Vecinos del distrito de Mercedes agrupados en la Asamblea Mercedina por la Agroecología (AMA) salieron a denunciar impunidad por la explosión de la fábrica Sigma Agro acontecida hace cinco años, por la que murió un operario y se dispersaron grandes cantidades de agroquímicos en el ambiente.

La planta de Sigma quedaba a la vera de la ruta provincial 42, en la localidad de La Verde, a unos 20 kilómetros del casco de Mercedes. Allí la firma Sigma producía agroquímicos peligrosos como glifosato, 2,4-D y paraquat.

El 27 de septiembre de 2019, tras una explosión, se desató un incendio de gran magnitud que los bomberos (locales y de la zona) tardaron unas 12 horas en extinguir. El siniestro dejó como saldo la muerte del trabajador Rubén Ponce y un daño ambiental difícil de calcular.

A cinco años del suceso, la organización AMA publicó un escrito en el que recordó que la explosión de Sigma generó que sustancias como el glifosato, el paraquat, el 2-4D, el metaloclor y el clorpirifos, entre otras, se escurrieran hacia el arroyo Balta y consecuentemente al Río Luján, y se infiltraran en el suelo alcanzando las napas.

En el escrito, los vecinos también apuntaron contra las medidas judiciales en el marco del caso, al advertir que el presidente de Sigma y el apoderado tardaron más de tres años en ser imputados penalmente y que luego la causa fue archivada.

Asimismo, advirtieron que luego del archivo de la causa penal, la Justicia Civil completó "el círculo de la impunidad al rechazar la demanda ambiental y declarar abstracta la causa civil en la que se solicita la recomposición del daño ambiental producido por la empresa Sigma Agro en 2019".

La AMA explicó que "durante los procesos judiciales llevados adelante por la Organización de Ambientalistas Autoconvocados, quedaron demostradas las numerosas irregularidades e incumplimientos por parte de la empresa, el municipio de Mercedes y los organismos provinciales de control, resultando innegable su responsabilidad en el siniestro y su accionar negligente ante sus gravísimas consecuencias".

"Sólo para citar un hecho, en setiembre de 2023, el Ministerio de Ambiente de la provincia reconoció que la empresa aún no había cumplido con la caracterización (herramienta de diagnóstico para la gestión del riesgo ambiental) del sitio contaminado, lo cual implica que durante esos 4 años, las enormes cantidades de tóxicos liberadas siguieron esparciéndose y ejerciendo sus efectos dañinos sin control ni medición adecuadas, exponiendo a la población y al ambiente a riesgos desconocidos y potencialmente nocivos". (DIB) MT