El proyecto que plantea la derogación de las ordenanzas Fiscal e Impositiva vigentes, presentado por el bloque Podemos, luego de un extenso debate fue finalmente girado a las comisiones de Presupuesto y de Interpretación durante la primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante realizada ayer.

La concejal Natalia Colomé, luego de exponer la iniciativa, sostuvo que "en las últimas sesiones ordinarias, la aprobación se ejecutó casi de la noche a la mañana" y mencionó "una preparatoria que tuvo numerosas desprolijidades e improvisación, porque se modificaron sobre la marcha distintas tasas".

Mencionó que, "frente a la preocupación que generó esta aprobación, tuvimos una movilización de los sectores para la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, que generó un enfrentamiento prácticamente innecesario, que se podía incluso haber evitado". En tanto, señaló que las ordenanzas finalmente aprobadas a fines de 2023 "nosotros dijimos que tenían altas posibilidades de ser judicializadas y así fue".

Colomé refirió que a dichas ordenanzas "las ingresa el intendente saliente Bertellys obviamente con el acompañamiento y la complicidad del gobierno actual" y que ello "obligó a muchos vecinos, frente a lo que significaba este impacto, a poder defenderse claramente ante una ordenanza que es un impuesto y no una tasa, y que es inconstitucional".

En tanto señaló que "la Justicia se ha expedido en un fallo, en parte, días pasados" -tal como reveló este diario el domingo pasado-, también Colomé apuntó que "en este constante chequear y chequear es que nosotros encontramos esta grave deficiencia en el proceso de aprobación, por no alcanzarse los votos que establece la Constitución provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades".

En ese contexto afirmó que, "para nosotros, es una situación irregular. Convalidarla y ser cómplices de una situación que no queremos, por eso nuestra decisión de hacerlo público, en defensa de nuestros vecinos y también del Municipio, porque los recursos nos pertenecen a todos, no sólo a quienes los administran".

Por ello, afirmó, "corresponde proteger la legalidad y el correcto cumplimiento de los procedimientos". "Consideramos que el Concejo Deliberante, así como sancionó estas normas, las deje sin efecto iniciando un proceso que corrija esta situación. Por eso proponemos esta derogación, porque han sido promulgadas y tienen plena vigencia, se están ejecutando, se están cobrando", acotó.

Del mismo modo Colomé expresó que "una crisis estructural no se resuelve aumentando y creando más tasas, sin que haya también un acompañamiento donde esté claro que vamos a tener mejores servicios, con menos costos y también evitar recaer todo el tiempo sobre la gente, porque sin un trabajo serio de planificación y de eficientización de los recursos es difícil que el vecino, al hacer el esfuerzo, realmente sienta que tiene que acompañar, porque todo el tiempo se está haciendo cargo -gestión tras gestión- de los errores de la administración".

Dijo, además, que "este fue un manotazo de ahogado, desprolijo, apresurado; se usó la mayoría circunstancial que se tuvo en esas dos sesiones y se vuelve a depositar la carga sobre la espalda de los vecinos en pleno contexto de crisis económica".

Actualmente, observó, "la estrategia se vuelve en contra, frente a la cantidad de presentaciones judiciales, colectivas e individuales, que ha tenido la sanción de estas ordenanzas, en cuanto a lo que parece el remedio puede convertirse en la peor enfermedad si la Justicia avanza con los fallos, en cuanto a que estamos hablando de un impuesto y no de una tasa. En su momento advertimos sobre su inconstitucionalidad, de que viola la ley de coparticipación".

"Teníamos la oportunidad de darle mayor fortaleza a ese debate, si hubiéramos tenido las instancias que, más allá de ser pedidas en reiteradas ocasiones, no tuvimos", expresó Colomé, por lo que "presentamos este proyecto para derogar ambas ordenanzas".

Finalmente indicó que "vamos a solicitar un pronto despacho (de las comisiones a las que se giró el proyecto de ordenanza) para poder conocer el aporte de los distintos bloques y que se trate de forma ampliada para poder garantizar que haya participación de todos los bloques".

A continuación intervino en el debate la concejal María Inés Laurini, del bloque Unión por la Patria. Señaló que "esta es una discusión que nosotros venimos dando desde el año 2017. En cada una de las oportunidades que se analizaba Presupuesto y Rendición de Cuentas, nosotros venimos planteando la necesidad de modificar el esquema tributario de Azul, injusto, regresivo, que no tiene nada que ver con el potencial contributivo que representa a un distrito con las características" de Azul.

