Detenido en abril de este año en el marco de una causa donde figura acusado de haber abusado sexualmente de una menor con la que convivía, un hombre seguirá aguardando en la cárcel el juicio al que deberá ser sometido por ese hecho en una fecha próxima a confirmar, después de que desde un tribunal oral donde está radicado ese sumario penal fuera rechazado un pedido para que gozara de una morigeración de prisión.

Tal lo que EL TIEMPO ha venido informando con relación a este caso, el imputado se llama Matías Leonardo Altamirano y es hermano de Griselda Altamirano, la principal referente del movimiento social "1° de Octubre".

En esa Investigación Penal Preparatoria que lo involucra, Altamirano -un trabajador de la construcción oriundo de La Plata con actual domicilio en Azul- figura acusado de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, en ambos casos agravados por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con la víctima.

El pedido desestimado en esta instancia ya había sido rechazado en ocasiones anteriores, durante lo que fuera la instrucción de esta causa que llevara adelante desde la UFI 13 con sede en el Palacio de Justicia de Azul el fiscal Adrián Peiretti.

Ese sumario, para lo que será la realización de un futuro debate, ya está radicado en el Tribunal Oral en lo Criminal número 1. Y de acuerdo con lo referido por voceros judiciales a este diario, fue el juez Martín Céspedes -actual vicepresidente del TOC 1 y quien intervendrá en el juicio a Altamirano- quien se pronunció a favor de denegar un pedido para que el acusado de este caso de abuso sexual aguarde privado de la libertad en su domicilio de esta ciudad la realización de ese proceso al que tiene que ser sometido.

La solicitud para que el imputado pudiera gozar de una medida alternativa a esa prisión preventiva que hace que actualmente continúe alojado en la Unidad 2, una de las cárceles del SPB situada en la localidad olavarriense de Sierra Chica, la había presentado ante el mencionado tribunal su defensor Particular: Ariel Andrés Pellegrino.

Solicitud rechazada

Su abogado había pedido que Altamirano gozara de una medida alternativa a lo que sigue siendo su actual prisión preventiva, consistente específicamente en que cumpliera arresto domiciliario en el inmueble de esta ciudad -ubicado en Villa Piazza Centro- donde residía hasta que resultara detenido en el marco de esta investigación penal el pasado 18 de abril, durante un procedimiento que llevaran adelante policías de la DDI Azul.

Pero más allá de los argumentos esgrimidos por su Defensa en busca de que el imputado pudiera gozar de ese beneficio, el Juez del TOC 1 desestimó ese pedido, por lo que el encausado deberá continuar privado de la libertad en una unidad penal. Al menos, hasta la realización del juicio.

"Sin perjuicio de la existencia de un domicilio concreto habitado por la familia del causante -escribió Céspedes en lo resuelto con relación a la situación procesal del encausado-, el tiempo que lleva detenido a la fecha en una Unidad Penitenciaria, poco más de cuatro meses, en relación y proporción a la magnitud de la pena de prisión en expectativa, en virtud de la gravedad de los delitos imputados, hace presumir objetivamente que de concedérsele la morigeración de la prisión preventiva existiría peligro cierto de fuga e intento de eludir la acción de la justicia".

Citando resoluciones de la Cámara Penal departamental, el Juez del TOC 1 señaló que en este caso en particular no se advertían "circunstancias de peso que permitan contrarrestar la conjetura del peligro procesal aludido", lo que hizo que se pronunciara a favor de mantener "la medida cautelar a la que se encuentra sometida el causante". Es decir, la prisión preventiva que en primera instancia le dictara Federico Barberena -juez de Garantías que intervino durante la instrucción de este sumario penal- y que después ratificaran los miembros de la Cámara Penal departamental.

En otro tramo de lo resuelto, uno de los jueces que actualmente integra el Tribunal Oral en lo Criminal número 1 con asiento en el primer piso del Palacio de Justicia local sostuvo que la magnitud de esa pena que eventualmente le sería dictada en el juicio a modo condena "hace no sólo probable -sino, incluso, comprensible- que Altamirano intente eludir el accionar de la justicia", presunción surgida ante la posibilidad de "un encierro prolongado" en caso de ser declarado a título penal autor de estos hechos de abuso sexual que le atribuyen en perjuicio de una menor de edad.

En lo ordenado ahora, el Juez agregó que las circunstancias de que Altamirano tenga arraigo en Azul y que haya familiares que se ofrecieron como garantes del cumplimiento de la morigeración de prisión que se pretendía -argumentos que formaban parte de lo solicitado por su abogado defensor para que le fuera concedido ese beneficio- no alcanzaban "para desvirtuar" esa presunción de que, cumpliendo arresto domiciliario, pueda eludir el proceso judicial que actualmente lo involucra.

