. Abogados de los dos médicos condenados por una mala praxis apelarán el fallo en Casación

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Los Drs. Luciano Di Pietro y Julio Vélez señalaron que tienen previsto acudir al Tribunal de Alzada, en busca de revertir el fallo del juicio que el pasado jueves condenó en primera instancia, por la muerte de un paciente en el Sanatorio Azul, a los médicos que patrocinaron: Ariel Mullen, que está preso, y Sergio Migliorero. Por la Feria Judicial de verano, ambos tienen plazo hasta febrero para presentar dichos recursos. Además, el Defensor Particular del anestesiólogo indicó que en lo inmediato recurrirá en Casación el hábeas corpus denegado el viernes por la Cámara Penal, cuando fue ratificada la vigencia de la detención para su cliente.

Luciano Di Pietro y Julio Vélez, abogados de los médicos condenados el jueves de la semana pasada en un juicio que se hizo en Azul por una mala praxis, señalaron ayer en diálogo con EL TIEMPO que recurrirán ante el Tribunal de Casación de la Provincia las sentencias dictadas en primera instancia para ambos imputados, lo que implicará que en lo inmediato dicho fallo no adquiera rango de firmeza.

Mientras que el primero de los abogados mencionados patrocinó como Defensor Particular a Ariel Roberto Mullen, el médico que ahora está preso, una medida cautelar que fue dictada también por los jueces que intervinieron en el debate; el Dr. Vélez había representado en el proceso -junto con su colega Agustina Lomolino- a Sergio Oscar Migliorero.

Al traumatólogo, por aquella mala praxis ocurrida en el Sanatorio Azul en marzo de 2014 y que se tradujo en la muerte del adolescente de 17 años Leo Villarruel cuando lo estaban operando de una lesión ósea en una de sus piernas, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal número 1 lo condenaron como autor de un homicidio culposo. Eso incluyó que le impusieran dos tipos de penas: una consistente en dos años y seis meses de prisión en suspenso y otra que lo inhabilita por el plazo de seis años para ejercer la medicina.

Mucho más grave fue lo dispuesto por los jueces Martín Céspedes, Joaquín Duba y Carlos Pagliere (h) con relación al otro coimputado que tuvo esta causa penal.

En ese contexto, al médico que como anestesiólogo intervino en la operación del adolescente oriundo de General Alvear -cirugía llevada a cabo en horas de la mañana del 19 de marzo de 2014 en uno de los quirófanos del centro asistencial privado que está en Mitre y Lavalle de este medio- fue hallado autor penalmente responsable de los delitos de homicidio simple con dolo eventual en concurso real con falsificación material de instrumento privado. En consecuencia, le impusieron una pena de once años de prisión y otra de diez años, pero de “inhabilitación especial”, para ejercer la medicina.

Junto con el dictado de ambas condenas, cuando el pasado jueves en horas del mediodía los jueces anunciaron el fallo de este proceso, ordenaron la inmediata detención de Mullen, que ese día no acudió -a diferencia de audiencias anteriores- al debate.

Pero esa medida cautelar recién puso hacerse efectiva en horas de la tarde del día siguiente, cuando el médico platense que tiene 61 años y figura con actual domicilio en Azul se presentó espontáneamente en el Destacamento Balneario de Policía.

Mullen, que estuvo prófugo un día, se entregó después de que ese mismo viernes la Cámara Penal de Azul ratificara la vigencia de la medida cautelar que le había sido dictada por los jueces que lo condenaron por esta mala praxis.

El camarista Eduardo Uhalde y la jueza del TOC 2 Alejandra Raverta fueron quienes intervinieron en el caso desde la sala ubicada en el tercer piso del Palacio de Justicia local para dar respuesta a un hábeas corpus que el abogado Di Pietro había presentado, con el fin de que en una segunda instancia la orden de detención para su defendido quedara sin efecto, algo que finalmente no sucedió.

El Defensor Particular de Mullen dijo ayer en diálogo con este Diario que en lo inmediato piensa recurrir la detención del médico ante Casación. Y también que, pero recién en febrero y una vez que la actividad judicial se reanude tras la Feria de Verano, hará lo propio ante el Tribunal de Alzada por lo que -según denominó- es “la cuestión de fondo del fallo”.

Según explicó el Dr. Luciano Di Pietro, “lo inmediato pasa por resolver el tema de la detención de mi defendido”.

“El plazo del recurso contra el hábeas corpus de la detención denegado por la Cámara sigue corriendo”, indicó al respecto para después señalar que desde su lugar de abogado defensor el primer paso, en estos días, apunta a apelar la vigencia de esa medida cautelar que lo tiene a Mullen actualmente preso en la Unidad 2 de Sierra Chica.

“La diferencia está en que -agregó ayer el penalista azuleño- para lo que es el recurso de Casación sobre la cuestión de fondo ahí sí hay que esperar hasta febrero”.

