TRES YA FUERON INDAGADOS Y NO DECLARARON. Acusados de integrar una "asociación ilícita", cuatro policías y el hermano de uno de ellos están detenidos

En la investigación penal que se está llevando adelante desde una fiscalía con asiento en los tribunales de Azul se señala que los cuatro policías y el civil que están detenidos formaban parte de "una organización criminal" que cometió diversas irregularidades con las horas adicionales de efectivos de seguridad que desempeñan tareas en esa fuerza, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

El civil que ahora se encuentra privado de la libertad es hermano de uno de los agentes de la Bonaerense que también fuera arrestado.

Los cinco imputados resultaron detenidos días atrás, contando con órdenes solicitadas por la fiscal Laura Margaretic y dispuestas por Federico Barberena, juez de Garantías que también interviene en la tramitación del sumario penal que está llevando adelante la titular de la UFI 9 con asiento en los tribunales de esta ciudad.

Según se informó, tres de los policías investigados ya habían sido indagados en sede judicial y se negaron a declarar, luego de que los trajeran a Azul desde Bahía Blanca, Pila y La Plata. Respectivamente, las ciudades donde fueron detenidos.

Después de que el magistrado a cargo del Juzgado de Garantías 2 dispusiera el jueves de la semana pasada estas medidas cautelares, en los días siguientes efectivos de la DDI Azul viajaron hasta los lugares donde estaban los ahora encausados para llevar a cabo sus detenciones, contando con apoyo de personal de la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia y de varias dependencias policiales.

Voceros allegados a esta investigación penal señalaron a EL TIEMPO que dos de esos arrestos se hicieron en Chimpay.

En ese pequeño pueblo cercano a la ciudad de Choele Choel, en la provincia de Río Negro, durante el sábado que pasó fueron detenidos dos hermanos, quienes ahora deberán ser extraditados para que también los trasladen a Azul para que los indaguen.

Desde la investigación penal en curso uno de ellos fue identificado como Gabriel Iván Rodriguez, quien figura como el dueño de una empresa que era utilizada para que esta "asociación ilícita" percibiera el dinero obtenido mediante esta maniobra de defraudación cometida con las horas adicionales del personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Señalado en las actuaciones penales como "el recaudador" de la banda, Rodríguez figura con domicilio en Tres Arroyos, al igual que su hermano e imputado en esta causa penal: un sargento de la Bonaerense que también fue arrestado en Chimpay hace cuatro días. Sindicado como el cabecilla de esta organización delictiva, su nombre es Pablo Gerardo Rodríguez.

Un oficial Inspector llamado Eduardo Ezequiel Saavedra también se encuentra ahora detenido. En su caso, la medida cautelar se llevó a cabo en Bahía Blanca, donde actualmente desempeña tareas.

A los demás encausados los arrestaron en La Plata y Pila. También policías, cuando el pasado viernes los detuvieron en esas ciudades fueron identificados respectivamente como Jorge Manuel Spontón y Gerardo Joaquín Espósito.

Spontón había sido desafectado de la fuerza meses atrás. Y es considerado también líder de esta organización delictiva en la investigación penal que desde la UFI 9 lleva adelante la fiscal Margaretic.

"Por lo menos desde el año 2016 y hasta finales del año 2019, el sargento Pablo Gerardo Rodríguez junto al oficial Principal Jorge Manuel Spontón, ambos numerarios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, lideraron una asociación ilícita dedicada a cometer delitos varios contra el erario público a través de la manipulación del cobro de las horas PolAd (servicio adicional) en distintas jurisdicciones de la Provincia de Buenos Aires", se señala en la causa con relación al hecho materia de esa investigación penal por la que ahora cuatro policías y el hermano de uno de ellos están detenidos.

Dinero a través de horas adicionales

Esas maniobras de defraudación consistían en apropiarse de manera ilegal de la coordinación de esos servicios adicionales que personal policial habitualmente desempeña en hospitales y otros lugares públicos.

