. A tres años de la muerte de los obreros Carrizo y Chanquía... no hay culpables

En agosto de 2013 Alfredo Carrizo y  Héctor Osvaldo Chanquía morían aplastados por un talud de tierra que se desprendiera de una de las paredes de la zanja donde realizaban tareas de obras cloacales del barrio Villa Piazza Norte. Los obreros contratados por la empresa Korvial SRL trabajan en la obra de extensión cloacal de los barrios encomendada por el ex intendente José Inza.

Tres años después de este trágico hecho la justicia determinó la fecha del juicio siendo el único imputado el ingeniero a cargo de la obra Víctor Eduardo García, acusado de homicidio culposo agravado por la pluralidad de las víctimas.

Limitar la acusación al responsable técnico directo es una cortina de humo para salvar las responsabilidades principales, que corresponden claramente a los empresarios y al Estado. Alfredo Carrizo y Héctor Chanquía forman parte de la larga lista de compañeros fallecidos por trabajar en condiciones laborales precarias, producto del ahorro que las empresas realizan y la complicidad del Estado, que no les exige a los empresarios el estricto cumplimiento de las condiciones de seguridad, salubridad e higiene que eviten estos trágicos desenlaces.

El ex intendente José Inza, el secretario de gobierno Sergio Cedeño y el secretario de Obras Públicas Héctor Bolpe, tienen amplia responsabilidad en este funesto accidente. La obra fue confiada por el Estado Municipal, por lo cual requería de su control, e incluso el Intendente en un acto de  campaña paseaba días antes por la obra “constatando” las condiciones laborales en las cuales los obreros muertos trabajaban.

La licitación misma de la obra está cubierta por un manto de irregularidades. La adjudicación no estaba autorizada por el Concejo Deliberante y fue elevada al cuerpo Legislativo cuando este solicitó informes, luego de ya fallecidos los obreros.

El Concejo Deliberante, que en ese momento integraban varios de los actuales concejales fue absolutamente impotente para sentar en el banquillo a Inza.

Las denuncias en los medios -centradas en la corrupción- ignoraban la responsabilidad del Intendente y los empresarios en las muertes obreras. Las “interpelaciones” fallidas actuaron como una tapadera demagógica de esa complicidad por inacción.

La empresa Korvial SRL es la otra gran responsable, en el afán de ahorrarse dinero, obligan a trabajar a sus trabajadores en condiciones totalmente precarias. En este caso la obra no contaba con la estructura que debe tener la zanja para evitar estos desprendimientos de tierra.

Por su parte, la burocracia de la UOCRA no sólo no movió un pelo ante la muerte de dos de sus afiliados  sino que hizo la vista gorda ante las irregularidades con las que se adjudicó la obra.

Esto habla de una triple responsabilidad y un velo de impunidad que cubre a los responsables políticos de este crimen. La UFI N°1 no ha ido al fondo de la investigación judicial, encontrando en García un chivo expiatorio.

Este encubrimiento ocurre en sintonía con un reclamo unánime de las patronales para “bajar el costo laboral” modificando -para peor- la legislación de los accidentes de trabajo. El gobierno de Macri quiere avanzar en esa dirección. De concretarse Korvial y todas las patronales reducirán aún más sus inversiones en seguridad laboral. Un crimen social.

El Partido Obrero reclama una exhaustiva investigación para dar con los responsables políticos y civiles de la muerte de Carrizo y Chanquía, e impulsa la conformación de comités obreros de seguridad e higiene en cada empresa, electos por los trabajadores.