“Vendimos entradas respetando el límite impuesto por la habilitación municipal”


En las indagatorias del pasado jueves en Azul los responsables de la productora “En Vivo” pidieron ser sobreseídos en la causa penal que los tiene coimputados por el delito de “estrago”, después de que en marzo del año pasado murieron dos personas y hubo cientos de heridos en “La Colmena”, el predio de la vecina ciudad donde se presentó el ex líder de Los Redondos.
 
No será el fiscal David Carballo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Delitos Especiales y que investiga lo sucedido en el predio olavarriense “La Colmena” el 11 de marzo del año pasado, cuando en ese lugar se presentó el Indio Solari para brindar un masivo concierto en el que dos personas murieron y se contabilizaron cientos de heridos, el que decidirá si sobresee o no a los tres organizadores del show que ahora están acusados del delito de “estrago”. Los mismos que el jueves de la semana que pasó fueron indagados en sede judicial, dos de los cuales declararon y otro no lo hizo.
Será un juez de Garantías el que deberá evaluar si ese pedido, presentado por los abogados de los encausados durante lo que fueron esas indagatorias, tiene justificación o no. En este caso, el Dr. Carlos Villamarín, funcionario judicial que también está interviniendo en la causa penal iniciada tras aquel trágico recital del que está a punto de cumplirse un año y significó -al menos hasta ahora- la última presentación en vivo de uno de los artistas más populares y convocantes que tiene este país.
Gustavo Zurita y los hermanos Marcos y Matías Peuscovich son los acusados.
El jueves último los tres estuvieron en Azul para cumplir con esas indagatorias a las que el fiscal Carballo los había citado en diciembre del año pasado, cuando decidió procesarlos por aquel trágico recital.
Carballo, como ya se sabe, en principio les imputó un delito que contempla penas de ocho a veinte años de prisión: estrago con dolo eventual agravado por haber causado la muerte de dos personas y por haber puesto en peligro de muerte a otra.
Y alternativamente les atribuyó otro ilícito, teniendo en cuenta lo que puede llegar a ser el encuadre que a lo sucedido se le daría en un futuro y eventual juicio: estrago culposo agravado por haber causado la muerte de dos personas y por haber puesto en peligro de muerte a otra, en concurso ideal con homicidio culposo.
Ese delito tiene penas inferiores al mencionado en primer término, sanciones que van desde los dos a los cinco años de prisión.
En las indagatorias el único que no declaró fue Gustavo Zurita, que solía presentarse en Olavarría, en la previa a la realización del show del Indio, como un “asesor o apoderado legal” de la productora que lo organizara.
Pero a escala penal, el fiscal Carballo lo considera con el mismo grado de responsabilidad y autoría en lo ocurrido que a las caras más visibles de “En Vivo S. A.”: los hermanos tandilenses Marcos y Matías Peuscovich.
Ambos, a diferencia de Zurita, sí declararon, por lo que estuvieron en sede judicial dando explicaciones y aportando prueba documental por más de seis horas cada uno con relación a lo sucedido en aquel trágico recital llevado a cabo en la vecina ciudad.
Durante las audiencias, a los acusados los acompañaron quienes son sus abogados defensores: Pablo Moret, Rodolfo Ferré y Alejandra Autalán.
Uno de los abogados, después, afirmó que en esas indagatorias habían presentado un escrito a través del cual pedían los sobreseimientos de los tres acusados.
Ese escrito, en formato de pedido de suspensión de las acusaciones que los tienen procesados a Zurita y los Peuscovich, es el que ahora el fiscal Carballo deberá remitir al juez de Garantías Villamarín para que dicho magistrado analice si lo avala o rechaza.
De suceder esto último, la causa penal que se está llevando todavía adelante seguirá camino hasta convertirse en materia de un juicio.
Los abogados hicieron llegar a El Popular Medios de Olavarría esa presentación, la misma a la que también EL TIEMPO tuvo acceso.
 