Cabe recordar que en su alegato el abogado Di Pietro había pedido, en forma subsidiaria y ante una eventual condena como finalmente ocurrió, que Ariel Roberto Mullen fuera considerado autor de un “homicidio culposo” por la muerte del menor que tenía 17 años. Algo que los jueces en esta primera instancia no entendieron así, ya que al médico que intervino como anestesiólogo en la operación de Leo Villarruel lo condenaron por un homicidio con dolo eventual. Y también, por haber falseado datos de la historia clínica del paciente. Concretamente, los referidos al informe de la anestesia.

“Vamos a apelar”

“Nosotros vamos a fundar un recurso de Casación en el tiempo legal, que vence en febrero. Obviamente, estamos absolutamente disconformes con el fallo. Sostenemos, como sostuvimos en nuestra defensa, que no hubo por parte de nuestro cliente ninguna violación a los deberes de cuidado a su cargo. Creo que ha habido una errónea interpretación y valoración, sobre todo, de la declaración de Migliorero y del resto de la prueba por parte del Tribunal, las cuales no compartimos en absoluto”, señaló ayer en diálogo con EL TIEMPO el Dr. Julio Vélez.

En el debate finalizado el pasado jueves, junto con la Dra. Agustina Lomolino el abogado Vélez ejerció la Defensa del traumatólogo Migliorero, quien durante la operación donde falleció Leo Villarruel se desempeñó como cirujano para colocarle un clavo endomedular. Una operación tendiente a reparar el fémur fracturado de su pierna izquierda, lesión que días antes había sufrido en un accidente en moto en General Alvear, la ciudad donde vivía.

 

-¿Teniendo en cuenta lo que los jueces dijeron con relación al testimonio de Migliorero, al que calificaron como una “falaz historia”, se arrepiente de haberlo hecho declarar en el juicio?

-Para nada. Desde un primer momento teníamos la decisión de que el Dr. Migliorero declarara y él dijo la absoluta verdad. Si hay una cosa que no se puede discutir acerca de su declaración es que fue lo más absolutamente sincera y ajustada a la realidad de lo que él se acordó de lo que pasó ese día.

-¿Habló con él después de conocido este fallo de primera instancia que lo condenó como uno de los responsables de la muerte del chico Villarruel?

-Sí, por supuesto. Él está tranquilo. Primero, porque este es un fallo de primera instancia que no está firme. Independientemente del resultado, él está tranquilo y confía en que esto se pueda revertir.

-Después de esta condena para el traumatólogo, ¿cómo es actualmente su situación laboral?

-Esa es una cuestión que ha dado lugar a equívocos por distintas cuestiones y comentarios que he recibido en los últimos días. El Dr. Migliorero no está condenado. Tiene una sentencia de primera instancia, que no está firme, que es susceptible de un recurso de Casación y, en consecuencia, sigue en la misma situación en la que estaba desde siempre. Puede ejercer la profesión hasta tanto no haya una sentencia firme y que se hayan agotado todas las instancias. Existe la posibilidad de un recurso de Casación, después de otro ante la Suprema Corte y, eventualmente y si así se requiere, también ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que está bastante lejos de que la inhabilitación para trabajar quede firme. Y nosotros, insisto, confiamos revertir este fallo en la instancia recursiva, ya que no compartimos en absoluto los fundamentos del mismo.

-¿Qué opinión tiene con relación a que los jueces ordenaran, tras la condena que le impusieron, la detención del otro médico coimputado en esta causa?

-Si bien es un tema que no me incumbe porque es referente a una persona que yo no defendí, de todas maneras me sorprendió. Independientemente de que el Código autoriza la privación de la libertad en una situación donde los riesgos procesales aumenten, se trata de una sentencia de primera instancia que no está firme. Es un principio constitucional el que señala que la única forma de aplicar pena es con una sentencia firme, circunstancia que no se da en este caso. Sin perjuicio de que el Código autoriza la privación de la libertad cuando aumentan los peligros procesales, en este caso en particular creo que estos peligros procesales no aumentaron, más allá de que se haya impuesto una pena que en principio es a cumplir. Lo cierto es que el peligro de fuga se puede aventar por otros medios menos gravosos, no recurriendo a la prisión previsional, porque en definitiva se trata de una prisión preventiva la que le han aplicado a Mullen, producto de una sentencia, insisto, que no está firme. Me sorprendió. Jurídica y académicamente me sorprendió.

-¿Cree que esto puede sentar un precedente, marcar un antes y un después para otros casos por delitos graves y donde los imputados lleguen al juicio en libertad?

-Desde el punto de vista libertario de la Constitución Nacional no es un buen precedente. Insisto, la aplicación de una pena requiere como precedente una sentencia firme basada en la cosa juzgada. Sin perjuicio de que el mismo Código autoriza la prisión previsional, en este caso puntual, habiendo estado toda la causa el imputado en libertad y aun con la acusación por el mismo delito por el que fue condenado, antes no se lo privó de la libertad. No había razones para que cambiara su situación mientras está la instancia recursiva vigente. Además, con la posibilidad de ponerle otras condiciones para que la persona se ajuste a derecho, como por ejemplo concurrir todas las semanas a la comisaría, una pulsera electrónica, una prisión domiciliaria, etc. Hay muchas posibilidades. Insisto, es un tema que lo estoy abordando desde el punto de vista meramente académico. A mi no me parece un buen hito ni un precedente valorable. Todo lo contrario.

