TRES VARONES Y UNA MUJER . A juicio por delitos en el Cementerio

Desde la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal quedó confirmada la elevación a juicio de una causa que tiene como imputados a tres varones y una mujer por la probable comisión de diferentes ilícitos en el Cementerio Municipal de Azul.

Asociación ilícita y más delitos les atribuyen a los acusados, quienes de acuerdo con lo investigado habrían saqueado y usurpado bóvedas para después revenderlas a particulares, además de defraudar al fisco municipal.

Edberto Canosa, Gustavo Perrone y los hermanos y empleados municipales Néstor Antonio Giammátolo y María Leticia Giammátolo se llaman los imputados.

Considerando lo decidido en esta segunda instancia desde la Alzada departamental, a ese futuro juicio al que los cuatro deberán ser sometidos llegarán acusados de una serie de presuntas maniobras ilícitas vinculadas, entre otras situaciones, con saqueos de bóvedas y movimientos de restos humanos en la necrópolis local.

En una causa penal que se instruyera desde la UFI 6 a cargo de la fiscal Paula Serrano, se indicaba que esos hechos se produjeron entre los años 2019 y 2022.

A través de lo concluido por los camaristas Agustín Echevarría, Carlos Pagliere (h) y Damián Cini -que votaron en ese orden a la única cuestión planteada- se resolvió el jueves que pasó confirmar que esta investigación penal se convierta en materia de un futuro juicio a los cuatro acusados.

Al mismo tiempo, los integrantes de la Alzada departamental rechazaron los recursos presentados por las defensas de Canosa, Perrone y María Leticia Giammátolo, quienes habían solicitado los sobreseimientos de sus representados o una modificación de las calificaciones legales otorgadas a algunos de los hechos investigados, con la finalidad de que a sus asistidos les fueran imputados delitos menos graves.

El pasado 3 de junio, desde Garantías 2 el juez Federico Barberena había dado lugar a la elevación a juicio de esta causa, sin que en ese entonces prosperaran los planteos de los abogados de los imputados, los cuales ahora volvieron a ser desestimados para tres de ellos en esta segunda instancia por los miembros del máximo Tribunal de Alzada departamental.

Lo que se investigó

Tal como EL TIEMPO ya informara, esta investigación penal se había iniciado cuando todavía al frente de la UFI 6 estaba la actual jueza Karina Gennuso.

En aquel entonces pudo determinarse que los cuatro imputados habrían formado parte de una organización delictiva a través de la cual en el Cementerio Municipal de Azul fueron saqueadas bóvedas y se removieron sin autorización restos humanos que se encontraban en esos espacios, los cuales después fueron revendidos por medio de operaciones con particulares que estaban fuera del circuito legal establecido.

Sobre la base de versiones de damnificados, de testigos y con más pruebas colectadas a lo largo de la instrucción de esta causa, se estableció que algunas de esas maniobras se habrían realizado de manera clandestina, sin completar los trámites administrativos correspondientes ni abonar las tasas municipales previstas para las tareas y los traslados de los restos humanos.

Mientas que algunas de esas situaciones fueron denunciadas desde la propia comuna, las demás habían ido quedando al descubierto a través de presentaciones en la Justicia que hicieron familiares de fallecidos cuyos restos permanecían en la necrópolis ubicada sobre las calles Sarmiento y Necochea.

Los recursos de apelación que terminaron siendo desestimados en la Cámara Penal habían sido formulados desde la Defensoría Oficial a cargo de Mariana Mocciaro, en representación de Canosa, y por los abogados Daniel Pérez Guedes y Germán Senn, quienes respectivamente patrocinan en esta causa a María Leticia Giammátolo y Gustavo Perrone.

A modo de denominador común, uno de los principales planteos de las defensas de esos tres acusados apuntó a cuestionar la existencia de la figura penal de "asociación ilícita" en lo investigado.

Al respecto, se sostenía que los imputados no formaron parte de una organización destinada a cometer la totalidad de los delitos que les atribuyen y que, en todo caso, si finalmente se prueba que esos hechos ocurrieron fueron aislados o surgidos de supuestas irregularidades administrativas.

Pero en lo resuelto el jueves pasado -con el voto en primer término del camarista Echevarría- los planteos en favor de tres de los acusados fueron desestimados.

De esa manera, al igual que ya lo hiciera el Juez de la causa meses atrás, en esta segunda instancia se concluyó que la multiplicidad de maniobras investigadas, la presunta distribución de tareas entre los acusados y los vínculos al parecer existentes entre ellos servían para sostener la hipótesis de que formaron parte de una organización con continuidad y planificación para cometer varios delitos.

A través de ese accionar -fue referido también al confirmarse que este sumario penal continúe a la próxima etapa del juicio- habría existido entre los imputados una estructura que trascendió cada operación particular, con participaciones y funciones de cada uno de ellos en la comisión de varios delitos, los cuales terminaron afectando al patrimonio de particulares y recursos del Municipio.

Ninguno de los acusados permanece detenido en el marco de esta causa penal.

Pero Gustavo Perrone actualmente se encuentra privado de la libertad, después de que quedara firme el fallo de un juicio oral a través del cual había sido condenado por otra situación ocurrida en el Cementerio Municipal de Azul años atrás, en ocasión de que -junto con otro varón- fuera aprehendido por la Policía cuando intentaba robar placas que estaban colocadas en diferentes tumbas.

Por aquel episodio delictivo, sucedido el 22 de marzo de 2022, a ese hombre le había sido impuesta en julio de 2024 una pena de tipo única de un año y medio de prisión.

Al quedar firme lo resuelto en el debate, el 1 de diciembre del año anterior se hizo efectiva su detención para que comience a cumplir dicha sanción.

En respuesta a un recurso de apelación que formulara su abogado Germán Senn, el 27 de agosto pasado a Perrone le fue otorgado en una segunda instancia -también desde la Cámara Penal- el beneficio de la "prisión domiciliaria con monitoreo electrónico" en esa otra causa por la que ya está condenado.

La decisión, surgida por mayoría desde la Alzada, implicó que por diferentes problemas de salud que presenta continúe cumpliendo la pena privativa de su libertad en la casa de Azul donde se domicilia, luego de haber permanecido alojado en un principio en la Unidad 7.

El dato

Considerando los delitos que les imputan a los hermanos Giammátolo, a Perrone y Canosa, ese futuro juicio al que deberán ser sometidos los cuatro se desarrollará en un tribunal oral.

Acusaciones

La causa penal cuya elevación a juicio ahora fue confirmada contempla distintas calificaciones legales, según la participación atribuida a cada uno de los cuatro acusados.

A Edberto Rodolfo "Papín" Canosa -un olavarriense que vive en Azul, está jubilado y tiene 70 años- lo acusan de asociación ilícita, fraude en perjuicio de la Administración Pública, usurpación (dos hechos), hurto y estafa, en concurso real.

Gustavo Alberto Perrone -que se dedica a la construcción, nació en Bolívar y tiene 56 años- y el empleado municipal Néstor Antonio Giammátolo (52) llegarán a ese futuro juicio como probables "coautores" de los delitos de asociación ilícita, fraude en perjuicio de la Administración Pública (cuatro hechos), usurpación (dos hechos) y hurto, en concurso real.

En tanto, María Leticia Giammátolo -al igual que su hermano, trabajadora de la comuna y de 55 años- sigue acusada de asociación ilícita y fraude en perjuicio de la Administración Pública. También, pero en carácter de "partícipe primaria", será juzgada por dos hechos de usurpación. En su totalidad, esos ilícitos se los atribuyen como cometidos "en concurso real de acciones".