8 de octubre de 2026
Rodrigo David Santamaría Martini, presidente del GEN Azul y Prosecretario Legislativo en el Concejo Deliberante local por esa agrupación política, fue denunciado por presuntas estafas vinculadas a la recepción de dólares a cambio del pago mensual de intereses.
Según la presentación judicial, serían al menos cuatro las personas afectadas y el monto involucrado superaría los 85.000 dólares. La causa penal tramita en una fiscalía de Azul.
De acuerdo con la denuncia, Santamaría Martini habría recibido dinero en dólares de distintas personas para una actividad financiera privada, con el compromiso de devolver mensualmente intereses sobre las sumas entregadas.
Según lo expuesto por uno de los denunciantes, esta modalidad se habría extendido durante aproximadamente diez meses y se habría difundido a través del boca a boca entre quienes entregaban dinero.
Uno de los presuntos damnificados declaró que comenzó entregando 5.000 dólares en enero, luego aportó otros 10.000 y, con el correr de los meses, llegó a entregar un total de 31.000 dólares.
Los inconvenientes, siempre según su testimonio, comenzaron cuando intentó cobrar los intereses correspondientes y no obtuvo respuesta. Ante esa situación, decidió acercarse al domicilio del dirigente político, pero no logró encontrarlo.
En la denuncia también se consignó que, durante una conversación con la pareja de Santamaría Martini, esta le habría manifestado que el dirigente había expresado su intención de irse de la ciudad porque debía una importante cantidad de dinero.
La presentación policial dio lugar al inicio de actuaciones penales que quedaron a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 2 de Azul, conducida por el fiscal David Carballo.
De acuerdo con la información consignada en la denuncia, inicialmente serían cuatro las personas afectadas, aunque no se descartaba la posibilidad de que surgieran nuevos denunciantes a medida que avanzara la investigación.
Hasta el momento referido en la información original, no se había informado sobre medidas cautelares contra el dirigente. Las acusaciones deberán ser investigadas por la Justicia y no implican, por sí mismas, una declaración de culpabilidad.
Además, en diciembre del año anterior había sido designado Prosecretario Legislativo en el Concejo Deliberante local, mientras que en 2023 se había desempeñado como precandidato a consejero escolar por esa agrupación política.
El proyecto de ley impulsado por el bloque de diputados nacionales del PRO dio un paso importante, al obtener dictamen de mayoría en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería.
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