"La medida de coerción impuesta", señaló Céspedes en alusión a la prisión preventiva por la que el encausado sigue alojado en una unidad carcelaria, es "la única que, por el momento, logra evitar dicho riesgo" de que se profugue a la espera de ese juicio al que debe ser sometido.

"Ni el arraigo ni la pertenencia a una familia que se encuentra dispuesta a realizar los controles pertinentes pueden, por sí ni en su valoración conjunta, aventar el riesgo de fuga surgido de la alta pena en expectativa en razón de la gravedad del delito imputado", concluyó el Juez para denegar el pedido que fuera presentado en favor del acusado de este caso de abuso sexual.

El dato

Voceros del TOC 1 señalaron a EL TIEMPO que, si bien no hay fecha todavía confirmada de realización del debate, por estos hechos de abuso sexual Matías Leonardo Altamirano será sometido a un juicio que contará con la intervención de un jurado popular integrado por doce ciudadanos.

"Un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima"

El acampe que realizara en tribunales Griselda Altamirano, la hermana del imputado que tiene esta causa. Lo levantó en junio pasado. ARCHIVO/NICOLÁS MURCIA

En la casa de Azul donde el pasado 18 de abril Matías Leonardo Altamirano fue detenido y en un inmueble situado en San Bernardo, la ciudad ubicada en la Costa Atlántica, han sido situados como ocurridos esos episodios de abuso sexual que le imputan a ese hombre en perjuicio de una menor de edad y que fueran denunciados en agosto del año pasado.

Mientras Altamirano sigue preso en la Unidad 2 de Sierra Chica, en la investigación penal -ya concluida- que llevara adelante el fiscal Adrián Peiretti desde la UFI 13 se señala que esos hechos habían ocurrido cuando la presunta víctima tenía 12 años de edad y hasta que cumplió los 16.

Para ese entonces la presunta víctima vivía con el acusado en los lugares referidos. Y "aprovechando la situación de convivencia, abusando de una relación de dependencia y autoridad respecto de la víctima y encontrándose en los domicilios mencionados", se señala textualmente en las actuaciones penales, el encausado "abusó sexualmente de la menor, mediante tocamientos en sus senos en varias oportunidades, sin que la misma haya podido consentir libremente la acción, configurando por su duración y circunstancias de realización, un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima".

También se indicaba en la causa que en esas mismas circunstancias el hombre que sigue preso accedió carnalmente a la chica, "sin que la misma haya podido consentir libremente la acción".

Luego de que el 17 de mayo pasado el magistrado Federico Barberena -el titular del Juzgado de Garantías 2 con asiento en los tribunales de Azul- convirtiera en prisión preventiva a la detención del acusado que se había llevado a cabo un mes antes, el 10 de junio de este año esa medida de coerción fue ratificada desde la Cámara Penal departamental.

En aquel entonces, y tal como sucediera en una primera instancia, para confirmar la vigencia de la prisión preventiva del imputado se tuvo en cuenta el testimonio que la menor presuntamente abusada brindara en ocasión de que desde la instrucción de esta causa le fuera tomada en sede judicial una declaración a través de la Cámara Gesell.

"Se debe valorar como serio indicio de materialidad y autoría lo señalado por la víctima, quien describe pormenorizadamente la secuencia de los hechos, dando detalles de los mismos, brindando marcos contextuales, sensaciones vividas, sentimientos originados a raíz de los abusos, entre otros datos de relevancia que hacen a la credibilidad, resultando coherentes y verosímiles sus dichos", se mencionaba en la resolución dada a conocer desde la Alzada departamental en junio pasado.

No bien el presunto abusador resultara detenido, en los días posteriores Griselda Altamirano -la principal referente del movimiento social "1° de Octubre"- había montado un acampe en el veredón del Palacio de Justicia de Azul para reclamar por lo que -según ella sostenía- "la inocencia" de su hermano.

La manifestación que la mujer llevó adelante durante varios días implicó que desde la Justicia fuera intimada para que desistiera de continuar con el acampe, ante diferentes inconvenientes que se planteaban en el principal ingreso al edificio central de los tribunales de Azul y, también, por ruidos molestos surgidos de un amplificador de sonido que Altamirano utilizaba para pasar música y reclamar por la liberación de su hermano.

Finalmente, la líder del movimiento "1° de Octubre" levantó ese acampe -que incluía que también realizara una huelga de hambre- en junio pasado, lo cual sucedió días antes a que desde la Cámara Penal fuera ratificada la prisión preventiva del presunto abusador.