Desde su óptica, "volvemos discusiones para atrás, con afirmaciones muy fáciles, que no respetan la historia, la coherencia, de posturas que venimos sosteniendo a lo largo de los años".

En ese contexto, apuntó a los ediles de Podemos: cuestionó la "costumbre que tiene Podemos: dar conferencias de prensa, irresponsables, con afirmaciones basadas en análisis erróneos y no tener la honestidad intelectual de salir a aclarar que se cometió un error de interpretación".

Laurini, por ejemplo, mencionó que el actual presidente del Concejo, Juan Louge, había llegado a un cálculo equivocado de la tasa urbana y que "jamás salió a desmentirlo".

Al respecto indicó que "una cosa es marcar, con honestidad, errores que se pueden encontrar en una ordenanza, y otra es hacer ese tipo de declaraciones. Todavía estoy esperando que ustedes salgan a decir 'nos equivocamos'... No salieron a hacer esa aclaración. Les encanta las conferencias de prensa". Luego les propuso: "Traigan los temas a debate, los debatimos, y después se dan las notas".

También cuestionando la postura de Podemos, Laurini añadió: "Yo pregunto: ¿Cómo vienen y se sientan en una sesión de la importancia que tiene la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, sin haber revisado con qué mayoría se aprueba esa ordenanza? ¿Ustedes se piensan que yo vine a esa sesión sin saber que existe un falle de la Corte y un debate que lleva años, y que existe infinidad de consultas hechas al Tribunal de Cuentas y a la Asesoría General de Gobierno, donde se ha expedido siempre en el mismo sentido, independientemente del fallo de la Corte?". Acotó Laurini -quien desempeñaba la Presidencia del cuerpo deliberativo al momento de la sanción de las ordenanzas Fiscal e Impositiva- que "el presidente debe saber cuál es la mayoría que se exige para cada una de las cuestiones que se están tratando".

Luego, en referencia al proyecto que propone derogar las ordenanzas Fiscal e Impositiva, la concejal Laurini manifestó que "es de gusto plantear que le mandaríamos esto al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas ya lo recibió y ya lo analizó. Al día siguiente de la sesión, hay que remitirlo al Tribunal de Cuentas".

Otra observación dirigida al bloque Podemos fue que "ustedes manifiestan que los asesoraron 'sus técnicos'. Yo creo que a estas cuestiones las pueden resolver ustedes mismos, porque si no obliga a uno a decir: ¿Con quién debato? ¿Con Duclós, con Norte, con Molina, con Arruti...? ¿Con quién está debatiendo uno? Porque de golpe, tres meses después de la sesión, los técnicos les dijeron que había un fallo de la Corte".

La concejal Laurini sostuvo, entonces, que "girarlo al Tribunal de Cuentas no tiene sentido, porque se ha expedido, respecto de esta cuestión, en infinidad de fallos". E indicó que "esos dictámenes dicen siempre lo mismo... 'la Constitución, al decir votos, ha querido definir que la resolución se tomará por la mayoría absoluta de los miembros presentes, atento a que sólo habilita al voto la presencia del miembro en la asamblea. Y una vez constituida la asamblea, con el quórum necesario para funcionar, las decisiones de adoptan por la mayoría absoluta de los miembros presentes; es decir, más de la mitad de los votos emitidos... en cuanto al doble voto del presidente frente al empate, considero que tal voto ha permitido alcanzar la mayoría...' ¿Acá le consultaron? -dirigiéndose a Louge-, porque salieron iguales y desempató la Presidencia. Ustedes siguen insistiendo con que un voto no alcanza para determinar una mayoría".

Por su parte, refirió el contenido de dictámenes de la Asesoría General de Gobierno: "'...concretamente se inquiere si la referida mayoría debe computarse sobre los miembros presentes en la votación o sobre el total de los miembros que integran la citada asamblea... Esta Asesoría General de Gobierno ha sostenido en numerosos precedentes que la mayoría absoluta de votos que requiere el mencionado artículo 193 inciso 2° de la Carta Magna local, alude a los miembros presentes en la sesión, siempre -claro está- que se respete el quórum establecido para su normal funcionamiento... Asimismo ha señalado también en dichos antecedentes que mayoría absoluta de votos es aquella que no puede ser superada por la otra porción de votos, o sea, más del cincuenta por ciento de los sufragios en juego...'. Esta es la respuesta que da la Asesoría General de Gobierno ante una consulta sobre un cuestionamiento igual al de acá", afirmó Laurini, con respecto a la interpretación del término "mayoría".

