ACUSADO DE VARIAS ESTAFAS . Familiares de Santamaría ofrecen dos propiedades para la fianza que le permita recuperar su libertad

A pesar de que el pasado miércoles le fue concedida la excarcelación, Rodrigo Santamaría continuaba hasta ayer privado de su libertad en la Seccional Primera local de la Policía bonaerense.

Esa situación obedece a que el dirigente político azuleño -de 38 años de edad- no ha podido solventar hasta el momento la llamada "caución real" que el Juez que entiende en la causa donde se le imputan varias estafas también le impusiera hace cuatro días, al otorgarle el referido beneficio.

Tal como EL TIEMPO informara en su edición web, dicha suma quedó fijada en 120 millones de pesos.

De poder el acusado depositarla en la cuenta judicial abierta en el marco del sumario penal que lo involucra, se constituirá en la principal garantía para que finalmente sea excarcelado.

A través de lo que resolviera el juez Federico Barberena desde Garantías 2, se especificaba que el acusado de estas maniobras de tipo defraudatorias puede abonar dicha fianza de dos maneras: con dinero u ofreciendo bienes inmuebles que sirvan para cubrir la totalidad de dicho monto.

Con relación a esta segunda alternativa, voceros allegados a la tramitación de la causa señalaron a este medio que familiares del ex Presidente del GEN Azul habían acercado los títulos de dos propiedades, por lo que ahora se está evaluando si los mismos se adecuan a lo estipulado por el titular de Garantías 2 para que el acusado pueda recuperar la libertad.

El pasado jueves esos documentos fueron aportados desde el entorno familiar del acusado, con el objetivo de garantizar la fianza fijada por el Juez de la causa.

"Ambas propiedades no están a nombre de Santamaría y se pidió que con estos títulos se acompañen los certificados de dominio y las tasaciones de las mismas por parte de martilleros", explicó una fuente judicial consultada al aludir a los pasos que deben darse para determinar si dichos bienes sirven para solventar la fianza fijada al también ex Prosecretario Legislativo del Deliberante.

Dos apelaciones

Mientras tanto, ya están radicados en la Cámara Penal departamental, para lo que serán sus resoluciones en los próximos días, dos recursos de apelación formulados por las partes que intervienen en esta causa.

Con objetivos diferentes, un día después de conocerse la decisión de otorgarle a Santamaría su excarcelación bajo "caución real" a esas presentaciones las interpusieron ante la Alzada el fiscal David Carballo y la defensora Oficial Adriana Hernández.

En el caso del titular de la UFI 2 -que le continúa imputando a Santamaría el delito de estafas reiteradas, a través de ocho hechos en perjuicio de igual cantidad de damnificados, los cuales le atribuye como cometidos "en concurso real de acciones" y por una suma total estimada en 100 mil dólares- para que en una segunda instancia quede sin efecto la excarcelación concedida al acusado.

Para el Fiscal del caso, de recuperar la libertad el dirigente político podría incurrir en los denominados "peligros procesales" por los que -según su interpretación- no resulta adecuado que haya sido excarcelado.

"A lo largo de la investigación se ha logrado reunir un conjunto de elementos que permiten sostener, con el grado de conocimiento exigido en esta instancia, la existencia de al menos ocho maniobras defraudatorias desarrolladas durante un período prolongado, mediante las cuales el imputado habría recibido importantes sumas de dinero de distintos damnificados bajo la promesa de efectuar inversiones financieras y obtener rendimientos económicos. La investigación procura determinar el destino de los fondos recibidos, la efectiva realización de las operaciones financieras ofrecidas y la eventual intervención de otras personas", señaló Carballo en el recurso presentado ante el máximo Tribunal de Alzada.

Además, el Fiscal puso especial énfasis en actitudes demostradas por el acusado en los días previos a concretarse su detención. Cuestiones que a su entender deben ser interpretadas como un obstáculo para el pulso del proceso penal que involucra a Santamaría y, en consecuencia, constituyen un impedimento para su liberación.

Uno de esos aspectos a los que Carballo aludió en el recurso se relaciona a lo que el propio acusado expresara -cuando todavía se desconocía su paradero y estaba oculto- en una comunicación telefónica que mantuvo con una de las denunciantes.

En aquella charla el dirigente político admitió que en algún momento barajó la posibilidad de irse de la ciudad.

