. Camino a la Independencia

ENFOQUE

Escriben: Maia Acosta, Soledad Nazer y David Bocchio. Profesora María Celeste Mayor (3° y 4° año del Profesorado en Historia. ISFD y T N° 156 "Palmiro Bogliano")

En 1810 se inició una nueva etapa tanto en la Península Ibérica como en América. La formación de juntas en diferentes ciudades americanas y la convocatoria a cortes en España redefinieron los términos de la crisis iniciada en 1808, con la invasión napoleónica. Mientras algunas regiones se mantuvieron leales a la metrópoli, otras emprendieron el camino de la insurgencia. El Río de la Plata estuvo entre las zonas rebeldes.
Luego de la formación de la Primera Junta de gobierno provisional, en mayo de 1810 en Buenos Aires, se fueron sucediendo distintas autoridades que, en nombre de la retroversión de la soberanía, asumieron el gobierno del exvirreinato del Río de la Plata. Estas fueron la Junta Grande, los Triunviratos y el Directorio.

Un largo camino

La autonomía política experimentada a partir de 1810 dio lugar, inmediatamente, a una guerra entre los defensores y detractores del nuevo orden, y transitó por múltiples caminos hasta la declaración de la independencia el 9 de julio de 1816.
Desde el momento de su constitución, la Junta de Gobierno instalada en Buenos Aires tuvo que enfrentar militarmente a la oposición. Desde el principio fue evidente que Córdoba y Montevideo iban a oponerse. Se organizaron la campaña del Norte y las operaciones en el Este que se orientaron al Paraguay, al Litoral y a la Banda Oriental.
Los años de 1810 a 1815 pueden caracterizarse como un período de experimentación política en el que Buenos Aires fue identificando el movimiento revolucionario con el de su hegemonía sobre el resto del territorio. Esta etapa estuvo dominada, en parte, por las necesidades de la guerra misma y, en parte, por las tensiones entre grupos políticos de la capital revolucionaria y del interior, que se desarrollaban en forma paralela a la lucha contra los enemigos externos de la revolución.
Hacia 1815 disminuye el poder efectivo de los organismos institucionales y de sus autoridades. Nuevos centros de autoridad se creaban en el territorio. Artigas dominaba la Banda Oriental y su poder era indiscutido también en Corrientes, Entre Ríos, Misiones y se extendía sobre Santa Fe y Córdoba. El Ejército del Norte adoptaba una actitud deliberativa frente al gobierno del Directorio y en Cuyo San Martín se mantenía obediente pero reticente.
Como se ve, desde 1810 la revolución había pasado por una sucesión de crisis políticas a través de las cuales parecía ir afirmándose la idea de independencia. El trasfondo del proceso era la ausencia de una clase dirigente que ocupara el lugar que en el pasado tenían los miembros de la administración colonial.

