TRASLADO DE UNA FAMILIA DESDE AZUL HACIA TANDIL . El concejal Puyou amplió su denuncia penal

El concejal de la UCR, Agustín Puyou, remitió a este Diario la ampliación de la denuncia penal realizada el pasado 7 de septiembre y que complementa la radicada el 14 de agosto, en relación al traslado de un grupo familiar, por parte del Municipio de Azul, desde esta ciudad hacia Tandil.

Indica que "por medio de la presente solicito la ampliación de la denuncia formulada el día 14 de agosto de 2026, inicialmente dirigida contra el Secretario de Desarrollo de la Comunidad del Municipio de Azul, Omar Rubén Seoane, por la posible comisión de los delitos de abandono de persona, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, y a poner en conocimiento del Ministerio Público Fiscal nuevos elementos conocidos con posterioridad a aquella presentación". Y añade: "Asimismo, solicito que la investigación no quede limitada a la eventual responsabilidad del funcionario inicialmente denunciado, sino que se determine la intervención concreta de cada uno de los funcionarios, profesionales y agentes municipales que participaron en la atención previa del grupo familiar, en la decisión y organización del traslado, en su ejecución y en la posterior decisión de retirar el dispositivo municipal de la ciudad de Tandil".

Puyou señala que, "con posterioridad a la denuncia formulada el día 14 de agosto de 2026 se produjo un intercambio formal entre las Municipalidades de Tandil y Azul que considero de particular relevancia".

"La importancia de esta documentación radica precisamente en que permite desplazar parcialmente los hechos del terreno de las declaraciones públicas hacia el de los actos administrativos, informes profesionales y decisiones adoptadas dentro de las estructuras estatales intervinientes. Es decir, permite comenzar a determinar no solamente qué ocurrió materialmente el día 13 de agosto, sino qué información poseía cada organismo, qué decisiones fueron adoptadas previamente y qué respaldo administrativo y profesional existió para ejecutarlas", añade.

Luego de mencionar el contenido de las notas remitidas desde los municipios de Tandil y de Azul en torno al caso, Puyou indica que "considero necesario ampliar la presente denuncia respecto de una reunión institucional mantenida con funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal, en la cual se abordaron específicamente los hechos vinculados con el traslado del grupo familiar a la ciudad de Tandil.

"En dicha reunión participaron el Secretario de Desarrollo de la Comunidad, Omar Rubén Seoane; la Directora de Abordaje Integral, Pierina Taverna; y el Coordinador de Fortalecimiento Habitacional, Leandro Ferraro. Por parte del Concejo Deliberante se encontraban presentes el Presidente del Cuerpo, Juan Ignacio Furiasse; el Secretario, Carlos García; los Prosecretarios Solana Mansilla y Rodrigo Santamaría; y los concejales Agustín Puyou, Gastón Blando, Daniel Mattina, Alexis Labianca, Natalia Colomé, Laura Barbalarga, Cecilia Martínez, Leopoldo Marchisio, Azul Elicabide, Virginia Torres, Andrea Barceló, Saúl Lucero, Gastón De Dominicis y Consuelo Burgos.

"La cantidad de funcionarios y concejales presentes otorga particular relevancia a las manifestaciones allí efectuadas, toda vez que no se trató de una conversación privada o informal sino de una reunión institucional celebrada ante numerosos funcionarios públicos que pueden dar cuenta de su contenido", añade Puyou.

"Lo que seguidamente expongo corresponde a manifestaciones que escuché personalmente durante dicha reunión, principalmente efectuadas por el Secretario Omar Seoane, y que considero necesario incorporar a la investigación para que sean posteriormente corroboradas mediante la documentación administrativa y las declaraciones testimoniales que ese Ministerio Público Fiscal estime pertinentes.

"En primer término, Seoane manifestó que el Municipio no contaba con documentación respaldatoria ni informes que acreditaran la existencia de un lugar de residencia concreto en Tandil, una oferta laboral efectiva o recursos económicos suficientes del grupo familiar para solventar un alojamiento.

"El funcionario precisó posteriormente que, al momento de disponerse el traslado, no existía un alquiler previamente asegurado ni una fuente de trabajo garantizada. Según manifestó, lo que los integrantes adultos de la familia habrían expresado era que contaban con dinero para intentar conseguir un alquiler y que tenían voluntad de buscar trabajo una vez radicados en Tandil.

"Asimismo, Seoane manifestó durante la reunión que el Municipio tenía conocimiento de que el grupo familiar se encontraba atravesando una situación habitacional de extrema precariedad, contando únicamente con un lugar transitorio donde pernoctar y que, precisamente el jueves 13 de agosto -día en que concurrieron nuevamente a la Municipalidad y posteriormente fueron trasladados-, ya no disponían de ese espacio para pasar la noche.

