. Acusación a la Justicia

El espaldarazo de la Justicia a la Fiscalía que se negó a reconocer una historia de Violencia de Género es un golpe contra todas las mujeres. Contra esta Justicia nos levantamos desde el movimiento nacional para avanzar en organización y profundizar la lucha.

La sentencia dictada por la Jueza del Tribunal Oral en lo Criminal número 2  de Azul, Alejandra Raverta, que impuso 7 años de prisión a Cristina Santillán, por el delito de Lesiones gravísimas calificadas por el vínculo, ha sido un espaldarazo a la actuación fiscal que pidió prisión de ocho años, luego de que durante todo el proceso le diera la espalda a la historia de violencia de género sufrida por Santillán a lo largo de dramáticos 40 años.

La pena impuesta por Raverta se suma al apoyo manifiesto que antes de dictarse la sentencia hiciera público el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Dpto. Judicial Azul, con el propósito de influir en la decisión final, para salvar a la Fiscalía de la responsabilidad de no haber investigado lo que debió investigar desde el inicio.

Desde la Asamblea de Mujeres en Lucha de Azul -AMLA- hacemos público nuestro repudio a un fallo que no hizo más que cerrar corporativamente la tarea fiscal de clausurar el tratamiento integral del caso, para descargar toda la potencia del poder punitivo estatal contra Cristina Santillán en particular y contra las mujeres en general.

El juicio que presenciamos, jornadas completas, se desarrolló en un escenario que tuvo a la Fiscalía apartada de su deber de objetividad para poner en acción un particular ensañamiento contra Cristina Santillán a través de una permanente hostilidad que dirigió, con la anuencia de la Jueza, contra los testigos de la Defensa y contra las organizaciones en AMLA, a las que acusó de sostener una campaña plagada de falsedades, induciendo a sus testigos a que así lo atestiguaran. Sin embargo, la contundencia de los testimonios que permitieron reconstruir la historia de sometimiento que sufrió Cristina Santillán a lo largo de 40 años hizo que los fiscales Laura Margaretic y Javier Barda no tuvieran cómo desmentirla.

Curiosamente, en lugar de reconsiderar su posición originaria -acusarla de “homicidio calificado por el vínculo”-, los fiscales eligieron echar un manto de duda al relato de los hijos para que el jurado lo recogiera contra Cristina Santillán. No pudieron negar la verdad de esos testimonios y, para limpiar su falta de objetividad, en su alegato final admitieron la existencia de violencia, pero sin claudicar en la negación de la violencia de género.

Los fiscales plantaron la idea de una “violencia cruzada” y aceptaron considerarla como circunstancia extraordinaria de atenuación. Para ellos, el macho violento era víctima de la de la mujer violentada.

No tenemos que hacer ningún esfuerzo para desnudar el propósito fiscal de aleccionar a las mujeres. La propia Laura Margaretic dijo que absolver a Cristina Santillán era incitar a todas las mujeres víctimas de violencia de género a salir a matar a sus maridos. Con ese tremendo mensaje se lanzó a la arenga punitiva, procurando excitar el corazón inquisitivo que late en la naturaleza del Poder Judicial. Las mujeres que somos las asesinadas fuimos presentadas por Margaretic como las herejes de la época, contra las cuales el Estado debe reforzar su autoridad para castigarlas como escarmiento.

Este fue el espíritu de la Fiscalía, curiosamente ubicada al lado del jurado, con una proximidad física que también llamó la atención en el juicio, a diferencia de la Defensa a la que se le dedicó el otro extremo de la sala. La disposición de los lugares también tiene un significado.

Con este fallo, el Poder Judicial del Departamento Judicial Azul liberó el poder punitivo estatal a extremos irracionales, en lugar de reducirlo y contenerlo dentro de límites tolerables a un Estado de Derecho, como lo exige un tratamiento adecuado del fenómeno social que nos tiene a las mujeres como víctimas de un ataque en aumento.

El jurado, en todo caso, pudo superar la saña fiscal al comprender que Cristina Santillán no merecía ser castigada por una muerte que tuvo otras responsabilidades, tampoco investigadas por la Fiscalía.

Pero nada de eso preocupó al Colegio de Magistrados y Funcionarios de este Departamento Judicial al erigirse en guardián del orden constitucional que, por otra parte, no expuso preocupación alguna por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Tampoco lo escuchamos quejarse del megaoperativo policial que las organizaciones tuvimos que soportar el día de la sentencia, ni de la tarea de inteligencia que consistió en filmarnos y tomarnos fotografías para “marcarnos”. El Estado de derecho resulta así lesionado.

Y contra la labor de la Fiscalía de torcer conceptos elementales para quitar responsabilidad al Estado y cargársela a la víctima -en su concepto es responsable la víctima que no denuncia, sin vueltas-, reafirmamos que el Estado es responsable de no haber intervenido a tiempo cuando tuvo oportunidad de hacerlo y lo es también cada vez que, como en este caso, interviene para castigarnos por habernos defendido y evitar nuestro propio femicidio de una manera que no elegimos; sino del único modo que nos deja en esas situaciones extremas, en las que debemos incluir la pobreza, porque el trato allí también es de clase.

Mujeres y pobres, la Justicia nos prefiere muertas.

Cristina Santillán es causa nacional de las mujeres ¡Libertad y absolución para ella!

Asamblea de Mujeres en Lucha de Azul