investigación llevada a cabo desde una Fiscalía local señala que los acusados cometieron una serie de irregularidades durante el año 2015, mientras desempeñaban funciones en la Unidad 37 que está en Barker. Quienes están a favor de los efectivos del SPB imputados sostienen que se trata de una causa “armada”. El abogado de uno de ellos reiteró ayer en la Cámara Penal un pedido para que le concedan a su defendido prisión domiciliaria. El expediente judicial que involucra a ambos agentes ya ha sido elevado a juicio.

Dos imágenes de la movilización llevada a cabo ayer por la mañana en Tribunales en apoyo a dos efectivos del SPB que están presos. A ambos los acusan de diferentes delitos supuestamente cometidos mientras trabajaban en la Unidad 37. El abogado de uno de ellos pidió nuevamente que le otorguen prisión domiciliaria.
MIRIAM IRALA
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Dos imágenes de la movilización llevada a cabo ayer por la mañana en Tribunales en apoyo a dos efectivos del SPB que están presos. A ambos los acusan de diferentes delitos supuestamente cometidos mientras trabajaban en la Unidad 37. El abogado de uno de ellos pidió nuevamente que le otorguen prisión domiciliaria. MIRIAM IRALA

La investigación por una serie de supuestas irregularidades cometidas en un establecimiento carcelario del Servicio Penitenciario Bonaerense, situación que en formato de una causa penal ya ha sido elevada a juicio y tiene presos a dos efectivos que desempeñaban funciones en la Unidad 37 de Barker, dio lugar ayer a que en el edificio de los Tribunales de Azul se realizara una movilización en favor de los imputados.

Además, el Defensor Particular de uno de los acusados que tiene este expediente penal -que se instruyó desde la UFI 2 que está a cargo de la fiscal Laura Margaretic y contó también con la intervención de la jueza Mariana Irianni desde Garantías 3- se reunió con representantes de la Cámara Penal.

Ante ellos, según contó, amplió de manera oral los argumentos para fundamentar un pedido de morigeración de prisión para su defendido presentado días antes, que apunta a que el agente penitenciario cumpla arresto domiciliario, teniendo en cuenta -entre otros argumentos- que tiene seis hijos y es el único sostén de su familia.

Ambos efectivos del SPB imputados en esta causa penal están actualmente en disponibilidad preventiva y privados de la libertad en una cárcel, al tiempo que ese sumario donde figuran acusados ya ha sido elevado a juicio y está radicado en el Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de Azul.

Ese proceso, teniendo en cuenta los delitos que les imputan en carácter de coautores, se hará bajo la modalidad de un juicio con jurados en una fecha que todavía no está determinada,

Esa decisión fue dispuesta después de que la jueza Mariana Irianni, en diciembre del año pasado, diera lugar a la requisitoria de elevación juicio de la causa presentada por la Fiscal que la instruyó y que, posteriormente, la Cámara Penal ratificara lo resuelto en esa primera instancia.

Ambos efectivos del SPB están a punto de cumplir un año privados de la libertad. Se trata del subprefecto Eduardo Cristian Ramírez y del sargento Carlos Abel Martínez.

Mientras que al último de los encausados mencionados lo está representando penalmente el abogado cachariense Pedro De Luca, al otro lo patrocina el defensor Particular Sebastián Barletta.

El abogado necochense de 41 años fue quien ayer por la mañana, al tiempo que se llevaba a cabo la referida movilización en Tribunales, mantuvo un encuentro en la Cámara Penal con los jueces Eduardo Uhalde y Damián Cini, con el fin de argumentar oralmente las razones por las que días antes había solicitado una morigeración a la prisión preventiva que actualmente lo tiene a su defendido detenido en una cárcel.

Después de esa reunión en sede judicial, en una charla mantenida con EL TIEMPO Barletta señaló que en un lapso de “diez o doce días” se daría una respuesta a su requerimiento desde la Cámara.

“Siempre soy optimista”, respondió ante una consulta realizada por este Diario con relación a la situación de su defendido y al desenlace que pueda tener la causa penal que lo involucra.