En tanto, la otra cuestión que el Fiscal también le adjudica como una conducta negativa al investigado se relaciona con la intención que tuvo de deshacerse de su teléfono celular, aunque finalmente ese móvil pudo ser hallado y entregado a la Justicia.

"La resolución que concede la excarcelación de Rodrigo David Santamaría Martini debe ser revisada, conforme a las disposiciones que regulan la procedencia de las medidas de coerción y los presupuestos de la libertad durante el proceso", concluyó en su apelación el representante de la Acusación, en busca de que en la Cámara Penal quede sin efecto el beneficio concedido al imputado por el Juez de la causa.

Pero también los integrantes de la Alzada deberán analizar el recurso que interpuso Adriana Hernández, la defensora Oficial del dirigente político.

Si bien el pedido que esa funcionaria judicial presentara en favor de su asistido para que fuera excarcelado prosperó en una primera instancia, en la presentación ante la Cámara lo que concretamente pide es que quede sin efecto para Santamaría la "caución real" de 120 millones de pesos que le fuera fijada como condición indispensable para recuperar su libertad.

De no prosperar ese pedido, de manera subsidiaria la Defensora solicitó también que dicha fianza sea considerablemente reducida para que el denunciado pueda afrontarla.

Además, en el recurso que formuló aclaró que -de considerarse adecuados como garantías patrimoniales para la fianza los títulos de las dos propiedades acercados por familiares de Santamaría y sirvan para que recupere la libertad en los términos fijados por el Juez de la causa- quede sin efecto en la Alzada la apelación que formuló.

El dato

En la resolución donde le fue concedida la excarcelación a Rodrigo Santamaría, se hizo mención a lo que expresaron los damnificados sobre el otorgamiento de ese beneficio al dirigente político. Si bien uno de ellos se opuso, los demás estuvieron de acuerdo; aunque aclararon que su liberación se concrete "siempre y cuando realice una reparación integral de los perjuicios generados".

"Una maniobra defraudatoria"

La imputación por la que Rodrigo Santamaría había sido detenido el pasado jueves 15 de octubre, durante un procedimiento policial que permitió hallarlo en un departamento del Barrio Carús donde residen familiares suyos, señala que a las ocho estafas las cometió "en el período comprendido, al menos, entre el mes de marzo del año 2025 y el mes de septiembre del año 2026".

Durante esos meses, al dirigente político le atribuyen haber desarrollado "una maniobra defraudatoria", consistente "en ofrecer a distintas personas realizar inversiones de dinero, tanto en moneda nacional como extranjera, mediante una actividad financiera que les permitiría obtener elevados rendimientos económicos periódicos".

Considerando lo denunciado por los damnificados, desde la Acusación se sostiene que Santamaría -"abusando de la confianza en él depositada, simulando una solvencia económica y conocimientos técnicos de la operatoria ofrecida"- terminó defraudando patrimonialmente a quienes ahora le reclaman la devolución de los diferentes montos de dinero que le fueron dando.

El miércoles pasado, cuando el juez de Garantías Barberena le concedió la excarcelación, a través de lo decidido señaló que dicho beneficio implicaba indefectiblemente que Santamaría tuviera que depositar una fianza, fijada en los 120 millones de pesos ya mencionados. También, que de no contar con ese monto de dinero el dirigente político podía solventar la caución con "bienes inmuebles o sobre automotores bajo su titularidad -libres de gravámenes-, trabando a su respecto el embargo respectivo con el fin de garantizar la presentación del imputado cuando sea llamado por la Justicia".

"Una vez integrada la caución fijada o trabado el embargo sobre el bien que corresponda, se hará efectiva la libertad del imputado desde su actual lugar de alojamiento, de no mediar impedimento legal ajeno a las presentes actuaciones", escribió el titular de Garantías 2 en lo decidido hace cuatro días.

Además, el magistrado Barberena le dictó al acusado diferentes obligaciones que deberá cumplir para que no le sea revocado el beneficio que le concedió.

De esa manera, tiene que entregar su pasaporte porque le fue prohibido salir del país durante lo que dure el proceso que lo involucra o "hasta tanto no se disponga una medida diversa a la presente". Y tampoco Santamaría, "por todo el tiempo que insuma el presente proceso", puede contactarse con las personas que lo denunciaron. Salvo que los propios damnificados así lo requieran, en procura de un arreglo extrajudicial con el imputado que les permita recuperar las sumas de dinero que le continúan reclamando.