-¿No esperaba un fallo adverso para su cliente?

-No, realmente no. En cuanto a mi expectativa, pensé que lo iban a condenar a Mullen por un “homicidio culposo” y que a mi cliente lo iban a absolver. De todas maneras, reitero que nosotros vamos a apelar.

 

PARA LOS JUECES, LA DECLARACIÓN DE MIGLIORERO FUE UNA “FALAZ HISTORIA” -

Para los jueces que intervinieron en este juicio, el relato de Sergio Migliorero “no resulta en modo alguno creíble” sobre lo que pasó en el quirófano 2 del Sanatorio Azul aquel 19 de marzo de 2014 en que intervino como cirujano en la operación del chico Leo Villarruel.

En el fallo donde el primero en votar a las cuestiones que se plantearon fue el juez Martín Céspedes, se analizaron los dichos del traumatólogo hallado autor penalmente responsable de un homicidio culposo por el deceso del paciente y condenado a los ya referidos dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional y seis años de inhabilitación especial para el ejercicio de la medicina.

“Su versión no sólo contradice la prueba contundente de la que he hecho mérito positivamente -escribió el presidente del TOC 1-, sino que al referirse a las importantes secuencias relativas al inicio de las prácticas anestésicas, al haberlas abordado en diferentes oportunidades de su declaración, claramente incurre en contradicciones que patentizan su falaz historia, dirigida a eximirse de toda responsabilidad, concentrando su atención en su correcta intervención y, por ende, trasladándole toda la conducta merecedora de reproche al médico a cargo de la anestesia”.

Según el juez, en su declaración en el debate Migliorero manifestó una “notoria” intención de “acomodar los hechos”.

En ese contexto, se indicó que hasta llegar al quirófano junto con Mullen y el paciente hizo “un relato con un detalle demostrativo de un gran celo profesional”. Pero luego, “llegado el momento de asumir el desarrollo de las tareas propias del otro profesional médico, pierde llamativamente esa firmeza, relativizando su atención con vagas afirmaciones y dando explicaciones generales sobre lo que normalmente sucede en situaciones como la de autos”.

“Dan muestra de ello la nebulosa secuencia que describe a fin de evitar asumir el momento o la forma en que el médico a cargo de la anestesia abandona el quirófano”.

De esa manera, se citó por parte del Tribunal, y teniendo en cuenta la declaración del traumatólogo, “los vaivenes en que incurrió respecto del muy nombrado oxímetro o ‘dedal’, en cuanto sostuvo -por un lado- que lo vio al poner los campos, que no escuchó ruidos del mismo y que el monitor estaba encendido sin conectarse a nadie”, mientras que por otro lado “negó lo expuesto, al sostener que el paciente sí tenía el dedal colocado previo a la cirugía, para finalmente repetir absurdamente que el monitor estaba encendido, pero no conectado al paciente”.

También se mencionó por parte del médico “la inconsistencia de afirmar que no creía que hubiese protocolos médicos para el momento de la colocación de los electrodos, para enseguida asumir su existencia al manifestarse conocedor de que la envergadura de la intervención determinaba que ello fuese antes o después”.

Y además, desde el Tribunal calificaron como contradictoria su afirmación de “admitir como necesaria la aprobación del médico a cargo de la anestesia para dar inicio a la cirugía, luego de escuchar en el juicio -teniendo en cuenta las versiones de diferentes testigos citados por las partes- la incuestionable prueba de los protocolos y prácticas médicas que así lo exigen frente a la contundente manifestación de que ‘si sabía que no estaba presente el anestesista no iniciaba la cirugía’ y a la inverosímil referencia a una voz proveniente de la cabecera del paciente que respondió  ‘sí’ a su pregunta de si podía empezar, llegando a lo irrisorio de afirmar que era el médico encargado de la anestesia el único que podía darle esa indicación y, por otro lado, desmereciendo ello con el remate de desconocer si dicha voz provenía de una persona de sexo masculino o femenino”.

“Todo lo expuesto potencia aún más la falta de credibilidad en las cuestiones señaladas, por la etapa incipiente del acto quirúrgico que iba a llevar a cabo”. El mismo que, “a la luz de sus años de experiencia en la materia y a la ausencia absoluta de algún hecho extraordinario que lo hubiese colocado en un estado de tensión tal, neutralizara su celo profesional demostrado minutos antes”, sostuvieron también los jueces.

En el juicio quedó probado que Mullen anestesió al paciente e inmediatamente abandonó el quirófano. También, que fue una enfermera la que advirtió que el chico se había descompensado durante la operación, cirugía para la cual no estuvo monitoreado.

Para cuando el médico que hizo como anestesiólogo regresó al quirófano, el menor ya había fallecido, más allá de las maniobras de reanimación que le practicaron, las cuales fueron consideradas por los jueces tanto tardías como ineficaces.

Así como pasó con Mullen, los integrantes del TOC 1 consideraron que Migliorero también violó sus deberes de cuidado del paciente. En su caso, al comenzar la intervención y llevarla a cabo en su totalidad sin la presencia del anestesiólogo.