Después, desde la organización "reclutaban" a policías para que les"alquilaran" sus legajos personales.

Con esos documentos "declaraban falsamente ante el Ministerio de Seguridad" que los numerarios cuyos legajos la organización obtenía"habían cumplido servicios adicionales" en los lugares ya mencionados.

Pero la realidad señala que esos policías no cumplían con las horas adicionales. O lo hacían; pero por un tiempo menor al que después era referido en los papeles.

La maniobra de defraudación se terminaba de consumar cuando los policías cobraban por esos servicios, que en realidad no prestaban o desarrollaban por menos horas de las que figuraban en la documentación que era fraguada.

Después, una vez que recibían el dinero por el servicio adicional, "debían girarle un porcentaje sustancial de lo percibido" a los ahora considerados "coordinadores" de este fraude al Estado.

Según se señala en la causa, al menos hay contabilizados unos veinticinco policías de "distintos rangos" que en diferentes jurisdicciones les facilitaban, previo pago, sus legajos a los ahora detenidos.

De acuerdo con lo informado, está previsto que también sean citados a indagatoria desde la UFI 9 con asiento en el Palacio de Justicia de Azul.

"Los sujetos antes mencionados, junto con muchos otros efectivos policiales que a la fecha no han podido ser identificados, actuando de manera conjunta y coordinada defraudaron patrimonialmente a las instituciones públicas, al percibir indebidamente dinero en efectivo en concepto de horas adicionales (PolAd) por servicios que no eran prestados de la manera debida, falseando para ello los datos volcados en las planillas de control respectivas, informando agentes que no prestaban tales servicios o haciéndolo en una carga horaria superior a la real, para lo cual falsificaban las firmas de tales funcionarios en dichos formularios, cobrando indebidamente el dinero correspondiente a las mismas en efectivo, lo cual configuró un perjuicio patrimonial sideral paras las arcas municipales y/o provinciales", había escrito con relación a los hechos que investiga la fiscal Margaretic cuando solicitara las detenciones para los cuatro policías y el hermano de uno de ellos.

Al aludir a esta "organización criminal" -además- la titular de la UFI 9 expresó que "el dinero ilegal recaudado era desviado hacia las cuentas bancarias de otro miembro de la asociación ilícita". El ya referido Gabriel Iván Rodríguez, quien operaba como un "recaudador"; y "con el fin de darle apariencia de legalidad" giraba parte del dinero a una sociedad anónima que -según se ha podido determinar- tenía como presidente a su hermano policía y, ahora, también detenido.

En noviembre del año pasado, luego de que uno de los policías que está detenido resultara aprehendido en Azul, comenzó a investigarse esta maniobra de defraudación cometida con el dinero que efectivos de la Bonaerense cobran por desempeñar esos ya referidos servicios adicionales.

Entre las pruebas reunidas en esta investigación penal figura información bancaria de los acusados. También, análisis de teléfonos y soportes informáticos incautados en poder de los ahora encausados, después de que en julio pasado se realizaran los primeros allanamientos relacionados con esta pesquisa.

EL DATO

A través de un relevamiento de movimientos de las cuentas bancarias que están a nombre de los detenidos se ha podido determinar la cantidad de dinero que se recaudaba a través de esta maniobra ilícita con las horas adicionales del personal policial. Según consta en la causa, hay registros de transferencias en esas cuentas por importantes montos de dinero. Además, se ha podido secuestrar documentación que estaba en poder de uno de los hermanos Rodríguez. Esos papeles están relacionados con la compra de una propiedad en Tres Arroyos que, se presume, fue pagada con parte del dinero que se recaudaba por medio de estos hechos de defraudación.

Las imputaciones a los cinco

Teléfonos. Los incautaron en el allanamiento que por este caso se hizo en Berisso.