“Hoy -expresó también con relación a ese encuentro que con los jueces Eduardo Uhalde y Damián Cini había mantenido ayer a la mañana en el tercer piso del edificio de Tribunales- me preguntaban si en esa reunión yo les dije que esta es una causa armada. Los jueces no necesitan que yo se los diga. Lo que trato de hacer ahora, que el daño ya está hecho, es que la coerción de mi defendido se atenúe”.

“Hoy por hoy él no está cobrando un peso”, explicó después teniendo en cuenta que Ramírez está en disponibilidad preventiva en el SPB y que ese sueldo que percibe, inferior al que cobraría estando en actividad, “como había sacado un préstamo se le va en lo que está pagando por ese crédito”.

“Él tiene seis hijos y eso significa que su familia, que está radicada en Bárker, vive con lo que le prestan los amigos”, precisó también con relación a la situación económica de su defendido.

La movilización

“Vinieron de todos lados y la próxima movilización va a ser más fuerte”, expresó el abogado Sebastián Barletta en la charla mantenida ayer con EL TIEMPO tras la concentración que en horas de la mañana se hizo en Tribunales.

“Hubo una movilización espontánea de miembros del SPB de La Matanza, Olavarría, Azul, La Plata… También vinieron agrupaciones de ex agentes penitenciarios jubilados y de representantes de esposas y familiares de integrantes del servicio”, agregó el abogado necochense con relación a lo ocurrido ayer en sede judicial, manifestación que contó -además- con la presencia de familiares de su defendido.

El reclamo a favor de ambos imputados “se va masificando porque se va uniendo y conectando con otras causas que están armadas”, dijo para referirse a situaciones similares ocurridas en otros lugares de la provincia de Buenos Aires.

“Hay más de diez causas en otros penales distintos armadas concomitantemente. El modus operandi es el mismo. Pero en algunos departamentos judiciales -comparó con relación a lo ocurrido en el de Azul- esas mismas denuncias fueron desechadas”.

Por último, al referirse a la situación de su defendido Ramírez, explicó que esa “audiencia de mejoramiento” de la que participó en Tribunales con los integrantes de la Cámara Penal apuntó a darle mayor sustento a un pedido para que a su defendido le otorguen un arresto domiciliario.

Ese beneficio ya le había sido denegado en oportunidades anteriores, al tiempo que la prisión preventiva para uno de los efectivos del SPB implicado en esta causa penal era confirmada.

Barletta expresó que los hijos de su cliente están actualmente “en una situación de vulnerabilidad”.

“Están prácticamente en situación de calle, no pueden pagar el alquiler y no tienen ingresos diarios para poder soportar su situación alimentaria. Esa circunstancia ha sido acreditada, pero no fue receptada por la jueza Irianni, que le denegó el derecho que le asiste a Ramírez” y -a su entender- “se mostró intransigente en la valoración de las pruebas”.

Eso fue lo que dio lugar al recurso presentado ante la Cámara, en donde ayer protagonizó esa audiencia de mejoramiento del pedido que mantiene para su defendido, uno de los coimputados que tiene este sumario penal.

Quienes apoyan a ambos penitenciarios detenidos por este caso sostienen que la causa ha sido “armada” y que todas esas pruebas que supuestamente los involucran -entre las cuales hay fotos- “fueron inventadas por los presos”.

En nombre de los agentes detenidos, afirman también que ambos “están siendo víctimas de una acción de las autoridades del SPB, quienes -ante la necesidad de una purga en la fuerza- optaron por cortar el hilo por la parte más delgada y simplemente están dando curso a denuncias de los internos que en otros casos se hubieran desestimado”.

El dato

El abogado Sebastián Barletta afirmó que si la Cámara Penal no avala su pedido para que a su defendido le otorguen prisión domiciliaria tiene previsto acudir ante el Tribunal de Casación, para presentar un habeas corpus a favor de su asistido. El Dr. Pedro De Luca, abogado del otro agente del SPB imputado, también había solicitado una morigeración de prisión para su defendido.

LA INVESTIGACIÓN PENAL HABLA DE DROGAS, “COHECHO” Y UNA PISTOLA

Laura Margaretic, fiscal que instruyó esta causa.
NICOLÁS MURCIA/ARCHIVO/EL TIEMPO

Los hechos que se están investigando se remontan a 2015. En aquel entonces, Eduardo Cristian Ramírez y Carlos Abel Martínez desempeñaban funciones en la Unidad 37 de Barker que depende del Servicio Penitenciario Bonaerense. El primero lo hacía como Jefe de Vigilancia y Tratamiento. El otro efectivo acusado, como encargado de uno de los pabellones del penal.

