La causa penal iniciada tras la denuncia de una enfermera por el supuesto desvío de vacunas contra el COVID-19 en el Hospital de Niños, dosis que habrían recibido allegados al personal jerárquico de ese centro asistencial de salud, continuará instruyéndose en la fiscalía donde está radicada si queda firme el fallo de una jueza de Garantías.

A través de esa resolución dada a conocer el pasado miércoles, había sido rechazado un planteo de declinación de la competencia para que las actuaciones, iniciadas a principios del mes anterior, sean remitidas al ámbito de la justicia federal con asiento en Azul.

En primera instancia, lo dispuesto lleva la firma de Magdalena Forbes, la titular del Juzgado de Garantías 1 con asiento en el Palacio de Justicia local, quien no dio lugar al planteo de incompetencia en esta investigación penal que formulara días atrás el fiscal José Ignacio Calonje; el cual después había sido acompañado por la defensora Oficial Adriana Hernández.

El titular de la Unidad Funcional de Investigaciones Especiales es quien hasta el momento sigue al frente de la tramitación de esta causa; aunque sostiene que las características de "las conductas en estudio" en ese sumario las vuelven propias del llamado "fuero de excepción" -que en este caso sería la justicia federal con asiento en Azul- para que sean investigadas.

Pero según la jueza de Garantías Forbes señaló en lo resuelto hace dos días, quienes podrían figurar acusados integran el actual Directorio del Hospital de Niños, un "efector de Salud provincial".

"Si bien no se pone en duda el interés del Estado Nacional en vacunar a toda la población..., lo cierto es que al delegar éste sus funciones a las autoridades provinciales para la distribución, logística, recursos humanos, sistema de información, registro, monitoreo, supervisión y evaluación de las vacunas y finalmente su aplicación a la población, indudablemente delega además su contralor". De esa manera, "todas las conductas que puedan encuadrarse en delitos que no conlleven a una inmediata competencia federal deben ser juzgados en el ámbito provincial", sostuvo Forbes para rechazar ese planteo de incompetencia.

Más allá de que por el momento el fiscal Calonje no ha hecho una calificación penal de esas conductas que investiga, a criterio de la Jueza garante esta pesquisa podría derivar para los eventuales responsables en lo sucedido en futuras imputaciones por delitos tales como "malversación de caudales o efectos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público", ilícitos que habrían sido cometidos "en concurso ideal de acciones".

La denuncia de una enfermera

Tal lo que ya ha venido siendo informado por EL TIEMPO, a principios del mes pasado una enfermera del Hospital de Niños llamada María Soledad Miranda había denunciado esta aparente situación irregular.

De acuerdo con lo que la trabajadora de la Salud sostuviera, en el centro asistencial con sede en Prat y De Paula dosis contra el COVID-19 que debían ser recibidas por personas que estaban anotadas en el listado oficial y sacaron turnos de manera online para ser vacunadas terminaron siendo suministradas, por fuera de lo establecido, a allegados del personal jerárquico.

El testimonio de la enfermera revela que esas dosis se aplicaron a conocidos y familiares de los miembros del actual Directorio, cuando sus nombres no figuraban en el listado oficial para que reciban las vacunas.

La denunciante afirmó también que todo eso sucedió cuando las personas que eran citadas para ser vacunadas no concurrían al Hospital de Niños.

Miranda declaró en la causa penal por estas presuntas irregularidades, consistentes en "asignar a personas que no estaban en los listados correspondientes las vacunas contra COVID-19", según se señala en las actuaciones.

En su carácter de enfermera del Niños vinculada a la campaña de vacunación, afirmó que a ella "no le permitieron comunicarse con las personas que estaban en los listados" y por diferentes motivos no concurrieron a recibir esas dosis.

En consecuencia, "se convocó a personas allegadas al personal jerárquico del Hospital de Niños" -entre las cuales la denunciante nombró al médico Néstor Cousté, el actual director de ese centro asistencial, y al contador Luis Tonel, director Asociado- para que recibieran las vacunas.

