DESDE "MADRES CONTRA LA VIOLENCIA ECONÓMICA" . "Nosotras planteamos 'tolerancia cero' a los deudores alimentarios" en el distrito de Azul

Desde el nucleamiento local "Madres contra la Violencia Económica" se presentó, ante el Concejo Deliberante, un proyecto de Ordenanza que propone el "Programa Municipal de Fortalecimiento del Cumplimiento Alimentario" y que será incorporado al Orden del Día de la próxima sesión ordinaria.

Así lo confirmaron a EL TIEMPO Ivana Barrionuevo y Albana Sosa, dos de las integrantes del nucleamiento antes mencionado. "Somos muchas mamás que estamos atravesando procesos de judicialización de la cuota alimentaria. Mayormente nos hemos conocido en los pasillos de la Defensoría, en Tribunales, cuando hemos ido a hacer las denuncias por incumplimiento alimentario", explicó Barrionuevo.

Desde lo personal, indicó que "acompañé todo el proceso" previo a la sanción de dos leyes fundamentales vinculadas con la problemática, "invitada desde el Ministerio de la Mujer. Y hace algo más de un año que están las dos leyes provinciales, la de obligación alimentaria -que acelera el proceso- y la del registro provincial de deudores alimentarios, que es más reciente y permite las sanciones".

Con respecto al proyecto de Ordenanza presentado en el legislativo local, Barrionuevo precisó que "queremos que el Municipio se adhiera a la ley provincial. Implica que el Estado reconocerá a la deuda alimentaria como violencia económica, que está tipificada en la ley 26.485".

De esa manera, refirió Barrionuevo, "queremos que nos ayuden a visibilizar, concientizar, reeducar y, además, queremos que ya no sea una problemática privada de cada una de nosotras y que la empiece a tratar el Estado. Esto ya tiene que dejar de ser de puertas para adentro".

"A este proyecto de Ordenanza lo trabajamos con mujeres de otras localidades que ya tienen a sus municipios adheridos a la ley provincial: de Moreno, Belgrano, Lincoln, Lobos, General Madariaga y Lezama. Seguiríamos nosotros, si es que lo trata y aprueba el Concejo Deliberante de Azul", añadió.

Con la nueva legislación "se generaron nuevas herramientas para que la Justicia bonaerense pueda actuar de manera más eficiente ante el incumplimiento de la cuota, priorizando siempre el derecho de niños, niñas y adolescentes, que es algo que nosotras siempre resaltamos", explicó Ivana Barrionuevo.

En tanto, Albana Sosa admitió que "el proceso por una cuota alimentaria es muy agotador. A veces algunas se rinden, otras no".

Para Barrionuevo, "estas leyes vinieron a remediar esa situación, los procesos largos, sobre todo cuando nos preguntamos qué ocurre si el incumplimiento es de jueces y secretarios".

Desde hace un año "las cuotas se determinan por el índice de crianza, que es un parámetro para fijar el monto mínimo de la cuota. Se asegura como un piso y se actualiza de forma mensual, contemplando las tareas de cuidado y los valores mínimos para que los niños y niñas no caigan debajo de la línea de pobreza".

El piso actualizado "en chicos de 1 a 3 años varía entre 400 mil, y hasta 12 años, 650 mil pesos. Ese es el piso, que fue recientemente actualizado", subrayó, para luego añadir: "Lo que hace la ley es acortar plazos. Los alimentos obligatorios el juez debe fijarlos en el primer paso del juicio. Cuando se inicia la demanda, en un plazo de cinco días eso ya debe estar establecido. Acá en Azul esos plazos procesales no se respetan; pasan cuatro, cinco meses, como mínimo".

Otro de los cambios introducidos con la nueva legislación se relaciona con las notificaciones. "Ahora, para el deudor alimentario -porque a veces cambian de dirección y no la declaran- esas notificaciones pueden hacerse a través de WhatsApp también, ya que es raro que lo cambien. Todo eso, para agilizar el trámite".