Un enfoque diferente

Esos pedidos de sobreseimientos para los responsables de la productora organizadora del show del Indio apuntan a una serie de aspectos que son medulares en todo aquello que pasó y de los cuales también, aunque obviamente en un sentido opuesto, se ocupó el fiscal a cargo de la causa penal. Desde el punto de vista de la Defensa, incluyen una estimación distinta con relación a la cantidad de gente que asistió al concierto y el análisis de las circunstancias en que se produjeron los decesos de dos de los asistentes al show. También, analizan lo sucedido con una joven, que recibió un golpe en la cabeza por el que permaneció varios días internada en coma, hasta que finalmente logró recuperarse.
Además, los abogados de los encausados intentan desvirtuar el encuadre penal que el fiscal le dio al caso, señalando -a modo de conclusión- que las especiales circunstancias en que esto ocurrió no pueden traducirse después en esa ya mencionada calificación del delito de “estrago”.
“Es claro que la parcial, sesgada y arbitraria reseña de elementos de convicción formulada -se menciona en el escrito- no encuadra en el tipo penal escogido”, circunstancia que para la Defensa tendría que derivar en los sobreseimientos de los responsables de la productora organizadora del show.
“El medio poderoso de destrucción -al que se alude en esa figura penal del estragojamás existió, razón por la cual los hechos no se adecuan a la figura legal elegida para imputarnos”, se menciona en nombre de los organizadores, aunque sin dejar de reconocer que las especiales características que aquel recital tuvo sí implicaban para los asistentes la existencia de un riesgo.
“El factor ocupacional” del predio “La Colmena” el día del recital se convirtió en otro de los elementos analizados desde la Defensa, con el fin de desvirtuar lo sostenido por Carballo.
“No logra comprenderse en qué pretende el señor Fiscal apoyar su expresión de que la habilitación era para 155.520 personas, puesto que el acto administrativo emitido por el único organismo con competencia para llevar a cabo la habilitación autorizó la realización del espectáculo previendo el ingreso de 200.000 personas. Es más, el intendente municipal, Ezequiel Galli, expuso en esta causa que la autorización era de hasta 200.000”, se sostiene.
“… la expresión: “… se vendieron 196.032 entradas, excediendo la capacidad máxima permitida…” resulta a todas luces errónea y arbitraria. Se vendieron algunas entradas menos que la cifra permitida, según información vertida por la empresa encargada de la venta de entradas, Distribuidora Belgrano Norte S.A.”.
Los abogados continuaron diciendo: “Teniendo en cuenta que la cifra de entradas vendidas resulta inferior a la permitida, ningún reproche puede hacerse en este sentido. Vendimos entradas respetando el límite impuesto por la habilitación municipal”.
A criterio de la Defensa de los imputados, “… de acuerdo con el método utilizado por la Policía Federal Argentina, complementado por nuestros expertos con un conteo persona por persona, surge que en el horario de mayor concurrencia había aproximadamente 200.160 personas en el predio La Colmena”.
“Si tomamos como base el trabajo de los expertos del ITBA -el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, que hizo a pedido de la instrucción una de las pericias sobre la cantidad estimada de público- esa cifra se eleva a 225.000 personas, con un margen de error expuesto por los peritos del veinte por ciento, razón por la cual la cantidad de entradas vendidas y la mayor concurrencia acreditada reflejan números perfectamente compatibles”.
“No existió un acceso descontrolado que elevara exponencialmente la cantidad de gente dentro del predio y por tanto este rubro no implicó la ampliación de riesgo alguno para los concurrentes”, se indicó a modo de descargo.
“Sentado que la autorización era para doscientas mil personas y que se vendieron entradas por una suma inferior, es claro que la posibilidad de que hayan ingresado algunas personas sin entradas excede nuestra responsabilidad, sobre todo cotizando que existió un gran operativo de seguridad compuesto por un elevado número de agentes, con el aval de los inspectores municipales y que tenían la orden expresa de no permitir el ingreso de personas sin entradas al predio”.
A diferencia de lo afirmado desde la instrucción, los abogados de los organizadores del show sostienen que “la habilitación municipal permitía la venta de 200.000 entradas”; que “se vendieron 196.000 entradas” y que “la cantidad de gente dentro del predio tal vez fue apenas superior a la cantidad de entradas vendidas”. También concluyen que “la escasa cantidad de gente en exceso que pudiera haber ingresado al predio sin entradas no podía generar situación de peligro alguno, fuera del riesgo propio de este tipo de eventos multitudinarios, contemplados por el Estado al momento de emitir la correspondiente autorización”.
“Los hechos imputados no constituyen delito alguno, por lo cual debe decretarse nuestro sobreseimiento”, se menciona también en otra parte de esa presentación donde los organizadores del show del Indio intentan deslindar responsabilidades en lo que fue ese trágico recital por el que ahora están procesados.
 El dato
Otra de las observaciones hechas a los organizadores tuvo que ver con que se utilizó sólo una salida para desconcentrar a la gran cantidad de asistentes al concierto. “La salida dispuesta en la parte posterior, si bien fue la misma que la entrada, no contaba con obstáculo alguno, adquiriendo así una medida que permitió desalojar aproximadamente doscientas mil personas en un período de tiempo sumamente breve”, un lapso que -según los abogados de los productores del show- fue de “aproximadamente diecinueve minutos”.