"Lo que me llama la atención -aseguró Laurini- es que esta cuestión, que ha sido tan debatida a lo largo de los años, y por la que se ha generado tanta jurisprudencia, a la que debemos consultar los concejales, como es la que genera el Tribunal de Cuentas y la Asesoría General de Gobierno, vengamos tres meses después con esa conferencia de prensa de ustedes", en tanto remarcó que ya existe un fallo sobre Azul, en el que "se consulta por una Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes en las que hubo presentes 21. El quórum se conformó con 21. En el 2016... tampoco hace tanto. '...resumiendo para este caso concreto, la asamblea se encontraba constituida por 11 concejales y 10 mayores contribuyentes. Debemos señalar que la [mayoría] obtenida en la asamblea en examen resulta suficiente para tener por aprobada la ordenanza...'".

Por otro lado, Laurini también cuestionó que "ustedes le quieren remitir la ordenanza al Tribunal de Cuentas, que ya la tiene", en tanto refirió que "hay cantidad de dictámenes donde el Tribunal de Cuentas aclara que no se va a expedir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Que para eso se requiere la intervención de la Justicia". "Entonces -continuó-, lo que ustedes tienen que hacer es hacer la denuncia en la Justicia. Pero son tibios... Prolongan y prolongan. La tasa esencial ya fue judicializada, está en el [Juzgado] Contencioso Administrativo. ¿A qué venimos tres meses después con esto? O vayan a la Justicia y hagan la denuncia. Una de ustedes, más allá de las que ya está. ¿Qué sentido tiene esto?".

Laurini definió que el proyecto presentado por Podemos "es una barrabasada, es un disparate..." y manifestó que "la palabra 'barrabasada' define también que el disparate viene acompañado de mala intención, porque lo único que hace es confundir. No llegamos a nada. No agregan nada".

A su modo de ver, "distinto es hacer alguna propuesta concreta. El IPPA, por ejemplo; una persona como Federico Rossi, que lo conocemos, ha sido prosecretario legislativo, por lo menos publica una propuesta", en referencia al artículo incluido en la edición de EL TIEMPO del domingo último.

"Ahora: es complicado cuando piden y piden, el pase a comisión -aseguró Laurini-, y uno después ve las dificultades de interpretación que tienen de las cosas. O si no, que vengan los técnicos [de Podemos] y lo debatimos. Pero, en realidad, son poco serios, porque nunca han presentado una propuesta".

Mencionó entonces que "uno de los dictámenes del Tribunal de Cuentas dice que toda ordenanza impositiva debe ser derogada por otra y, entre paréntesis, 'va de suyo', como diciendo... 'lo aclaro, por si acaso y algún desprevenido que no entiende...'. No podemos derogar una ordenanza impositiva sin presentar otro proyecto de ordenanza impositiva... Ustedes hagan lo que quieran, pero en realidad, para derogar la Impositiva, ¿por qué no se pusieron a trabajar y presentaron la propuesta alternativa? Seguimos con el circo... Traigan la propuesta", sugirió Laurini a los ediles de Podemos.

Luego remarcó: "Ahora, tengan en cuenta, como hicieron el año anterior, cuántos recursos se ha manifestado que necesita el Departamento Ejecutivo para sostener la prestación de los servicios y en el caso que quieran ajustar, en qué quieren ajustar. Porque no nos olvidemos que el año anterior ustedes hicieron ajustar 50 millones de pesos en el presupuesto de Salud, por una decisión también absolutamente irresponsable e inviable".

Finalmente explicó que "la cuestión de cómo se decidió interpretar los votos en aquella asamblea de concejales y mayores contribuyentes fue una decisión tomada en base al análisis de historia en dictámenes, jurisprudencia, fallos de la Corte, etcétera".