En otro tramo de la entrevista con este Diario, Barrionuevo aseveró que "nosotras planteamos 'tolerancia cero' a los deudores alimentarios. Con esto lo que pretendemos es que el juez aplique estas leyes y que sancione a los deudores alimentarios".

Recordó, a modo de ejemplo, que "hace poco hubo un acuerdo entre Nación y Provincia y, por ejemplo, a esos deudores alimentarios no los dejan ingresar a estadios de fútbol. Ese dinero debe ir destinado a sus hijos, no a una entrada para un partido".

"Con esa ley -puntualizó luego- lo que se termina es la impunidad de los ingresos en negro. Ahora ya no importa que el deudor alimentario no tenga un trabajo registrado, sino que se ve bajo qué condiciones vive, ya que de algo vive, y hay que tener en cuenta que acá se prioriza el derecho de los niños, niñas y adolescentes".

En esa línea, se remarcó otro avance en materia legislativa. "Ahora, si el deudor alimentario no se presenta a las audiencias, se fijan multas. Eso es muy importante y no todas las madres en esta situación lo saben. Esa multa, antes no existía".

"Ante cualquier incumplimiento", explicó Barrionuevo, "el juez debe informar al registro de deudores alimentarios, ingresarlos como tal, aplicar las multas por no pagar y faltar a las audiencias. Necesitamos sanciones que hagan que los deudores cumplan, de alguna manera, porque siempre hay una manera".

Las integrantes de Madres contra la Violencia Económica, en relación al proyecto que elaboraron y presentaron en el Concejo Deliberante de Azul para su tratamiento, señalaron que "es importante que el Municipio adhiera a todo lo que es sanciones. Por ejemplo, no renovar licencias de conducir".

Del mismo modo, se subrayó que "el objetivo de estas dos leyes provinciales apunta a conseguir la crianza compartida, ya que cuidar cuesta tiempo y dinero, y todo recae sobre nosotras, las mamás; las que tenemos el pluriempleo, las que nos tenemos que hacer cargo del cuidado, llevarlos al médico; es decir, todo lo que implica la crianza. A eso se llamaban antes 'hogares monoparentales', pero son 'monomarentales', ya que nosotras somos quienes los criamos solas".

Ivana Barrionuevo, además, indicó que, como nucleamiento, "pertenecemos a la Red Federal de Hogares Monomarentales, donde también se abordan las violencias de género, se trata el tema y se ayuda en cada ciudad y en cada provincia".

Asimismo se consideró que "no hay sociedad que pueda construirse sanamente si miramos para el costado. Tenemos que ver y cuestionar a nuestro alrededor, preguntar al compañero de trabajo, de gimnasio, lo que fuere, ¿pagaste la cuota alimentaria? O cuando alguien se separa, ¿pasás cuota alimentaria? Los nenes siempre se quedan con nosotras. En el registro de deudores alimentarios hay mujeres, pero son contadas, el 1 por ciento".

"Esto no es Justicia, es perpetuar una sociedad profundamente desigual", aseguró Barrionuevo, para expresar luego que "los hogares monomarentales están por debajo de la línea de pobreza, por más que nosotras tengamos muchos empleos. Cuando trabajamos, nosotras tenemos que dejar a nuestros hijos al cuidado de alguien. A veces tenemos un trabajo para poder pagar niñera, otro para los servicios y otro para comer. Hoy en día, en la actual situación, criar tiene un costo muy elevado. Ahora estamos muy preocupadas, además, por el corte de la Zona Fría y ya vemos que las facturas de gas se van a ir por las nubes".

