21 de abril de 2026
El juez Gabriel Di Giulio dictó el procesamiento sin prisión preventiva del directivo de la firma Absolon S.A. por el volcado de efluentes industriales al cauce hídrico. La investigación, impulsada por la Sede Fiscal Descentralizada de Azul, determinó que la actividad contaminante se extendió por al menos dos años y afectó tanto la salud como el ecosistema regional. Se trabó un embargo por 20 millones de pesos.
En una resolución dictada en línea con lo requerido por el fiscal federal Santiago Eyherabide y los auxiliares María José Buglione y Lucas Moyano, el Juzgado Federal de Azul procesó al presidente del directorio del frigorífico de faena de aves Absolon S.A.. El directivo es acusado de violar la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, que prevé penas de prisión para quienes envenenen o contaminen de modo peligroso el suelo, el agua o el ambiente en general.
Investigación y pruebas
La causa tuvo su origen en una denuncia de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA). Tras una serie de inspecciones y toma de muestras realizadas por la Sede Fiscal Descentralizada de Azul, se constató que la planta -ubicada en Roque Pérez, a escasos dos kilómetros del Río Salado- vertía líquidos contaminantes como parte de su proceso industrial.
Las pericias determinaron que estas conductas se desplegaron al menos entre enero de 2023 y febrero de 2025. Los informes de laboratorio confirmaron la presencia de efluentes en concentraciones prohibidas que compartían características de peligrosidad previstas en la normativa ambiental vigente.
Impacto ambiental y antecedentes
El magistrado Gabriel Di Giulio destacó que el destino final de estos residuos era el cauce del Río Salado, un recurso hídrico vital que atraviesa numerosas localidades bonaerenses y es fundamental para actividades agropecuarias y recreativas. El fallo resalta que el accionar de la empresa comprometía directamente "el agua, la vida y el ambiente en general".
Asimismo, el juzgado advirtió que la firma ya había sido objeto de clausuras preventivas y multas por parte de la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la defensa del directivo no pudo justificar la falta de intención, dado que las obras de adecuación propuestas se encontraban detenidas desde hacía aproximadamente dos años y los volcados continuaron sin el debido tratamiento.
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