EL HOMBRE ESTÁ EN LA UNIDAD 7 Y SU ESPOSA, EN LA 52 . Continúa encarcelado un matrimonio de azuleños al que investigan por venta de drogas al menudeo

Tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas destinadas al consumidor es el delito que se le continúa imputando a un matrimonio que había sido aprehendido a principios del mes anterior, durante un allanamiento antidrogas que tuvo como escenario la casa en Azul donde esa pareja se domicilia.

Actualmente, el varón investigado está en la Unidad 7. Y su esposa permanece en la 52, cárceles ambas del SPB que tienen sus respectivos asientos en Azul.

Días atrás, en una primera instancia las detenciones de los dos acusados fueron convertidas en prisiones preventivas.

Juan José Suárez, el titular del Juzgado de Garantías 3, se pronunció a favor de los dictados de las referidas medidas cautelares para los imputados, dando lugar de esa manera a un pedido que fuera presentado desde la Acusación, representada en esta causa penal por Adrián Peiretti, el fiscal a cargo de la UFI 22 que tiene su sede en el Palacio de Justicia de Azul.

Sergio Alejando Rosales, actualmente de 37 años de edad, y Karina Soledad Sosa (31) se llaman los imputados en esta investigación penal vinculada con una infracción a la ley de drogas.

A través de lo resuelto por el Juez garante, ambos continúan siendo considerados "coautores penalmente responsables" del ya referido delito.

Teniendo en cuenta lo demostrado hasta el momento, Rosales y su esposa Sosa se dedicaban a vender estupefacientes al menudeo desde la casa donde residían, que está situada en Lavalle entre San Juan y Tiro Federal de Azul.

Tal como EL TIEMPO ya informara, ese inmueble había sido allanado el pasado 2 de diciembre. Y aquel día, durante la referida diligencia, se hizo efectiva la aprehensión del matrimonio.

El allanamiento se concretó por parte de policías pertenecientes a la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas con asiento en Azul, quienes hallaron en poder de los acusados sustancias estupefacientes y elementos vinculados con la comercialización al menudeo de drogas.

De resultar condenado en un futuro juicio por esta infracción a la Ley 23.737, el matrimonio podría recibir penas de prisión que van desde los cuatro a los quince años. Y esa circunstancia fue valorada por el Juez de Garantías que entiende en este causa, junto con otras más, para ordenar que ambos azuleños continúen privados de sus libertades.

"En lo atinente al riesgo procesal que sustenta la medida de coerción, la magnitud de la pena en expectativa opera en el caso como un dato objetivo para inferir válidamente el riesgo de fuga o elusión del proceso -en caso de recuperar su libertad-, atento la calificación delictual otorgada y su respectiva escala penal, a lo que se agrega que por el escaso tiempo que llevan detenidos los encausados en la presente Investigación Penal Preparatoria resulta proporcional la medida de coerción adoptada", concluyó el titular de Garantías 3 en lo resuelto en esta primera instancia para el matrimonio.

Para ordenar ambas prisiones preventivas el juez Suárez también tuvo en cuenta el resultado del allanamiento realizado aquel pasado 2 de diciembre en que el varón y la mujer fueron aprehendidos.

Que se hallaran estupefacientes en poder de ambos investigados durante la diligencia continúa siendo una circunstancia que compromete las situaciones procesales de Rosales y Sosa. Y haberse encontrado droga en poder de los dos "hace presumir que la misma se encontraba lista para su comercialización", concluyó el titular de Garantías 3.

Además, teniendo en cuenta pronunciamientos ya existentes desde la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, en lo decidido el magistrado Suárez aludió a que "la considerable cantidad de sustancia" hallada en poder de investigados por infracciones a la Ley 23.737 -tal el hecho materia de instrucción de esta causa- "es un indicio que permite la acreditación del elemento subjetivo específico que contiene la figura prevista" en uno de los artículos de la mencionada norma.

Allanamiento y aprehensiones

Considerando lo resuelto para el matrimonio, tanto Rosales como su esposa Sosa continúan siendo señalados como quienes se dedicaron a comercializar estupefacientes al menudeo desde esa casa en la que viven.

Por parte de la Acusación se sostiene que la pareja desarrolló esa actividad ilícita "al menos en el periodo comprendido entre mediados del mes de septiembre y el 2 de diciembre del año 2025".

A principios del mes anterior, cuando ambos fueron aprehendidos durante el allanamiento, en aquella diligencia realizada en la casa donde el matrimonio se domicilia los policías de la división antinarcóticos local habían hallado e incautado estupefacientes.

"Tenían bajo su guarda y disposición, con fines de comercialización, 97,1 gramos de cocaína", se refiere con relación a los acusados en las actuaciones penales sobre lo que había sido el resultado del allanamiento.

Parte de ese tipo de droga el varón la poseía "en el bolsillo izquierdo" del pantalón con el que estaba vestido al momento de su arresto.

En tanto, su esposa tenía cocaína en un envoltorio que los efectivos de seguridad, al requisarla, hallaron oculto en su ropa interior.

Ese 2 de diciembre pasado en que fuera allanada la casa donde vive el matrimonio, los efectivos policiales encontraron más cocaína en una cartuchera que estaba "en el piso de un pasillo existente en el domicilio, previo a salir al patio trasero".

De la cocaína secuestrada aquel día, una parte ya estaba fraccionada en pequeños envoltorios para su posterior comercialización al menudeo. Y a Rosales también se le secuestró "un envoltorio de nylon color negro" que contenía "1,5 gramos de marihuana".

Dinero en efectivo, dos teléfonos celulares, una balanza de precisión, recortes de nylon, una tijera y bicarbonato -elementos todos relacionados con el delito investigado- habían sido incautados también durante el allanamiento que derivó en los arrestos del varón y de la mujer que siguen privados de sus libertades.

Desde meses antes a realizarse el allanamiento y las aprehensiones, el matrimonio imputado venía siendo investigado, luego de que en sede policial se recibiera una denuncia anónima que indicaba que el varón y la mujer vendían drogas desde la casa donde vivían.

En ese contexto, los efectivos de seguridad realizaron diferentes tareas de observación de los movimientos que se registraban a diario en el inmueble donde los imputados residen. Un lugar donde era habitual ver que personas se acercaban a comprar droga.

Todos esos movimientos quedaron documentados y sirvieron como pruebas para solicitar el allanamiento concretado el pasado 2 de diciembre, cuando Rosales y su esposa fueron aprehendidos y en poder de ambos los policías hallaron drogas y elementos vinculados con la venta al menudeo de estupefacientes. La situación que continúa teniendo a los dos privados de sus libertades, tras ser ordenadas días atrás sus respectivas prisiones preventivas.

El dato

Las prisiones preventivas para los imputados datan del pasado 30 de diciembre. Aquel día también se conoció lo decidido para el matrimonio desde la Cámara Penal, a través de otra resolución donde fue desestimada una apelación por medio de la cual se pretendía que ambos fueran excarcelados y que para eso se les atribuyera la comisión de un delito menos grave. Pero al igual que días antes había ocurrido en una primera instancia, aquel pedido de la defensora Oficial Adriana Hernández tampoco prosperó ante los jueces de la Alzada, siendo rechazado el recurso interpuesto a través de lo concluido de manera unánime por los jueces Agustín Echevarría, Damián Cini y Carlos Pagliere (h).