DOS MUERTOS Y UNA CHICA QUE ESTUVO EN COMA 


Además de las muertes de dos de los asistentes al recital, Javier León y Juan Francisco Bulacio, el fiscal responsabiliza a los organizadores por el caso de una joven llamada Antonella Falcón, que estuvo unos días internada en coma después de haber asistido también al concierto del Indio Solari, en el que resultó lesionada en la cabeza al ser alcanzada por un proyectil cuando se retiraba.
De esos tres hechos se ocupan también los abogados en ese pedido de sobreseimiento para los organizadores del show.
Según afirman, Javier León “sufrió la descompensación aproximadamente una hora y media antes del comienzo del espectáculo, cuando la cantidad de personas en el predio era sensiblemente menor”.
Al respecto, citan el testimonio de su mujer, quien declaró que ambos ingresaron al predio “luego de tomar unas cervezas” y cuando era alrededor de las 20.30.
A esa hora el hombre comenzó a exhibir síntomas de descompensación. Pero el recital aún no había empezado, por lo que descartan que haya sido aplastado por una “avalancha” humana.
Según esa mujer, todo eso ocurrió en la zona de la denominada “Torre 9”, sector que en ese entonces “tenía circulación fluida de personas, razón por la cual necesariamente debe descartarse cualquier referencia a la cantidad de gente dentro del predio como causa del cuadro que le causó la muerte”.
La Defensa argumenta que el hombre fue atendido de inmediato “por personal médico dispuesto por la organización”. Y sobre la base de un informe, afirman que murió por un paro cardiorrespiratorio “no traumático, en el contexto de una muerte súbita del adulto, encontrándose bajo condiciones de consumo de sustancias tóxicas y bajo un estado de frenesí, exaltación y descontrol”, después de que “había consumido grandes cantidades de alcohol y marihuana”.
Con relación al otro deceso, el de Juan Francisco Bulacio, los abogados reconocen que “aconteció en el horario de mayor concurrencia y en un lugar cercano al escenario, donde habitualmente suele haber más público”.
Pero discrepan con los informes médicos incorporados a la causa. “El único dato cierto con que contamos es que, habiendo transcurrido horas después del recital, Bulacio tenía una alta concentración de alcohol y cocaína en la sangre”.
“Con los escasos elementos analizados no es posible determinar la causa de muerte con certeza apodíctica (irrefutable); pero analizando el contexto resulta razonable la conclusión a la que arribó la doctora Blanca Huggelmann cuando expuso: ‘El óbito de Bulacio Juan Francisco resulta compatible con un paro cardiorespiratorio traumático por politraumatismos severo, encontrándose en un estado de frenesí, exaltación y descontrol en el que se transporta y cae para morir pisoteado…’”.
Sobre esa hipótesis, consideran los organizadores del recital que “ninguna responsabilidad podríamos tener nosotros respecto de la decisión de Bulacio de intoxicarse con alcohol y drogas como tampoco del comportamiento de las personas que se encontraban a su alrededor, respecto de las cuales la fiscalía no ha llevado a cabo diligencia probatoria alguna”.
“Por lo expuesto -se concluye sobre ese deceso- resulta claro que en el caso a estudio no puede existir responsabilidad (penal) alguna en cabeza de los organizadores del recital”.
Johana Antonella Falcon, mientras se producía aquella noche la desconcentración del recital, recibió un golpe en la cabeza que le provocó una lesión por la que estuvo internada varios días en coma y con riesgo de vida, hasta que finalmente pudo recuperarse.
Esa situación también se les atribuye a escala penal a los organizadores del show, quienes a través de sus abogados mencionaron: “El problema de Antonella Falcón que derivó en su internación en la terapia intensiva del Hospital Municipal, lejos de ser un golpe, fue la tremenda intoxicación que padeció. Queda claro además que, pese a haberse retirado del predio “La Colmena”, el personal médico por nosotros contratado la atendió de inmediato y procedió a su traslado, circunstancia que -claramente- lejos de ocasionarle un perjuicio le salvó la vida”.
“De lo expuesto -afirman también desde la Defensa de Zurita y los hermanos Peuscovich- se desprende que cualquier lesión que haya padecido fue posterior a los hechos que motivan la existencia de la causa y no guardan relación alguna con la organización del recital”.