Cuando el jueves de la semana que pasó el juez de Garantías Federico Barberena ordenó las detenciones de los cinco considerados miembros de esta organización delictiva, que según se menciona en las actuaciones penales "habrían cometido hechos de defraudación de forma conjunta y organizada" al percibir el dinero que policías reciben a través de las llamadas "horas PolAd", en esa resolución quedó referido también los delitos que "prima facie" les imputan a cada uno de ellos.

El sargento Pablo Gerardo Rodríguez, que tiene 37 años y desempeñaba tareas en Infantería de Mar del Plata, está acusado de los delitos de asociación ilícita -a través de esa organización donde es sindicado como uno de los jefes- y falsificación ideológica de instrumento público en concurso real con fraude en perjuicio de una administración pública en concurso real con defraudación especial y usurpación de autoridad, títulos y honores.

Al oficial Principal Jorge Manuel Spontón, de 40 años, al ser considerado otro de los cabecillas de la banda también figura imputado por el delito de asociación ilícita.

Los delitos que le atribuyen al oficial Gerardo Joaquín Espósito, que tiene 30 años y había sido desafectado de la Policía en noviembre del año pasado, son los de asociación ilícita -en su caso como miembro- y falsificación ideológica de instrumento público en concurso real con fraude en perjuicio de una administración pública en concurso real con defraudación especial y usurpación de autoridad, títulos y honores.

Al oficial Principal Eduardo Ezequiel Saavedra, de 38 años y desempeñando funciones en el Escuadrón de Caballería de Bahía Blanca hasta que el jueves de la semana pasada resultara detenido, los delitos que le atribuyen son los de asociación ilícita -también como miembro- y falsificación ideológica de instrumento público en concurso real con fraude en perjuicio de una administración pública en concurso real con defraudación especial y usurpación de autoridad, títulos y honores.

En tanto, a Gabriel Iván Rodriguez, el civil de 38 años de edad que junto a su hermano policía fuera arrestado el sábado que paso en Chimpay, se lo señala como otro de los integrantes de esta asociación ilícita.

Hasta ayer se estaban terminando de realizar los trámites que permitan trasladar a Azul a los hermanos Rodríguez para que sean indagados, por lo que aún permanecían privados de la libertad en la provincia de Río Negro, luego de que ambos resultaran detenidos el sábado que pasó en Chimpay.

Mientras que Saavedra permanece privado de la libertad en la sede de la DDI Azul, transitoriamente Spontón y Espósito están detenidos en comisarías de Avellaneda y Berazategui, seccionales ambas destinadas a alojar a policías que, al igual que ahora sucede con los dos, figuran imputados en investigaciones penales.

El juez de Garantías Barberena, en la resolución que se tradujo en las detenciones de los cinco acusados, había ordenado también que, una vez que se consigan los cupos en el SPB, a todos los trasladen a unidades penales.

Cuando el viernes el oficial Principal Spontón fue detenido en La Plata, los policías que llevaron a cabo esa medida cautelar habían allanado también un inmueble en Berisso donde figuraba con actual domicilio.

En ese objetivo el titular de Garantías 2 había ordenado que se buscaran e incautaran "teléfonos celulares, documentación pertinente al delito en investigación y computadoras personales".

Al igual que sucede con Espósito, Spontón también está en "situación de disponibilidad". Fuentes oficiales señalaron a EL TIEMPO que había sido apartado de sus funciones en la Policía bonaerense el pasado 24 de abril.

Una aprehensión en Azul, el punto de partida para esta investigación penal

Una imagen que data del 21 de noviembre del año pasado, cuando a uno de los policías acusados lo habían trasladado a sede judicial para ser indagado. Aquel día fue arrestado en Azul, después de que se hizo pasar por un miembro de Asuntos Internos. ARCHIVO/EL TIEMPO

Toda esta maniobra ilegal que involucra a cuatro policías y al hermano de uno de ellos en el cobro de las horas que por servicios adicionales perciben agentes de la Bonaerense comenzó a quedar al descubierto cuando Gerardo Joaquín Espósito fue arrestado en Azul el 21 de noviembre del año pasado.

