. Los fundamentos del Concejo para derogar la Emergencia

 

Por unanimidad, los concejales aprobaron en la sesión del martes la derogación de tres artículos de la Ordenanza que declaró la Emergencia Administrativa, Económica y Financiera del Partido de Azul. Entre otras cuestiones, indicaron que el Ejecutivo que encabeza el intendente Hernán Bertellys incumplió acciones básicas que le habían encomendado para salir de la crisis. En ese marco, aseguraron que no redujo gastos ni costos; que no racionalizó la estructura de funcionamiento; y que, por el contrario, siguió nombrando funcionarios, asesores y parientes. Así, desde el 1° de septiembre, Bertellys ya no cuenta con parte de una herramienta que le dio el Legislativo local y que no aprovechó, según entendieron los concejales.

 

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En la 11ª sesión ordinaria del Concejo Deliberante que se realizó el martes, por unanimidad los concejales votaron la derogación de tres artículos de la Emergencia Administrativa, Económica y Financiera que habían aprobado en enero pasado a pedido del intendente Hernán Bertellys, ante la crisis que denunció públicamente luego del paso de José Inza por el municipio.

Ahora -y ante la fuerte presión de los gremios después que el jefe comunal y los concejales incrementasen sus haberes un 100 por ciento-, el Legislativo decidió derogar los artículos que encomendaban al Ejecutivo realizar una serie de acciones que en realidad no llevó adelante.

Entre otras, le pedían cuestiones como reducción de gastos y costos; generación de nuevos ingresos; revisión y mejora de los sistemas de contratación; desafectación de bienes inmuebles y rodados; racionalización de la estructura de funcionamiento y de los recursos humanos.

Además, según se desprende de lo aprobado ayer por el Concejo, el balance publicado al 30 de junio de este año muestra un saldo en caja y en bancos de 71.000.000, contra los 4.000.000 que había el 10 de diciembre de 2015. Otro dato que tuvieron en cuenta para la derogación, fue que la emergencia se sancionó con un presupuesto de 517 millones y ahora, teniendo en cuenta los recursos que van ingresado, va a pasar a ser de 600 millones.

Una herramienta que se desaprovechó

En enero de este año, el Concejo aprobó la Ordenanza 3.776 que declaró la Emergencia Administrativa, Económica y Financiera en el Partido de Azul a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de este año.

Con esto -y otras medidas aprobadas en ese momento- le otorgaron una herramienta para que pudiese redireccionar el funcionamiento de la administración y hacer cambios que le permitiese ir superando la dificultad económica financiera en la que el ex intendente Inza sumió al municipio.

Sin embargo ahora, derogaron parte de esa Ordenanza por entender que la gestión Bertellys no cumplió las medidas de acción que se le encomendaron y porque incumplió muchas de las medidas que debería haber tomado.

La derogación partió de un proyecto presentado en la anterior sesión por el bloque GEN y que fue estudiado por las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Interpretación y Legislación.

Lo que decidieron mantener -para no generar efectos adversos en las finanzas municipales- fue la consolidación de deudas con proveedores, contratistas y personas físicas o jurídicas.

Los fundamentos de la derogación 

Cuando en enero el Concejo aprobó la Emergencia, le encomendó al Ejecutivo liderado por Bertellys que adoptase cursos de acción para la pronta recuperación y solvencia en la administración de los recursos municipales, mejorando su asignación para generar niveles crecientes de eficacia en la gestión.

Entre otras cuestiones, le aconsejaron la búsqueda de proyectos de innovación que posibilitasen reducir costos y gastos, generar más ingresos y mejorar la asignación de los recursos; la desafectación de bienes inmuebles y vehículos para reducir costos y permitir el ingreso de más recursos; mejorar los sistemas de contratación; implementar acciones que posibiliten mejorar la recaudación; racionalizar las estructuras y modalidades de gestión, reasignar recursos humanos; y reorganizar los servicios municipales, entre otras propuestas.

“Nada o casi nada de todo esto se ha instrumentado hasta el momento”, sostuvieron los concejales en la Ordenanza aprobada. Es más, advirtieron que “tampoco se realizó lo comprometido en campaña electoral en cuanto a disponer una auditoría de gestión, formular un censo de personal y designar un gabinete acotado de funcionarios”.

