15 de julio de 2018

. Actualidad del mercado inmobiliario en Azul


En una entrevista con este medio, Nahuel Gangoiti y Juan Leiva, presidente y vice respectivamente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Azul, brindaron una opinión de la situación del sector.

Nahuel Gangoiti y Juan Leiva autoridades del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Azul, brindaron una opinión de la situación del sector. NICOLAS MURCIA



Autoridades del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Azul se refirieron en diálogo con EL TIEMPO, a la realidad  del sector inmobiliario en nuestra ciudad. Durante la charla, Nahuel Gangoiti y Juan Leiva, presidente y vice respectivamente, abordaron diversos temas de la actividad  y brindaron su opinión.

Proyecto para modificar la ley de alquileres

Actualmente se encuentra en debate en la legislatura bonaerense una modificación a Ley de Alquileres. Principalmente, lo que busca esta modificación, es cambiar el régimen arancelario de los martilleros y corredores públicos,  el cual en la actualidad es abonado por los inquilinos, y la intención es que el mismo sea absorbido por los propietarios. Por otra parte, también se busca crear una oficina provincial de alquileres.

Ambas iniciativas se tomaron, de la norma impulsada y aprobada en la ciudad de Buenos Aires, donde según manifiestan los inquilinos, “se producen los mayores abusos”.

En este sentido, los profesionales bonaerenses que regulan la actividad, consideraron que la iniciativa “no resuelve el problema de los inquilinos” y “no baja los costos de los alquileres”. Y aseguran que en el “ámbito provincial no existen denuncias de abuso en el cobro de honorarios”, por lo que consideran “innecesario provocar una modificación de una situación que funciona bien y que además a futuro traerá complicaciones y seguramente aumento en el valor del alquiler”.

En este sentido, los responsables del Colegio local, marcaron una notoria diferencia con lo que ocurre en Capital señalando que “el trato en las ciudades del interior es personalizado y mucho más cercano. Además el martillero es el nexo directo entre el propietario e inquilino”.

“Lo que se busca es bajar el costo de los alquileres y para ello buscan que los honorarios del profesional sean abonados por los propietarios. Con el tiempo creemos que  este proyecto va a generar lo contrario. Van a aumentar los valores de  los alquileres – ya que al propietario se le sumarían mayores gastos- y también puede desalentar la inversión”. Señalaron que “este es un libre mercado que se maneja con la oferta y la demanda, y el efecto que buscan finalmente será el contrario, ya que se sumaran mayores montos al valor del alquiler final” señaló Gangoiti.

Expresaron por otra parte, que la ley actual establece un honorario del (4) cuatro por ciento por un contrato de veinticuatro meses de duración, lo cual a su entender guarda razonabilidad con el servicio, garantía, responsabilidad, asesoramiento y acompañamiento que presta el corredor inmobiliario al inquilino, a quien debe atender durante la vigencia de la relación y no presenta un mayor gasto. “La reducción y el impacto del 4% para el inquilino en un contrato es ínfima”.

A su vez, Gangoiti destacó que los profesionales inmobiliarios están en el marco de una legislación que regula la actividad, y cada departamento cuenta con un tribunal de disciplina. Cuando un profesional ejerce mala praxis, cobrando lo que no tiene que cobrar, el afectado tiene resortes a donde recurrir que son los propios Colegios Departamentales, donde puede efectuar la correspondiente denuncia. “En nuestro caso, y en la mayoría de los Colegios de la provincia, no constan denuncias de abusos por cobros indebidos” y destacaron que “el Colegio de Azul no tiene denuncias por abusos de cobros indebidos”.

A su vez destacaron que tanto la entidad local, como en el ámbito provincial,  están abiertos al diálogo para consultas, abordar problemáticas y tratar de llegar a las mejores soluciones. “Desde el Colegio estamos trabajando para ofrecer servicios y abiertos a escuchar las diferentes propuestas, problemáticas y situaciones que nos acercan”.

