19 de noviembre de 2023
Según cifras de la Dirección Nacional Electoral, se trata de un total de 1.168.033 adolescentes de entre 16 y 17 años, casi un 47% más que las elecciones nacionales de 2019.
Más de un millón de adolescentes de 16 y 17 años, que representan el 3,3% de los electores del padrón, están en condiciones de votar en el ballotage presidencial después de una campaña electoral que buscó captar su interés, especialmente por medio de las redes sociales y plataformas digitales como Tik Tok y Twich.
Según cifras de la Dirección Nacional Electoral, se trata de un total de 1.168.033 adolescentes de entre 16 y 17 años, casi un 47% más que las elecciones nacionales de 2019.
Por otro lado, dentro de los votantes jóvenes, según el padrón electoral, las personas entre 18 y 29 años que pueden emitir su voto son un total de 8.337.914 y representan el 24,29% del padrón.
La Ley de Ciudadanía Argentina N°26.774, conocida como Ley de Voto Joven, se sancionó el 31 de octubre de 2012 y establece el derecho de las personas jóvenes de 16 y 17 años, nativas o por opción y no nativas o naturalizadas argentinas, a participar en elecciones, ejercer el derecho al voto y elegir a sus representantes.
Luego de esta reforma las provincias fueron adaptando su legislación para extender el beneficio a los jóvenes de 16 años, porque cada Estado tiene la facultad de dictar su orden político e institucional y en consecuencia su sistema electorales aunque dentro del ámbito de las normas de la Constitución Nacional. (DIB)
Hoy a las 19, el Coro Estable de la Capilla del Buen Pastor brindará un concierto gratuito con un recorrido histórico por la música sacra. Bajo la dirección de Marcos Peralta, se interpretarán obras de Bach, Mozart y Schubert, entre otros. La entrada es un bono contribución voluntaria.
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Un proyecto de Ordenanza que comenzará a ser analizado en comisiones del Concejo Deliberante señala que "resulta necesario priorizar la contratación de mano de obra local". Se afirma que "la obra pública y los servicios financiados con recursos estatales deben contribuir al desarrollo local" y, en tal sentido, se considera que "el Estado debe asumir un rol activo en la promoción del empleo".
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