La iniciativa fue presentada por el concejal del bloque UCR, Agustín Puyou, e indica que la medida es por el término de un año.

Se indica que "nuestro país atraviesa una fuerte crisis económica y el Partido de Azul no es ajeno al consecuente impacto socio-económico".

También se remarca que "un significativo número de hogares y familias en el Partido de Azul se encuentran en situación de vulnerabilidad económica creciente como consecuencia de la inflación, el desempleo, la precariedad laboral y la crisis económica en general".

Puyou asevera en su proyecto que "es urgente garantizar el derecho a la alimentación y adoptar medidas para paliar el hambre de las familias en situación de vulnerabilidad".

De aprobarse el proyecto de ordenanza, se facultará al Ejecutivo municipal a reasignar partidas presupuestarias como así también "disponer de recursos extraordinarios en el marco de la emergencia alimentaria, con el fin de atender las necesidades básicas de la población en situación de vulnerabilidad social y morigerar el impacto de la crisis económica".

Asimismo, el Ejecutivo podrá impulsar acciones y celebrar acuerdos con "instituciones, empresas y organizaciones de la sociedad civil, a fin de coordinar esfuerzos y optimizar recursos, como así también toda otra medida correspondiente dirigida a atender la demanda alimentaria de la población afectada por la crisis".

Puyou propone además que el Ejecutivo local peticione "formalmente ante el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional el refuerzo en el envío de alimentos al Municipio de Azul".

El proyecto de ordenanza, por otro lado, propone la creación de un Comité de Emergencia Alimentaria en el ámbito del Concejo Deliberante local "con el fin de coordinar medidas, realizar un seguimiento continuo y control de las acciones implementadas en el marco de la emergencia alimentaria".

El comité quedará integrado por un representante de cada bloque legislativo local, el presidente del Concejo, los presidentes de las comisiones de Acción Social y de Presupuesto, y un representante de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad.

Del mismo modo, plantea la necesidad de elaborar "un informe periódico sobre la evolución de la crisis alimentaria y las acciones implementadas para mitigar sus efectos, los cuales serán de carácter público y estarán a disposición de la ciudadanía".