Una jueza de Garantías ordenó "el traslado urgente" a otra unidad penal del jubilado que en octubre pasado había atacado a tiros en la calle a su vecina con intenciones de matarla, señalaron fuentes judiciales a EL TIEMPO.

La decisión obedeció a que el hombre presenta actualmente un cuadro de tipo psicopatológico por el que debe ser inmediatamente tratado, para lo cual se dispuso que desde la cárcel de varones con sede en Azul donde ha estado alojado sea llevado a una unidad penal que cuente con un "pabellón hospitalario o psiquiátrico".

Según voceros allegados a la instrucción de ese sumario penal indicaron, estaba previsto que el acusado de cometer este hecho -llamado Jorge Rafael Insaurralde y de 72 años de edad- fuera remitido a la Unidad 34 con sede en la localidad platense de Melchor Romero, una cárcel para personas que padecen problemas psiquiátricos y que, en varios de esos casos, han sido declaradas inimputables por la justicia.

El miércoles último la medida fue ordenada por Magdalena Forbes, la titular del Juzgado de Garantías 1 que entiende en la instrucción de este sumario penal, iniciado en octubre pasado cuando el hecho por el que Insaurralde está preso se produjo en la vía pública.

Dos días después a ocurrido lo que a escala penal sigue estando definido como un homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa en concurso ideal con portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización, el 7 de octubre Insaurralde había sido detenido en la casa de esta ciudad donde vive, ubicada frente al inmueble donde la víctima de aquel hecho reside.

La medida cautelar para el jubilado incluyó que los policías que participaron en el procedimiento allanaran su domicilio, diligencia durante la cual se encontró e incautó el arma de fuego que había utilizado para, sin llegar a herirla, atacar a tiros a la víctima: un revólver calibre 32.

Tal lo que ya ha venido siendo informado desde este diario, aquel episodio había ocurrido en horas de la mañana del 5 de octubre pasado, cuando la vecina de Insaurralde iba caminando a su lugar de trabajo.

En esas circunstancias, sobre la calle Neuquén entre De Paula y Moreno, tras esperarla oculto en un terreno el hombre sorprendió a su víctima -llamada Alicia Beatriz Trueba- y comenzó a dispararle con el arma de fuego, que además portaba de manera ilegal.

A pesar de los varios tiros que efectuara aquella mañana, el encausado no llegó a herir a su vecina, quien inmediatamente se refugió en una casa y pidió ayuda a residentes en ese sector de la ciudad, los cuales en ese entonces habían salido a la calle tras escuchar las varias detonaciones del revólver que empuñaba el jubilado.

Además de que la mujer -cuando después denunciara a Insaurralde- lo identificó como su agresor, todo ese accionar quedó registrado en filmaciones de cámaras de seguridad instaladas en casas cercanas al lugar convertido en escenario de este intento de homicidio.

Con esos elementos de prueba, el 7 de octubre el jubilado fue detenido, medida de coerción que después se tradujo en el dictado de su prisión preventiva, decisión que desde la Cámara Penal departamental fuera ratificada el pasado 1 de diciembre.

Hasta que ahora se conoció la decisión de trasladarlo a otra cárcel por los problemas psiquiátricos que padece, desde la Defensa Oficial del encausado -llevada adelante por la funcionaria Adriana Hernández- habían sido presentados diferentes pedidos para que, entre otras cosas, el hombre pudiera recuperar la libertad o gozar de una morigeración de prisión que le permitiera cumplir arresto domiciliario.

Pero ninguno de esos planteos prosperó ante la Jueza de Garantías que hace tres días ordenó que el jubilado sea llevado a Melchor Romero.

"Un cuadro psicótico"

La orden de internación para Jorge Rafael Insaurralde la había presentado ante el Juzgado de Garantías 1 el fiscal David Carballo, quien desde la UFI 2 a su cargo está llevando adelante esta Investigación Penal Preparatoria.

Para fundamentar ese pedido, el funcionario judicial se basaba en el resultado del dictamen de una pericia psiquiátrica practicada al imputado, a través de la cual especialistas de la Asesoría Pericial Departamental que se entrevistaron con él concluyeron que actualmente "presenta un cuadro psicótico que implica alteración morbosa de sus facultades mentales"; que "no comprende cabalmente el hecho enrostrado, no es capaz de defenderse y posee mayor riesgo de descompensación psíquica que la población general", se mencionaba en dicho informe.

Además, las médicas que lo evaluaron señalaron que el jubilado -oriundo de la provincia de Corrientes- presenta una "psicopatología que implica riesgo cierto e inminente para sí o terceros, por lo que requiere tratamiento psiquiátrico bajo la modalidad de internación".

Esa medida de seguridad solicitada por el fiscal Carballo fue avalada por la jueza de Garantías Forbes, quien en lo resuelto el pasado jueves sostuvo que "el imputado necesita estar alojado en un centro penitenciario que se adapte a la patología psiquiátrica que presenta actualmente, a fin de que se le provea un abordaje interdisciplinario conforme lo requiera su estado de salud mental -tratamientos farmacológicos, terapéuticos y otros- teniendo especial atención a lo que indicaron las profesionales de salud en cuanto a que el causante representa actualmente un peligro para sí o para terceros". El motivo por el cual autorizó su traslado a otra unidad penal.

Hasta que eso sucediera, la titular de Garantías 1 dispuso también que mientras Insaurralde permanece en la Unidad 7 de Azul "se dé inmediata intervención del equipo de profesionales del Departamento de Psiquiatría y Psicología de la Dirección de salud mental y adicciones de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria".

EL DATO

Sobre el actual estado de salud del jubilado que atacó a tiros a su vecina fue informada también Gabriela Dalla Valle, la Asesora de Menores e Incapaces, quien no puso objeción al traslado de Insaurralde pedido por el fiscal Carballo y aprobado por la jueza de Garantías Forbes. La funcionaria judicial sólo solicitó que el hombre fuera llevado a un establecimiento penal "lo más cercano a su lugar de residencia y de su núcleo familiar, donde pueda brindársele asistencia psicológica y psiquiátrica", tal como se resolvió que sea la Unidad 34 con asiento en Melchor Romero.