Los hechos que le atribuye la fiscal Laura Margaretic a ambos ocurrieron, supuestamente, entre los días 20 de julio y 29 de diciembre de 2015.

La titular de la UFI 2 departamental sostiene, de acuerdo con las pruebas y testimonios reunidos en esa Investigación Penal Preparatoria ya elevada a juicio, que ambos efectivos del SPB llevaron a cabo “un plan previamente acordado y con clara distribución de tareas”, el cual les permitió cometer diferentes delitos.

En concreto, Ramírez y Martínez están acusados de los siguientes ilícitos: infracción a la Ley 23.737, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho y entrega ilegal de arma de fuego, todo ello en concurso real entre sí.

Siempre de acuerdo con lo sostenido por la Fiscal, “abusando respectivamente de sus cargos y en ejercicio de sus funciones, recibían ilegítimamente dinero de los internos del Pabellón 1 (que desempeñaban el rol de ‘limpieza’), a cambio de la entrega de elementos tales como: celulares, facas (armas de fabricación casera), bebidas alcohólicas, estupefacientes (cocaína, marihuana, éxtasis)”.

Además, la titular de la UFI 2 afirma que los efectivos del SPB procesados permitían –“previo pago de lo acordado”– que los presos tuvieran visitas higiénicas, “entregaban pasajes oficiales para la concurrencia de familiares, ofrecían confección de informes criminológicos con resultado favorable; perfeccionando su entrega luego de recibir el dinero pactado, que era entregado por los internos, luego de que se los enviaban sus familiares por encomienda o se los entregasen en oportunidad de sus visitas”.

En esa misma investigación, la funcionaria judicial ha dado por demostrado que Ramírez se conectaba con los internos por intermedio de Martínez.

Entre los hechos puntuales que la Dra. Margaretic les atribuye a los efectivos del SPB que están presos, en el caso de Ramírez señaló en la descripción de los hechos que investigó que el 1 de diciembre de 2015 le entregó a uno de los internos del Pabellón 1 un arma de fuego calibre 22 “con la numeración limada, sin balas colocadas, a cambio de la suma de 15.000 pesos”, plata que varios internos reunieron tras pedir que sus respectivos familiares se la enviaran.

Ese arma de fuego, marca “Bersa”, estuvo en poder de los reclusos de la Unidad 37 de Barker por alrededor de veinte días en el Pabellón 1, la cual fue hallada luego durante una requisa.

A Martínez, le imputa que “abusando de su cargo y función” como encargado del ya mencionado pabellón “ofrecía a los internos bajo su control alcohol, drogas, cargadores de celulares y visitas, a cambio de una suma determinada de dinero”.

Con ambos efectivos del SPB detenidos, sus respectivos abogados solicitaron los sobreseimientos de los dos por diferentes argumentos, al mismo tiempo que se opusieron a que el sumario penal fuera elevado a juicio.

Pero esos pedidos no prosperaron, como tampoco planteos de nulidad de la causa, cambios de calificaciones por acusaciones menos gravosas y que las prisiones preventivas dictadas para los dos fueran revocadas.

Un hábeas corpus colectivo presentado por una abogada -llamada Karina Valenti- de uno de los reclusos después de un motín ocurrido en la Unidad 37, se tradujo en la Investigación Penal Preparatoria que ahora tiene presos a ambos efectivos del SPB.

El abogado Sebastián Barletta le apunta a esa abogada como una de las responsables de esta situación por la que su defendido y el otro efectivo del SPB están presos, al sostener que se trata de una causa armada y sin fundamento alguno la que tiene privados de la libertad a Ramírez y Martínez.

En ese contexto, se ha mencionado que una situación similar se presentó cuando el recluso al que esa abogada patrocinaba fue trasladado a otro establecimiento penal, aunque en esa oportunidad la denuncia formulada fue desestimada por la Fiscalía actuante en aquella ocasión, perteneciente a otro Departamento Judicial.

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