EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS . Se propone incorporar "educación para la ciudadanía digital y prevención de riesgos en entornos digitales"

"El proyecto de Ley tiene por objeto incorporar de manera transversal, progresiva y obligatoria la educación para la ciudadanía digital y la prevención de riesgos en entornos digitales en el Nivel de Educación Secundaria de la Provincia de Buenos Aires, comprendiendo a los establecimientos de gestión estatal y privada y contemplando la adecuación de sus contenidos a las particularidades de las modalidades educativas correspondientes", señaló la senadora Inés Laurini al fundamentar su iniciativa.

En tal sentido, la legisladora provincial mencionó que "la expansión de las tecnologías digitales ha transformado las formas de acceder a la información, comunicarse, estudiar, trabajar y realizar operaciones económicas. Estas herramientas ofrecen distintas posibilidades para el aprendizaje, la participación y el desarrollo personal, al tiempo que requieren conocimientos específicos para comprender su funcionamiento, evaluar la información disponible y reconocer los derechos, responsabilidades y riesgos asociados a su utilización".

"En este contexto -añadió-, la educación constituye un ámbito pertinente para promover el desarrollo de capacidades que permitan a las y los estudiantes desenvolverse digitalmente de manera informada, responsable y segura. La incorporación de estos contenidos debe contemplar las características de las distintas modalidades, orientaciones y propuestas educativas, así como los diseños curriculares vigentes".

En la misma línea, Laurini subrayó que "la ciudadanía digital comprende, entre otras dimensiones, la participación en entornos digitales, la búsqueda y evaluación crítica de la información, la protección de los datos personales, el reconocimiento de los derechos de las personas usuarias y la comprensión de las condiciones en las que funcionan las plataformas y los servicios digitales. No debe limitarse al conocimiento instrumental de dispositivos, aplicaciones o plataformas, sino también comprender las relaciones económicas, sociales y comerciales que se desarrollan a través de las tecnologías, identificar los mecanismos que influyen sobre las decisiones individuales y ejercer los derechos que corresponden a las personas".

Por ejemplo, puntualizó la senadora azuleña, "el uso de billeteras virtuales, medios de pago electrónicos, plataformas de comercio y otros servicios digitales hace relevante el abordaje de conceptos vinculados con las operaciones económicas y financieras, las condiciones de contratación, los costos e intereses, los medios de pago, el endeudamiento y los derechos de las personas consumidoras. Estos contenidos forman parte de una aproximación amplia a la ciudadanía digital y deberán desarrollarse de acuerdo con los objetivos pedagógicos y las características del nivel".

"No obstante -continuó fundamentando-, resulta necesario evitar interpretaciones que atribuyan las dificultades económicas de las familias exclusivamente a la falta de conocimientos o a decisiones individuales. El endeudamiento y las situaciones de vulnerabilidad económica también se encuentran condicionados por factores estructurales, entre ellos la evolución de los ingresos, el poder adquisitivo, las condiciones del mercado de trabajo, el costo de vida y las características del sistema crediticio. La educación puede contribuir a comprender estas realidades y proporcionar herramientas para actuar frente a ellas, pero no sustituye las responsabilidades de las políticas económicas, sociales y de protección de derechos. Por ello, la formación propuesta adopta una perspectiva integral que vincula las decisiones individuales con sus contextos sociales y económicos".

Del mismo modo, Laurini indicó que, "desde esta perspectiva, la formación para la ciudadanía digital debe promover una comprensión crítica de los entornos económicos y tecnológicos, sus mecanismos de funcionamiento, los intereses que intervienen en ellos y sus consecuencias sobre la vida cotidiana, evitando reducir problemas sociales complejos a cuestiones de comportamiento o responsabilidad individual". Por ello, "resulta necesario abordar los mecanismos de funcionamiento de las plataformas digitales, particularmente aquellos vinculados con la publicidad personalizada, la recopilación de datos, los sistemas de recomendación y las estrategias diseñadas para captar y prolongar la atención de los usuarios. El conocimiento de estas prácticas permite comprender que las decisiones adoptadas en los entornos digitales no siempre se desarrollan en condiciones de información suficiente ni de plena autonomía, especialmente cuando intervienen intereses comerciales y mecanismos tecnológicos de influencia sobre las conductas".