"Estas personas beneficiadas por estos funcionarios públicos fueron agregadas a mano a continuación del listado oficial, cada día en que se operó de este modo. En especial, los días 2; 3 y 4 de marzo del corriente, en tanto la testigo cumplía su función dentro del Hospital", puede leerse en lo dispuesto sobre las características que tuvieron estos hechos.

Luego, los datos de esas personas habrían sido ingresados al listado oficial, con intenciones de encubrir la maniobra.

El mismo día en que Miranda declarara en sede judicial, el fiscal Calonje había encabezado, junto con personal policial, una diligencia a través de la cual se hizo presente en el Hospital de Niños para recoger documentación relacionada con la actual campaña de vacunación y registros de cámaras de seguridad.

"Todo lo expuesto permite sostener la existencia de un hecho ilícito en plena investigación. Y además, que no es un delito cuya jurisdicción la Nación se ha reservado expresamente", escribió la magistrada Forbes en lo resuelto. Decisión que por el momento se traduce en que, no obstante lo sostenido por las partes, esta causa penal siga radicada en la justicia ordinaria.

EL DATO

De acuerdo con lo informado a EL TIEMPO por voceros allegados a esta investigación, la semana próxima el fiscal José Ignacio Calonje tiene previsto recurrir ante la Cámara Penal el rechazo de la declinatoria de la competencia de la justicia ordinaria en esta causa.

Lo sucedido en el Hospital de Niños con las vacunas contra el COVID-19, sostuvo Magdalena Forbes, la Jueza de Garantías que rechazó este planteo de incompetencia, "es diferente" a esos dos sumarios que actualmente están radicados en el ámbito de la justicia federal.

En ambos casos se trata de los expedientes relacionados con las pérdidas de varias dosis de vacunas contra el coronavirus. El hecho más reciente había sido descubierto el lunes pasado en el PAMI de Azul y el otro, meses atrás, sucedió en Olavarría.

"En estos días los ciudadanos de Azul y del país nos hemos enterado de una nueva pérdida de vacunas Sputnik-V. Conforme se puede leer de las noticias circulantes, alguna persona habría dejado fuera del freezer no menos que trescientas dosis de vacunas que iban dirigidas a inmunizar a trescientas personas", sostuvo la magistrada sobre esa situación ocurrida en la UGL del PAMI con sede en esta ciudad, la cual después se tradujo en la formulación de una denuncia ante la Fiscalía Federal a cargo en esta ciudad de Santiago Eyherabide.

"No es novedosa en este Departamento Judicial la destrucción de vacunas -por pérdida de la cadena de frío- que el Estado Nacional y Provincial pretende hacernos llegar a los ciudadanos", indicó la Juez en otro tramo de lo resuelto este miércoles que pasó.

"Efectivamente, esta nueva pérdida se suma a la ocurrida tiempo atrás en Olavarría, donde se inutilizaron otras 400 dosis de vacunas contra el COVID-19", escribió con relación a ese otro hecho, sucedido durante los primeros días de enero de este año.

"En esa oportunidad -recordó la Jueza garante- el titular del Juzgado Federal de Azul, Dr. Gabriel Di Giulio, reclamó para sí su competencia para intervenir en la cuestión planteada", luego de que sostuviera que "la inutilidad de las vacunas habría, prima facie, violado una ley nacional y corrompido el servicio público de la nación afectando la salud pública".

"Es decir que el principal tema que decidió al Sr. Juez Federal para intervenir en esa causa -algo que todavía debe resolverse desde la Cámara Federal con asiento en Mar del Plata- fue la cuestión sanitaria, toda vez que la destrucción de las vacunas, fuere intencional o por negligencia, impactaba directamente en la salud de las personas".

"Esta causa es diferente", escribió la titular de Garantías 1 en el fallo donde dispuso que lo sucedido en el Hospital de Niños siga siendo materia de instrucción de una causa en la justicia ordinaria.

Según explicó, "en esta investigación penal preparatoria se plantean -al menos en principio así surgiría de la descripción de las conductas efectuada por el Sr. Agente Fiscal- irregularidades en la aplicación de las vacunas por parte de funcionarios de esta provincia, lo que determina que el encuadre también sea diferente al que se plantea en las restantes causas".