LO QUE PASÓ AQUELLA NOCHE, SEGÚN EL FISCAL 

El fiscal David Carballo, al momento de procesar a Zurita y a los hermanos Peuscovich, hizo una pormenorizada descripción de lo sucedido aquella noche del 11 de marzo del año pasado en el recital del Indio Solari.
Bajo la figura penal de “estrago”, a los organizadores del concierto les atribuye haber vendido más entradas de las permitidas, excediendo así la capacidad de “La Colmena”. Además, afirma que no se requirieron los tickets ni “se efectuaron los cacheos respectivos a gran parte de los concurrentes, lo que impidió el control de la cantidad de personas que ingresaban, las condiciones psicofísicas en que se encontraban las mismas, como así también si ingresaban con estupefacientes, alcohol, armas, pirotecnia o elementos contundentes”.
El Fiscal también sostiene que una vez iniciado el recital los responsables de la productora “En Vivo” “abrieron las puertas de acceso, habilitando el ingreso sin control de entradas ni cacheo de un gran número de personas, ingresando aproximadamente 243.498 personas, casi duplicando de este modo la capacidad permitida”.
Después, cuando el concierto terminó, según Carballo no hubo por parte de los organizadores “una correcta y suficiente señalización para la desconcentración del predio, sumado a que la misma debía realizarse a través de las calles de la ciudad, lo que generó una gran concentración de gente, muchas de las cuales resultaron lesionadas y tuvieron que ser asistidas en muchos casos por vecinos del lugar”.
“El cúmulo de todas estas circunstancias” más “la falta de cualquier otra medida de seguridad” configuraron -según el representante del Ministerio Público Fiscal- “un medio poderoso de destrucción que generó un riesgo común e indeterminado que provocó muertes, lesiones y daños entre los asistentes al recital, resultado éste previsto por los organizadores, quienes se conformaron con la posible producción del resultado típico, es decir, lo previeron y, no obstante ello, continuaron con su acción a sabiendas de que la eventualidad podía concretarse”.
En esas circunstancias el fiscal Carballo ubica a las muertes de León y Bulacio; “al peligro de muerte” que atravesó la joven Falcon y hace mención también a “numerosos lesionados de distinta consideración”.
“Fueron causas concomitantes de ambos decesos la permanencia en un espacio privado de oxigenación suficiente, durante más tiempo que el que hubiera sido necesario por las dificultades para retirarlos del lugar, como así también la falta de atención médica inmediata”, agregó sobre lo que fueron esos fallecimientos de dos de los asistentes al concierto en Olavarría del ex líder de Los Redondos, hechos por los cuales responsabiliza a los organizadores del show.

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