El gobernador Axel Kicillof recibió este lunes a las entidades del campo de la Mesa de Enlace Bonaerense, que llegaron hasta La Plata con una serie de preocupaciuones y reclamos, y aunque el encuentro se dio en buenos términos, por el momento no habrá marcha atrás con la suba del impuesto Inmobiliario Rural.

Si bien desde el Gobierno de Kicillof se comprometieron a analizar una vez más los números, dejaron en claro que los incrementos no estuvieron por encima de los topes habilitados por la Legislatura. Sin embargo, desde el campo indicaron que se han registrado subas muy por encima del 200% promedio establecido y hablan de hasta el 500%.

Luego del encuentro, Abel Guerrieri, director de la Sociedad Rural Argentina, dijo que le manifestaron al gobernador la preocupación por la situación fiscal de los productores, "cada vez más asfixiante". En ese sentido reclamó que se "han eliminando los beneficios de buen contribuyente, quieren indexar los valores y crear una cuota extraordinaria". Y agregó: "Le pedimos que retrotaiga la situación y que entienda que muchos productores no pueden hacer frente a los montos que están llegando en las boletas, estos valores son una traba al desarrollo".

En el ruralismo vienen pidiendo por una revisión del impuesto y que vuelvan beneficios como pago por buen contribuyente y por pago electrónico que implicaban descuentos en torno del 20%. Aunque no dieron muchas precisiones, desde la administración provincial reconocieron que los ruralistas acercaron propuestas que serán evaluadas.

También el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Horacio Salaverri, sostuvo que si bien no hubo una propuesta concreta de la Provioncia, se comprmetieron a estudiar el tema de los aumentos.

No obstante, en un comunicado el Gobierno aseguró que ninguna partida estuvo por fuera de lo que estableció la Ley Impositiva que votó la Legislatura Bonaerense en diciembre pasado, y negó que haya habido errores en las liquidaciones. "No somos un gobierno que esté en contra del sector agropecuario, todo lo contrario: vamos a acompañar a los productores con agenda abierta para sostener la actividad", dijo Kicillof.

Cabe recordar que la Mesa de Enlace Bonaerense, que también integran Coninagro y la Federación Agraria Argentina (FAA), se reunirá el miércoles con legisladores provinciales para reclamar por las "inconsistencias" en el Inmobiliario Rural y tratar otros temas de la agenda agropecuaria.

Otros temas en agenda

Los representantes de las organizaciones rurales también plantearon diversas problemáticas que enfrenta el sector, tanto en lo que refiere a cuestiones climáticas, a la plaga de la chicharrita que afecta a la producción del maíz.

"Desde el Gobierno tenemos la vocación de apuntalar la producción rural y fomentar el arraigo en todos los municipios del interior", subrayó Kicillof. Y señaló que "mejoramos 5.000 kilómetros de caminos rurales, creamos la Policía Rural e impulsamos la construcción de centros universitarios para promover que las y los jóvenes puedan realizar sus estudios superiores en sus localidades".

En el encuentro se plantearon diversas problemáticas que enfrenta el sector, tanto en lo que refiere a cuestiones climáticas, como también a macroeconómicas que corresponden al gobierno nacional. Entre ellas, se hizo hincapié en la necesidad de que el Gobierno nacional convalide el decreto provincial de emergencia agropecuaria 2157/23, que abarca a 39 municipios bonaerenses, y convoque a la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria para tratar el decreto 50/24, que incluye a otros 12 distritos, para que los productores de las zonas afectadas puedan acceder a los beneficios impositivos a nivel nacional y a los créditos especiales del Banco Nación.

Al respecto, a principios de abril, el ministro Javier Rodríguez envió una carta al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Vilella, en la que les solicitó una pronta resolución de la situación de "vulnerabilidad extrema" que hoy atraviesan más de 700 productores por la falta de respuesta del Estado nacional.

También se analizó la situación de la cosecha de maíz frente a la plaga de chicharrita, que ya provocó una fuerte baja en las proyecciones de producción de las entidades privadas. Asimismo, se abordó la apertura de la importación de alimentos, como el caso de la carne de cerdo y derivados, y la falta de planificación sanitaria por parte del Senasa. (DIB)