Luego, a modo de ejemplo de los incumplimientos de Bertellys, señalaron por ejemplo que no sólo no desafectó inmuebles y vehículos “sino que el señor Intendente adquirió un rodado de más de 200.000 pesos”; que no racionalizó gastos, ya que el aumento de las remuneraciones del jefe comunal y concejales representa de acá a fin de año un incremento del gasto de alrededor de 1.500.000 de pesos, y el de los funcionarios implicará que en los últimos meses del año salgan de las arcas municipales más de 3.500.000 de pesos más.

Algunos números

También evaluaron que al momento de sancionar la Emergencia, el Presupuesto para 2016 era de poco más de 517 millones de pesos, pero luego todos los municipios de la provincia recibieron fondos adicionales y a Azul le destinaron 70 millones más.

Eso, más los 15 millones de pesos que se recaudarán por sobre lo estimado por la Tasa Urbana -a partir de la decisión de Bertellys de incrementarla más allá del 28 por ciento aprobado en un primer momento por el Concejo; llevarán a que el presupuesto sea en realidad de 600 millones de pesos. 

En ese contexto, entendieron que esos recursos “deberían cambiar rotundamente la parálisis en la que se encuentra la gestión municipal”, ya que, además, al 30 de junio de este año la Municipalidad de Azul tenía más de 71 millones de pesos disponibles en caja y bancos. “Esto ratifica el giro positivo desde lo económico financiero”, sostuvieron.

Sin embargo, apuntaron que el Ejecutivo “se ha sentado sobre los recursos y ha paralizado todo tipo de gastos o egresos”, lo que ha provocado los constantes reclamos de distintas entidades de la comunidad, como comisiones vecinales, clubes o emprendimientos.

En esa línea, advirtieron que, salvo en gasto de personal, la gestión Bertellys no destinó el dinero proyectado a otras áreas o compromisos, sino un porcentaje mucho menor, lo que demuestra una clara subejecución presupuestaria.

La aprobación

“Ante tamaña contundencia de los números -expresaron los concejales en la Ordenanza aprobada el martes- lo único se puede contemplar, para no generar un efecto colateral que sí generaría indeseables consecuencias en las finanzas o arcas municipales, es el mantenimiento de la consolidación de deudas con los proveedores”, aunque advirtieron que también en este punto “una vez más el Departamento Ejecutivo incumplió los consensos con el Concejo Deliberante, en el sentido que incorporó como deuda a consolidar conceptos correspondientes a haberes de los empleados municipales, manifiestamente incomprensible e insensato por donde se lo mire”.

Por todas estas cuestiones es que por unanimidad los 17 concejales presentes en la sesión -faltó Manuela Arrarás de Cambiemos- aprobaron la derogación, a partir del 1° de septiembre, de tres artículos específicos de la Ordenanza que en enero declaró la Emergencia Administrativa, Económica y Financiera del Partido de Azul.

“SITUACIONES CONTRADICTORIAS CON EL SUPUESTO ESTADO DE EMERGENCIA”

En la Ordenanza aprobada en la sesión del último martes -derogando la Emergencia Administrativa, Económica y Financiera del Partido de Azul-, los concejales puntualizaron sus críticas en diversas situaciones.

Así, volviendo sobre lo que señalaron son incumplimientos por parte de la administración comunal, apuntaron que el Departamento Ejecutivo no racionalizó costos en los contratos por los servicios que terceriza y que eso genera “un fuerte impacto en el presupuesto municipal”.

Otro punto que advirtieron fue que Bertellys prometió en la campaña electoral iniciar el primer año de gestión con un gabinete de crisis. “Esto no ocurrió y hoy el gasto en personal muestra una sobre ejecución que podría haberse morigerado en más de 15 millones de pesos, de haberse cumplido lo prometido a la ciudadanía, y con ello se afrontaba la deuda heredada con mayor poder de negociación y menores efectos nocivos para las finanzas municipales”.

Más allá del gasto en funcionarios políticos, no pasó desapercibido para los concejales el hecho de que “a diario vemos cómo se sigue incrementando el gasto con nuevas designaciones de asesores, el pago de adicionales por funciones, viáticos dentro del Partido de Azul, designaciones de parientes y otras situaciones contradictorias con el supuesto estado de emergencia dispuesto por Ordenanza”.