DESDE EL LEGISLATIVO LOCAL . Citarán a miembros del Consejo de Administración de la CEAL

En la última sesión del Legislativo local se aprobó un proyecto de Resolución con el objetivo de citar a integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Azul y al subsecretario del Área Legal y Técnica de la comuna, Roberto Dávila, para dialogar acerca de la situación que atraviesa actualmente la CEAL.

La iniciativa destaca el marco regulatorio que rige la fiscalización de la Cooperativa local, mencionando leyes provinciales, nacionales y estatutos internos que establecen mecanismos de control y supervisión. También expone la responsabilidad del Consejo de Administración de esa entidad y de su presidente en garantizar una gestión íntegra y ajustada a la normativa. Sin embargo, se subraya la necesidad de esclarecer por qué los controles existentes no previnieron las irregularidades que hoy se investigan a título penal.

El objetivo principal es obtener un informe detallado sobre la situación actual de la Cooperativa y el estado de la causa judicial por presunta defraudación y estafas que se tramita ante la UFI 6 que en el Palacio de Justicia de Azul conduce la fiscal Paula Serrano.

El proyecto, presentado sobre tablas por concejales del Partido de Azul, se fundamenta en la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Ley Provincial 11.769 y la Ley 20.337 de Cooperativas.

Todas esas normativas establecen mecanismos de fiscalización y control sobre las empresas concesionarias de servicios públicos. Según el texto, la CEAL, como concesionaria de los servicios de distribución de energía eléctrica y de agua potable, está sujeta a un marco normativo integral que obliga a garantizar la transparencia y legalidad en su gestión.

Sin embargo, el proyecto señala que, a pesar de estos mecanismos de control, no se logró prevenir o detectar a tiempo las irregularidades que hoy están bajo investigación.

Entre ellas, se destaca la existencia de un sistema de facturación paralelo y la emisión de notas de crédito no respaldadas, lo que habría generado una presunta defraudación de alrededor de 150.000.000 de pesos, según lo que desde la propia CEAL fuera denunciado semanas atrás ante la Justicia penal local.

En este contexto, se citará al presidente Mario Fossati -quien actualmente se encuentra en licencia- y al vicepresidente Daniel Arrastua, quien actualmente lo reemplaza en el cargo al frente de la Cooperativa local. Y también serán convocados más miembros del Consejo de Administración de la CEAL: el síndico Luciano Lafosse, el secretario Ismael Santarcángelo y el tesorero Juan Owen.

Por otro lado, se citará al Subsecretario de Legal y Técnica de la comuna, el abogad Roberto Dávila, para que informe sobre la causa judicial en trámite por esa presunta defraudación y supuestas estafas en perjuicio de la Cooperativa.

Cabe recordar que en ese expediente penal la Municipalidad de Azul se constituyó como Particular Damnificado y fue aceptada bajo esa figura, a través de una resolución del magistrado Federico Barberena desde el Juzgado de Garantías 2 con asiento en el edificio central de los tribunales de Azul.

Dávila ya había manifestado públicamente que el Municipio, en su carácter de poder concedente, tiene la facultad y el deber de fiscalizar las actividades de la CEAL.

El proyecto de Resolución destaca que el Concejo Deliberante no cuenta con información oficial y actualizada sobre aspectos centrales de la gestión de la Cooperativa a propósito de estas presuntas irregularidades.

Al respecto, se alude a cuestiones como el curso de la investigación interna que se iniciara por lo sucedido -que había derivado en que dos empleados fueran suspendidos de sus trabajos-; a los resultados de las auditorías externas y a medidas adoptadas para corregir las fallas en los sistemas de facturación y administración, que comenzaron a quedar al descubierto tras la denuncia presentada en la UFI 6 semanas atrás desde la propia CEAL.

La iniciativa busca no sólo obtener información concreta acerca de las responsabilidades en los hechos denunciados; ya que también está dirigida a impulsar acciones que prevengan futuras irregularidades y aseguren la prestación eficiente de los servicios públicos concedidos.

Por último se indica que el proyecto refleja "el compromiso del Legislativo local con la transparencia y la protección de los derechos de los 31.776 usuarios y asociados de la CEAL, asegurando que se adopten las medidas necesarias para garantizar la integridad en la gestión de los servicios públicos".