En cuanto a los nombramientos de los nuevos jefes, extraoficialmente se conoció que serán designados -inclusive en el caso de Azul- luego de que finalice el tratamiento de la ley en el Congreso de la Nación.

Aunque el proyecto de ley fue aprobado en general y en un primer momento se indicó que el artículo relacionado con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad había sido retirado, finalmente quedó incorporado al debate, que mañana se retomará para el tratamiento en particular de la Ley Ómnibus.

Consultadas por este diario, fuentes gremiales de Anses aseguraron que "es una artimaña", puesto que "en realidad pueden transferirlo igual como está ahora". Se aguarda, en consecuencia, la definición que el Congreso de la Nación adoptará finalmente en el tratamiento artículo por artículo de la ley remitida por el Ejecutivo nacional.

Esta cuestión está contenida en el artículo 226 del megaproyecto de ley. Se indica allí: "Dispóngase la transferencia de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad creado por el Decreto 867/07 al Tesoro Nacional" y, además, "facúltase el Poder Ejecutivo Nacional a adoptar todas las medidas necesarias para la instrumentación de lo previsto en el presente artículo".

El argumento desde el Ejecutivo es que "la propuesta de la ley es que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) se liquide bajo consolidación patrimonial y que las acciones reviertan al tesoro, que es el que se está haciendo cargo de las jubilaciones porque el sistema es deficitario".

Este aspecto, particularmente, ha sido cuestionado por ex funcionarios de Anses, como así también por entidades sindicales, entre ellas la central obrera CGT. En contraposición al argumento del Gobierno nacional, desde la esfera gremial se puntualizó que "después de cuatro años críticos, que fueron los del período 2015-2019 en los que el valor en dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) marcó una caída del 47%, en 2020, con la sanción de la Ley 27.574 de 'Defensa de los Activos del FGS', el gobierno nacional buscó revitalizar la orientación del FGS como fondo de desarrollo, priorizando inversiones con impacto directo en la economía real, y promoviendo la sostenibilidad y solidaridad del sistema previsional en particular y de la economía argentina en su conjunto".

De ese modo, "desde fines de 2019 hasta junio de 2023, el valor en dólares del FGS aumentó un 72%, y las inversiones en proyectos productivos y de infraestructura registraron un crecimiento de 114% interanual", con lo cual "se cumplió así el objetivo de esta ley, que recobra el espíritu original del FGS".

Ante una consulta de EL TIEMPO, se indicó que el Fondo "es un patrimonio de afectación específica" y está compuesto "por activos financieros tales como títulos públicos, acciones de sociedades anónimas, plazos fijos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros, cédulas hipotecarias, préstamos a provincias y a beneficiarios del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino)".

Se recordó, además, que con el objetivo "de proteger al sistema previsional de vaivenes económicos, en 2007 el presidente Néstor Kirchner creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Público de Reparto a través del Decreto 897/2007". Y se destacó que "el FGS es el fondo financiero más importante de América Latina y permite que el sistema de seguridad social argentino sea sólido y confiable".

"La función que tiene el FGS es preservarse en valor el patrimonio buscando la rentabilidad de sus recursos, los que podrán ser utilizados para pagar los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino y también para hacer frente a los compromisos asumidos en la Ley 27.260 de Reparación Histórica, invirtiendo en proyectos e instrumentos que promuevan el desarrollo de la economía argentina y del mercado de capitales local de largo plazo", se añadió.

De aprobarse el proyecto de Ley Ómnibus, se indicó que Anses quedará desfinanciado y tanto jubilaciones como pensiones se verán comprometidas. Quienes sostienen la defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, entre otros aspectos, advierten una tendencia al retorno a las AFJP que se implementaron en el país en la década del 90.