Afirmaron que, "como esa, son muchas las cuestiones que nos afectan". Por ello mismo, "consideramos que, si se es parte del sistema judicial y no se aplica el índice de crianza, se está siendo cómplice. Entendemos que el Juzgado es cómplice porque a los varones los invitan a pagar 'lo que pueden', sin tener en cuenta la ley. Les hemos puesto carteles -que los sacan- pidiendo que apliquen la ley y el índice de crianza, decimos que la Justicia no tiene perspectiva de género y por eso Azul es una fábrica de deudores, en el Juzgado de Familia. Y la deuda alimentaria es violencia, pero avalarla también", dijo Barrionuevo.

En tanto, con relación a las próximas actividades de Madres contra la Violencia Económica en Azul, se anticipó que "el 3 de junio, 3J 'Ni una menos', vamos a hacer una actividad con las chicas de Políticas de Género. Vamos a llevar un tender, que es el tender de deudores alimentarios que se hace a nivel nacional, para que cada mujer ponga allí una 'resonancia', es decir, qué implica criar sola, qué implica mantener sola una casa".

Ante una consulta en ese sentido, explicaron que "después de este proyecto que presentamos en el Concejo Deliberante, vamos a ir por un registro de hogares monomarentales, para no pagar -por ejemplo- tasas municipales, poder acceder a subsidios de agua o de luz, como para que se nos aliviane un poco el gasto mensual".

El proyecto de Ordenanza

En la nota remitida al Concejo Deliberante de Azul -a la que se adjuntó el proyecto de Ordenanza-, se indica que se eleva "para su tratamiento el proyecto de Ordenanza denominado 'Programa Municipal de Fortalecimiento del Cumplimiento Alimentario', mediante el cual se propicia la adhesión del Municipio de Azul a la normativa provincial vinculada al Registro de Deudores Alimentarios Morosos y la implementación de herramientas locales de promoción, difusión y protección integral de derechos".

Se refiere que "la iniciativa tiene por finalidad fortalecer las políticas públicas orientadas a garantizar el efectivo cumplimiento de las obligaciones alimentarias, promoviendo mecanismos institucionales de concientización, corresponsabilidad y protección integral de niñas, niños y adolescentes".

Del mismo modo, "el proyecto incorpora acciones de difusión, sensibilización y articulación institucional destinadas a reducir situaciones de vulnerabilidad económica derivadas del incumplimiento alimentario y fortalecer el acceso efectivo a derechos fundamentales".

En los fundamentos de la iniciativa de carácter legislativo, desde Madres contra la Violencia Económica se afirma que "el incumplimiento alimentario constituye una problemática social de profunda gravedad que impacta directamente en las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes, afectando su alimentación, salud, educación, vivienda y desarrollo integral".

"La obligación alimentaria -se asevera- no constituye únicamente un deber jurídico derivado de la responsabilidad parental, sino también una obligación ética y social vinculada al principio de corresponsabilidad familiar".

Del mismo modo, se subraya que "la Provincia de Buenos Aires, mediante las modificaciones introducidas por la Ley 15.513, avanzó en el fortalecimiento de mecanismos judiciales destinados a agilizar los procesos alimentarios y garantizar mayor eficacia en el cumplimiento de las cuotas alimentarias".

"Entre otras herramientas, la normativa provincial reconoce el índice de crianza elaborado por el INDEC como parámetro orientador, fortalece los sistemas de notificación digital y amplia el alcance del Registro de Deudores Alimentarios Morosos", se añade, para luego continuar: "Asimismo, resulta necesario fortalecer las acciones de sensibilización social respecto de las consecuencias del incumplimiento alimentario y promover una cultura de responsabilidad y cuidado".

El proyecto de Ordenanza impulsado "busca consolidar herramientas locales de articulación institucional, difusión y concientización, contribuyendo a la protección integra de niñas, niños y adolescentes y al fortalecimiento del acceso efectivo a sus derechos fundamentales".

