Una vez notificada, durante la tarde Altamirano sacó las imágenes a las que se hacía mención en lo dispuesto, que lleva la firma de Magdalena Forbes, la jueza de Garantías que -interviniendo de manera subrogante en ese sumario penal que lo tiene preso al acusado- se pronunció a favor del dictado de un llamado "bozal legal".

En la parte resolutiva de lo dispuesto, la magistrada había ordenado que Altamirano fuera intimada, al igual que sus familiares y demás ocupantes del referido acampe -algunos de los cuales "se identifican como pertenecientes a la agrupación social '1° de Octubre'"-, a "levantar y retirar las pancartas" que aludían a la menor, las cuales estaban instaladas frente a la entrada principal del Palacio de Justicia.

Forbes también ordenó que a esas imágenes donde aparecía la menor la manifestante las quitara de "cualquier otro sitio que se hayan instalado", al igual que "de todas las redes sociales existentes y de cualquier otra publicación (radiográficas y medios audiovisuales)".

Lo resuelto incluyó, además, que tanto Altamirano como miembros de su familia tengan que abstenerse "por cualquier medio de realizar manifestaciones que califiquen la conducta de la menor y publicaciones en tal sentido", medida que se hizo extensiva al "plazo que dure el presente proceso" que lo tiene detenido a su hermano. Algo que de no cumplir implicará que la líder del movimiento "1° de Octubre" pueda ser acusada del delito de "desobediencia".

Lo dispuesto por la titular del Juzgado de Garantías 1 había sido en respuesta a una presentación que efectuaran la menor, presuntamente abusada por el hermano de Griselda Altamirano, y los familiares de esa chica.

Esa solicitud había sido acompañada desde el Centro de Asistencia a la Víctima que depende de la Fiscalía General Departamental y está a cargo del funcionario judicial Sergio Hernández.

"Dada la trascendencia del caso de la detención de una persona por la que se encuentra un acampe en el Palacio de Justicia el Centro de Asistencia a la Víctima solicitó, a pedido de los guardadores de la menor víctima, una medida denominada 'autosatisfactiva' para que se retire toda imagen de ella", se indicaba ayer desde el CAV, luego de lo que resolviera la Jueza de Garantías.

Tanto esa adolescente como sus familiares habían pedido "el inmediato levantamiento de la pancarta existente en la entrada principal del Palacio de Justicia, así como de las imágenes en las que sea identificable la persona de la menor y cuya difusión se ha realizado en la página de Facebook de la Sra. Griselda Altamirano, como así también se le imponga inmediatamente una medida de 'bozal legal' a la antes nombrada y a sus familiares", se indicaba en esa presentación, que apuntaba específicamente a evitar "la revictimización de la menor" presuntamente abusada por el hermano de la líder del movimiento "1° de Octubre".

En lo resuelto por la magistrada Magdalena Forbes se hacía alusión al acampe que desde este lunes que pasó lleva adelante a modo de protesta en el ingreso al Palacio de Justicia de Azul Griselda Altamirano, "con el propósito de marcar su presencia en lo que ella y sus colaboradores entienden un caso de injusticia y decisiones jurisdiccionales que a su criterio resultan erradas".

En medio de ese reclamo, a través de una de las pancartas que ayer jueves fue retirada se observaban fotos entre las cuales aparecía la menor que figura como víctima en esta causa penal por abuso sexual.

Como un modo de adoptar "medidas que protejan la integridad física y psicológica de la víctima", la Jueza de Garantías concluyó que se debían "evitar todo tipo de conductas que provoquen nuevos daños a la menor".

Esa decisión, a criterio de la magistrada, surgía como urgente con la finalidad de "la protección de la víctima", quien en este caso -además- "resulta ser menor de edad".

El caso

Matías Leonardo Altamirano se llama el imputado que tiene esta investigación penal, que lleva adelante desde la UFI 13 el fiscal Adrián Peiretti y que el pasado 18 de abril había derivado en la detención del presunto abusador, durante un procedimiento que personal policial realizara en la casa de Azul donde el acusado se domicilia.

"Abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, en ambos casos agravados por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con la víctima", son los delitos que le imputan al hermano de Griselda Altamirano, que está preso en la Unidad 2 de Sierra Chica.

Su detención había sido ordenada por Federico Barberena, el magistrado a cargo del Juzgado de Garantías 2 que interviene durante lo que está siendo la tramitación de este sumario penal.

Ese mismo Juez, este lunes que pasó, horas después a que Griselda Altamirano instalara el acampe en la puerta del Palacio de Justicia local rechazó un pedido de excarcelación que había sido presentado en favor del encausado.

De acuerdo con lo investigado, en reiteradas ocasiones y durante varios años el acusado sometió sexualmente a la menor, a través de diferentes hecho sucedidos en un inmueble de Azul y en otro de la ciudad balnearia de San Bernardo, en la Costa Atlántica.

Según Griselda Altamirano había afirmado en un contacto mantenido con EL TIEMPO cuando hace cuatro días instalara el acampe para -expresó textualmente- defender "la inocencia" de su hermano, la causa penal que lo involucra a ese hombre se inició con una "falsa denuncia".

Desde su punto de vista, en ese sumario "hay sobradas pruebas de que esto es una mentira", había dicho también para apuntar contra la menor a través de la declaración que brindara en Cámara Gesell dando cuenta de los abusos que sufriera. Dichos que para la hermana del acusado de este caso de abuso sexual "no son creíbles", ya que a su entender la chica "está mintiendo".