Tucumán, sede del Congreso

Entre 1815 y 1820 se desarrolló la segunda etapa del proceso revolucionario. Se declaró formalmente la independencia y se instauró un Ejecutivo unipersonal, el Directorio. Las provincias iban definiendo sus límites y daban forma a sus organizaciones estatales. En la misma época, el ejército del general San Martín aseguró la independencia del territorio con su victoria frente a los españoles en Chile.
Para establecer una norma que rigiera a las autoridades, el 5 de mayo de 1815 fue sancionado un Estatuto Provisional que reconocía funciones de Poder Legislativo a la Junta de Observación, que vigilaba la gestión del Directorio, y la Asamblea fue reemplazada por un Congreso Constituyente que se reuniría en Tucumán, con diputados elegidos popularmente en elecciones indirectas.
La elección de la ciudad de San Miguel de Tucumán como sede del Congreso, tuvo un alto componente político: simbolizaba el intento de la elite política porteña de lograr el apoyo del interior del territorio.
El Congreso se reunió en un clima de hostilidad hacia los representantes porteños. El contexto era inquietante dado que una expedición realista amenazaba el Río de la Plata, triunfaban movimientos contrarrevolucionarios en México, Venezuela y Chile y los portugueses amenazaban desde la Banda Oriental. Por otro lado, la resistencia oriental privaba al Congreso de los diputados de la Liga de los Pueblos Libres y la influencia artiguista se sentía en Córdoba y La Rioja. El Norte peligraba luego de la derrota de Sipe Sipe.
Tras la restauración monárquica absolutista en España, se veía la necesidad de salir de la ambigüedad jurídica y declarar formalmente la independencia.
El 9 de julio de 1816, bajo la presidencia del representante por San Juan, Francisco Laprida, el Congreso proclamó la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica de la dominación española y de toda otra dominación extranjera. El vocablo Sudamérica expresaba la indefinición del momento respecto a cuáles serían las provincias que realmente quedarían bajo la nueva condición jurídica, ya que ni la Banda Oriental ni las provincias del litoral, bajo la influencia de Artigas, formaron parte.
Meses antes, en mayo, el Congreso había designado como Director Supremo a Juan Martín de Pueyrredón, quien debió enfrentar problemas militares, entre ellos los movimientos localistas en Córdoba y Santiago del Estero. Pero, para fines de 1816, el gobierno había logrado recuperar el control de todos los centros de poder con excepción de las provincias del litoral.

Buscando una forma de gobierno

En el Congreso convivían tres grupos bien definidos: los diputados centralistas (parte de los de Buenos Aires, Cuyo y algunos de otras provincias); los localistas (encabezados por los cordobeses seguidos por otros provincianos y algunos porteños) y los diputados altoperuanos, que procuraban establecer un régimen centralizado pero libre de la influencia de Buenos Aires.
Las opiniones fueron unánimes en torno de la declaración de la Independencia, pero estaban divididas en cuanto a la forma de gobierno a adoptar. Manuel Belgrano defendía la restauración de la monarquía incaica; el diputado Justo Santa María de Oro, de San Juan, pedía que el Congreso no resolviese asuntos tan importantes sin consultar al pueblo; y el representante de Buenos Aires, Tomás Manuel de Anchorena, se inclinaba por la fórmula federal.
El punto más conflictivo se presentaba cuando se discutía la distribución del poder a nivel territorial. En las deliberaciones se pusieron en evidencia los distintos posicionamientos respecto de las combinaciones que podían adoptar las formas republicanas o monárquico-constitucionales frente a las centralistas o de unidad y las federales o confederales.
Los reclamos de formar una confederación provenían tanto de algunas provincias como de ciertos sectores de Buenos Aires y, aunque en el interior las reivindicaciones localistas y autónomas eran más modestas que las del líder oriental, no dejaban de ser perturbadoras para un orden político muy frágil que para ese momento había despertado sentimientos de irritación hacia el gobierno.
La identificación entre Buenos Aires-capital y poder central condujo a muchos a percibir que desde allí se ejercía un poder despótico. La falta de acuerdo obligó a postergar la organización constitucional del país.

Sesionando en Buenos Aires

En el marco de estos problemas, el Congreso se trasladó a Buenos Aires ante la posibilidad de un avance realista sobre Tucumán. En esa ciudad cumplió funciones legislativas y de asesoramiento al poder Ejecutivo.
En 1817 sancionó un Reglamento Provisorio para el ordenamiento y la administración de los poderes del Estado. En 1819 dictó una Constitución que no sólo se abstuvo de definir la forma de gobierno sino que tampoco se expidió respecto a la organización interna de las provincias. Si bien adoptaba el régimen representativo y la división de poderes, no ocultó su espíritu corporativo al crear un Senado en el que quedaban representados algunos de los grupos más poderosos de la sociedad, como tampoco su orientación centralizadora al dejar en manos del poder ejecutivo nacional la decisión final sobre el nombramiento de los gobernadores.
Con estas características, la nueva carta estaba condenada al fracaso. Habría que atravesar largos y tumultuosos años para la "organización nacional" con la Constitución de 1853-60.