EN UNA PRIMERA INSTANCIA

EN UNA PRIMERA INSTANCIA

Ordenaron las prisiones preventivas para dos azuleños acusados de vender drogas

Uno de 30 años de edad y el otro de 29, habían sido arrestados el pasado 9 del corriente mes y siguen privados de la libertad en la Unidad 2 de Sierra Chica. Durante las diligencias que personal policial realizara aquel día se hallaron en poder de ambos encausados pequeñas dosis de cocaína que, al parecer, tenían para comercializar al menudeo.

27 de agosto de 2023

Mientras continúan alojados en la Unidad 2, la cárcel del SPB situada en la localidad olavarriense de Sierra Chica, las detenciones de dos azuleños investigados por una infracción a la Ley 23.737 fueron convertidas en respectivas prisiones preventivas.

Identificados como Hugo Darío Panario, de 30 años de edad, y Kevin Gabriel Madrid (29), sospechados de dedicarse a la comercialización de estupefacientes al menudeo ambos habían sido aprehendidos luego de que policías allanaran los inmuebles donde se domicilian, viviendas situadas en el barrio Villa Giammátolo de esta ciudad.

Esas diligencias fueron llevadas a cabo por agentes de la DDI Azul el pasado 9 de agosto y finalizaron con los secuestros de cocaína y elementos que estarían relacionados con los delitos que les siguen imputando a ambos encausados: tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas destinadas directamente al consumidor en concurso ideal con comercialización propiamente dicha.

Voceros judiciales informaron a EL TIEMPO que el jueves que pasó, en una primera instancia, las detenciones de los azuleños fueron convertidas en prisiones preventivas por Juan José Suárez, el magistrado a cargo del Juzgado de Garantías 3 que entiende en esta investigación penal.

Ambas medidas cautelares se ordenaron en respuesta a un pedido que formulara Lucas Moyano, el fiscal que desde la UFI 22 con sede en el Palacio de Justicia local lleva adelante la instrucción de este sumario vinculado con una infracción a la también llamada ley de drogas.

"En lo atinente al riesgo procesal que sustenta la medida de coerción, la magnitud de la pena en expectativa opera en el caso como un dato objetivo para inferir válidamente el riesgo procesal de fuga o elusión del proceso -en caso de recuperar su libertad-, atento la calificación legal otorgada y su respectiva escala penal, a lo que se agrega que por el escaso tiempo que llevan detenidos los encausados en la presente Investigación Penal Preparatoria resulta proporcional la medida de coerción adoptada, concurriendo los riesgos procesales que ameritan la cautelar impuesta", escribió en lo resuelto el Juez garante para pronunciarse a favor del dictado de estas prisiones preventivas.

Además, Suárez consideró que "la importante pena" que prevén los delitos que les continúan atribuyendo a ambos azuleños y la posibilidad de que resulten condenados por esta infracción a la Ley 23.737 en un futuro juicio eran otras circunstancias que hacían adecuada la decisión de que los dos sigan privados de la libertad.

Lo investigado

Luego de que Panario y Madrid resultaran arrestados el pasado miércoles 9 de agosto en horas de la tarde noche tras los referidos allanamientos, al día siguiente -cuando fueron trasladados a sede judicial para ser indagados- ninguno de los dos había declarado ante el Fiscal que los investiga por esta infracción a la ley de drogas.

De acuerdo con lo que se sostiene desde la imputación, una hipótesis que nuevamente ha sido avalada por el Juez garante que convirtiera hace tres días a las detenciones de los investigados en prisiones preventivas, ambos azuleños se dedicaron a comercializar estupefacientes al menudeo en esta ciudad. Al menos, desde el pasado 18 de abril y hasta que semanas atrás fueron aprehendidos.

La Acusación que pesa sobre los dos refiere también que desde los respectivos domicilios donde residen -inmuebles ubicados en la zona Norte de esta ciudad, en la ya mencionada Villa Giammátolo- desarrollaron la actividad ilícita, la cual también incluía que en algunas ocasiones vendieran drogas bajo la modalidad conocida como "delivery".

Entre las evidencias consideradas para acreditar al menos hasta el momento la existencia de este ilícito y las autorías en esa infracción a la Ley 23.737 de ambos acusados figuran los resultados de las diligencias desarrolladas por el personal policial ese día en que fueron arrestados.

En el caso de Hugo Darío Panario, efectivos de la DDI Azul lo aprehendieron en la casa donde vive, luego de que durante el allanamiento llevado a cabo en ese inmueble se hallaran e incautaran más de 53.000 pesos, un teléfono celular, recortes de nylon y ocho envoltorios que contenían cocaína. Droga que en su totalidad pesó algo más de diez gramos.

Aquel 9 de agosto pasado, la aprehensión de Kevin Gabriel Madrid -el otro imputado en esta causa- se había hecho efectiva en la vía pública.

En momentos que se trasladaba junto con otro sujeto en un automóvil Ford Focus, ese joven fue arrestado por personal policial en Lavalle entre Avenida Perón y Olavarría. Y al ser requisado, en su poder se recogieron cuatro envoltorios que también contenían cocaína y en total pesaron más de tres gramos, más de 9.000 pesos en efectivo y un teléfono celular.

Ese mismo día, al ser allanada la casa donde vive en Villa Giammátolo, los efectivos de seguridad recogieron más elementos considerados de interés para esta investigación penal: un celular y blisters de chips de telefonía móvil.

Desde el pasado mes de abril, una investigación iniciada de oficio por agentes de la DDI Azul había permitido identificar a los azuleños para quienes hace tres días se ordenaron estas prisiones preventivas como los mismos que se dedicaban a la venta de drogas en las circunstancias ya referidas.

En el marco de esa pesquisa, efectivos de seguridad habían realizado tareas de campo consistentes en seguimientos a los imputados, las cuales incluyeron que se documentaran movimientos, compatibles con la venta de estupefacientes, que era posible observar en los inmuebles donde Panario y Madrid se domicilian.

Además, se contó con el resultado de intervenciones a los teléfonos celulares que utilizaban los acusados como más pruebas reunidas por el Fiscal que instruye esta causa para atribuirles a los azuleños respectivas autorías en esa infracción a la Ley 23.737 por las que siguen privados de la libertad, tras lo que fueran sus aprehensiones llevadas a cabo semanas atrás.

El dato

En las actuaciones penales relacionadas con esta causa se refiere que escuchas surgidas de intervenciones a los teléfonos de los acusados demostraban que ambos mantenían "conversaciones que estarían relacionadas con la actividad ilícita que se investiga". Diálogos en los cuales Madrid y Panario hablaban de "bolsas de residuos" para aludir, en realidad, a estupefacientes que poseían con fines de comercialización.

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