En relación con las apuestas en línea y otras actividades de juego de azar, "se considera pertinente incorporar información sobre sus características, el marco normativo aplicable, los riesgos asociados y los recursos de orientación y asistencia disponibles. Estos contenidos deberán adecuarse a los objetivos educativos y articularse con las competencias de los organismos públicos correspondientes y la legislación vigente".

"En la Provincia de Buenos Aires -explicó Laurini-, las actividades vinculadas con los juegos de azar y las apuestas se encuentran alcanzadas por las leyes 15.079 y 15.131. La consideración de esta temática en el ámbito educativo deberá respetar la normativa vigente y contribuir al conocimiento de las disposiciones aplicables. Por otra parte, el ejercicio de los derechos de las personas usuarias y consumidoras en entornos digitales requiere comprender las condiciones de contratación, el tratamiento de datos personales, las características de los servicios ofrecidos y los mecanismos disponibles para realizar consultas y reclamos. Estos contenidos permiten vincular la formación digital con el conocimiento de derechos y responsabilidades en las relaciones que se desarrollan a través de medios electrónicos".

Mencionó, asimismo, que la Ley de Educación en la Provincia de Buenos Aires N° 13.688 "constituye el marco general para la organización y el desarrollo de la educación. En consonancia con sus disposiciones, la presente iniciativa propone incorporar contenidos de ciudadanía digital y prevención de riesgos en entornos digitales en la educación secundaria, sin establecer una asignatura independiente, sino mediante un abordaje transversal y progresivo, articulado con los diseños curriculares correspondientes. La implementación de la propuesta deberá contemplar las particularidades de las distintas modalidades, orientaciones y ámbitos de desarrollo de la Educación Secundaria, así como las ofertas correspondientes a la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores. En estos casos, la incorporación de los contenidos deberá adecuarse a las características institucionales y a sus diseños curriculares. En el ámbito de la Formación Profesional, se prevé que la Autoridad de Aplicación promueva la incorporación y adecuación de los contenidos previstos en la ley en aquellas propuestas formativas en las que resulte pertinente, de acuerdo a objetivos, características y normativa específica".

"A tal efecto -explicó Laurini-, corresponde que la autoridad educativa provincial establezca los lineamientos pedagógicos necesarios, promueva la elaboración y actualización de los materiales educativos, impulse instancias de formación docente y articule acciones con los organismos públicos e instituciones competentes. Estas medidas deberán favorecer una implementación gradual, consistente con los objetivos de la Ley y con tas condiciones institucionales de los establecimientos alcanzados".

La iniciativa presentada por la senadora azuleña "procura brindar un marco para el desarrollo de conocimientos y capacidades vinculados con el uso de tecnologías digitales, la evaluación crítica de la información, la protección de datos personales, la prevención de riesgos y el conocimiento de derechos y responsabilidades en entornos digitales. La participación de organismos especializados y de instituciones académicas deberá contribuir a la actualización de los contenidos, preservando en todos los casos la responsabilidad del Estado sobre las decisiones pedagógicas y la independencia de la enseñanza frente a intereses comerciales particulares".

Finalmente, indicó que "esta iniciativa parte del reconocimiento de que la inclusión digital no consiste solamente en garantizar el acceso a dispositivos y conectividad, sino también en proporcionar los conocimientos necesarios para comprender, utilizar y cuestionar críticamente las tecnologías que intervienen en la vida social y económica. Formar ciudadanos digitales supone fortalecer la autonomía personal, la capacidad de decisión, la protección de derechos y la igualdad de oportunidades. Supone, además, reafirmar el papel de la educación como instrumento de prevención, inclusión y construcción de una sociedad más justa".