Aquel día, en primer término, el hombre al que el viernes que pasó detuvieron en la ciudad de Pila se hizo presente en el Hospital de Niños.

En ese centro asistencial se entrevistó con un subcomisario que en ese entonces tenía en su poder documentación relacionada con las horas adicionales que efectivos de la fuerza llevaban cabo en ese hospital, un servicio que estaba a su cargo.

Mediante engaño, diciéndole que pertenecía a la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad, Espósito intentó desapoderar de esa documentación al policía que se entrevistó con él en el Hospital de Niños.

Pero como en ese entonces no pudo, posteriormente se dirigió hasta la sede de la Seccional Primera local con las mismas intenciones.

En la comisaría volvió a falsear su nombre y dijo también que era miembro de Asuntos Internos, presentando en ese entonces una nota sin firma ni sello con la que pretendía acreditar su apócrifa identidad.

Al policía que se entrevistó con él le resultó sospechosa su actitud, por lo que desde la Primera se decidió llamar a La Plata, a la Dirección de Asuntos Internos, para constatar si efectivamente esa persona que se había hecho presente en la dependencia ubicada en Las Flores y Belgrano era quien realmente decía ser.

Finalmente, Espósito fue aprehendido "en flagrancia", por lo que después se lo trasladó a la sede la UFIE a cargo del fiscal José Ignacio Calonje para que fuera indagado por los delitos que en ese entonces se le imputaron. Los mismos por los que ahora está preso.

Después de eso se dispuso que recuperara la libertad, al mismo tiempo que el sumario penal que se había iniciado quedó radicado en la UFI 9 a cargo de la fiscal Laura Margaretic.

Por esa investigación penal es que ahora permanece privado de la libertad desde el pasado viernes, cuando fue detenido en Pila. Y lo mismo sucede con tres policías más y el hermano de uno de esos efectivos de la Bonaerense, al igual que Espósito considerados los integrantes de esta asociación ilícita.

Según se señala en lo investigado, cuando aquel 21 de noviembre del año pasado concurrió al Hospital Pintos, al policía con el que Espósito se entrevistó haciéndose pasar por un integrante de la AGAI le exigió "la entrega de documentación relativa" al servicio de Policía Adicional.

También le exigió que renunciara a su "puesto de coordinación del Servicio PolAd del Hospital Materno Infantil", para que en su lugar asumiera el oficial Inspector Eduardo Ezequiel Saavedra, el efectivo que el jueves que pasó fuera detenido en Bahía Blanca.

Para intimidar al subcomisario que se entrevistó con él en el hospital, y con el fin de obligarlo a que abandone esa coordinación que ejercía por estos servicios adicionales, Espósito le decía también que existían "denuncias en su contra por parte de personal policial a su cargo ante Asuntos Internos".

Hasta Azul, aquel día el ahora encausado había llegado en un Ford Focus, automóvil que al ser requisado derivó en el hallazgo en su interior de documental vinculada a esa maniobra de defraudación que en diferentes instituciones públicas de la provincia, en su mayoría hospitales del conurbano y del interior de la provincia, llevaban a cabo los imputados.

Además, fueron incautados su teléfono celular -móvil que al analizar su contenido se constató que aquel día en que fue arrestado había recibido varias llamadas de Pablo Gerardo

Rodriguez, otro de los ahora detenidos-, su credencial policial y el arma reglamentaria que portaba.

Cuando Espósito fue arrestado en Azul se determinó que en ese entonces desempeñaba funciones en la División de Infantería de la Policía de la Provincia con asiento en Mar del Plata. Pero ese mismo en que fuera arrestado en Azul, posteriormente se resolvió apartarlo de la fuerza.