Oferta y demanda en alquileres

En relación a  la oferta y demanda existente en nuestra ciudad, ambos profesionales reconocieron que “hay sectores que están cubiertos, principalmente los que tiene que ver con viviendas o departamentos de un dormitorio que son muy solicitadas para estudiantes, personas solas o parejas. En este sentido hay una buena oferta, quizás un poco excesiva. Lo que está faltando son propiedades de dos, tres y cuatro dormitorios para grupos familiares. 

Por eso también aconsejamos  a los inversores que impulsan  proyectos habitacionales, que construyan dentro de las posibilidades, viviendas con dos o tres dormitorios”. La demanda sigue siendo alta y se busca que se continúe con la inversión. “La construcción es movilizadora de la economía. La inversión en “ladrillo”, como se dice, siempre es segura”. A su vez señalaron que “la construcción de viviendas, ya sea por particulares o el Estado, permite también regular el mercado, ya que al sumarse más oferta la ecuación cambia”.

El sueño  de la casa propia 

Si bien el pasado año la entrega de créditos hipotecarios por entidades bancarias, bajo la modalidad de tasa Uva, tuvo una muy buena repercusión, la actualidad es muy distinta. “Hoy, para acceder a un crédito bancario se necesita un 50% más de ingresos que el año pasado, lo cual dificulta muchísimo el acceso” expreso el presidente del Colegio. Por su parte Leiva expresó que “la situación se ha estancado. El año pasado se entregaron más de cien mil créditos y eso repercutió en el movimiento que tuvo la ciudad. En 2018 prácticamente el mercado estuvo mucho más tranquilo y en los últimos meses, con el tema del dólar, mucho más porque la gente espera para ver que va a pasar”.

La presencia del Estado                 

Consultados sobre las ventas de lotes que el Estado Municipal anunciara oportunamente y los planes de viviendas, expresaron “todo lo que sume nos parece bien. Lo que hay que tener claro es si esos terrenos tendrán un fin social, para personas que reúnan ciertos requisitos, o si saldrán al mercado comercial. Es un tema que llegado el momento se debería analizar”. También destacaron “la construcción de viviendas y barrios son a futuro potencial trabajo para los martilleros, y eso genera movimiento. Zonas de la ciudad que se desarrollan e incentivan a nuevas inversiones”.  A su vez comentaron que se encuentran impulsando un proyecto para que las entidades bancarias financien la compra de terrenos “hay créditos hipotecarios para viviendas, pero la idea es que haya alguna financiación para la compra de un lote. Hay mucha gente que si tuviera su terreno poco a poco podría construir su vivienda, en un proyecto por etapas, o adquirir una casa prefabricada, etc”.

El dato

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Azul reúne a más de cuatrocientos matriculados de todo el Departamento Judicial de Azul. Tiene representación en once distritos del centro de la provincia de Buenos Aires y se desempeñan bajo la órbita de la Ley 10.973.

Alquileres y garantías



El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Azul cuenta desde hace un tiempo con una alternativa para quienes no cuentan con una garantía  al momento de alquilar una propiedad.

El sistema, denominado Garantía Inmobiliaria Sociedad Anónima (GISA), ofrece un respaldo económico, en caso de inquilinos que no puedan acceder a una garantía propietaria o de fiadores solidarios, al momento de alquilar.

Este sistema es operado por el profesional habilitado de cada una de las inmobiliarias de la Provincia de Buenos Aires.

El inquilino será su propia garantía, y se investigará su conducta crediticia en el Veraz. El seguro de caución estará a cargo del propio inquilino, que deberá pagar por única vez un importe promedio por un mes de alquiler, que es el 4% del total del contrato.

De esta forma, si incurre en mora y no paga, será el sistema GISA el que se haga cargo del alquiler. Se respetarán los plazos pactados hasta el cumplimiento total del contrato del alquiler de 24 meses y después el sistema accionará contra el locatario.

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