En el debate -del que participaron además los ediles Lambusta, Ferrarello, Álvarez, Torres, Burgos y Cabrera-, Colomé respondió a Laurini: "Evidentemente estamos hablando de distintas interpretaciones y de la forma en la que se computan las mayorías absolutas", en tanto señaló que "hay fallos donde claramente también el Tribunal de Cuentas deja expresamente claro que 'no tiene facultades para dictaminar sobre la nulidad o validez de las ordenanzas sancionadas, al margen de las disposiciones normativas aplicables, siendo la Justicia el poder que tiene la capacidad para ello...'. Por supuesto que hay que ir a la Justicia también, pero más allá de eso corresponde que este Concejo Deliberante que aprobó, nosotros al descubrir esta situación, consideramos primero que la mayoría absoluta es la interpretación que hace la Corte, fundamentalmente porque hay que tener en cuenta la supremacía de una Suprema Corte de la provincia respecto de un organismo administrativo

en esto la Suprema Corte falla en la causa que menciona la concejal Laurini y es claro. Argumenta que se habría producido la afectación a los artículos 192 inciso 5° y 193 inciso 2° de la Constitución provincial, toda vez que se altera el criterio de la mayoría absoluta. El fallo textualmente dice: 'La Suprema Corte entendió que el artículo 193 inciso 2° de la Constitución provincial exige una mayoría agravada, que no consiste en la mayoría de los miembros de la asamblea de concejales y mayores contribuyentes presentes al momento de resolver, sino que tal como allí reza, la mayoría absoluta de los votos de una asamblea, entendiendo que con la palabra votos el constituyente hace referencia a los miembros'. El artículo 32 de la [Ley Orgánica de las Municipalidades], al reglar las ordenanzas impositivas, impone que deberán ser sancionadas por la mayoría absoluta de los miembros integrantes del cuerpo. La Suprema Corte es clara en este fallo en particular, advirtiendo que la intención, tanto del legislador como del constituyente, ha sido la de imponer mayores exigencias para el ejercicio de la potestad tributaria por parte de las comunas en relación a la sanción de las demás ordenanzas. Es decir, no podemos hablar de la misma mayoría de una Preparatoria que de una Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes".

Luego analizó que "si vamos a la potestad que tiene la Justicia de nulidad respecto de una norma, comparativamente con un organismo administrativo que no puede intervenir respecto de ello, nosotros nos quedamos, claramente, con poder tener claro cuál es la mayoría absoluta que vamos a tomar. No sólo en esta oportunidad, porque coincido con la concejal Laurini que es un debate histórico. Ahora, cuál es el criterio, sobre todo en estas discusiones, cuando tenemos los votos muy ajustados, cuando no se ha podido llegar a un consenso, porque claramente no hubo intención en ningún momento de trabajar bien esta cuestión. No hubo tiempo suficiente ni para generar la robustez que necesitaba una normativa de estas características y justamente por esto nosotros entendemos que, detectado, no importa si tres meses después, importa debatirlo, importa trabajarlo, generar un consenso respecto de esto".

Colomé sostuvo entonces que "si nosotros tomamos dictámenes más laxos, cada vez más débiles, que reinterpretan los requisitos de una mayoría absoluta, se genera el traje a medida para poder avanzar a cualquier costo. Vamos deteriorando la solidez de nuestras instituciones; flexibilizamos los requisitos de las normas, debilitando las herramientas que tenemos, para poder defender a nuestros vecinos frente a algo que es, nada más ni nada menos, tan importante como el aumento de las tasas o la creación de otras, que pueden generar un daño para la comunidad de Azul en particular".

Fundamentó entonces que "para nosotros corresponde hacerlo público, traerlo a este Concejo Deliberante para que este debate exista, porque nada garantiza que esto no se vuelva a dar", tras lo cual se preguntó: "¿Cuál es el criterio que tomamos en cuenta? ¿El del Tribunal de Cuentas como organismo administrativo o el de la Corte, que tiene supremacía y que tiene poder de nulidad respecto de una situación de estas características? A nosotros nos preocupa y lo ponemos sobre la mesa".

Por otro lado, explicó Colomé, "frente a un escenario de nulidad, derogación o propuesta, entendemos que esto abre una posibilidad de, finalmente, sentar a las partes a una mesa, algo que todavía no sucedió, más allá de todo lo que ha costado esta Fiscal e Impositiva, en las formas y en los términos en que fue aprobada oportunamente".

Acordado previamente por los presidentes de bloque, el proyecto de ordenanza que propone la derogación de las Fiscal e Impositivas aprobadas a fines de 2023 finalmente fue girado a las comisiones de Presupuesto y de Interpretación, con pedido de "pronto despacho", por lo que, seguramente, en la segunda sesión ordinaria se conozcan los dictámenes de las comisiones intervinientes.