SE DETECTARON IRREGULARIDADES EN EL EJERCICIO 2023 . Sanciones económicas desde el Tribunal de Cuentas para dos consejeros escolares

Si bien aprobó la rendición de cuentas 2023 del Consejo Escolar de Azul, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires detectó diversas irregularidades con los fondos utilizados en ese período, por lo que resolvió imponer sanciones económicas a dos de los miembros del organismo en aquel entonces: Pablo Cúpparo, que lo presidía y ahora es vocal, y José Ignacio Gauna, quien hasta diciembre de 2023 se desempeñara como tesorero.

Ambos fueron emplazados para que, en el plazo de 90 días, paguen algo más de 60 millones de pesos.

Así lo determina una resolución del Tribunal de Cuentas que data del 21 de agosto pasado, fallo que lleva las firmas de Juan Pablo Peredo; Gustavo Eduardo Diez; Daniel Carlos Chillo; Ariel Héctor Pietronave y Federico Gastón Thea.

Según se refiere en lo decidido, "los funcionarios públicos están obligados al ejercicio de un regular y legítimo cumplimiento de sus funciones, resultando -por ende- responsables de su irregular ejecución, entendiéndose con ello no sólo y exclusivamente la violación de normas concretas y específicas que prescriban conductas determinadas, sino que persistirá también cuando se actúe por una omisión, debiendo responder personalmente por el perjuicio que ocasione".

Entre otras consideraciones, en ese fallo se señala que, "al verificar la documentación adjunta a las liquidaciones de pago de los rubros Limpieza de tanques, Reparación de cubiertas y canaletas y Servicios de desinfección y medidas preventivas", se detectó que "los contratistas reiteran la realización de estos trabajos en un mismo establecimiento educativo, en un lapso muy corto de tiempo".

"Se dejó constancia que en ninguno de los casos consta el requerimiento del establecimiento educativo", también se observó.

Además, "no se ha remitido documentación que permita acreditar la efectiva prestación del servicio, como así tampoco explicaciones acerca de las reiteraciones observadas, a efectos de garantizar la correcta inversión de los fondos públicos".

Al momento de los descargos, se menciona desde el Tribunal de Cuentas que "la secretaria Lucia Ayelén Alaimo expresó que, si bien dentro de sus funciones y deberes se encontraba la supervisión y custodia del archivo y la documentación del Consejo [Escolar], nunca tuvo acceso a la mencionada dado que la misma era resguardada en la oficina del presidente Pablo Andrés Cúpparo. Lo mismo pone de manifiesto, en cuanto al acceso a la información y documentación el vicepresidente Luciano Ernesto Giachetti, quien tiene la función de reemplazar al presidente".

En cuanto a irregularidades detectadas con la compra de calefactores, por un monto superior a los 10 millones de pesos, se hizo "reserva del caso" y se anunció que los miembros del Tribunal de Cuentas se pronunciarán en un próximo fallo.

Al mismo tiempo, otros aspectos financieros del Consejo Escolar continúan siendo investigados por parte del organismo revisor provincial.

En el fallo se resuelve "desaprobar egresos" con "formulación de cargo por $ 23.395.721,79" más intereses, "que asciende a $ 26.634.455,61 lo que hace un total de $ 50.030.177,40 por el que deberán responder en forma solidaria el presidente del Consejo Pablo Andrés Cúpparo y el tesorero José Ignacio Gauna".

En cuanto al Fondo Compensador, el Tribunal de Cuentas detectó que "los pagos no contaban con la solicitud de las autoridades de los establecimientos, así como tampoco con la recepción de la prestación suscripta mediante firma y sello".

Del mismo modo, se "constató que el Consejo Escolar no ha aportado la puesta en conocimiento de los trabajos ejecutados ante el Órgano Rector del Fondo Compensador, Subsecretaria de Infraestructura Escolar (SSIE)".

Contra Cúpparo y Gauna, además, se imputaron cargos por los siguientes montos: $ 108.181,92; $ 1.742.933,43; $ 1.130.145,56; $ 7.021.561,04, sumas de dinero por las que "deberán responder en forma solidaria" en una cifra total de 60.032.997 de pesos.