Además, se refiere la jurisprudencia correspondiente: "La Constitución Nacional; la Convención sobre los Derechos del Niño; la Ley Nacional Nº 26.061; el Código Civil y Comercial de la Nación; la Ley Provincial Nº 15.513; la Ley Provincial Nº 13.074 y modificatorias; y la necesidad de fortalecer las herramientas locales destinadas a garantizar el efectivo cumplimiento de las obligaciones alimentarias en el ámbito del Municipio de la ciudad de Azul".

En ese marco, se consideran diversos aspectos, entre ellos que "el derecho alimentario constituye un derecho humano fundamental indispensable para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes", como también que "el incumplimiento de las obligaciones alimentarias afecta gravemente las condiciones de vida de los grupos familiares más vulnerables".

"La Provincia de Provincia de Buenos Aires, mediante la Ley Nº 15.513, incorporó herramientas tendientes a agilizar los procesos judiciales alimentarios y fortalecer los mecanismos de cumplimiento", se puntualiza, para agregar: "Dicha normativa establece la fijación inmediata de alimentos provisorios, reconoce el índice de crianza del INDEC como parámetro orientador, incorpora mecanismos de notificación digital y fortalece el Registro de Deudores Alimentarios Morosos".

En ese marco, se considera que "el Estado municipal posee un rol esencial en la promoción, protección y garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes" y que, por ello, "resulta necesario generar herramientas locales de orientación, acompañamiento y articulación institucional que permitan facilitar el acceso efectivo a los derechos alimentarios".

"Las políticas públicas municipales deben orientarse a garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a mecanismos rápidos y eficientes para la protección de derechos fundamentales", se expresa en el proyecto de Ordenanza, como también que "el fortalecimiento institucional y comunitario permitirá reducir situaciones de vulnerabilidad económica derivadas del incumplimiento alimentario".

En el articulado, se propone la adhesión del Municipio de Azul, "en el marco de sus competencias, a la Ley Provincial N° 13.074 y a sus modificatorias introducidas por la Ley N° 15.520, referidas al funcionamiento y alcance del Registro de Deudores Alimentarios Morosos".

Propone, asimismo, crear "en el ámbito del Municipio de Azul el 'Programa Municipal de Fortalecimiento del Cumplimiento Alimentario', destinado a promover acciones de orientación, difusión, sensibilización y articulación institucional vinculadas a efectivo cumplimiento de las obligaciones alimentarias".

El tercer artículo se refiere a las "restricciones simbólicas, culturales y deportivas", disponiéndose que "las personas físicas inscriptas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos no podrán participar ni recibir reconocimiento por parte del Municipio de Azul. En particular, no podrán: a) Ser declaradas personalidad destacada, ciudadano/a ilustre, huésped de honor u otra distinción institucional. b) Ser objeto de Declaraciones de Interés Municipal, cultural, deportiva, artística o profesional. c) Participar activamente en torneos deportivos Municipales o en actividades organizadas, auspiciadas o subvencionadas por el Municipio. d) Ingresar a las canchas de fútbol durante la realización de torneos Municipales o eventos deportivos organizados por el Municipio. e) Subirse a escenarios, recibir menciones públicas, homenajes o formar parte de actos simbólicos organizados por el Municipio".

Por otra parte, se faculta "al Departamento Ejecutivo Municipal a designar el área responsable de la implementación, monitoreo y articulación de esta Ordenanza, así como a dictar las normas complementarias necesarias para su operatividad". Y, en ese marco, se instruye al Ejecutivo "a promover campañas de difusión, sensibilización y formación en relación al deber alimentario, el funcionamiento del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y Registro de Incumplidores, y su rol como herramienta de equidad, protección de derechos y corresponsabilidad".

El Municipio "podrá celebrar convenios con organismos provinciales, judiciales, educativos y organizaciones de la sociedad civil a fin de fortalecer las acciones previstas" en la Ordenanza. Por último, dispone que "el incumplimiento de las disposiciones de la presente Ordenanza será considerado falta grave en el ámbito administrativo y podrá dar lugar a la suspensión de los trámites o beneficios alcanzados, conforme las competencias del Municipio".