HOY MARTES CONTINÚA EL DEBATE. Están juzgando a un hombre: lo acusan de haber abusado de una menor

El Palacio de Justicia de Azul es desde ayer lunes escenario de un juicio con jurados a un hombre que está acusado de haber abusado sexualmente de una joven, en el marco de diferentes hechos que -de acuerdo con lo investigado- sucedieron cuando la presunta víctima era menor de edad.

El imputado se llama Matías Leonardo Altamirano, un trabajador de la construcción oriundo de La Plata que tiene 38 años de edad.

Por esos episodios por los que ha comenzado a ser juzgado había resultado detenido en esta ciudad en abril de 2022, durante un procedimiento que agentes policiales de la DDI Azul llevaron a cabo en una vivienda situada en Villa Piazza Centro.

Altamirano llegó acusado a este debate de los delitos de "abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, en ambos casos agravados por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con la víctima".

Adrián Peiretti, el fiscal a cargo de la UFI 13, tuvo a su cargo la instrucción de la causa penal convertida desde ayer lunes en materia de este juicio con jurados. E interviene también en representación de la Acusación en el debate. Un proceso donde al hombre que está siendo juzgado lo patrocina un defensor Particular: el abogado Mariano Pomares.

Escenario de este juicio, tal como siempre sucede cuando se trata de procesos que cuentan con la intervención de un tribunal integrado por civiles, es la sala que la Cámara Penal posee en el tercer piso del Palacio de Justicia de Azul.

Ayer lunes, tras la selección de los varones y de las mujeres que integran el jurado para este proceso, la primera de las audiencias incluyó los alegatos de apertura de las partes.

Posteriormente comenzó la llamada recepción de la prueba testimonial. En este caso, con la presencia en la sala de audiencias de cuatro de los testigos ofrecidos por la Acusación.

Además, el jurado de civiles escuchó y vio la grabación de lo que había sido la declaración que, en el marco de la tramitación de esta causa penal, le fuera tomada a la joven que figura como la probable víctima de los abusos de índole sexual que le atribuyen haber cometido al hombre que ahora está siendo juzgado.

Actualmente, Altamirano se encuentra privado de la libertad en una de las cárceles del complejo del Servicio Penitenciario Bonaerense que está en la localidad olavarriense de Sierra Chica, según lo que fuera informado a EL TIEMPO.

Martín Céspedes, uno de los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal número 1, interviene en este debate. Y si el jurado de civiles declara "culpable" a Altamirano de los ilícitos que le imputan, ese Juez será posteriormente el encargado de fijar qué monto de pena le impone.

Está previsto que hoy martes, desde horas de la mañana, el juicio continúe con la presencia de más testigos. Y según se estima, mañana miércoles podría conocerse el veredicto de culpabilidad o no culpabilidad para el imputado por parte de los seis varones y las seis mujeres que integran el jurado de civiles para este proceso.

El encausado es hermano de Griselda Altamirano, la líder del movimiento social "1° de Octubre".

No bien se hiciera efectiva su detención, esa mujer había montado un acampe sobre el veredón del Palacio de Justicia en reclamo de su libertad, ya que afirmaba que su hermano era "inocente" de los hechos por los que ahora está siendo juzgado.

Tras haber permanecido durante varias semanas instalada en las afueras del edificio central de los tribunales de Azul, desde la Justicia Altamirano fue intimada para que cesara con la protesta, que incluyó que también llevara adelante una huelga de hambre.

Finalmente, la líder del movimiento "1° de Octubre" levantó el acampe días antes a que, en junio de 2022, desde la Cámara Penal departamental quedara confirmada la prisión preventiva de su hermano.

Los hechos que le imputan

A través de la investigación penal llevada adelante había podido determinarse que la casa en Azul donde se domiciliaba, hasta que resultara detenido el 18 de abril de 2022, y un inmueble ubicado en San Bernardo, la ciudad que está en la Costa Atlántica, fueron los lugares donde Matías Leonardo Altamirano cometió los hechos de abuso sexual por los que comenzó a ser juzgado.

Desde la Acusación se sostiene que esos abusos tuvieron como víctima a una joven que para la época en que los mismos ocurrieron era menor de edad y convivía con el encausado.

A partir del año 2012 y también durante el transcurso de 2021 -teniendo en cuenta lo narrado por la presunta víctima- están situados como sucedidos aquellos hechos, que implicaron que en algunas de esas ocasiones la chica fuera accedida carnalmente por el imputado.

"Aprovechando la situación de convivencia, abusando de una relación de dependencia y autoridad respecto de la víctima y encontrándose en los domicilios mencionados", se describía en la causa que instruyó el fiscal Peiretti, Altamirano "abusó sexualmente de la menor", a través de diferentes hechos que -se sostiene también desde la imputación- por sus especiales características significaron "un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima".

El 17 de mayo de 2022, un mes después de que resultara detenido, en una primera instancia el juez de Garantías Federico Barberena le dictó la prisión preventiva al trabajador de la construcción imputado. Y esa decisión de primera instancia, en junio de aquel mismo año, fue confirmada desde la Cámara Penal departamental.

A través del relato que la presunta víctima brindara por medio de la Cámara Gesell, videograbación que ayer lunes fue exhibida a los miembros del jurado de civiles durante la primera de las audiencias relacionadas con este debate, pudo conocerse que Altamirano había comenzado a someterla sexualmente cuando ella tenía doce años de edad.

En septiembre de 2022, con su prisión preventiva ya confirmada, el Juez que ahora interviene en este debate no había dado lugar a un pedido presentado por su Defensa particular para que Altamirano pudiera gozar de una morigeración de prisión.

Para aquel entonces, esa misma solicitud ya había sido desestimada en ocasiones anteriores, valorándose para el rechazo del beneficio pretendido -a modo de circunstancias que hacían adecuado que continuara preso en una unidad penal- la magnitud de la pena que podría caberle a Altamirano si resulta condenado y la "gravedad" de los delitos que le imputan.