"Esta circunstancia resulta especialmente relevante porque demuestra que, según lo manifestado por el propio Secretario [Seoane], al momento de decidirse el traslado los funcionarios conocían que la familia carecía de una solución habitacional efectiva en Azul y tampoco tenían acreditado un alojamiento concreto en Tandil", afirma Puyou.

"Deberá investigarse quién decidió no comunicar el traslado, si existió alguna consulta previa con la autoridad judicial o policial interviniente, si se informó posteriormente el destino del grupo familiar y qué funcionario tenía a su cargo realizar, en su caso, dicha comunicación.

"Otro elemento de particular relevancia surgió respecto del documento mediante el cual el Municipio fundamentó posteriormente la voluntad de traslado del grupo familiar".

"Durante la reunión, Seoane manifestó que dicho documento había sido confeccionado de puño y letra por la Directora de Abordaje Integral, Pierina Taverna". Sin embargo, añade Puyou, "hasta el momento, no hemos tenido acceso a dicho documento ni hemos podido conocer su contenido exacto, la fecha y horario en que fue confeccionado, quiénes lo suscribieron o qué información consignaba respecto del domicilio de destino, el alojamiento, la fuente laboral, los recursos económicos, las personas que recibirían al grupo y la situación de las personas menores de edad. Su conocimiento resulta trascendental para determinar qué ocurrió, cuál fue la voluntad efectivamente expresada por el grupo familiar y sobre qué elementos se sustentó la decisión de disponer el traslado".

"[Seoane] indicó que durante la mañana del 13 de agosto, antes de concretarse el traslado, se habría realizado una reunión ampliada de funcionarios municipales destinada a decidir el procedimiento que debía llevarse adelante, y que de ese ámbito habría surgido finalmente la decisión de trasladar al grupo familiar a Tandil. Este elemento modifica sustancialmente la dimensión institucional del caso. Si la decisión fue producto de una reunión ampliada de funcionarios, no estamos frente a una actuación aislada ni frente a una decisión espontánea".

"Estaríamos -denuncia Puyou- frente a una decisión administrativa deliberada previamente dentro de la estructura del Departamento Ejecutivo, con participación de distintos funcionarios y con conocimiento de las máximas autoridades municipales. Por ello considero indispensable determinar quiénes participaron de dicha reunión, qué información fue puesta a consideración, qué alternativas se evaluaron, quién propuso el traslado, qué intervención tuvieron el Intendente y el Secretario de Gobierno, qué fundamentos profesionales o jurídicos fueron invocados y quién adoptó finalmente la decisión".

"En particular -indica Puyou-, considero necesario mencionar la eventual actuación del Secretario de Gobierno, Xavier Cabrera Cisneros, cuya intervención aparece vinculada al procedimiento desde distintos aspectos. Tal como expuse en mi denuncia original, el funcionario había sido puesto personalmente en conocimiento de la situación de violencia que atravesaba la familia y de la necesidad de garantizar su protección, teniendo además conocimiento de la existencia de la denuncia penal y de la medida de custodia policial dinámica. A ello se suma ahora lo manifestado por Seoane respecto de que Cabrera Cisneros participó de las instancias previas en las que se analizó la situación del grupo familiar y se definió el procedimiento que culminó con su traslado a Tandil".

Menciona que "la intervención del Secretario de Gobierno adquiere además una relevancia específica en razón de sus competencias respecto de la utilización de los vehículos municipales, toda vez que la disposición y salida de vehículos oficiales (entre ellos la combi dominio AG567BU utilizada para efectuar el traslado) requiere su autorización. Esta circunstancia obliga a establecer si Cabrera Cisneros autorizó concretamente la utilización del rodado para este procedimiento, qué información le fue suministrada al momento de hacerlo, cuál era el destino y finalidad consignados, qué personal fue autorizado a viajar y si conocía las condiciones bajo las cuales se ejecutaría el traslado. De acreditarse su participación tanto en las reuniones previas como en la autorización del recurso material indispensable para concretarlo, su actuación no podría analizarse únicamente desde un conocimiento posterior o periférico de los hechos, sino como parte del circuito institucional que hizo posible la ejecución de la decisión, debiendo determinarse el alcance concreto de su intervención y las eventuales responsabilidades que de ella pudieran derivarse".

Y concluye: "Ratifico que corresponde investigar la eventual existencia de conductas susceptibles de encuadrar, entre otras que pudieran surgir, en los artículos 106, 248 y 249 del Código Penal. No pretendo mediante esta ampliación atribuir anticipadamente responsabilidad penal a la totalidad de los funcionarios que participaron en el abordaje institucional. Por el contrario, considero necesario que se determine e individualice la eventual responsabilidad y el grado concreto de intervención de los señores Omar Seoane, Secretario de Desarrollo de la Comunidad, Xavier Cabrera Cisneros, Secretario de Gobierno, y Pierina Elisa Taverna, Directora de Abordaje Integral, sin perjuicio de la participación que pudiera surgir respecto de otros funcionarios, profesionales o agentes".