22 de abril de 2026

EN EL AGUA DE RED DE LA CIUDAD DE AZUL

EN EL AGUA DE RED DE LA CIUDAD DE AZUL . La denuncia penal por los niveles de arsénico

Se menciona una "afectación grave y continua del derecho a la salud y al acceso al agua potable segura de la población", en tanto el médico Néstor Nasello asevera que "nada se ha hecho para reducir los niveles nocivos de la sustancia, tampoco se ha destinado la inversión necesaria para sanear la situación sanitaria".

El médico pediatra azuleño Néstor Nasello remitió a este diario copia de la denuncia que presentó ante la Justicia, como consecuencia de los niveles de arsénico en el agua de red en esta ciudad.

Radicada ante la Fiscalía de Estado -a través del patrocinio letrado de Adrián Luis Tocci- en el objeto de la presentación se indica que "ante el doble carácter de ciudadano y profesional de la salud con ejercicio en la ciudad de Azul" formuló la denuncia, "por afectación grave y continua del derecho a la salud y al acceso al agua potable segura de la población".

"La presencia inequívoca de altos niveles de arsénico en el suministro de agua potable para consumo humano", se indica, "afecta a todo el distrito, con severo daño sanitario en la población".

La situación "anómala es archiconocida desde hace mucho tiempo por los organismos responsables del suministro y contralor del servicio de agua potable. En esta inteligencia es dable destacar que, pese al cabal conocimiento de la grave implicancia, sobre todo en las personas más vulnerables, no se han gestionado medidas adecuadas, eficaces y sostenidas en el tiempo para prevenir el daño sanitario, como así tampoco se ha suministrado información clara, accesible y transparente a los vecinos para alertarlos o que los mismos adopten medidas individuales".

Se solicita "que se investiguen los hechos, se proceda al saneamiento del suministro de agua (con terceros imparciales a los intereses de los gestores). Y de surgir responsabilidades administrativas, civiles o penales (podemos estar ante un estrago doloso), se tomen las diligencias pertinentes que pudieran corresponden, intervengan las instituciones y poderes del Estado en salvaguarda de la protección de la salud pública".

La denuncia refiere que los valores de arsénico "superan ampliamente el límite máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)" y que "estas directrices también tienen recepción en el Código Alimentario Argentino (CAA). En estas normas se establece que para el agua potable de consumo humano no debe superar 0,01mg/L. La CEAL ha intentado justificar estos valores en base a la normativa provincial del año 1996, con límites más laxos que lo llevan a 0,05mg/L. Sin embargo, este límite no protege adecuadamente la salud humana, cuestión de mención en el anexo del CAA; siendo un guarismo de excepción y transitorio mientras se implementan las acciones tendientes a lograr valores aptos. Dicho esto, nos hallamos desfasados en décadas en cuanto a la solución".

"El CAA deja expreso que esta salvedad es sólo para los casos en los que no se pueda aplicar la tecnología para disminuirlos", se añade.

En esa misma línea, se apunta que "la CEAL se ha amparado entonces en una ley provincial de 1996 y desde ese entonces -treinta años- se ha expuesto a la población al consumo de arsénico que triplica el máximo tolerable para la salud humana, con todo lo que ello implica".

"En este apartado tenemos que preguntarnos que es más oneroso el tratamiento médico, e incluso en muchas circunstancias puede ser irreversible para la salud que sanear las fuentes de suministro de agua potable", afirma Nasello en la presentación penal.

E indica que "podemos afirmar que el Municipio de Azul y la CEAL no han podido garantizar un suministro seguro. Incluso existen en el ámbito provincial antecedentes jurisprudenciales que reconocen la problemática y recomiendan estándares homologados al CAA".

"Nada se ha hecho para reducir los niveles nocivos de la sustancia, tampoco se ha destinado la inversión necesaria para sanear la situación sanitaria. Con un simple sistema de osmosis inversa se podría descender los niveles a guarismos lógicos. En este orden de ideas cabe destacar que la exposición al arsénico no sólo se limita al consumo directo de agua -supuestamente potable-, sino también se ingiere a través del consumo de mate, bebidas calientes, cocción de alimentos, lavado de frutas y verduras, baño diario -absorción cutánea e inhalación de vapor-".

En los "fundamentos sanitarios", en la denuncia se indica que, "desde el punto de vista médico-científico, la exposición crónica al arsénico se asocia a lesiones cutáneas, trastornos gastrointestinales, daño renal y tiroideo, hiperpigmentación de la piel, hipertensión arterial y enfermedad coronaria, trastornos neurológicos, incremento significativo del riesgo de cáncer -piel, pulmón, vejiga, entre otros-. En los lactantes y niños menores de seis años genera déficit cognitivo, trastornos de atención y disminución de coeficiente intelectual, alteraciones inmunológicas y vasculares, cancerígenos grupo 1, entre otros. Los efectos resultan especialmente graves en mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con enfermedad crónica, configurando un claro problema de salud pública. Como médico en ejercicio en la ciudad de Azul puedo afirmar que se observa en la práctica clínica cotidiana un incremento de patologías tiroideas, oncológicas", entre otras.

Se solicita a la Justicia que "se investigue a fondo a la CEAL, autoridades municipales competentes en las áreas respectivas, especialmente en Salud", por lo que en la denuncia "solicitamos se aporten los números de expedientes que surjan de esta presentación para su trazabilidad y seguimiento".

Además, se pide que "se disponga una investigación administrativa independiente" y "se realicen las pericias pertinentes sobre el suministro de agua potable", como además que "se informe periódicamente los resultados de las muestras" y "se adopten las medidas cautelares pertinentes urgentes en salvaguarda de la población". También, que "se determine los responsables y acción a seguir".

Por último se expresa que "la negación, la minimización del problema o la inacción constituyen un ataque directo a los consumidores y sus derechos, tanto así que más de 15 mil personas ya han manifestado su preocupación".


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